El proyecto de investigación Dubái Unlocked, realizado por OCCRP y en el que participó infoLibre ha sido nominado por la Red Global de Periodismo de Investigación a los Premios SIGMA 2025, unos de los más prestigiosos para reconocer el periodismo de datos. En la iniciativa internacional participaron más de 70 medios de comunicación, entre los que, además de este periódico, estaban otros como Al Jazeera, The Times o Forbes.

La investigación reveló cómo Dubái se ha convertido en el lugar de encuentro de miles de personas que acuden a la ciudad atraídas por los bajos impuestos y la prácticamente nula supervisión estatal financiera. 

Entre ellos se encuentran presuntos blanqueadores de dinero, capos de la droga, políticos acusados de corrupción o empresarios que habrían financiado grupos terroristas. Los periodistas consiguieron revelar sus identidades gracias a la filtración de registros de la propiedad.

El jurado, formado por 19 expertos internacionales, ha elegido 50 de entre 498 trabajos de periodismo de datos, de los cuales 37 se han convertido en finalistas. En los días entre el 19 y 23 de mayo, se revelarán los ganadores.

Los Premios SIGMA fueron creados para celebrar y promover las mejores prácticas en el uso de datos para contar historias impactantes, transparentes y profundamente informadas. Buscan destacar proyectos que demuestren excelencia en el análisis, visualización y presentación de datos.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) el consorcio de medios de investigación al que pertenece infoLibre, ha presentado una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump y el Departamento de Estado por la congelación de los fondos de la USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional se ha quedado sin los casi 44.00 millones de dólares que destina cada año a programas para combatir la pobreza, erradicar enfermedades, luchar contra el tráfico de personas o promover la democracia. También apoyaba el periodismo de investigación colaborativo en Europa, Asia y América Latina.

La demanda, que ha interpuesto Public Citizen –una organización sin ánimo de lucro de defensa del consumidor– ante un tribunal del distrito de Columbia en nombre no sólo de OCCRP sino también de la Coalición en Defensa de la Vacuna contra el Sida (AVAC), alega que la congelación –y posterior eliminación– de las ayudas “excede la autoridad constitucional del presidente Trump y usurpa la autoridad legislativa conferida por la Constitución al Congreso, en violación de la separación de poderes”.

La acción legal también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador interino de la USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los demandantes argumentan que el presidente “no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes federales”, según la Constitución de EEUU. De modo que, al exigir a USAID que bloquee la financiación de las subvenciones y becas que repartía hasta ahora basándose en “factores inadmisibles y arbitrarios”, la orden ejecutiva con la que Trump congeló los fondos pretende modificar los estatutos del Congreso. Porque las leyes federales, recuerdan, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso antes de ser presentadas al presidente. Entonces es cuando se convierten en ley, tal y como establece la Constitución de EEUU.

“Esta acción ilegal del Gobierno de EEUU priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil informar. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a sus países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados”, advierte un portavoz del consorcio.

Fundada en 2007, OCCRP reúne a medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado en un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% de su personal, además de en una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo.

Si no se restablece la financiación procedente de USAID, sostiene OCCRP, el consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.

Al mismo tiempo que se le retiraban los fondos OCCRP ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por comunicadores de la galaxia de Elon Musk y Donald Trump, que acusan al consorcio de conspirar junto a la CIA y el “Estado profundo” contra el presidente de EEUU.

En concreto, mencionan un reportaje que OCCRP publicó en 2019 que después fue citada por el alto funcionario de inteligencia cuya denuncia de abuso de poder contra Trump sirvió de base para su primer impeachment. Una historia que relacionaba al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con dos empresarios de origen soviético emigrados a Florida y los intentos de Trump para investigar a sus rivales políticos.

“OCCRP no tuvo ningún contacto con el denunciante ni se enteró de la denuncia [del alto funcionario de inteligencia] hasta que fue publicada por los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos”, explica el consorcio, que se define como “apolítico”. “Recibimos financiación de muchos donantes diferentes, incluidas instituciones públicas, privadas y agencias de desarrollo de países democráticos”, añade.

“Como una de nuestras historias fue citada por un denunciante cuyo testimonio se utilizó para enjuiciar a Trump, él sugiere que nosotros causamos el impeachment”, ha contestado OCCRP en la red X. "¡Parece divertido ser tan poderoso! Pero el mundo no funciona así, y definitivamente no es así como nosotros operamos. Es genial cuando nuestras historias encuentran audiencia y tienen un impacto, pero no tenemos control sobre eso, ni queremos tenerlo", ironiza el consorcio.

Uno de esos “comunicadores” es Michael Shellenberger, que se presenta como defensor de la libertad de expresión, pero también niega el cambio climático y los derechos de los transexuales, fue uno de los que publicó los llamados Twitter Files, documentos internos de la red social que les facilitó Elon Musk después de comprar la compañía rebautizada como X. Los documentos supuestamente demostraban que Twitter había censurado hasta la llegada de Musk las cuentas de ideología más conservadora. Ahora, Schellenberg está utilizando a OCCRP para acusar a USAID de impulsar una serie de informaciones que relacionaban al ahora presidente con Rusia y que califica de “bulos”.

“OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca se han acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU”, replica Miranda Patrucic, directora del consorcio.

Otra de los arietes de Musk/Trump contra OCCRP es Michael Benz, un videobloguero antisemita que ha llegado a asegurar que los judíos estaban orquestando un genocidio contra los blancos.

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”.

Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador. 

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por el G-7 para luchar contra el blanqueo de capitales, retiró el pasado febrero de su lista gris a los Emiratos Árabes Unidos. Consideró entonces que el país del Golfo Pérsico había hecho “progresos significativos” en ese ámbito, incluidas mejoras en la capacidad para investigar y procesar a los infractores. Sin embargo, tras revelar OCCRP en su investigación Dubai Unlocked que delincuentes convictos, fugitivos y personas bajo sanción internacional poseen propiedades en Dubái, el GAFI tiene dudas.

“Pediremos cuentas a los Emiratos Árabes Unidos por las medidas que hayan tomado o dejado de tomar”, ha anunciado Raja Kumar, presidente del GAFI, al periódico noruego E24 que, como infoLibre, es miembro del consorcio de investigación OCCRP.

Los expertos del GAFI revisarán ahora las conclusiones de Dubai Unlocked, que tendrán en cuenta cuando evalúen de nuevo los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para combatir el blanqueo de capitales. “Estudiarán la información pública disponible”, aseguró Raja Kumar. “La investigación que ha hecho OCCRP es información pública de la que dispondrán”, añadió.

Según desveló Dubai Unlocked, en manos de extranjeros había en 2022 un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”. Entre ellas los inmuebles propiedad de 475 españoles, con un valor agregado de 232 millones de dólares –215 millones de euros–.

La investigación localizó en Dubái las cinco viviendas de Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. Nsué Okomo alquila una de ellas a un narco bosnio.

También el inmueble de Massoud Zandi Goharrizi, un hispanoiraní en busca y captura por estafa desde 2022. Amigo de lo más granado de la élite empresarial y política española, está detrás del fiasco de Star Petroleum, una empresa con la que intentó dar un pelotazo con un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur. O la de Jamal Satli, dueño de medio Málaga CF, imputado en Astapa, uno de los mayores casos de corrupción en la Costa del Sol. Y Antonio José Boluda, otro empresario acusado de estafa y alzamiento de bienes por la descapitalización de NMR 1926, el que fue el mayor operador de carbón del puerto de Gijón hasta 2021.

Dubai Unlocked también reveló cómo los agentes inmobiliarios del emirato animan a los clientes a pagar en efectivo cuando compran una propiedad y preguntan poco sobre el origen del dinero, en contra de las normas del GAFI. Un comportamiento, indica Kumar, que también se tendrá en cuenta en la próxima evaluación que hagan a la autocracia del Golfo. “Abogados, contables, proveedores de servicios a empresas, agentes inmobiliarios… todos ellos tienen que poner de su parte para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, recalcó el presidente del GAFI.

En 2020, el GAFI instó a los Emiratos Árabes Unidos a “tomar medidas urgentes para detener eficazmente los flujos financieros delictivos que atrae”. Al considerar insatisfactorios sus esfuerzos en esa dirección, el organismo internacional incluyó al país dos años después en su lista gris, lo que supone un mayor seguimiento de las medidas adoptadas por los gobiernos para frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pero lo sacó de ese esquema de vigilancia este año, anunciando que el emirato había realizado “progresos significativos”, incluidas mejoras en la capacidad para investigar y procesar a los infractores.

La medida provocó la inmediata reacción de muchos países e instituciones críticos. Por ejemplo, algunos parlamentarios de la Unión Europea argumentaron que el país del Golfo sigue siendo un centro mundial de blanqueo de dinero.

La vicepresidenta del Partido Verde Europeo, la danesa Kira Marie Peter-Hansen, deja claro que Dubai Unlocked demuestra que tenían razón al estar preocupados. “Ahora podemos ver que nuestras críticas a la decisión del GAFI de retirar a los Emiratos de la lista de países de alto riesgo en delitos económicos, incluido el blanqueo de dinero, estaban plenamente justificadas”, declaró.

Tras la exclusión de Emiratos de la lista del GAFI, la Comisión Europea propuso retirar a la autocracia del Golfo de su propia lista de países de alto riesgo. Pero el Parlamento Europeo se opuso a la propuesta de la Comisión el 23 de abril en una resolución formal, que mencionaba su preocupación por los ciudadanos rusos sancionados que residen en Dubái.

El Observatorio Fiscal de la UE ha constatado que las inversiones rusas en propiedades residenciales de Dubái alcanzaron los 6.300 millones de dólares tras la invasión de Ucrania, una prueba de los “controles inadecuados o directamente inexistentes” de los Emiratos, según el eurodiputado conservador checo Luděk Niedermayer. “En las circunstancias actuales, me parece perfectamente justificado que los Emiratos sigan en esa lista”, zanjó.

“Dubai Unlocked demuestra que los Emiratos Árabes Unidos siguen teniendo grandes carencias a la hora de atajar los casos de blanqueo de capitales. Es bien sabido que el sector inmobiliario es uno de los más propensos al blanqueo de capitales y de los que más atención y diligencia debida requiere. Parece que Dubái ha hecho negocio mirando hacia otro lado”, asegura Markus Ferber (CSU), eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo (PPE) y miembro del subcomité de fiscalidad.

“Las recientes revelaciones [de Dubai Unlocked] también arrojan luz sobre la decisión del GAFI de retirar a los Emiratos de su lista de jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia. La investigación sugiere claramente que esta medida ha sido prematura. El GAFI haría bien en examinar muy de cerca si realmente todas las prácticas descubiertas por Dubai Unlocked han sido suficientemente abordadas por los Emiratos”.

Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea indica que el Ejecutivo comunitario está “reflexionando actualmente sobre los posibles pasos siguientes tras la objeción del Parlamento Europeo [a la salid de Emiratos de la lista] y mantiene su compromiso de cumplir con su obligación de actualizar la lista de la UE tras las decisiones del GAFI”.

Suliman Baldo, director de la organización anticorrupción Sudan Transparency and Policy Tracker, advierte, además, de que el dinero blanqueado en Emiratos también alimenta los conflictos. “La retirada de los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris del GAFI parece desconcertante, dadas las pruebas de que el contrabando de oro de África a Dubái se utiliza para financiar guerras civiles en Sudán y otros países subsaharianos”, denunció al OCCRP el pasado mes de marzo.

La revista Foreign Affairs publicó el pasado febrero que Dubái se había “convertido en punto de destino del oro extraído de las zonas controladas por las RSF”, las Fuerzas de Apoyo Rápido, uno de los grupos implicados en la guerra civil de Sudán. Según Naciones Unidas, han expulsado de sus hogares a unos 11 millones de personas desde abril de 2023. El GAFI era consciente de este problema en 2023 y señaló en un informe como uno de las actividades más peligrosas la de los comerciantes de metales preciosos.

En Noruega, los descubrimientos de Dubai Unlocked han tenido repercusiones directas. Norges Bank confirmó a E24 que el Fondo de Pensiones Global (Statens pensjonsfond utland), conocido también como el Fondo del Petróleo, posee acciones en Emaar, el mayor promotor inmobiliario de Dubái. Ese fondo soberano, que gestiona cerca de 17.000 millones de coronas noruegas –1.500 millones de euros– en nombre de los contribuyentes del país nórdico, se nutre de los ingresos del Gobierno de Oslo procedentes del petróleo y el gas.

A finales de 2023, el fondo de pensiones noruego poseía acciones de dos sociedades de Emaar: Emaar Properties y su filial Emaar Development. El valor de sus inversiones ascendía entonces a unos 4.000 millones de coronas noruegas –353 millones de euros–. El fondo financia a ambas empresas desde 2010 y 2017, respectivamente. En los últimos cinco años, el precio de las acciones de Emaar y su filial ha aumentado un 66% y un 89%.

En respuesta a las conclusiones de Dubai Unlocked, los Emiratos se limitaron a señalar a través de sus embajadas en el Reino Unido y Noruega que “se toman muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

Entre los delincuentes que han adquirido inmuebles a Emaar se encuentra la esposa del mafioso irlandés Daniel Kinahan y un blanqueador de la Camorra.

“Es demasiado pronto para decirlo, pero la información que surge de esta investigación es algo que nos tomamos muy en serio. Por tanto, hemos optado por compartir la información con el Consejo de Ética”, asegura la directora de Comunicación de Norges Bank, Marthe Skaar. El banco es el gestor del fondo. Y el Consejo de Ética, que es nombrado por el Ministerio de Finanzas, evalúa si una empresa puede ser excluida del fondo, en caso de que se detecte el riesgo de que contribuya a la comisión de delitos financieros graves u “otras violaciones particularmente graves de las normas éticas fundamentales”. Skaar también dice que la entidad hará “un seguimiento” de Emaar y su filial. Norges Bank, subraya, espera que las empresas en las que invierte cuenten con medidas claras para prevenir el blanqueo de capitales.

“Si los apartamentos se pagan con dinero que se origina en un delito, la persona que recibe el producto de la venta recibirá dinero del delito. El dinero no se blanquea al pasar por una empresa, que luego paga dividendos al fondo con dinero que se origina en el crimen”, advierte a E24 el profesor de Derecho de la Universidad de Bergen Jon Petter Rui. Es decir, el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego puede haber estado ganando dinero con actividades delictivas durante años, beneficiándose de las inversiones en Emaar.

El promotor inmobiliario dubaití no contestó a las preguntas que E24 le formuló al respecto de sus mecanismos para controlar la procedencia del dinero con que se compran sus propiedades.

Pero Maíra Martini, del grupo de defensa Transparencia Internacional, se pregunta por qué las autoridades emiratíes no habían actuado antes de que OCCRP publicara la existencia de tal cantidad de delincuentes y corruptos en Dubái. “La mayoría de los casos descubiertos por los periodistas se basan en datos de los que disponen las autoridades de Emiratos”, apunta.

“Espero que [el GAFI] haga preguntas sobre los fallos de las autoridades emiratíes en estos casos”, concluye Martini.

Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol y la ayuda de las fuerzas de seguridad de Dubái, Brasil y Turquía, ha desmantelado las sucursales en Europa del cártel de los Balcanes y sus centros logísticos en África. En una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que culminó hace sólo dos días con cuatro arrestos en Málaga y Canarias, han sido detenidas 40 personas, incautadas ocho toneladas de cocaína, confiscados 12,5 millones de euros y tres millones de dólares en Brasil, además de haber bloqueado activos por importe de 50 millones de euros más en Serbia. “Pero lo más importante es que la estructura ha quedado inoperativa; no han caído los eslabones más bajos de la cadena, sino los líderes de los diferentes clanes”, destacó en rueda de prensa el teniente coronel jefe del Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha.

Dos de los implicados han sido detenidos en Dubái, donde residían. De hecho según explicó el teniente coronel Esteban Remacha, las operaciones de los cuatro clanes de los Balcanes que han sido desarticulados, uno de ellos el serbio Kavac, se dirigían desde el emirato y Turquía, donde han sido capturados los tres principales capos, aquellos a los que las fuerzas de seguridad europeas etiquetan como “objetivos de alto valor”.

Una vez más, Dubái se revela como refugio de los mayores narcotraficantes que operan en la Unión Europea. Dubai Unlocked, la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, ha destapado a decenas de criminales convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos que poseen propiedades de gran valor en Dubái. También ha expuesto la laxitud con la que las autoridades del emirato aplican las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y las trabas que pone para extraditar a los delincuentes reclamados por otros países.

En esta operación, sin embargo, la policía dubaití detuvo hace unos meses, en cumplimiento de una orden emitida por Bélgica, a Mario Krešić, quien se había refugiado en el emirato tras residir en Sierra Leona. Desde allí dirigía la logística que los clanes de los Balcanes necesitaban en África occidental para transportar hasta Europa la cocaína que les suministraban desde Colombia, Ecuador y Brasil. En estos momentos Krešić se encuentra en libertad en Dubái, pero fuentes de la Guardia Civil indicaron a infoLibre que será detenido los próximos días para extraditarlo. En octubre de 2009, un tribunal de Bosnia-Herzegovia condenó a tres años de prisión por tráfico no autorizado de estupefacientes a quien hasta ahora era el responsable de la logística africana del cártel.

El segundo detenido es Aomar el Harraj, un ciudadano canario que residía en Dubái. Fue arrestado hace unas semanas en el aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión que debía llevarle de vuelta al emirato tras pasar unos días de vacaciones en España. De los 40 detenidos en la operación, 13 fueron capturados en España, pero sólo cinco tenían nacionalidad española. El resto eran serbios, croatas e italianos.

La investigación en España ha estado al cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al mando de Manuel García Castellón, quien ha emitido 18 órdenes internacionales de busca y captura para completar la operación. “No descartamos que alguno más de los que hemos reclamado se encuentre en Dubái”, apuntó en la rueda de prensa el teniente coronel Óscar Esteban.

Además de Mario Krešić, los otros dos objetivos de alto valor capturados son Nemad Petrak y Kristjan Palic. De nacionalidad croata, fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Turquía, que se ha convertido en el segundo refugio preferido de los narcotraficantes después de Dubái.

Palic era el bróker de los clanes de los Balcanes, que es como se llama en el argot de los narcos a quien coordina a las distintas organizaciones necesarias para gestionar un alijo. En este caso, fueron tres: el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, la 'Ndrangheta o mafia calabresa, y los clanes de los Balcanes. Como detalló Óscar Esteban, el croata tenía los contactos para conseguir la droga en Brasil, transportarla a través del Atlántico hasta Sierra Leona y Costa de Marfil y luego introducirla en Europa tras hacer escala en Canarias. Es en ese punto donde entraban en juego los españoles, que se encargaban del trasbordo de la cocaína en embarcaciones rápidas desde las naves nodriza. Palic disponía de personal a su cargo no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Italia, Montenegro y Croacia. Sus poderosas alianzas, en este caso con el PCC brasileño, que intermedió en su favor, le sirvieron para quedar libre tras ser secuestrado por otra organización criminal del país suramericano, que quería cobrarle una deuda.

Nenad Petrak, por su parte, se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de droga. Según informó en su día Turkish Minute, el croata había adquirido la nacionalidad turca en diciembre de 2022, tras comprar una casa en el barrio de Yenibosna, en Estambul, por 250.000 dólares –233.642 euros–, y adoptó el nombre de Nenat Çelik.

Pedrak ya ha sido extraditado a Croacia, mientras que Palic se encuentra aún en un centro de detención a la espera de ser entregado a las autoridades croatas, según explicó Erdem Koc, director adjunto del Departamento Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Turquía.

Óscar Esteban destacó en la rueda de prensa la cooperación entre las policías de siete países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Serbia, Croacia, Países Bajos y España–, así como de Turquía, Brasil y Dubái. De hecho, junto al teniente coronel de la UCO comparecieron los jefes antidroga de estos tres países y de Europol, Robert Fay, mientras enfrente les escuchaban representantes policiales del resto de los países implicados en la operación. Gracias a la coordinación entre todos ellos, se han desmantelado cuatro clanes que en conjunto mueven la mitad de la cocaína que entra en Europa, subrayó Tomislaw Stamuk, jefe antidroga de la Policía Nacional de Croacia.

El jefe de Europol advirtió de la “extrema violencia” de estas organizaciones –“envían vídeos con las mutilaciones y ejecuciones a miembros de otros clanes”, aseguró Óscar Esteban–. Un motivo de “preocupación” para la oficina europea de policía, añadió, porque la mitad de las redes criminales internacionales están relacionadas con el tráfico de drogas. Y Europa es el principal mercado mundial de estupefacientes.

De ahí la presión que los países europeos están ejerciendo sobre Dubái. La Guardia Civil resalta la colaboración que la policía del emirato lleva prestando desde hace “tres o cuatro años”. La misma que permitió a Europol y a la Guardia Civil desmantelar en octubre de 2022 el supercártel que cayó en la Operación Desert Light. Seis capos de la droga fueron detenidos en Dubái, cada uno de ellos de una organización distinta: los Kinahan irlandeses, un bosnio del clan de los Balcanes, un panameño y tres miembros de la Mocro Maffia, dos belgas y un holandés. Casi dos años después, todos ellos se encuentran libres en el emirato y pendientes de una extradición que nunca llega.

Porque la cooperación policial dubaití no continúa en los tribunales, según se quejan al unísono todos los países europeos. Francia, Bélgica y Países Bajos tienen una veintena de solicitudes de extradición de criminales pendientes con el emirato. Cada uno. España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación.

La investigación que ha acabado con los clanes de los Balcanes se abrió en 2020 cuando la Guardia Civil interceptó un velero de bandera croata, cargado con una tonelada de cocaína, en aguas canarias. La mercancía había sido alijada desde un carguero en el Golfo de Guinea, lo que reveló la existencia de una ruta africana de la droga. La bautizada entonces como Operación Adriática permitió cerrar posteriormente otras ocho operaciones en seis países distintos.

Hasta que en agosto de 2023 se capturó un segundo velero en Canarias con 700 kilos de cocaína. Y fueron detenidos dos italianos que pertenecían a la 'Ndrangheta. Entonces se descubrió que la misma tripulación, italiano-croata, había gestionado un alijo anterior de 500 kilos de cocaína procedente de Brasil también con la misma nave. La organización había quedado al descubierto.

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

Una de las razones por las que Dubái se ha convertido en el resort favorito de decenas de fugitivos de la justicia internacional es el escaso interés que sus autoridades muestran en cumplir con las solicitudes de extradición de otros países. El pasado verano Francia tenía pendientes con el emirato 26 solicitudes de extradición de otros tantos delincuentes. La Fiscalía de los Países Bajos lleva al menos 13 casos de blanqueo y contra sospechosos escondidos en Dubái, según la fundación holandesa Investico –miembro de OCCRP–. Bélgica pide al emirato la entrega de otros 20 criminales, según el periódico belga De Tidj –también socio de OCCRP–.

España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación, según cifras oficiales obtenidas por infoLibre. En ese mismo periodo, los Emiratos sólo han enviado una solicitud a España. De carácter civil, las autoridades españolas han mandado siete comisiones rogatorias a la autocracia del Golfo, y ésas sí, han sido todas contestadas.

Entre las peticiones de extradición españolas destacan las de dos capos del supercártel detenidos en la Operación Desert Light, en octubre de 2022, y la de Alejandro Salgado Vega, conocido como El Tigre, capturado en agosto de ese año en el emirato y considerado el más importante narcotraficante español de cocaína del mundo. En estos momentos hay cuatro ciudadanos españoles encarcelados en Dubái.

Todas las solicitudes, no importa el país, se encuentran paralizadas por una mezcla letal de falta de voluntad y rigidez burocrática de la justicia emiratí. En julio de 2023, Países Bajos aprobó un tratado de extradición con los Emiratos. Bélgica lo firmó en diciembre de 2021. Francia, en 2018. Irlanda está negociándolo ahora. España tiene uno desde 2009, por tanto, no es precisamente una recién llegada a la cooperación judicial con los Emiratos. Pero los resultados siguen siendo decepcionantes para los europeos, pese a que los ministros de Justicia de casi todos los países antes citados han visitado el país del Golfo en el último año para intentar acabar con la renuencia de su sistema judicial a la entrega de criminales extranjeros.

El ministro belga, Paul van Tigchelt, voló a Abu Dabi el pasado mes de marzo e incluso habló con su homólogo emiratí de la incautación de las propiedades que tienen allí los delincuentes pendientes de extradición. “La cooperación en materia de confiscación es nueva. La Fiscalía [belga] las está pidiendo [las incautaciones], ya hemos identificado una serie de casos, aunque aún no hemos enviado solicitudes concretas de incautación. Pero están en camino”, aseguró Van Tigchelt a la revista belga Knack –socio de OCCRP–.

Desde junio de 2023, los Emiratos han extraditado a tres presuntos delincuentes: el capo albanés Franc Gergely, por ordenar desde Dubái el asesinato de un compatriota; el narcotraficante Nordin El Hajioui y un delincuente financiero al que, de momento, sólo se identifica como François D.

La referencia del ministro belga a la confiscación de propietarios no es baladí. Fran Gegerly figura como dueño registrado de al menos 10 inmuebles en el emirato, según los datos de Dubai Unlocked, una investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En el proyecto han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

De acuerdo con el análisis realizado por De Tidj y Knack, el valor de los ocho apartamentos y dos villas que el capo albanés afincado en Bélgica tenía a su nombre en Dubái suma 18 millones de euros. Una cifra a la que habría que añadir los 600.000 euros que Gegerly ingresó por alquilar algunos de esos inmuebles. Además, las propiedades fueron adquiridas sobre todo en 2020, el año del asesinato por encargo del que se acusa al albanés. Buena parte de ellas las ha ido vendiendo, con el consiguiente beneficio.

Los medios belgas de OCCRP también han localizado los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Otro tanto ocurre con los delincuentes reclamados por los Países Bajos. Jos Lejedkkers, a quien la Policía considera uno de los principales capos europeos de la cocaína, compró un apartamento de 164 metros cuadrados en la isla artificial Palm Jumeirah valorado en casi 650.000 euros.

Pero el pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái fue Raffaele Imperiale, un narcotraficante de la Camorra con negocios en Marbella que ya en 2013 abandonó Países Bajos para instalarse en el emirato. Como publica IrpiMedia –socio de OCCRP–, invirtió 30 millones de euros en comprar una isla artificial, llamada Taiwán y situada en un complejo aún en construcción conocido como The World. También encargó el diseño de 10 villas por valor de 20 millones de euros. Fue detenido en 2021 en una villa en Emirates Hills, donde residía desde un año antes.

Ciro Arianna y su hermano Giuseppe, dos empresarios investigados por la Fiscalía de Nápoles por contrabando de cigarrillos desde los Emiratos, fueron propietarios en Dubái igualmente. Poseían un piso de 143 metros en la Sunrise Bay Tower y otro en la Sport One Business Tower, respectivamente, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP.

A diferencia de otros narcos europeos, Imperiale fue extraditado a Italia rápidamente, sólo siete meses después de ser detenido, pero por utilizar un pasaporte falso. Italia, que tiene un tratado de extradición con los Emiratos desde 2019, había empezado a pedir la entrega de Imperiale en 2016. En 2017 fue condenado allí a 18 años de prisión. Es decir, desde la primera solicitud hasta su extradición habían pasado seis años. Entretanto, tres peticiones habían sido desatendidas, resalta Irpimedia.

No obstante, con los italianos Dubái ha sido bastante generoso. Poco después de Imperiale, entregó a Raffaele Mauriello, a quien se buscaba por asesinato; a Bruno Carbone, socio de Imperiale, y a Gaetano Vitagliano, tesorero de otro clan de la Camorra. También fue detenido en el emirato Ciro Guglielmo Filangieri, jefe del clan Giuliano.

Edin Gačanin, de origen bosnio pero con pasaporte holandés, entra en la categoría de supercapo y también reside en Dubái. Fue uno de los seis detenidos por Europol en la Operación Desert Light, en la que también participó la Guardia Civil. Lo reclama la justicia de los Países Bajos. Dubai Unlocked ha localizado el apartamento donde vivía uno de sus lugartenientes, Dženis Kadrić. Ex policía bosnio, de 36 años, se encargaba de la seguridad de Gačanin desde que dejó el cuerpo. Kadrić compartía apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo, con su esposa. El casero al que pagaban el alquiler, 133.800 euros en tres años, es un cuñado del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema.

Mientras, su jefe, Gačanin, fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de un millón de euros por un tribunal de Rotterdam. Se le consideró responsable de un envío de cocaína a través de los puertos de Rotterdam y Hamburgo. El juicio se celebró en noviembre de 2023 y, según publicó entonces el diario holandés NRC, la sentencia se dictó con el pacto previo de la fiscalía y la defensa. Gačanin había declarado por teleconferencia desde Dubái.

Allí permanece en libertad, pendiente de extradición, desde que las autoridades dubaitíes le sacaron de la cárcel a los dos meses de ser detenido en Desert Light. Según el Gobierno emiratí, Países Bajos cursó la solicitud de entrega fuera de plazo, algo que los holandeses niegan.

También fue detenido en la misma operación de Europol y puesto en libertad a los pocos meses Zouhair Belkhair, cuyo rastro sí aparece en Dubai Unlocked: un apartamento de 168 metros cuadrados y cuatro millones de euros en The Residence, en Marina Gate, que ya no está a su nombre desde el año pasado. Lo tuvo alquilado en 2020, a razón de 3.130 euros al mes.

Otro de los capos del supercártel desmantelado por Europol es Hoesny Ajaray, reclamado por Bélgica y Francia. A su nombre figura un terreno de 900 metros cuadrados en La Mer Maisons, que compró por 1,57 millones de euros en 2021, presumiblemente para construir una villa.

También figura en la lista de Desert Light Ryan James Hale. Aunque británico, pertenece al clan irlandés de los Kinahan, una de las mayores bandas criminales de Europa. Christopher Kinahan y sus hijos Daniel y Christopher Junior llevan casi una década escondidos en Dubái. The Irish Times –otro miembro de OCCRP– ha identificado también las numerosas propiedades del clan irlandés en el emirato, desde una mansión de 2.238 metros cuadrados en Emirates Hills a nombre de la mujer de Christopher Senior –por la que pagó 6,05 millones de euros–, un apartamento de 300 metros en Elite Residences –893.588 euros– y otra villa en Parkway Vistas de seis dormitorios, hasta una oficina de 114 metros en una torre de 55 plantas en Jumeirah Lake.

La peculiaridad de los Kinahan es que han ido vendiendo los inmuebles durante los dos últimos años, desde que en abril de 2022 su nombre apareciera en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU, que ofrece una recompensa de 13,9 millones de euros por cualquier información sobre ellos. También han ido cerrando las sociedades que habían registrado en Dubái.

Ryan James Hale, que se dedicaba a blanquear el dinero negro de los Kinahan en la Costa del Sol, también es uno de los dos detenidos en Dubái cuya extradición pide España, junto con el panameño Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan. La UCO de la Guardia Civil bautizó como Operación Faukas a su participación en Desert Light. La Fiscalía de Marbella está tras la extradición del británico. La de Valencia, detrás de la del panameño, a quien se responsabiliza de un alijo introducido en el puerto de la capital levantina. Como el resto del supercártel, siguen en libertad en el emirato y con la extradición en el limbo judicial dubaití.

Además, España pide a Dubái la extradición de un tercer gran capo, no relacionado con Desert Light pero, como los citados más arriba, considerado igualmente un Objetivo de Alto Valor. La diferencia con los anteriores es que Alejandro Salgado Vega, El Tigre, ha permanecido más de un año en prisión. Le pilló la Policía dubaití consumiendo drogas en su propia casa, un delito duramente castigado por las leyes locales. Según ha confirmado su abogado en España, Javier Yagüe García, El Tigre salió de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Al tiempo, avanza por fin el procedimiento para extraditarle, aseguran a infoLibre fuentes judiciales. Aunque con los obstáculos que parecen ser la tónica habitual de la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, ahora han pedido que se les traduzcan los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición.

Se trata de las mismas maniobras dilatorias que Dubái empleó cuando Brasil le reclamó a Danilo Vunjao Santana Gouveia, acusado de blanqueo de capitales y fraude por una estafa piramidal masiva de bitcoins. Fue puesto en libertad porque los brasileños no enviaron al emirato los 10 volúmenes del sumario contra este empresario traducidos al árabe.

En el caso de Alejandro Salgado Vega, el juzgado español ni siquiera recibió una comunicación oficial de las autoridades dubaitíes comunicando su detención. Si en Algeciras se enteraron fue sólo porque se lo comunicó la Guardia Civil, aseguran las mismas fuentes.

“La cooperación judicial que nos presta Dubái es muy limitada, prácticamente inexistente”, resume a infoLibre un responsable gubernamental europeo con competencias en la materia. Pese a que España tiene con los Emiratos Árabes Unidos un convenio completo que incluye la asistencial judicial mutua, las extradiciones y el traslado de condenados y fue firmado hace ya 15 años, a la hora de aplicarlo “surgen 1.000 problemas”. “Siempre ponen pegas, te vuelven a pedir datos que ya les has dado, o resulta que no los habías pedido bien… te marean, no hay manera de conseguir una colaboración eficaz”, lamenta. Preguntado por la causa, concluye: “La contumacia hace entender que se trata de una falta real de voluntad por parte de Dubái”.

Además, el problema es común a todos los países europeos que, como Bélgica, Países Bajos y Suecia, por ejemplo, hacen frente en los últimos tiempos a una amenaza para ellos inédita: el crimen organizado. De hecho, la preocupación ya se ha manifestado en reuniones de los responsables gubernamentales en Bruselas. Dubái suele ser el único nombre concreto que se menciona cuando se discute sobre jurisdicciones no cooperativas. Las fuentes consultadas reclaman que la solución se busque a nivel político y a escala europea. “Que se afronte de modo global y se meta en la agenda de la UE”, urgen.

A preguntas de OCCP, las autoridades dubaíties responden que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 1.362 millones de euros entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, y han impuesto multas por blanqueo por importe de 29 millones de euros, además de incautarse de activos por valor de 233 millones.

Buena muestra del papel protagonista que Dubái ha alcanzado en el mapa mundial del crimen es el Centro de Inteligencia Criminal Antidroga (CICA), recién creado en España y que quiere funcionar como una plataforma de intercambio de información entre Europa y América para combatir el narcotráfico internacional. Financiado por la UE y dirigido por la Guardia Civil, en el CICA van a trabajar analistas de España, Portugal, seis países latinoamericanos –Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Brasil y Panamá– y Dubái. La idea es atacar toda la estructura del narcotráfico, desde el origen de la droga, en América, y su destino, en Europa, hasta el emirato, “donde se encuentran los cabecillas”, explica el comandante Javier Valdenebro, jefe del grupo de Drogas de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil y coordinador del proyecto GDIN, del que forma parte el CICA. Ya están trabajando en unos 130 asuntos, asegura, aunque su objetivo no son los “resultados inmediatos” en forma de operaciones, sino hacer un “análisis estratégico para descubrir nuevas tendencias”.

La idea del CICA es que los analistas alternen estancias de cinco meses en España y cuatro meses en sus respectivos países. En febrero todos ellos habían enviado ya sus analistas… excepto Dubái. A finales del mes de abril, el delegado emiratí aún no había aterrizado en España.

¿Qué quiere el CICA de Dubái? “Nos interesan los fugitivos, los Objetivos de Alto Valor que se esconden allí, y el blanqueo de capitales, algo sobre lo que ya estamos trabajando”, indica el coordinador del proyecto. Según destaca, la colaboración con la policía del emirato es “buena” –“Hay buena predisposición”–, pero también “lenta”.

Trabajo no les va a faltar si no cambian las condiciones de las que aún disfrutan en Dubái criminales de toda clase. Hajli El Harraj, un español de origen marroquí al que se consideraba el jefe del cártel del Sur, no debió de tener muchas dudas cuando huyó de España en junio de 2022, justo cuando iba a ser detenido. Sólo hizo escala en Marruecos, estaba de camino a Dubái. Con él, sin embargo, las autoridades del emirato fueron expeditivas: lo detuvieron en octubre y lo extraditaron dos meses después.

Otro ejemplo. El cabecilla de la organización que se desmanteló en la Operación Jumita, en junio de 2021, había creado una red de empresas en Dubái para blanquear sus ganancias. Importaba cocaína a través del puerto de Algeciras, donde incluso tenía en nómina al jefe de Operaciones de la terminal de la naviera APM Maersk. El caso aún está en fase de instrucción y el juicio no se celebrará hasta por lo menos el mes de febrero de 2025, aunque antes el Tribunal de Justicia de la UE deberá resolver la cuestión prejudicial presentada por la defensa de los implicados sobre la legalidad de la desencriptación de sus conversaciones telefónicas.

Y una posible señal de alerta: Melanie, la mujer de Karim Bouyakhricham, el capo holandés de la Mocro Maffia, vive en Dubái, tal y como recuerda el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que lo dejó en libertad el pasado mes de abril tras pagar una fianza de sólo 50.000 euros. Se encuentra en paradero desconocido y pesa sobre él una orden internacional de busca y captura.

Jamal Satli Iglesias, dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, fue detenido en julio de 2023 porque Emiratos Árabes Unidos había emitido una orden internacional de búsqueda y captura contra él. Un empresario iraquí, Nadhim Auchi, presidente de General Mediterranean Holding (GMH) le acusaba de estafa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo dejó en libertad, pero le obliga a personarse una vez al mes en el juzgado. No le retiró el pasaporte, así que nada le impide viajar fuera de España. Tampoco a Dubái, donde posee un apartamento de 360 metros cuadrados, situado en Kempinski Residences, en pleno Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que es el paradigma del lujo en el emirato. La vivienda, de dos habitaciones, está valorada en 1,3 millones de euros.

Se trata de uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Jamal Satli tiene o ha tenido cinco sociedades en Dubái: BlueBay International DMCC –la denominación social de su marca comercial, Bluebay Hotels–, Hubooking DMCC–una plataforma on line de reservas para Arabia Saudí–, Andalusian DMCC –ya liquidada–, Amerwind DMCC y Armada Bluebay DMCC –también cerrada–, todas ellas registradas en el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), una de las Zonas Libres de Dubái, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. En las múltiples entrevistas concedidas a lo largo de los últimos años el dueño de Bluebay contaba que vivía a caballo entre Dubái, Londres y México.

El pasado marzo, la Comisión Europea borró a Emiratos Árabes Unidos de la lista de terceros países de alto riesgo para el sistema financiero de la UE, imitando la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la institución contra el blanqueo creada por el G8, los ocho países más ricos del mundo. Con ellos salieron Gibraltar, Barbados Panamá y Uganda.

Satli Iglesias también ha tenido registradas varias sociedades en Luxemburgo que, aun siendo miembro de la UE, es la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. Estas son Hospitality Investment Fund SARL, Luxembourg Investment Company 20 SARL, Mirandoline SARL –hasta noviembre de 2023– y Sonagra SA –donde figura como administradora su mujer–, según consta en el Registro Comercial del Gran Ducado. En los documentos enviados a ese registro por estas sociedades, Jamal Satli facilita como dirección otro inmueble en Dubái, situado en las Jumeirah Lake Towers, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. 

OCCRP han preguntado a Jamal Satli por sus propiedades en Dubái, también si es residente fiscal en España y si, por tanto, las ha declarado a Hacienda. Pero no ha obtenido respuesta alguna.

Para el negocio en el que se asoció con el iraquí Nadhim Auchi, Jamal Satli creó en 2016 una sociedad en Luxemburgo, Luxembourg Investment Company 20 SARL. Según consta en los documentos del Registro Mercantil del Gran Ducado, Auchi compró su participación en el capital de ésta con acciones de sociedades domiciliadas en otros paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Líbano, Túnez y Jordania. El vehículo de Jamal Satli fue Castle Management Services Ltd, registrada en otro emirato, Ras Al Khaimah. Una de sus sociedades luxemburguesas, Mirandoline SA, tiene como único accionista otra de sus compañías dubaitíes, Bluebay International.

OCCRP ha preguntado igualmente al empresario hotelero por la denuncia que le interpuso Nadhim Auchi, pero tampoco ha obtenido respuesta alguna, pero en un comunicado remitido a los medios de comunicación en julio de 2023, Jamal Satli aseguraba que ambos tenían demandas cruzadas en diferentes países tras romperse el negocio que habían planeado, en las que se reclaman mutuamente decenas de millones de euros. Nadhim Auchi respondió con otro comunicado en el que aseguraba que el hotelero español había sido condenado en los Emiratos Árabes Unidos a un año de cárcel por estafar a General Mediterranean Holding y se había ordenado su expulsión del país.

Sólo tres meses antes de su paso por la Audiencia Nacional, Satli Iglesias tuvo que comparecer ante otro tribunal, la Audiencia Provincial de Málaga, donde declaró como imputado en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España, descubierta en Estepona (Málaga). Se le acusa de un delito de cohecho activo, por el que la Fiscalía le pide un año de prisión y una multa de 6.000 euros. En declaraciones a la prensa, el empresario ha reducido el supuesto delito a un reloj, que niega haber “comprado ni regalado a un cargo de confianza de Estepona”.

La causa se remonta a 2007 y tiene 50 imputados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos y otros responsables municipales, así como concejales del Partido de Estepona (PES) –herederos del partido de Jesús Gil–, empresarios y funcionarios. También ha declarado como testigo el excomisario José Manuel Villarejo, que posee una veintena de fincas en Estepona.

En el sumario, que tiene más de 350.000 folios tras una instrucción que ha durado 17 años, se investiga no sólo el pago de contraprestaciones a cambio de licencias urbanísticas y el cobro de comisiones vinculadas al pago de deudas municipales, sino también la supuesta infravaloración de convenios urbanísticos para el enriquecimiento personal de los responsables políticos y la “financiación subrepticia” de campañas electorales por parte de “empresarios favorecidos por resoluciones municipales”, según describe el fiscal. En total, el ministerio público pide 205 años de prisión para los imputados por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

A día de hoy, continúa celebrándose la vista oral del juicio en Málaga, según han confirmado fuentes judiciales.

Pero el mayor protagonismo, mediático y judicial, se lo ha brindado a Satli Iglesias su batalla con un jeque catarí, Abdulá Ben Nasser Al Thani, que compró el Málaga CF en junio de 2010. El pasado mes de enero, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de Al Thani en el litigio que sobre la propiedad del club mantiene desde 2015 con el dueño de la cadena hotelera BlueBay. El Alto Tribunal obliga así al jeque a compartir las acciones del Málaga CF con Jamal Satli, que se hace con el 49% del capital a través de una sociedad llamada Management Empresarial Málaga. Cuando entró en el capital del club, Satli Iglesias pagó un euro por las acciones.

Los años de Al Thani han sido especialmente turbulentos para el club malagueño, que pasó de disputar los cuartos de la Liga de Campeones en 2013 a descender a Primera RFEF, lo que antes se conocía como Segunda División B, 10 años después. Desde 2020 está bajo administración judicial.

De padre sirio y madre asturiana, Jamal Satili adquirió en 2010 BlueBay a Posibilitum, la empresa del liquidador Ángel de Cabo que a su vez la había comprado a Marsans, el grupo quebrado del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

También en la creación de su principal proyecto empresarial tuvo Jatli Iglesias que librar una larga batalla judicial. Meliá Hotels International, Pullmantur y AC Hoteles le demandaron por alzamiento de bienes, pues sostenían que la compra de los hoteles formaba parte de un plan para vaciar el grupo en perjuicio de sus acreedores. Tanto la Audiencia Nacional en 2016 como el Tribunal Supremo un año después rechazaron esa acusación.

Si creía que el español era un mercado inmobiliario en permanente y rentable ebullición, échele un ojo al de Dubái. Es el más pujante del mundo. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Esas cifras dejan en pañales a España, donde el precio de los inmuebles creció un 4% el año pasado, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres aumentaron un 5,7%, si se hace caso a Fotocasa, y un 10,1% si se atiende a los cálculos de Idealista.

No es de extrañar, por tanto, que el volumen de transacciones en el emirato se disparara un 29% en 2023. Sobre todo, el de las de viviendas de lujo, cuyos precios están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, destaca la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Sólo los rendimientos asociados a esos precios constituyen un extraordinario incentivo para la inversión extranjera. Pero si se añade el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales, Dubái se convierte en un imán para el dinero foráneo. El legal y el que no quiere ser rastreado.

Así, casi un tercio de los 533.000 millones de dólares –494.100 millones de euros– en que estaba valorado el mercado inmobiliario dubaití en 2020 es propiedad de extranjeros, de acuerdo con los cálculos publicados en Who owns offshore real estate? Evidence from Dubai ( ¿Quién posee bienes inmuebles en paraísos fiscales? La experiencia de Dubai), un estudio firmado por los economistas Annette Alstadsæter, Andreas Økland, de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU), junto con Bluebery Planterose y Gabriel Zucman, del Observatorio Fiscal de la UE.

El proyecto Dubai Unlocked permite ahora actualizar y refinar esas cifras. El valor de las inversiones extranjeras sólo en inmuebles residenciales de Dubái puede superar los 160.000 millones de dólares –148.300 millones de euros–. El dato lo han obtenido investigadores del Centro de Investigación Fiscal de Noruega (Skatteforsk) y del Observatorio Fiscal de la UE a partir de la filtración de datos de Dubai Unlocked referidos a 2022.

En ellos se constata que en manos de extranjeros había ese año un mínimo de 198.000 inmuebles residenciales, más unas 20.000 propiedades “sobre plano”, indica Andreas Økland, de la Facultad de Economía y Empresa de la NMBU. El análisis se basa en los precios inmobiliarios de 2022, sin tener en cuenta la subida del 25% que han sufrido en los dos últimos años, según Deloitte, Global Property Guide y el Departamento del Suelo de Dubái. Añadiendo el alza de precios, el valor de los inmuebles alcanza esta primavera los 200.000 millones de dólares –185.400 millones de euros–.

Dubai Unlocked es un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Para hacerse una idea cabal del volumen que implican esos 185.000 millones de euros, basta recordar que triplica el valor de los inmuebles que en Londres son poseídos por extranjeros a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales. La capital británica tiene nueve millones de habitantes. Dubái apenas rebasó los 3,6 millones en junio de 2023. La cifra supera también el presupuesto de Noruega para este año y el PIB de un país como Hungría.

De esa cantidad, sólo una pequeña parte corresponde a propietarios españoles. A tenor de los datos de Dubai Unlocked, el número de nacionales que tienen inmuebles registrados a su nombre en el emirato son 472 en 2020 y 475 en 2022. Los académicos noruegos y del Observatorio Fiscal de la UE que han analizado la información calculan que su número total es en realidad mayor, entre 518 en 2020 y 570 en 2022. En Dubái residen 5.511 españoles, a fecha de enero de 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. El valor agregado de las propiedades identificadas en la filtración ascendería a 232 millones de dólares –215 millones de euros– en 2022, pero superaría los 326 millones de dólares –302 millones de euros– si a esos inmuebles se suman los que aparecen en el Registro del Suelo de Dubái y no figuran en los datos filtrados.

Los contribuyentes que son residentes fiscales en España están obligados a declarar su patrimonio en el extranjero –inmuebles, acciones, cuentas bancarias– por encima de 50.000 euros. Lo hacen desde 2013 en el modelo 720, creado por el exministro Cristóbal Montoro a la par que aprobaba la polémica amnistía fiscal. La Agencia Tributaria sólo ha publicado los datos obtenidos a través de esa declaración, desglosados por países y tipo de bienes, hasta 2015. No ha habido ninguna actualización posterior. Tampoco ha dado a conocer el número de contribuyentes que declaran tener propiedades en el extranjero según los países donde los poseen.

Pero, según el valor de esos bienes, los españoles declararon inmuebles en los Emiratos por importe de sólo 11,93 millones de euros en 2013 y de 11,02 millones en 2015. Es decir, la cifra obtenida a partir de los datos de Dubai Unlocked multiplica por más de 25 la declarada a Hacienda que, además, incluye a los siete emiratos, no sólo a Dubái. La Agencia Tributaria explica que esa cifra es una “foto fija” del patrimonio declarado en el extranjero cada año: una vez presentada la primera declaración, sólo es necesario volver a hacerlo si el valor de los bienes ha aumentado más de 20.000 euros o si se han vendido.

No es un caso aislado. Según el dato facilitado por la Hacienda británica al diario The Times –socio de OCCRP–, un total de 1.900 ciudadanos del Reino Unido habían declarado en el ejercicio fiscal 2021-2022 que tenían propiedades a su nombre en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, Dubai Unlocked ha identificado a 20.300 británicos como propietarios registrados en 2020 –19.560 en 2022– sólo en Dubái y los académicos calculan que ese número puede superar los 25.700; es decir, hasta 13 veces más de los que declaran sus inmuebles al HMRC, la agencia tributaria británica. De hecho, sólo la India tiene más propietarios en el emirato, 40.700. Y hay que tener en cuenta que el 41% de los inmigrantes de Dubái son indios. El 20% del valor de los inmuebles en manos de extranjeros corresponde a ciudadanos de la India. A los británicos, el 10%.

Otro tanto ocurre con los italianos. Sólo 486 declararon a Hacienda que tenían propiedades en los Emiratos Árabes Unidos en 2022. Sin embargo, según Dubai Unlocked, 2.022 italianos eran dueños de 2.502 inmuebles residenciales en Dubái en 2022. Y sólo 33 italianos declararon ese año tener participaciones en sociedades de Emiratos Árabes Unidos.

El valor de todos los inmuebles emiratíes declarados a las autoridades fiscales italianas en 2022 fue únicamente de 186 millones de euros, mientras que los datos de Dubai Unlocked elevan esa cifra por encima de los 1.000 millones de dólares –927 millones de euros–. Incluso sin contar las plusvalías, la pérdida de ingresos para el Estado es evidente. Según los cálculos de IrpiMedia –socio de OCCRP–, el agujero fiscal puede medirse con una horquilla entre 2,7 y 5,4 millones de euros.

En Noruega, uno de los pocos países, junto con España y Suiza, que aplican un impuesto sobre el patrimonio, el panorama es similar. Apenas 66 noruegos declararon en 2020 que tenían propiedades en Dubái. Los datos de Dubai Unlocked, en cambio, localizaron a 234 ese año, mientras que los académicos calculan que puede haber hasta 300 en 2022. Es decir, casi el 80% eludió al fisco y, por tanto, evadió impuestos. “Los inmuebles en Dubái son las nuevas cuentas bancarias suizas”, resumen los investigadores del Observatorio Fiscal de la UE.

Es así porque, a diferencia de lo que ocurre con los activos financieros, los países no están obligados a intercambiar información sobre la propiedad de bienes inmuebles. Tampoco es óptima la información transfronteriza sobre los propietarios últimos de sociedades pantalla, que a menudo se utilizan para esconder viviendas de lujo, advierte el observatorio europeo. Y por ahí pierden los países ingresos millonarios del impuesto sobre la renta –alquileres y plusvalías– y del impuesto sobre el patrimonio. Alrededor del 8% de los inmuebles propiedad de extranjeros en Dubái pertenecen a ciudadanos de la Unión Europea.

Ese vacío de cobertura legal no sólo atrae a los evasores fiscales, que pueden preferir la inversión en vivienda a los activos financieros. También es un imán para quienes buscan blanquear dinero y eludir las sanciones internacionales o la acción de la justicia.

Entre los españoles localizados en la filtración figuran personas sobre las que pesan órdenes internacionales de busca y captura, como Massoud Zandi Goharrizi, el comisionista hispanoiraquí que apareció en los Papeles de Panamá con un entramado de sociedades en paraísos fiscales y que se situó en el centro del negocio fallido en torno a Star Petroleum. Amigo de Felipe González y Juan Luis Cebrián, con buenas conexiones con la jet set financiera española, pretendió dar un pelotazo con un negocio de 5.000 millones de euros gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur que terminó arruinando a sus socios.

También busca la justicia española a Cándido Nsué Okomo, cuñado de Teodoro Obiang, que contrató al excomisario José Manuel Villarejo para lanzar una campaña de difamación contra uno de los hijos del dictador ecuatoguineano. El dueño de la cadena hotelera Bluebay y del 49% del Málaga CF, Jamal Satli Iglesias, fue detenido en 2023 en cumplimiento de otra orden internacional de busca y captura por estafa, aunque emitida por las autoridades de los Emiratos. Mientras, en España, está imputado por cohecho en el caso Astapa, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España.

Además, figuran como propietarios de bienes inmuebles dos agentes de futbolistas, uno de ellos implicado en un caso de presunta evasión fiscal y lavado de dinero investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina en 2012, y otra ciudadana hispanoargentina cuyo nombre apareció en la Lista Redrado, donde aparecieron los contribuyentes que compraron dólares en 2008 y 2009 y los sacaron del país en plena crisis financiera. En ella estaban también los expresidentes Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Una española condenada por un delito monetario en 1987 –e indultada por el Gobierno tres años después– y un alto funcionario municipal tienen también propiedades registradas en Dubái. infoLibre ha preguntado a todos ellos por el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades, si son residentes fiscales en España y si las han declarado a Hacienda. Pero no ha conseguido una respuesta de ninguno de ellos.

En todo caso, el volumen del patrimonio español en Dubái es pequeño comparado con otros países. También el declarado a Hacienda. Según los datos publicados por la Agencia Tributaria y referidos a 2013, Emiratos es el número 58 de un total de 206 países si se considera la cantidad total de bienes declarados, 70 millones de euros. Pero el 43 si se miran sólo los inmuebles –11,93 millones–. Es en Suiza donde los españoles poseían ese año más patrimonio, 19.867,46 millones de euros, pero en Francia donde declaraban más viviendas, por importe de 1.727,25 millones. En general, los contribuyentes nacionales acumulan más patrimonio en valores y derechos –acciones y participaciones en empresas–, nada menos que 47.000 millones de euros, así como en sicavs y cuentas bancarias, que en inmuebles, sólo 9.207,6 millones.

Las cifras españolas también quedan lejos de las inversiones inmobiliarias de los ciudadanos indios o paquistaníes, los principales propietarios extranjeros de Dubái. El valor de las viviendas residenciales, incluidas las compradas “sobre plano”, por indios superaba los 17.000 millones de dólares en 2022 con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. El de los británicos excede los 10.000 millones. Hay un dato que retrata el mercado inmobiliario en el emirato: si se pone el foco de atención sólo en las zonas más caras de Dubái, la India sigue siendo el mayor propietario, pero su cuota disminuye respecto al resto de las áreas, mientras que la proporción de rusos –más de 5.000, con 3.300 millones de dólares en inmuebles– se multiplica por dos.

También es llamativo el volumen de propietarios procedentes de regímenes autocráticos y países en conflicto. Por ejemplo, unos 7.000 ciudadanos iraníes son propietarios registrados en Dubái, con inmuebles residenciales por un importe superior a los 4.000 millones de dólares. De Siria aparecen en los datos analizados unos 3.900 propietarios, con casi 1.850 millones en viviendas en 2022.

Grandes economías como Canadá, Estados Unidos o China rozan los 5.000 dueños de inmuebles en el emirato. En la UE, Alemania cuenta con unos 2.000 y Francia casi llega a los 3.000, casi cinco veces más que España.

El valor medio de las viviendas compradas por españoles tampoco es muy alto, no alcanza el medio millón de euros. Por el contrario, los inmuebles más caros de media son aquellos cuya propiedad está asignada a paraísos fiscales. Su número es pequeño, pero los menos de cinco propietarios con residencia en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tienen a su nombre 118 inmuebles, con un valor medio de nada menos que 40 millones de dólares, según los datos de Dubai Unlocked.

El mercado inmobiliario dubaití es tan sabroso que incluso las empresas españolas están poniendo un pie en el emirato. Tímidamente. Resulta difícil competir con los gigantes locales –Damac, Emaar–. La Oficina Económica y Comercial de España en Dubái asegura que “no existen empresas inmobiliarias españolas propiamente dichas” asentadas en el emirato. En todo caso, “agentes inmobiliarios de nacionalidad española” que trabajan, en su mayoría, en las grandes inmobiliarias internacionales.

Gesmar 2000 es una inmobiliaria de Alicante que lleva un tiempo trabajando en Dubái. Lo hace a través de agentes locales que son los que tratan directamente con los promotores, explica a infoLibre su gerente, Gabriela Schneir. “Es un mercado en auge, con muchas posibilidades de crecimiento y completamente seguro”, recalca.

Tanto ella como Lennart Ulf Sten Cromstedt, vocal de la patronal inmobiliaria Fadei, elogian la capacidad de atraer capitales que tiene Dubái. “Lo ponen muy fácil”, reconoce Cromstedt, “son muy laxos con las normas de prevención del blanqueo de capitales”. El pago en efectivo o en criptomonedas es habitual. Algunas inmobiliarias no tienen problema en publicitarlo abiertamente en su página web. También su fiscalidad resulta de lo más “atrayente”, apunta Gabriela Schneir, sin impuesto sobre la renta y con un tipo en el de sociedades de sólo el 9%. A cambio, la rentabilidad de los alquileres está entre el 7% y el 10%, explica, con unas plusvalías de la revalorización de los inmuebles de entre el 15% y el 30% anual.

Sus clientes, dicen ambos, son sobre todo británicos. “Los mismos que invierten en la Costa del Sol invierten en Dubái”, añaden. También italianos. Y latinoamericanos. “Hacemos de puente”, describe el vocal de Fadei, que cifra en una veintena de inmobiliarias medianas las empresas españolas que trabajan en Dubái.

Schneir asegura que cada vez hay más españoles haciendo negocio allí y que no todo es vivienda de lujo. Por 250.000 euros, sostiene, se pueden encontrar apartamentos con piscina, pista de pádel, gimnasio, zonas comunitarias completas… Por supuesto también hay villas y apartamentos que son el paradigma de la ostentación. “En febrero se vendió un apartamento por 363 millones de dírhams –91 millones de euros–”, detalla. Sólo en febrero, continúa, se cerraron operaciones por importe de 10 billones de dírhams –2.500 millones de euros–.

La gerente de Gesmar 2000 elogia la “impresionante” oferta inmobiliaria de Dubái. Palm Jumeirah, la famosa isla artificial en forma de palmera, ya forma parte del pasado. “Palm Jebel Ali [otra isla artificial, pero con el doble de tamaño] la va a superar”, se muestra convencida: “Cada vez que un promotor lanza una nueva área los agentes inmobiliarios hacen cola toda la noche en la oficina del máster desarrollador para presentar las ofertas de sus clientes”. “No hay límite en lo se puede tener allí”, resume.

1. ¿Qué es Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked es una investigación internacional sobre los propietarios de inmuebles en Dubái. Con sus lujosos clubes de playa, tiendas de lujo y rascacielos ultramodernos, el emirato es conocido como el patio de recreo de los ricos y famosos del mundo.

Pero las laxas normativas que aplica también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites mundiales: delincuentes, fugitivos, políticos e individuos bajo sanción internacional que buscan esconder su dinero en el extranjero.

Dubai Unlocked, una colaboración en la que participan 74 medios de comunicación de todo el mundo, revela quién posee qué en el centro financiero más pujante de Oriente Próximo, y cómo el emirato ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de todo tipo de delitos.

2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?

Dubái lleva años siendo señalado como uno de los principales destinos para blanquear capitales ilícitos, especialmente a través de su mercado inmobiliario. Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas procedentes de regiones y países concretos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza las propiedades en el emirato a escala mundial. También se basa en datos más actualizados, gracias a la filtración de un nuevo conjunto de registros de la propiedad, en gran parte de 2022 y 2020.

Los periodistas hemos identificado a decenas de propietarios de Dubái sobre los que creemos que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y capos de la droga hasta políticos acusados de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.

3. ¿Por qué Dubái es un centro de blanqueo de capitales?

Dubái no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero en efectivo a través del sector inmobiliario. Pero los expertos afirman que tiene varios puntos de atracción, sobre todo para quienes huyen de las fuerzas de seguridad occidentales o de las sanciones internacionales.

Hasta hace poco, el emirato carecía de tratados de extradición con muchos países, lo que lo convertía en destino obligado para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con los gobiernos extranjeros, siguen siendo conocidas por su falta de coherencia en las respuestas que dan a las solicitudes de extradición.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”. “Incluso si afirman que han detenido a personas o congelado sus activos, puede que sólo sea a efectos de comunicados de prensa”, asegura.

Algunos agentes inmobiliarios de Dubái también han cultivado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre el origen de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes inmobiliarios, brokers y abogados no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o en criptomonedas.

Por último, el mercado inmobiliario dubaití es uno de los más dinámicos del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en su cambiante silueta urbana. Con el valor de la propiedad en alza, las inversiones inmobiliarias ofrecen una vía no sólo para blanquear fondos ilícitos, sino también para obtener beneficios adicionales.

“Las políticas del emirato tienen el efecto secundario de garantizar que los activos se revaloricen con el tiempo”, afirma Colin Powers, investigador principal y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro. 

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022.

4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubái?

Los registros inmobiliarios que constituyen el núcleo de este proyecto proceden de múltiples filtraciones de datos, en su mayoría del Departamento de Suelo de Dubái, así como de empresas de servicios públicos de titularidad estatal o municipal. En conjunto, los datos proporcionan una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022.

Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartió con el medio financiero noruego E24 y con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó el proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

5. ¿Qué contienen los datos sobre la propiedad?

Los datos incluyen el sujeto de control de cada propiedad, así como otra información identificativa como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían el nombre de los inquilinos en lugar de los propietarios.

Según los economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022. Para este proyecto, optamos por destacar a unas 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, políticos y personas bajo sanción internacional, que han sido propietarios de más de 1.000 inmuebles que encontramos en los datos y verificamos posteriormente.

6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos de ellos y qué no sabemos?

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y otras filtraciones. Los periodistas sólo han incluido a personas en el proyecto si su identidad podía confirmarse de forma independiente a través de otras fuentes.

También se recurrió al registro de Dubái para averiguar si las personas que aparecían en los datos seguían siendo propietarias de los inmuebles.

En algunos casos, los reporteros no pudieron determinar la situación actual de la propiedad, por lo general porque se ha vendido recientemente. Entonces se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona había sido propietaria del inmueble, por ejemplo cotejando la información de su pasaporte con una base de datos pública del gobierno sobre propietarios de inmuebles. 

En los casos en que los datos filtrados no dejaban claro si la persona había sido inquilina o propietaria de un inmueble, los periodistas también pudieron confirmar su propiedad comprobando los datos sobre alquileres, donde se puede confirmar si un inmueble ha sido alquilado alguna vez. En algunos casos también fue posible acceder a contratos de alquiler en los que figuraban los nombres o la nacionalidad de los propietarios. 

7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad?

Los periodistas sólo han revelado los nombres de los propietarios de inmuebles en Dubái en casos de interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, que se enfrentan a sanciones, o que son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos los acusados de corrupción o quienes han mantenido sus propiedades ocultas al público.

Hemos optado por no escribir sobre celebridades u otros particulares que no cumplan estos criterios.

8. ¿Qué ha hecho Dubái para combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?

En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos recibieron un duro golpe a su reputación cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales creado por el G8, los señaló por “deficiencias” en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida, que amenazaba con empañar la imagen de Dubái como centro financiero de primer orden, desencadenó un esfuerzo concertado de las autoridades emiratíes para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras en materia de extradición.

Según las autoridades emiratiés, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022.

Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de informar de los agentes inmobiliarios sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no respondieron a las preguntas detalladas que sobre los hallazgos de la investigación les formuló OCCRP, pero las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, afirmando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

“En su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todas las formas de financiación ilelgal”, añade el comunicado. “Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?

Periodistas de 74 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:

● Africa Uncensored

● Age y Sydney Morning Herald

● Al Jazeera

● AZDA TV

● Centro Bielorruso de Investigación (BIC)

● BIRD

● Buro Media

● Civilnet

● Context Investigative Reporting Project Rumanía

● Red de reportajes de investigación de Chipre

● DARAJ

● Dawn

● De Groene Amsterdammer

● De Tijd

● Delfi

● Der Spiegel

● Der Standard

● Diario Rombe

● Direkt36

● E24

● Economy Post

● El Universal

● Etilaat Roz

● Expresso

● Forbes

● Frontier Myanmar

● Frontstory.pl/Fundación de reporteros

● Proyecto de rendición de cuentas del Gobierno

● infoLibre

● inside story

● Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

● Investico

● investigace.cz

● Centro de investigación de Jan Kuciak

● Laboratorio de reportajes de investigación - IRL

● Irish Times

● IrpiMedia

● iStories

● Knack

● Centro coreano para el periodismo de investigación (KCIJ) - Newstapa

● KRIK

● Le Monde

● Le Soir

● Lighthouse Reports

● Malaysiakini

● Malta Today

● Mikroskop Media

● NIRIJ

● Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción

● Oštro

● paper trail media

● Rappler

● Reporter.lu

● Esquemas, proyecto de investigación del servicio ucraniano de RFE/RL

● Shomrim

● Siena

● SIRAJ

● Slidstvo.Info

● Straits Times

● SVT

● Tempo

● The Age

● The Confluence Media

● The News International Pakistan

● The Nikkei

● The Sydney Morning Herald

● The Times

● Times of Malta

● Twala

● VG

● Vlast

● Yle

● Zamaneh Media

● ZDF

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.