El Ayuntamiento de Palma ha aprobado, con los votos del PP y Vox, la protección del obelisco de sa Feixina, construido durante el franquismo para homenajear a las víctimas del crucero Baleares, hundido con casi 800 combatientes del bando sublevado, pese a que el Gobierno había instado este mismo jueves a su demolición.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha requerido al Ayuntamiento para que elimine el monumento tras incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

El monumento se construyó en 1948 con la voluntad de ensalzar a los casi 800 marineros que murieron cuando proyectiles republicanos hundieron el navío franquista la noche del 5 al 6 de marzo de 1938, durante la batalla del Cabo de Palos.

Trece meses antes de esa batalla, la mayor de la Guerra Civil, el Baleares participó en el bombardeo de la población civil que huía de Málaga hacia Almería por la carretera litoral, un episodio conocido como La Desbandá.

En opinión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el monumento debe "entenderse como parte y ejemplo del culto a los caídos desarrollado por el régimen franquista".

El requerimiento se ha dado a conocer poco antes de la votación en el pleno de Palma de la modificación del PGOU, que ha motivado al concejal del PSOE Francesc Dalmau a usar su turno de intervención para alertar al gobierno municipal de la resolución del Gobierno y pedir infructuosamente que se sacara del orden del día la votación.

Por parte del gobierno municipal, el tercer teniente de alcaldía, Óscar Fidalgo (PP), ha esgrimido argumentos legales para defender la protección al monumento construido durante la dictadura, por considerar que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSIB) señaló que "no procede la demolición ni concurren los requisitos exigidos por la normativa de memoria democrática".

Además, ha asegurado que la ley de memoria estatal permite la conservación del monumento "cuando no exista exaltación activa de la dictadura" y que la Justicia avaló la resignificación llevada a cabo durante la alcaldía de la socialista Aina Calvo.

También se ha pronunciado el líder local de Vox en el consistorio, Fulgencio Coll, que ha criticado a la izquierda por vivir en "el odio del guerracivilismo" que "sembró" el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de alimentar la "manipulación histórica".

Por parte de Més per Mallorca se ha pronunciado la edil Kika Coll, que ha acusado al PP y Vox de llevar a cabo una "cruzada contra la memoria" y al gobierno municipal de tener "un espíritu democrático con muchas fisuras y brechas".

En cuanto a la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha asegurado que el monumento se construyó "para alabar" a aquellos que mataron "a personas inocentes".

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

En el caso de España, los museos de la memoria son un elemento primordial contra el silencio, el olvido y la desmemoria. Después de una cruel represión ejercida por la dictadura franquista durante cerca de cuarenta años, conquistada la democracia se echa en falta la creación de centros de la memoria y los derechos humanos que, a través de documentos, testimonios orales y escritos, fotografías, cartas, grabaciones de la época, material de prensa escrita, documentales, panfletos, producción literaria, archivos en diferentes soportes y formatos, visuales y auditivos, reflejen nuestro pasado traumático reciente y el sufrimiento de las víctimas que lo fueron por su compromiso por traer la libertad y la democracia a este país. Todo ello, testimonio de un tiempo y una lucha por poder ejercer derechos y libertades cimentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Terminada la guerra de España, desde el Gobierno del dictador Franco se ejerció una terrible represión sobre cualquier tipo de disidencia. También sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, fueron relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina. España se había convertido en una inmensa cárcel. A las decenas de miles de fusilados, habría que añadir a aquellos que murieron en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, como consecuencia de las malas condiciones de vida. Sin olvidar las condiciones en las que se desarrolló el exilio.

Durante las décadas de los años 60 y 70, miles de personas, jóvenes en su mayoría, se jugaron la vida y la libertad en las manifestaciones y en la lucha clandestina enfrentándose a la dictadura en la batalla por instaurar la democracia, el cambio social y elevar el bienestar del pueblo. Esta situación derivó en decenas de miles de personas encausadas por delitos que hoy, ya en democracia, no lo serían. La práctica de la tortura era común en las comisarías de policía, ejerciéndose la violencia fundamentalmente contra la sociedad civil. El conocimiento de los testimonios de los protagonistas de las luchas sociales, culturales, políticas, del movimiento obrero, universitario y vecinal de la época nos obliga a preservarlo para las futuras generaciones como antídoto contra las proclamas neofascistas de la extrema derecha.

La democracia no se puede construir desde el olvido y el silenciamiento de las víctimas. Una democracia que se precie de su calidad debe mantener vivos los recuerdos del trágico pasado, con el fin de honrar y dignificar la memoria de las víctimas y de que no se vuelvan a repetir estos hechos. Los espacios y los museos de la memoria son una contribución necesaria para que las nuevas generaciones sepan lo que supuso la dictadura franquista en este país y el costo en sufrimiento y en vidas para conquistar la democracia. Permiten rescatar del olvido y la desmemoria el carácter masivo y sistemático de la represión ejercida sobre aquellos ciudadanos que, en su lucha por devolver al pueblo la democracia y las   libertades que nunca debió perder, sufrieron todo tipo de atropellos y desmanes, incluso perdieron la vida. Estos luchadores por la libertad, la democracia y contra la opresión en sus diversas manifestaciones, sufrieron una doble violencia, la de los verdugos y la de ser borrados de la memoria colectiva.

Vivimos unos momentos de blanqueamiento y banalización de la dictadura franquista por parte de la derecha y extrema derecha, que ponen todo tipo de trabas al desarrollo y mantenimiento de los lugares de la memoria en homenaje a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Sólo una derecha realmente democrática haría de la denuncia de la represión sufrida una política de Estado. Se hace imprescindible combatir la distorsión y el revisionismo histórico. Y es que mientras que otras democracias en Europa se fundaron sobre el antifascismo y el anticomunismo en los países de la órbita de la desaparecida Unión Soviética, la democracia española lo hizo sobre la desmemoria y olvido del pasado.

Como dice el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la Unión Europea hablando sobre el siglo XX europeo marcado por crímenes horribles como el Holocausto y los crímenes cometidos por regímenes autoritarios y totalitarios: “Es necesario que se comparta y se recuerde continuamente el legado de estos crímenes, así como que se realicen investigaciones parar frenar su distorsión. Hay que capacitar a los jóvenes para que se conviertan en embajadores de esta memoria, para que se conciencien sobre su tragedia y conecten con los lugares conmemorativos y los museos. Los testimonios de los testigos de estos crímenes son especialmente valiosos para educar a los jóvenes, sobre todo porque cada vez quedan menos testigos con vida”.

Los museos de la memoria, también llamados en algunos sitios de la resistencia, deben ser espacios públicos, simbólicos en muchos casos, como cárceles, centros de tortura y en otros centros específicos construidos para este fin, que inviten al conocimiento del pasado durante la dictadura y a la reflexión; que permitan a las nuevas generaciones y a los indiferentes tomar conciencia de los hechos ocurridos para que no vuelvan a repetirse. Deben ser también centros culturales donde se puedan llevar a efecto conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y espectáculos que permitan traer al presente el pasado traumático; que actúen como vacuna o dique de contención contra aquellos decididos a acabar con las libertades y la democracia. De ahí también la importancia de la visitas guiadas para los centros educativos.

Desde 2009, el 23 de agosto se declara día de recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Al respecto, el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones clave, como la de 05-11-2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, y la de 17-01-2024, sobre la conciencia histórica, abordando la necesidad de investigar estos crímenes.

Sirvan las palabras inscritas en el hall del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile como reflexión: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

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Pedro Olivares Martínez es socio de infoLibre.

En el ejercicio de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid de junio de 2025, una de las fuentes a analizar era la mítica foto que el fotoperiodista Robert Capa hizo para demostrar al mundo el impacto social y psicológico de los bombardeos nazis y fascistas en colaboración con la aviación franquista a la población de Madrid. Los ciudadanos indefensos, niños, mujeres y ancianos, se convirtieron en un objetivo prioritario para lograr la rendición del Madrid resistente, la ciudad del "No pasarán", como buen ejemplo de guerra total que abrió la Gran Guerra en 1914. De los más de cien exámenes que corregí sólo uno habló de los bombardeos de la guerra civil en Madrid y de sus consecuencias sociales. Y del aula de un colegio concertado que vigilé en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense (UCM) al finalizar todos los exámenes, un grupo de alumnos me preguntó qué había que contestar en esa pregunta, y yo respondí: debía hablarse de los bombardeos de Madrid y su repercusión en la ciudadanía. La contestación de ellos fue desoladora: "Ah, ¿pero es que Madrid fue bombardeada?". Me quedé impresionada y disgustada al comprobar que alumnos de 17 y 18 años no supieran que la capital de España fue masacrada, siendo la primera capital europea que recibió este duro castigo por permanecer fiel a la democracia republicana. Es muy preocupante que nuestros jóvenes de Madrid no conozcan algo tan básico y grave de nuestra historia, de la guerra civil en su ciudad y de nuestro pasado traumático. Pero, por otro lado, no me sorprendió, teniendo en cuenta lo denso de la materia de Historia de España de segundo de Bachillerato en Madrid, que empieza en Atapuerca y llega a nuestros días, porque para las autoridades autonómicas es más importante que conozcan el imperio de la monarquía hispánica que la época contemporánea de la que somos herederos y que tan mal han comprendido las derechas hispanas. Existen muchos colegios concertados y privados que dan lo que consideran del temario y de la manera que quieren, sin ningún control, tal como compruebo cuando llegan los alumnos que deciden cursar Historia o cualquier otro Grado similar a las aulas de la maltrecha e infrafinanciada Universidad Complutense.

La foto de Capa, que retrata a dos niñas sentadas sonrientes junto a un niño de espaldas y a una más mayor en el umbral de una puerta en una casa destrozada por el impacto de la metralla y de las bombas, fue identificada por el fotógrafo José Latova y su colaborador Alberto Martín Escudero, situando el escenario de la imagen en la calle Peironcely, 10, de Vallecas, entonces municipio independiente de la capital. Desde 2017, la plataforma #SalvaPeironcely10, impulsada desde la Fundación Manuel Fernández "Lito"/Anastasio de Gracia, viene trabajando en la protección y conservación del edificio fotografiado por Capa en 1936, aunque solo identificado como el situado en esa calle de Entrevías en el siglo XXI. Desde entonces, el proyecto realizado en torno a Peironcely 10 ha sido objeto de interés académico nacional e internacional, mostrando su interés y siendo visitado tanto desde la universidad española como de universidades extranjeras.

Tras el importante hallazgo, muchas asociaciones vecinales, varias fundaciones como la Fundación Anastasio de Gracia (hoy Manuel Lito) con su director José María Uría Fernández, entidades internacionales como el Goethe Institut, International Center of Photography, o Capa Haus de Leipzig, entre otras muchas, el equipo del arqueólogo del CSIC Alfredo González Ruibal, que ha excavado durante cuatro años en la zona, y un gran número de personas anónimas han trabajado para recuperar el viejo edificio y su entorno. Se desalojó a veinte familias para salvarlo e integrarlo en un centro de interpretación de la Guerra Civil y de los bombardeos de Madrid en la guerra.

Además, en 2025 fue declarado Lugar de Memoria Democrática el conjunto formado por el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, el espacio conocido como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la zona ajardinada anexa y la parroquia de San Carlos por la importante significación histórica que tiene. Este complejo refleja el impacto de los bombardeos de una escuadrilla de Savoias fascistas en la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil y que el fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedmann, más conocido como Robert Capa, inmortalizó con su cámara. La casa de Peironcely 10 se hizo mundialmente famosa mostrando a la opinión pública internacional los estragos físicos, materiales y psicológicos de los bombardeos autorizados por los militares franquistas para tomar la ciudad en noviembre de 1936. Madrid tiene el triste récord de ser la primera ciudad europea donde la población civil fue bombardeada sistemáticamente. La imagen fue difundida por primera vez el 10 diciembre de 1936 en las páginas interiores de la revista Regards y el 18 de diciembre en la portada de la Zürcher Illustrierte, que tituló: “Kinder in Madrid (Niños en Madrid)”. En enero de 1937, la fotografía continuó viajando por todo el mundo y reproduciéndose en nuevos medios de comunicación internacionales. De este modo, el 24 de enero se publicó en The New York Times Magazine.

Después de años de incuria municipal que parecía esperar que el tiempo acabase con el viejo edificio testigo de los brutales bombardeos de Madrid, ahora el Ayuntamiento se decide a crear un edificio que nada tiene que ver con el proyecto inicial, sin ningún vínculo con el estudio de la Guerra Civil con el nombre del famoso fotógrafo para labores sociales, dirigido por la Fundación Padre Llanos. Esta es la derecha de esta ciudad, el Partido Popular de Madrid, que homenajea a los legionarios de infausto recuerdo en la historia del país en el Paseo de la Castellana, en una de las principales vías de la capital. Esos legionarios fueron protagonistas de una cruel guerra colonial en Marruecos y conquistaron Badajoz y Toledo en su avance a Madrid durante la Guerra Civil a sangre y fuego para establecer una dictadura militar brutal. Esta es la memoria que le gusta reivindicar al alcalde Martínez Almeida. La derecha que dice defender la democracia no es capaz de crear un solo centro sobre la Guerra Civil en una ciudad que fue torturada y en la que todavía quedan numerosas cicatrices en sus calles de aquella barbarie como la Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles o tantos edificios y barrios. Es una decisión lamentable, indignante, mezquina y sectaria. El alcalde y su concejala se han ciscado en el trabajo de miles de personas durante muchos años. Quizás esta situación se explica mejor si subrayamos que en España no hay ningún museo digno e importante a nivel nacional sobre la Guerra Civil, mientras en Francia y Alemania habría varios. Este dato objetivo y rotundo siempre se lo recuerdo a mis alumnos al hablar de las políticas públicas de memoria y de la memoria democrática. Hace falta mucha historiografía, pedagogía y difusión del pasado en este país. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con el porcentaje de jóvenes que dicen apoyar a la ultraderecha o que piensan que con Franco se vivía mejor. Hace falta más ciencia y justicia. Salvemos Peironcely, 10 con dignidad y rigor. Dignidad para las víctimas de los bombardeos fascistas y rigor científico acorde con las investigaciones historiográficas sobre la Guerra Civil en Madrid.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Son las once de un miércoles a mitad de enero y en el bar Florida de Víznar está desayunando en un descanso rápido el equipo científico de la Universidad de Granada que sigue trabajando en las fosas del barranco. De la última que abrieron emergieron los restos de veintiocho personas. Es la más numerosa de todas las que ya ha exhumado este grupo, un comando joven y resistente al frío, al calor y a otros envites, dirigidos por el profesor Francisco Carrión, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. En total, la cifra de individuos exhumados se acerca ya a las 200 personas en los años que han durado las varias campañas de los trabajos. 

No debe ser fácil manejar, a la vez, la ciencia, lo que es tu trabajo diario y el saber, con las emociones que revuelven estas revelaciones de la tierra. Tratar con la violencia, aunque sea cada vez más alejada en el tiempo, pasa factura. Algo así nos dice Carrión. Y cómo no. El momento más emocionante del proceso llega con la entrega de los restos identificados a los familiares: cuesta hablar, cuesta tragar y decir algo que pueda condensar todo ese espacio de tiempo, la estrecha relación que el equipo establece con los restos encontrados, ya son sus muertos también, y ocho décadas de silencio bajo tierra y de silencio en todas partes. 

En el laboratorio, que han situado en el antiguo molino del pueblo, limpian y clasifican los restos. En una pila de cajas de plástico están reunidos los huesos de cada uno de los individuos que han encontrado, agrupados estos dentro de las cajas en bolsas de plástico por partes del cuerpo: acierto a leer en una de las bolsas la palabra “costillas”. En la planta de arriba, dos mujeres jóvenes se encargan de limpiar con extrema delicadeza y uno a uno los restos en unos barreños. Están sentadas una frente a la otra, abrigadas con forros polares de la universidad, con guantes de látex y en silencio. Otra revisa las fotografías y el trabajo de campo. Hablo con una de ellas sobre si es consciente todo el tiempo de lo que tiene entre manos. 

En la planta baja del molino, otras dos mujeres ordenan los objetos que han salido de la fosa: botones, restos de un cinturón, un broche con un pequeño timón o un montón de suelas de zapatos identificadas en bandejas blancas que parecen fósiles de barro, pero que una vez fueron las pisadas de alguien. Alguien que fue arrastrado hasta allí, que fue ejecutado de uno o varios tiros en la cabeza. Personas asesinadas. 

Álvaro es bombero forestal de la Sierra de Víznar, es parte del retén que vigila esos barrancos. Les advierte sobre el estado de algunos de los árboles, que tengan cuidado, les dice, pueden caer. Han creado un grupo de WhatsApp en el pueblo para contarse los avances y compartir las noticias sobre los trabajos. Más arriba, desde las trincheras nacionales de la guerra civil que defendían el frente de Granada, se ve la reforestación de toda la zona. Todos esos valles fueron replantados con pinos durante la dictadura, camuflando los crímenes que esconden los pozos del camino que va de Víznar a Alfacar. 

Allí nos encontramos también con Luis, que fue el alcalde que se empeñó en la dignificación del barranco. Imagino que, cuando miras hacia atrás –le digo–, es bonito haber llevado a cabo esa resignificación. Dice que sí, por supuesto. Fue entonces cuando se hizo el graderío del barranco y la piedra que dice: Lorca eran todos. Porque fue ahí, en el camino de algo más de un kilómetro que va de La Colonia al barranco, donde asesinaron al poeta un mes después de que empezara la guerra. 

No deja de ser bonito y también esperanzador, a pesar de la naturaleza de lo que tienen entre las manos, el empeño en hacer comunidad que tienen todas estas personas, la vocación por resolver, por desenterrar, por devolver, por poder pasear por esos montes sin sentir que estás pisando ecos de muerte y de violencia.

Esa tarde, Francisco Carrión hijo, quien se encarga de las relaciones del equipo con las familias, me envía algunas fotografías que ha tomado de los trabajos. Las ha hecho con una lente antigua, una óptica de entonces, en blanco y negro, y son impresionantes. La sensibilidad con la que están tomadas es enorme. Son duras, pero en ellas se hace visible, sin necesidad de palabras, la historia del terror y de la represión, a la vez que se intuye el trabajo invisible que realizan en las exhumaciones ellos y otros equipos como el suyo en otras zonas del país. 

Todos sabemos que, si la derecha gana las siguientes elecciones –sean cuando sean–, los presupuestos para las exhumaciones podrían vaciarse. Todos sabemos que estos trabajos pudieron hacerse mucho tiempo antes. Pero la memoria no es sólo políticas o ideas, es conocimiento. Es nuestro derecho a saber y relacionarnos con el pasado de forma sana y no abstracta. La memoria no debe ser un lugar para la intuición. No es una palabra manipulada por unos y por otros. Va más allá. La memoria es ciencia y, a veces, la ciencia también está llena de historias y de emociones. De personas que se manchan de tierra las manos. De familias represaliadas que son hoy –y muy poco a poco– reparadas. La memoria son silencios que se van llenando de palabras.

Cuarenta y seis años después, la Universidad Complutense ha vuelto a pronunciar en voz alta lo ocurrido el 13 de diciembre de 1979. Lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, donde este viernes se ha inaugurado en la quinta planta el mural que recupera la pintada hallada hace un año con una frase casi borrada y dos nombres que durante décadas habían quedado sepultados bajo capas de pintura y un silencio institucional prolongado. José Luis Montañés Gil, de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, alumno de Ingeniería Industrial, murieron por disparos policiales tras una jornada de movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria. Aquella pintada —"José Luis, Emilio, no os olvidamos"— fue la prueba de que, pese al paso del tiempo, su recuerdo había resistido en los márgenes.

"Su nombre, su historia y su ausencia forman parte de una herida que aún duele", ha resumido Javier Montañés, hermano de José Luis, en una de las intervenciones que han marcado la jornada. "La memoria no es venganza, es la base mínima de una democracia", ha insistido. A su lado, Mari Carmen Martínez, hermana de Emilio, ha agradecido que la universidad y las nuevas generaciones hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano. "Ver este mural y escuchar hoy a los estudiantes de la época es una forma de reparación después de tantos años", ha celebrado, subrayando la importancia de que la memoria "salga por fin del ámbito privado y se convierta en un reconocimiento colectivo".

La inauguración del mural, obra de Alicia León Gordo, ha sido el eje simbólico de una jornada de charlas que ha reunido a instituciones, familias y al movimiento estudiantil. El acto ha querido convertir el hallazgo de la pintada en una reparación pública, con el impulso de la facultad y la participación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, además del acompañamiento de infoLibre, que ha apoyado el proyecto y ha participado en el arranque institucional.

El bloque dedicado a las familias ha sido el más emocionante de la jornada. Mari Carmen Martínez ha recordado a Emilio como un joven profundamente comprometido desde muy temprano, con quien hablaba de política y de la Transición. Además, ha relatado el impacto devastador de su muerte en "una familia que no entendía cómo la policía podía disparar contra un hijo que no era un delincuente". "Fue muy duro asumirlo, y lo fue aún más el silencio posterior", ha señalado. Pero también ha destacado el valor del momento actual y ha agradecido que la Universidad y los estudiantes hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano.

Javier Montañés ha insistido en que el recuerdo de José Luis no puede quedar reducido a una nota a pie de página. Ha descrito a su hermano como un joven con "hambre insaciable de leer y conversar", comprometido con el estudio y la solidaridad. "A José Luis y a Emilio los asesinó la policía con su arma reglamentaria. Sus únicas armas eran su voz y su lucha", ha recordado. Montañés ha defendido que "recordar no es reabrir heridas, es evitar que se repita la impunidad".

La importancia del homenaje también ha residido en su respaldo institucional. Tanto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como infoLibre, que han financiado parte de la reconstrucción del mural, han subrayado el acto como "un paso necesario" para convertir la memoria en reparación pública. Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, ha advertido de que la democracia no llegó de forma plena con el final del franquismo: "En 1975 no llegó ni la libertad ni la democracia". "Actos como este nos recuerdan el muchísimo trabajo que queda por hacer y la necesidad de celebrar el pasado con espíritu crítico", ha insistido.

Por parte de infoLibre ha intervenido Jesús Maraña, director editorial del periódico, que ha vinculado memoria y presente desde su experiencia como estudiante en la Complutense en aquellos años. Ha recordado la movilización estudiantil de 1979 y ha cuestionado el relato de una Transición modélica. "Cuando se insiste en la imagen de una Transición pacífica se está falseando la historia", ha afirmado. "La democracia no cayó del cielo, se construyó con conflicto, con represión y con un coste humano que no podemos permitirnos olvidar", ha insistido.

La mesa dedicada al movimiento estudiantil ha trazado un hilo continuo entre el 13 de diciembre de 1979 y la universidad actual, mostrando que cambian las formas, pero no las lógicas de control y represión. Desde el movimiento del 79 se ha situado la muerte de José Luis y Emilio en un contexto de violencia estructural y de continuidad de prácticas franquistas en las fuerzas de seguridad. Ramón Adell, sociólogo y entonces activista estudiantil, ha señalado que "las tácticas policiales no se habían democratizado y la impunidad era total", y ha recordado la actuación sin consecuencias de grupos de extrema derecha dentro y fuera de la universidad.

Otros participantes han rechazado cualquier lectura edulcorada de aquel periodo y han subrayado que la lucha contra la Ley de Autonomía Universitaria iba mucho más allá de una norma concreta. Mauricio Gallego, abogado y miembro del movimiento estudiantil de la época, ha defendido que "no peleábamos solo contra la LAU, peleábamos contra un sistema que quería cerrar en falso la Transición".

Sobre el 13 de diciembre, la mesa ha sido explícita. Carlos Tejero, que estuvo presente en aquella manifestación, ha sostenido que "ese día alguien dio la orden de ahogar en sangre la movilización", insistiendo en que las muertes no fueron un exceso aislado, sino el resultado de una estrategia represiva. La campaña posterior de descrédito mediático también ha sido señalada como una pieza clave de la impunidad. Adell ha resumido esa violencia prolongada con una frase contundente: "A José Luis y a Emilio no solo los ha matado la policía, los han rematado los medios".

Ese pasado ha encontrado un reflejo directo en las intervenciones del movimiento estudiantil actual. Las voces jóvenes han descrito una universidad donde la represión ya no suele expresarse en disparos, pero sigue presente en campus militarizados, sanciones, vigilancia y límites al derecho de protesta. Fran Flecha, del movimiento libertario, ha advertido de que "la violencia continúa aunque no termine en muertes", vinculando estas prácticas a desahucios, cargas policiales y control del espacio público.

Al mismo tiempo, se ha reivindicado la continuidad de la lucha. La defensa de lo público y de la autonomía universitaria ha aparecido como un eje compartido entre generaciones, junto a la preocupación por la derechización de una parte de la juventud. Frente a ese avance, se han puesto en valor las resistencias que se articulan desde el feminismo, los movimientos queer y las asambleas estudiantiles. María Prieto, de la Acampada por Palestina, ha resumido ese hilo de continuidad entre generaciones con una idea clara: "No hemos heredado una lucha cerrada, seguimos en la misma".

La jornada ha culminado con la inauguración del mural en la quinta planta de la facultad. Aquella pintada mínima que decía "José Luis, Emilio, no os olvidamos" ha dejado de ser un rastro casi borrado para convertirse en una afirmación pública y permanente. La Complutense no solo ha homenajeado a José Luis y Emilio, sino que ha convertido la memoria en un acto presente y colectivo.

Emilio Silva es uno de los españoles que impulsó la primera exhumación científica de un republicano asesinado durante la Guerra Civil. A partir de ahí se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. “Para mi familia la exhumación de los restos de mi abuelo fue trascendental. Entonces, en el año 2000 vivían los seis hijos de mi abuelo. Le había matado un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936, y mientras le enterraban, enterraban la infancia de mis padres, sus hermanos y en parte la vida de mi abuela”. Para este sociólogo, abrir una fosa es como abrir una boca que comienza a contar secretos y comienza una conversación con familiares, vecinos o antropólogos. “Tiene que ver con expresar las emociones, expresar es dejar de estar presos. No dejas de tener dolor, pero no es lo mismo estar preso del dolor que estar en libertad en el dolor”.

“Desde hace un tiempo hay encuestas donde estamos viendo un porcentaje de población que mira con nostalgia la dictadura. Y hay un porcentaje de jóvenes, en torno al 20-25%, que está pensando que quizá una dictadura podría ser una solución a los problemas del presente. Es la consecuencia de la ignorancia que en este país se ha sembrado. No se ha enseñado lo que supuso la dictadura durante 40 años, las violaciones de derechos humanos. La mayoría de los libros de texto hacían una pincelada de franquismo y ya se metían en la transición. El problema tiene que ver con la deshumanización de la educación, que ha ido arrinconando a las humanidades. Y bueno, esto es un proyecto político. Hay alguien que se beneficia con la ignorancia y alguien que es perjudicado por ella. Lo que tiene que hacer el Estado es poner en la educación todas las herramientas para que cualquier ciudadano tenga una cultura de los derechos humanos y luego encima de ella ponga la ideología que le parezca, pero sin abandonar ese marco”.

 “Esta derecha franquista o sociológicamente franquista en la Transición decidió inhibirse y dejar de mostrar su identidad a cambio de construir la impunidad para sus crímenes, quedarse con todo lo que habían robado. De alguna manera desaparecieron o desapareció ese discurso en la vida pública. Y creo que fue por su interés. Su desinhibición actual también tiene que ver con sus intereses y con algunos acontecimientos. Como el traslado del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, porque esta derecha o esta extrema derecha tienen una cultura muy religiosa y ese cuerpo era como una reliquia. Y no olvidemos que por las reliquias se han hecho cruzadas en la historia de la humanidad. Y luego está el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que también supuso una especie de excitación por la posibilidad de que pudiera terminar con la unidad de España”. 

“Los jóvenes son los que están más lejos de la dictadura. Los mayores la conocieron, yo la conocí. Tenía diez años cuando murió Franco y vivía en Pamplona. Cuando iba al colegio, lo primero que hacía el profesor cuando llegaba a clase, después de ponerme de pie para recibirle como si estuviéramos en un cuartel, era atarme la mano izquierda a una silla para obligarme a escribir con la derecha. La gente mayor ha experimentado lo que es la dictadura. Es más fácil hacer llover esta nostalgia sobre gente que ignora ese pasado y realmente no sabe lo que supuso. No me gusta señalar a los jóvenes. Son un producto de nuestra sociedad y si hay quien piensa que tiene que haber otro Franco en España, tenemos parte de la responsabilidad". 

“Es habitual que líderes de la derecha hagan declaraciones contra la memoria. En redes sociales nos llaman subcampeones porque perdimos la guerra civil. El problema es que hay una derecha que, cuando no puede defender explícitamente la dictadura, necesita crear otro tipo de argumentos para no validar a quienes estamos, por ejemplo, exhumando a los desaparecidos de la dictadura. Cuando la derecha no puede decir que con Franco la vida era buena, tiene que buscar argumentos para ir contra eso. Decirle a una persona que tiene un familiar desaparecido en una cuneta que, por el hecho de exhumarlo, identificarlo y enterrarlo en un panteón familiar, en el lugar que considere digno, está abriendo heridas evidentemente es una enorme mentira, porque lo que está haciendo es cerrarlas. A esos políticos que dicen que ahora vivimos en un régimen dictatorial habría que ponerles unas gafas virtuales para que vieran lo que ocurría a quien hablaba en contra del régimen en los años cincuenta o sesenta”. 

“A mí me dicen: “¿Por qué te preocupas de esto si ocurrió hace más de 80 años y tú no habías nacido?" Y tengo que explicar que soy nieto de un desaparecido e hijo del trauma que produjo esa desaparición. Mi padre con diez años tuvo que dejar el colegio porque asesinaron al suyo. Les quitaron todo lo que tenían. Y mi padre tuvo que salir a trabajar con esa edad. Yo me he educado con esa persona. Cuando hablo de esa memoria estoy hablando de mis emociones y de mí mismo. No estoy hablando de algo que ocurrió hace 80 años, no estoy viajando a la lejanía, estoy hablando de algo que siento ahora y que forma parte de mi identidad”.  

“Es una decisión política que no se haya estudiado durante muchos años lo que fue la dictadura en los centros de enseñanza. Tiene que ver con los acuerdos de la Transición. Las élites acordaron en el Parlamento esconder a las víctimas y a los verdugos. Porque si había víctimas la sociedad se tenía que preguntar quién las convirtió en víctimas. Y en esa decisión también se escondió la historia en los libros de texto. Hace seis años se anunció que por fin los libros de texto iban a llamar golpe de Estado a lo que ocurrió el 18 de julio de 1936. Cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación se hablaba de la dictadura franquista en el currículo escolar. Ella lo transformó en "la época de Franco" para que fuera más aséptico. A pesar de los cambios, estos contenidos siempre van al final del curso para que sepamos más de los Reyes Católicos que del presidente Manuel Azaña. El Estado tiene que poner esos contenidos en un lugar muy importante. Para saber de qué es capaz el fascismo, de qué puede ser capaz la extrema derecha, no necesitamos imaginar, necesitamos memoria e historia. Y eso puede estar en un aula”.

 “He visto el mapa de las 6.000 fosas. Yo soy un poco crítico. Creo que la palabra fosa invisibiliza de alguna manera. Es como un objeto y esconde los sujetos que tiene dentro. Yo lo habría llamado de otra manera. Habría hablado del país de los 124.226 desaparecidos. Todo lo que sea informar y sacar a la luz estos crímenes y hacer accesible esa información a cualquier persona, a cualquier familiar que está buscando, me parece interesante, después de tantos años de silencio. Está lloviendo sobre un desierto de la memoria. Durante los primeros 25 años de nuestra democracia en el Parlamento nadie mencionó jamás a los desaparecidos de la dictadura franquista. Se estudió a los españoles desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina. Se hicieron procesos como el que consiguió detener a Pinochet, pero jamás se ha sentado en un banquillo un responsable de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Hay impunidad judicial, social, pero también informativa. Todo lo que rompa esa impunidad informativa, como ese mapa que saca a la luz la información de cientos de lugares donde los fascistas del golpe de Estado de 1936 cometieron crímenes me parece muy importante. Cuanta más información haya y más fácil sea su acceso, mejor”.

“Yo le pediría al Gobierno que creara un organismo que escuchara y atendiera a las familias ya que no existe todavía. Nosotros somos una asociación que hace exhumaciones, no tenemos ninguna financiación pública. A veces encontramos a esos desaparecidos, a veces no. Pero en ese proceso hay un acompañamiento que es fundamental. Mi abuela paterna murió en 1997, tres años antes de que yo localizarse la fosa de mi abuelo, fuera exhumado y se convirtiera en la primera víctima identificada genéticamente en España. Desde el año 2003 sus restos descansan con los de mi abuela, pero fue terrible para ella haber visto como se acercaba la muerte y pensar que los restos de su ser querido se iban a quedar con un tratamiento tan inhumano. La primera prioridad sería abrir esa institución que cuide y atienda a las familias. Y la otra más importante es la educación. Siempre he pensado que el mejor homenaje para personas como mi abuelo, que construyeron el primer periodo democrático de la historia de España, no está en un pedestal, está en un párrafo de un libro de texto. Y lo ideal sería que el gobierno derogase la ley de Amnistía del 1977 porque hablamos de crímenes que no prescriben”.

“Ningún país resuelve su pasado oscuro con alegría o facilidad. Muchas veces se habla de Alemania como ejemplo, pero después de los juicios de Nuremberg, que fueron impuestos por el ejército vencedor en la Segunda Guerra Mundial, estuvo muchos años sin hacer políticas de memoria. Con el movimiento estudiantil de mayo del 68 una generación en Alemania se gira hacia sus padres y les pregunta qué hicieron cuando ocurrió el Holocausto. Luego, en los 70, la serie de televisión del mismo nombre marcó una presión política brutal porque humanizó ante todo el mundo la tragedia y las vidas de personas que acabaron en los campos de concentración. Ahí es donde Alemania empieza realmente a hacer algunas políticas de memoria”. 

“Argentina es el país que quizá ha llegado más lejos. Ha condenado a más de 1.500 militares, religiosos y civiles por su dictadura. Ha hecho decenas de juicios. Hizo en 1985 un proceso a los responsables de las Juntas militares que sería impensable en España. Y tiene, por ejemplo, un centro de la memoria en el centro de Buenos Aires. Hicieron una cosa muy interesante: lo llenaron de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que un gobierno de derechas no tuviera la tentación de desmontarlo. Que tuviera que hacer la pelea de sacar de ahí a las Abuelas de Plaza de Mayo, a la UNESCO, a los hijos de los desaparecidos o al equipo argentino de Antropología Forense. Ni siquiera el presidente de la motosierra por ahora ha ido a la ESMA a sacarlos de ahí. Está falseando un poco la historia de los años 70, puede ser el primer paso, pero Milei no se atrevió a entrar en la Escuela de Mecánica de la Armada y expulsar a los movimientos de derechos humanos. Argentina, el 24 de marzo, que es el equivalente a nuestro 18 de julio, tuvo una movilización de miles de personas. Aquí hemos intentado varias veces señalar el 18 de julio para repetir cada año que no debe haber un golpe de Estado. Argentina en su cine, en su literatura, educativa, política y judicialmente ha avanzado mucho. Me parece un modelo interesante para imitar”. 

“Hay un libro que se llama La Justicia en cascada de la politóloga norteamericana Kathryn Sikkink, que ha estudiado todos los países que han tenido una dictadura y luego han hecho juicios a ese régimen totalitario en democracia. Ninguno ha vuelto a la dictadura. Hay una especie de miedo de que si vas a un proceso judicial vas a volver a la dictadura, porque esas fuerzas van a tomar otra vez el poder democrático. No existe un caso, pero sí el miedo. Y en la sociedad española, yo que hablo con muchos familiares, hay miedo a pensar en juzgar a los responsables”.

“Todo lo que estamos viendo de la extrema derecha, todas las celebraciones del 20N u otros acontecimientos de las últimas semanas suponen una amenaza para la democracia. Yo no creo que esté en peligro, la democracia es una palabra muy grande. No sé si la escribiría con letras mayúsculas hasta que todos los desaparecidos de la dictadura estén donde sus familias quieran. Lo que hay es una amenaza para la calidad democrática. Conozco muchas familias represaliadas en la dictadura que, ante el ascenso de la extrema derecha, tienen miedo. Y el miedo es un gran enemigo de la democracia. Entre otras cosas, impide a ciudadanos y ciudadanas utilizar sus libertades como les dé la gana. Y eso hace regresar al silencio. Por suerte hay una amplia mayoría de la ciudadanía que está a favor de que vivamos en una democracia. No debemos dejar de vigilar, aunque ahora mismo no esté en peligro la democracia”.

“Creo que la Unión Europea ha sido bastante responsable. Desde hace 35 años se ha dedicado de manera muy explícita a su actividad anticomunista. Después de la caída del muro de Berlín, está mirando constantemente hacia el este, hacia los países que eran de la esfera soviética. Me parece incomprensible que el único premio de derechos humanos del Parlamento Europeo —el Sájarov— en un Parlamento compuesto por 27 países, tenga el nombre de un disidente de la Unión Soviética. Como si en esos 27 países no hubiera habido gente luchando contra el fascismo o por derechos. Mientras miraba hacia el Este, a su espalda, en algunos de los 27 empezó a crecer un fascismo renovado, con otras herramientas, otros lenguajes, como el caso de Le Pen. Hoy en día ha muerto una cosa que era muy importante en los años 60 y 70: la diplomacia que presionaba a los países para mejorar sus democracias. Ahora, esa diplomacia se ocupa de asuntos fundamentalmente económicos. Y ahí es donde la política tiene que trabajar”.

“He oído muchas declaraciones contra las exhumaciones y creo que las que me han parecido más miserables fueron las de Rafael Hernando cuando dijo que había gente que buscaba a sus padres por el dinero. Nunca ha habido una indemnización económica para familias como la mía, como sí lo ha habido a una familia de una víctima del terrorismo. Y creo que deberían tener el mismo derecho. Las declaraciones de Hernando se hicieron cuando una mujer estaba apareciendo en algunos medios de comunicación. Ascensión Mendieta, que había cumplido 88 años, voló a Argentina para pedir ayuda a su justicia para encontrar los restos de su padre. Me avergüenza vivir en un país donde se obliga a una persona de 88 años a recorrer miles de kilómetros para hacer algo que es natural”. 

“Nosotros denunciamos las declaraciones de Rafael Hernando con la esperanza de que la pena que se le pusiera fuera venir con nosotros una semana a trabajar como voluntario en una exhumación, para que aprendiera de qué estaba hablando. Evidentemente no ocurrió. Si alguien hiciera unas declaraciones similares sobre una víctima del terrorismo, tendría consecuencias inmediatamente. Eso también nos explica el desamparo de las víctimas de la dictadura franquista”. 

“En un día como el 20 de noviembre, el Tribunal Supremo adelanta el fallo del juicio contra el fiscal general. Evidentemente no es un accidente, no es una casualidad, es una sincronización. Y además, informativamente, esa decisión hecha pública barrió del mapa buena parte de los actos y de las informaciones que estaban preparadas para ese día, para hablar de la dictadura, para hablar de sus víctimas, para recordar lo que no debe volver a ocurrir. Creo que demuestra una intencionalidad política porque el Poder Judicial sabe que a menudo tiene decisiones en la mano que, en cuanto sean anunciadas, van a barrer de la primera línea informativa lo que esté ahí. Quizá debería haber una norma temporal que fije un tiempo en el que esas resoluciones se deben hacer públicas para evitar este tipo de juegos".

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley (PNL) para declarar la antigua cárcel de Segovia, que durante la dictadura franquista acogió a presos políticos y se utilizó como un reformatorio de 'mujeres caídas', como lugar de memoria democrática por su valor histórico “como espacio de represión y resistencia”.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el portavoz en temas de Memoria Democrática, Nahuel González, han registrado este viernes la iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a través de Sumar, ha indicado la formación en nota de prensa.

La PNL reclama también que el Gobierno central coordine la dotación de recursos humanos, materiales y logísticos para garantizar la conservación y difusión del actual Memorial Democrático de Segovia, y que esté abierto de forma permanente y con actividades educativas, culturales y de investigación vinculadas a la memoria democrática.

Izquierda Unida ha recordado que la antigua cárcel de Segovia, en uso entre 1924 y el año 2000, fue durante la dictadura un espacio de reclusión para presos políticos, y que además entre 1956 y 1969 funcionó como un reformatorio de 'mujeres caídas', con presas vulnerables sometidas al adoctrinamiento franquista.

Enrique Santiago y Nahuel González destacan en su texto que con la iniciativa presentada se avanza en la solicitud del Foro por la Memoria de Segovia de crear un Memorial Democrático en las instalaciones de la antigua prisión, petición canalizada por el Grupo Municipal de IU mediante una moción aprobada en 2016.

La primera fase de ese memorial fue inaugurada en 2019 y estuvo compuesta por cuatro celdas; en 2024 se abordó una segunda, con cinco celdas, y homenajes a los presos políticos que pasaron por la cárcel e intervenciones artísticas inspiradas en obras como las del poeta y militante comunista Marcos Ana.

Para IU, este conjunto que conforma la exposición permanente ‘La cárcel franquista (1936-1977)’ supone una “muestra única en España que explica la evolución del sistema penitenciario durante la dictadura”.

Lamentan que, pese a su valor histórico, el Memorial Democrático de Segovia no esté abierto al público de manera regular, según el Ayuntamiento por falta de medios, y solo se pueda visitar con cita previa y autorización municipal.

Por todo ello, IU considera necesario garantizar la preservación, apertura y puesta en valor de este espacio como Lugar de Memoria Democrática, en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El edificio donde ahora se encuentra la antigua cárcel de Segovia albergó el Reformatorio de Mujeres, inaugurado en 1924 y diseñado por el arquitecto municipal de Segovia, Joaquín Odriozola.

Posteriormente, en 1933, la entonces directora general de Prisiones, Victoria Kent, decide convertir el espacio en un moderno Hospital Asilo Penitenciario para hombres.

Sin embargo, con el golpe de Estado en julio de 1936 y la sublevación de la guarnición de Segovia, el hospital comenzó a encerrar a presos políticos. Se estima que, durante la guerra civil, el número de reclusos no bajaba de 500.

En 1941, pasa a denominarse Sanatorio Antituberculoso Penitenciario de Mujeres. No es hasta 1946 cuando se transforma en la Prisión Central de Mujeres de Segovia.

Entre 1956 y 1969 retoma su actividad originaria, la del Reformatorio de Mujeres, pero de lo que denominaban como 'mujeres caídas'. Esto es aquellas que fueron detenidas por infracciones relacionadas con la prostitución.

A partir de 1969, el edificio volvió a utilizarse para encerrar a presos políticos hasta el final del franquismo, bajo el nombre de Centro Penitenciario de Cumplimiento Ordinario de 1º grado para Delincuentes por Convicción.

La cárcel continuó su actividad penitenciaria hasta el año 2000, cuando se inaugura el nuevo Centro Penitenciario de Segovia.

El comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, iniciativa impulsada por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha presentado un programa que cierra el año con más de 400 actividades que se desarrollarán los meses de noviembre y diciembre en todo el territorio, y ha adelantado sus líneas de trabajo para el próximo 2026.

“Queremos adoctrinar en democracia y en los valores de la democracia. Lo peligroso es adoctrinar en totalitarismo. Queremos invitar a la reflexión serena y contrastada de lo que significa vivir en democracia y lo que ha significado vivir en dictadura, sobre todo entre aquellos que no conocieron las cuatro décadas de dictadura franquista y la ausencia de libertades”, ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

“Las personas que nacieron después del 75 ven esto como algo lejano, pero, sin embargo, no lo es. Queremos que se conozcan y que se comparen todos estos derechos que hoy forman parte de nuestra democracia con la ausencia de libertades, la represión, la persecución o la opresión de la mujer y otros muchos colectivos que supuso la dictadura franquista. Hemos hecho una campaña que promueve la democracia”, ha añadido. 

Además, el ministro ha explicado la importancia de celebrar 50 años de libertad por todo el territorio, porque “celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Queremos que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos”.

El objetivo principal de la campaña #LaDemocraciaEsTuPoder es, en palabras de la Comisionada, Carmina Gustrán, “incitar a la reflexión a las generaciones más jóvenes”. “Esta campaña apela a todo do lo que podemos hacer o no hacer en un estado democrático; la democracia es un superpoder y, como tal, conlleva una gran responsabilidad”, ha afirmado Carmina. 

“El nombre de nuestro Comisionado habla de celebrar los 50 años de libertad en España, no va de la muerte de nadie. Al menos para las personas nacidas a partir de los años 90, que son nada menos que 15 millones de españolas y españoles, . Esta campaña reivindica y actualiza los derechos y libertades conquistados por la sociedad española a lo largo de estas cinco décadas”.  

“Hace falta una o varias conversaciones en torno a los derechos que tenemos e incluso sobre aquellos que aspiramos a conseguir. Por eso, quizá no los valoramos tanto”, señala Carmina Gustrán. “Con esta campaña, así como con las más de 400 actividades que hemos organizado, queremos llevar la conversación en torno a la democracia a las universidades, al trabajo, a las redes sociales o al banco del parque”. 

La campaña, a través de un manifiesto audiovisual, enumera parte de los derechos que conforman nuestra democracia: "poder opinar, poder creer o no creer, poder ser de derechas, de izquierdas, de centro, poder ser de nada”.

Se trabaja también en la elaboración de un videojuego que servirá para entender cuáles son las actitudes personales y políticas que amenazan a la democracia, una ampliación del convenio ya existente con el Festival de Cine de San Sebastián con un apartado dedicado exclusivamente a los jóvenes, y una línea de trabajo específica con divulgadores en el ámbito digital.

“Queremos trabajar con nuestra juventud, haciéndola partícipe y protagonista, para que tenga un papel activo en las acciones que se van a organizar para celebrar y dar a conocer la memoria democrática española”, ha explicado Carmina Gustrán. “Pretendemos que nuestro trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de posibilitar espacios para que los y las más jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y los nuevos discursos contemporáneos”. 

La programación descentralizada del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad cuenta con el apoyo y la colaboración de todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. Todas las provincias acogerán acciones tan diversas como conciertos, actuaciones callejeras, realizaciones de murales, podcasts, talleres teatralizados, exposiciones, proyecciones audiovisuales o conferencias. 

Otras actividades que ha puesto en marcha el Comisionado son fruto de las alianzas con múltiples entidades, tanto públicas como de la sociedad civil, entre las que figuran ministerios, colegios, institutos y universidades, asociaciones, organismos internacionales, artistas, festivales o productoras. De este modo, entre otros ejemplos, se han impulsado funciones matinales y conferencias actuadas de la obra de teatro ‘1936’ en diversas localidades de España; se ha desarrollado un programa específico dentro del festival Europalia en Bélgica, el Festival de Cine de San Sebastián y el Festival Eñe 2025; y se han apoyado decenas de iniciativas de colectivos y artistas vinculados con la memoria democrática. El objetivo de todo ello es crear y apoyar redes ya existentes que trabajan por la Memoria Democrática.

Adicionalmente, se trabaja ya en la elaboración de un videojuego que servirá para entender cuáles son las actitudes personales y políticas que amenazan a la democracia, una ampliación del convenio ya existente con el Festival de Cine de San Sebastián con un apartado dedicado exclusivamente a los jóvenes, y una línea de trabajo específica con divulgadores en el ámbito digital.

“Queremos trabajar con nuestra juventud, haciéndola partícipe y protagonista, para que tenga un papel activo en las acciones que se van a organizar para celebrar y dar a conocer la memoria democrática española”, ha explicado Carmina Gustrán. “Pretendemos que nuestro trabajo sea una oportunidad para afianzar los valores democráticos y la convivencia en paz, además de posibilitar espacios para que los y las más jóvenes puedan construir diálogos con nuestra historia y los nuevos discursos contemporáneos”. 

Hace 17 años, el 23 de octubre de 2008, se iniciaba el derribo de la Prisión Provincial de Madrid, mejor conocida como la cárcel de Carabanchel, por parte del Gobierno de Zapatero. Ahora, la calificada por algunos como la ‘estrella de la muerte del franquismo’, ha sido declarada lugar de memoria democrática por el Gobierno de España. Sin embargo, este reconocimiento no ha satisfecho a las asociaciones vecinales que llevaban tiempo reclamándolo y que, además, se muestran críticas ante el plan de Vivienda diseñado para este lugar.

El reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática de la antigua cárcel de Carabanchel llega después del de la Casa de Correos de la Puerta del Sol y la tapia del cementerio de La Almudena. La declaración, recogida en el Boletín Oficial del Estado, describe la antigua prisión como un “símbolo del terror de Estado” de la época del franquismo. Construida entre 1940 y 1944 por un millar de presos republicanos y con una superficie de unos 172.000 metros cuadrados, se consolidó como un símbolo del sistema represivo de la dictadura. Personalidades de la lucha antifranquista y del sindicalismo como Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius o Enrique Múgica pasaron por sus celdas. Se estima que hubo más de doscientas ejecuciones en el interior de sus muros entre 1944 y 1975.

El centro penitenciario tenía un diseño panóptico, vertebrado en seis galerías radiales que confluían en una cúpula de 32 metros de diámetro, elemento característico del complejo. Según el BOE, en la actualidad los únicos vestigios de la cárcel son la puerta de ingreso, un tramo de muro exterior y el antiguo hospital penitenciario, que ahora es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Sin embargo, la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel echa en falta “los restos subterráneos de celdas y galerías” en la descripción de la declaración. 

Esta plataforma, que hace casi tres años ya solicitó este estatus para la prisión, ha tachado en un comunicado el reconocimiento como “corto e indefinido”. “Dejaron caducar nuestra solicitud, lo que nos sentó mal porque la declaración tenía que haber sido de oficio al tratarse de un lugar simbólico y emblemático”, declara a infoLibre Jesús Rodríguez, miembro de la plataforma. 

Preguntado por los vestigios enterrados, Rodríguez afirma: “En 2016 hubo una inspección con georradar y en el informe queda claro que hay escombros grandes de algo, justo coincidiendo donde estaba la cúpula”. Precisamente, una de las reclamaciones de las asociaciones vecinales ante el plan de derribo era mantener la cúpula. “Por ese simbolismo, tiene un valor bastante notable, podría servir de base expositiva”, razona. Según la plataforma, también se ha conservado bajo tierra el sótano del centro del control, en el que se encontraría la sala del garrote vil.

Sin embargo, la principal estructura que se conserva de la antigua cárcel es el edificio del actual CIE de Aluche, para el que las asociaciones exigen su cierre. “El CIE no deja de ser una cárcel donde se priva de libertad a unas personas que no han cometido delito alguno, tan solo una falta administrativa; es decir, una prisión tan injusta como la histórica”, justifican en un comunicado.

Recientemente ha sido noticia el proyecto del Ministerio de Vivienda para construir 508 nuevos hogares, empleando 27.000 metros cuadrados de los 172.000 del solar de la antigua cárcel. Según ha informado el ministerio, estas viviendas serían de alquiler asequible y su construcción correrá a cargo de la Entidad Estatal de Vivienda. En relación con este plan existe cierta discrepancia entre los miembros de la plataforma. “Habrá gente a la que le parezca bien el que se construya vivienda, pero estamos a un kilómetro y medio de la Operación Campamento y siempre hemos dicho que se podría haber aumentado la edificabilidad ahí”, afirma Rodríguez.

“Con la historia que tiene este solar, se podría haber dedicado plenamente a verdaderos equipamientos para la sociedad, en una zona con muchas carencias de este tipo”, añade. Además, una parte del terreno –5.315 metros cuadrados– está reservada para la construcción de 50 viviendas por la promotora Pryconsa. En este plan de urbanismo también está prevista la construcción de un hospital y la reubicación de la sede de Instituciones Penitenciarias. “Este plan urbanístico, aunque lo quieran vender como algo muy positivo, es malo partiendo de la base de que estamos hablando de un terreno totalmente público”, continúa.

Según el BOE, una de las medidas que se llevarán a cabo tras el reconocimiento de lugar de memoria es crear un “centro memorial dedicado al conocimiento y la divulgación (...) de la represión franquista y de los derechos humanos”. Esto, que responde a las demandas de la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel, debe ocurrir “cuanto antes”, según Rodríguez. “Se nos está muriendo la gente, hace poco se ha muerto una de las personas que estaba en la lucha con esto, una mujer que fue presa [Felisa Echegoyen, conocida popularmente como Kutxi]”, prosigue.

Una de las opciones planteadas era el CIE –el antiguo hospital penitenciario–, pero fue rechazada. Otra alternativa era el futuro edificio previsto para Instituciones Penitenciarias y unirlo con los vestigios de la cúpula. “Ese sería nuestro sueño”, afirma Rodríguez, que comenta que la inspiración proviene del edificio Topografía del Terror de Berlín.

Ahora, 17 años después del inicio de su derribo, le llega el tan reclamado reconocimiento. La Plataforma lo ha celebrado, pero también ha recordado la “vergonzosa” demolición. “Hoy, los mismos que derribaron la cárcel de Carabanchel dicen que es un Lugar de Memoria”, publica en X la cuenta @SOSCarabanchel.

“Todavía nadie ha pedido perdón, nadie ha dicho ‘nos equivocamos’, fue una soberbia por parte de las instituciones”, declara Rodríguez.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la decisión del Gobierno de declarar la antigua Prisión Provincial de Madrid, popularmente conocida como Cárcel de Carabanchel, como Lugar de Memoria Democrática, informa EFE.

Este acuerdo se produce la misma semana en la que el Ejecutivo también ha acordado que la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y 'la tapia de fusilamiento de La Almudena', cuya titularidad es del Ayuntamiento de Madrid, sean declarados Lugar de Memoria.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destaca que la Prisión Provincial de Madrid se construyó entre 1940 y 1944 mediante el trabajo forzoso de un millar de presos republicanos, y que se convirtió en "uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria".

Resalta que por sus celdas pasaron miles de hombres y mujeres perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o pobreza, y que fue un espacio donde, durante la dictadura, convivían "represión, adoctrinamiento y resistencia".

Aunque hoy apenas permanecen algunos vestigios materiales del antiguo complejo (como el pórtico de entrada o el antiguo hospital penitenciario), el departamento que dirige Ángel Víctor Torres subraya que "el significado histórico del lugar trasciende su materialidad".

De ahí que entienda que su declaración como Lugar de Memoria Democrática esté "plenamente justificada": "Representa tanto el sufrimiento de las víctimas como la resistencia, la solidaridad y la conciencia colectiva que germinaron tras sus muros", sostiene.

En virtud de esta declaración, se llevarán a cabo medidas para conservar los vestigios existentes y de difusión e interpretación de lo sucedido durante el régimen franquista, con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora.

También se impulsará, en este espacio, un centro memorial dedicado al conocimiento y la divulgación de la represión franquista y de los derechos humanos, señala el BOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará antes de que acabe el mes de noviembre el catálogo de elementos y de símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles".

Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso durante una pregunta de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que quería saber qué medidas adoptará el Gobierno "para acabar con la exaltación del franquismo".

El listado anunciado por Sánchez está contemplado en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas para su retirada.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha denunciado que hay "organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado" porque sus actos, asegura, ni se sancionan ni tienen consecuencias.

"Creemos que es hora de que se tomen medidas", ha pedido a Sánchez, al que ha reclamado la aplicación de la propia Ley de Memoria Democrática para acabar con esta situación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Este inmueble, convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en él, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".

Por ello, el ministro asegura que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

El BOE señala que, tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen".

El Gobierno recalca, según el texto del BOE, los "numerosos testimonios" de personas que sobrevivieron a los interrogatorios, los cuales coinciden en señalar, la "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en numerosas ocasiones que la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria sería una "aberración histórica" porque equivaldría a reducir el edificio "al franquismo", etapa en la que funcionó como Dirección General de Seguridad.

En un informe, encargado por el Ministerio de Política Territorial, hecho público el pasado 1 de octubre, la Real Academia de la Historia (RAH) asocia la Real Casa de Correos "ante todo" a la época de la Ilustración "cualesquiera que hayan sido sus funciones" posteriores a la construcción del edificio, encargada por el rey Carlos III.

El Ministerio de Política Territorial informa, además, de que el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la Cárcel de Carabanchel.

Respecto al cementerio de La Almudena; el Gobierno señala que el camposanto “fue testigo” de una etapa de enorme “violencia y represión”.

La tapia de la Almudena representa “uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad”, afirma el Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres.

En un comunicado, el Ministerio afirma que "se calcula que durante la etapa comprendida entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas en este lugar 2.936 personas de numerosas localidades españolas".

"Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis", prosigue la nota, "sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio" y "entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como ‘Las trece rosas’, fusiladas el 5 de agosto de 1939".

En cuanto a la cárcel de Carabanchel, el Ejecutivo recuerda que este penal fue levantado por el régimen franquista entre 1940 y 1944, y se convirtió en “uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria”.

"En las celdas de Carabanchel pasaron sus últimas horas decenas de presos antes de ser ajusticiados, en unas condiciones de vida extremadamente duras, fruto del hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica y frecuentes malos tratos por parte de los guardias. La cárcel, que se construyó como lugar de reclusión, se convirtió poco a poco en un foco de resistencia y oposición a la dictadura", señala el Ejecutivo.

En el número 10 de la calle Peironcely del madrileño barrio de Puente de Vallecas se tomó una fotografía que ha perdurado en el tiempo como imagen de España durante la Guerra Civil. Se trata de la fachada de una casa llena de marcas de metralla, en cuya acera están sentados unos niños, jugando y riendo. La tomó uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX, Robert Capa, que inició su carrera en nuestro país tras el golpe de Estado de 1936.

La casa protagonista ha seguido milagrosamente en pie, y junto a ella unas excavaciones arqueológicas intentan hacerse eco de la importancia de lo que ocurrió aquí y en sus alrededores. Se trata de la cuarta y última campaña “Tras la pista de Robert Capa”, comandada por Alfredo González-Ruibal, arqueólogo e investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, junto a la Fundación Manuel Fernández “Lito”, que se ha desarrollado hasta este 20 de octubre.

José María Uría, coordinador de la Plataforma “Salva Peironcely 10” y director del Área de Cultura y Centro Documental de la fundación, cuenta que gracias a esa fotografía el lugar se ha convertido en un referente de la vulnerabilidad de la infancia: “Creemos que puede ser importante a nivel internacional”. El proyecto de conservación incluye unos solares cercanos –los únicos no reconstruidos tras la guerra de toda la ciudad–, donde los investigadores encontraron restos de edificios y objetos de antes y después del conflicto, pudiendo hacer un análisis de la vida cotidiana y sus cambios a raíz del franquismo. 

Durante la época de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, esta institución se sumó a la causa con la expropiación del edificio, que pasó a ser de propiedad municipal junto a los solares. Sin embargo, en la actualidad ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han respondido a las peticiones de convertir estos hallazgos en algo público y musealizado, como solicitan los encargados de las excavaciones. Sí que existe un proyecto de rehabilitación sobre la antigua casa que comenzará en 2027, pero la plataforma no sabe cuál será su finalidad porque no se les ha consultado. Eso sí, saben que no será su propuesta de crear el Centro Robert Capa.

A Uría le parece paradójico que se exponga con mimo la famosa foto en el Museo Reina Sofía mientras observan el desprecio hacia el lugar en el que se tomó. “En cualquier otro lugar sería un monumento”. De hecho, en otras ciudades de Europa han surgido proyectos similares a los que se han hermanado. En Leipzig (Alemania), protegieron el edificio donde Capa tomó la última foto de la Segunda Guerra Mundial: “El último hombre en morir”. En Sicilia (Italia), se ha creado el Museo Robert Capa, y en París (Francia), el estudio fotográfico del mismo está también protegido. 

Por el momento, con su trabajo han conseguido que se reconozca como Lugar de Memoria Democrática, adelantan a infoLibre, lo que les concede algo de reconocimiento. Para celebrar esto, el 8 de noviembre, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Comisionada España en Libertad, quienes financiaron el proyecto, han organizado un acto público junto al edificio de Peironcely, 10. Desde la iniciativa aseguran que quieren “poner en valor los logros y los avances sociales que han ocurrido gracias a los movimientos de base”, y no solo desde las cúpulas de poder.

González-Ruibal, que también fue Premio Nacional de Ensayo de 2024, nos recibe en la excavación. El arqueólogo asegura a infoLibre, pico en mano, que “todo el patrimonio de la clase obrera está desapareciendo”. Con los restos de los edificios previos a 1936 y a las posteriores chabolas podemos observar “la vida antes de la guerra, durante y tras ella”. La mayoría de personas vivieron en las infraviviendas hasta el final de la dictadura, viniendo de pueblos de Andalucía o Extremadura para buscar una vida mejor. La mayoría de estas construcciones eran de unos 12 metros cuadrados en los que había familias enteras de al menos tres hijos, y a veces, hasta 10. “No entra en los intereses del PP la cultura de la clase obrera”, declara González-Ruibal.

El antropólogo asegura que han pasado miles de estudiantes en visitas guiadas, y siente que cuando los jóvenes ven el trabajo que se está realizando, empiezan a darle importancia. “Me parece que es importante porque se está empezando a glamourizar la dictadura franquista”. Y así parece confirmarlo las encuestas del CIS, donde se revela que casi el 20% de las personas de entre 18 y 24 años en España valoran positivamente la dictadura.

Estos escombros ofrecen una imagen de la vida antes del 36. Pese a que hay una parte que no han podido excavar porque no encuentran al dueño, descubren que había mobiliario abundante, diverso. En el laboratorio donde analizan las piezas, un espacio cedido por la parroquia de San Carlos de Borromeo –bautizada como “la parroquia roja”–, la antropóloga Sofía López Velasco asegura que en los restos “se ve el retroceso en la calidad de vida”. Fue en los 40, con el franquismo, cuando se promueve la segregación. 

En otros puntos de España, como Barcelona, ha habido excavaciones similares de chabolas. López cuenta que lo bonito de estos trabajos “es ver que mientras excavamos se acercan los vecinos. Uno nos dijo que enfrente había un castillo, creemos que era un teatro”. 

Al finalizar las labores estos restos se cubrirán, a expensas de que el Ayuntamiento o la Comunidad quieran hacer algo con ellos. La responsabilidad cultural queda en sus manos. Ahora, la vida y obra del fotógrafo que ha dado pie a estas investigaciones alberga una exposición hasta el 25 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo”.

Así arranca el preámbulo de la ley de Memoria Democrática, que cumple este martes tres años en vigor desde su publicación en el BOE. Una norma que sirvió para actualizar el texto pionero aprobado por las Cortes en 2007 bajo el impulso del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

La coalición decidió dar un paso más con esta ley, que estuvo pilotada en un primer momento por la vicepresidenta primera Carmen Calvo y que luego pasó a manos de Félix Bolaños, contando siempre con Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, como gran cerebro del texto legal. Y se trata de una ley que cobra más sentido que nunca en un momento de ola reaccionaria, convirtiéndose en objetivo a batir de las derechas.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido derogarla si llega al Palacio de La Moncloa, mientras que las comunidades autónomas gobernadas por los populares están eliminando sus leyes de memoria y, además, poniendo trabas para la aplicación de la norma nacional en sus territorios, como el pulso que echó Isabel Díaz Ayuso para no instalar una placa en la Puerta del Sol para identificar el edificio donde hoy está la sede de la Comunidad de Madrid como lugar de memoria por haber sido centro de detención y torturas durante la dictadura franquista.

Fernando Martínez, en conversación con infoLibre, califica de “bastante positivo” el balance de estos tres años de la ley en vigor, y pone sobre la mesa el objetivo prioritario de que sigan los trabajos para que desaparezcan las fosas comunes que hay en España en los próximos tres años (si se sigue el ritmo de las labores actuales) y que se puedan exhumar 11.000 cadáveres, dentro del nuevo plan cuatrienal. Acaba de concluir el primero, que se ha saldado con más de 300 actuaciones y la extracción de unos 8.900 cadáveres.

Martínez explica que se han puesto en marcha la mayoría de organismos recogidos en la norma y se ha activado la disposición respecto a la nacionalidad de descendientes de españoles en el extranjero. El plazo de petición termina en este mes de octubre y ya han hecho la solicitud cerca de un millón y medio de personas, especialmente en Argentina, según detalla el secretario de Estado de Memoria Democrática.

También se ha avanzado, prosigue Martínez, en la aprobación de lugares de memoria (incluidos seis en el extranjero, como Collioure y el Jardín de la Nueve, en París). En España, por ejemplo, se han declarado lugares como la tapia del cementerio de la Almudena y la cárcel de Carabanchel, en Madrid, y la localidad vasca de Gernika. Asimismo, el Ejecutivo se plantea como prioritario el tema de la creación de memoriales en cementerios en relación a víctimas cuyos cuerpos no se pueden entregar a familiares. Uno de los más significativos estará en Víznar (Granada), donde diferentes investigaciones sitúan el lugar del fusilamiento de Federico García Lorca.

Martínez también se refiere a aspectos que todavía no se han puesto en marcha, y sobre los que presionan las asociaciones de memoria, como es el prometido banco de ADN, cuyo software Bonaparte fue adquirido en septiembre de 2023. “Estamos en proceso de la entrada en funcionamiento y se ha avanzado en la sistematización. Falta una medida administrativa para ponerlo en marcha, pero se han dado todos lo pasos”, admite.

Pone el acento a continuación en la importancia de las declaraciones de reparación de las víctimas y la anulación de las condenas ilegales, las sanciones y las resoluciones hechas por tribunales franquistas. En total, según prosigue Martínez, se han llevado a cabo 1.843. 

El secretario de Estado explica, además, la importancia del proceso, a raíz de la ley, iniciado para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Se presentaron 34 propuestas y se han seleccionado diez. En noviembre se resolverá el concurso, que conlleva una financiación en torno a los 27 millones de euros. Para añadir la importancia al hilo de los actos de España en libertad, el programa elaborado por el Ejecutivo con motivo de los cincuenta años de la muerte de Franco para explicar las diferencias entre la dictadura y la democracia, pensando especialmente en los jóvenes.

En cambio, las asociaciones de memoria, pese a reconocer los éxitos, son críticos con la actuación del Gobierno. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, reconoce que la ley de Memoria Democrática ha supuesto "un pequeño avance" y ha permitido "impulsar exhumaciones y animar a familias que aún dudaban en dar el paso". No obstante, también señala fallos, ya que considera que "es una ley que habla de verdad, justicia y reparación, pero no garantiza ninguna de las tres".

Silva sostiene que el Estado ha preferido un "modelo burocrático" que evita el fondo del problema porque "no habla de los verdugos, no menciona a la Iglesia católica y mantiene intacta la Ley de Amnistía de 1977". Según el presidente de ARMH, mientras los tribunales sigan cerrados para las víctimas del franquismo, "seguiremos resolviendo el pasado con subvenciones, no con sentencias".

El activista denuncia que uno de los mayores incumplimientos de la ley de Memoria Democrática es la falta de un Banco de ADN operativo. "Hace más de dos años que el Gobierno compró el programa informático y no ha sido capaz de ponerlo en marcha", incide. Recuerda que, pese a miles de cuerpos exhumados, "solo se han identificado setenta", una cifra que para él evidencia la falta de medios reales. También critica que la ley prometía un censo de bienes incautados a las familias republicanas, pero "nunca se ha hecho ni parece estar en marcha". "Sería un documento revelador porque mostraría cómo buena parte del poder económico actual procede de aquellos expolios", subraya.

Desde el terreno, la arqueóloga forense y antropóloga Laura Muñoz Encinar considera que la norma ha permitido que "la responsabilidad deje de recaer en las familias y pase al aparato público". Ese viraje, explica, ha ayudado a acometer grandes exhumaciones en fosas urbanas, como las de Sevilla, Córdoba o Huelva, que requieren una financiación sostenida y equipos técnicos estables. También resalta la ampliación del concepto de víctima, que ahora incluye a las de la Transición, y la anulación de las sentencias de los consejos de guerra, que lo define como "una reclamación histórica de las familias".

Muñoz destaca que la ley ha consolidado un marco institucional estable que permite planificar el trabajo a largo plazo. "Por primera vez se ha dotado de continuidad y coordinación a las políticas de memoria", señala.

Considera, además, que la norma "ha profesionalizado las intervenciones", integrando a equipos forenses y universidades y asegurando que los resultados "no se limiten a recuperar restos, sino también a generar conocimiento histórico y documentación pública". Para la antropóloga, esa estructura permanente "acerca a España al estándar internacional de derechos humanos en materia de desapariciones".

Sobre la identificación genética, advierte de que "no puede ser el único objetivo ni el único indicador de éxito". Considera prioritario centralizar los registros dispersos en un banco de ADN estatal, pero recuerda que "no se puede medir el valor de la memoria por el porcentaje de coincidencias genéticas". Cada fosa documentada, dice, "aporta verdad y reparación". Además, apunta que de cara al futuro es fundamental "mantener la financiación pública y el trabajo científico frente al revisionismo y culminar el censo estatal de víctimas".

El inicio de la Guerra de España de 1936, tras el golpe de Estado contra la Segunda República, va ser la causa de la formación de grupos de guerrilleros, que lucharan contra el régimen franquista en gran parte de España. En la zona levantina se formara la A.G.L.A. (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), que tendrá gran actividad en el segundo quinquenio de la década de 1940.

En la madrugada del 7 de noviembre de 1949 se produjo el asalto al campamento guerrillero de Cerro Moreno, en el municipio conquense de Santa Cruz de Moya, donde trece de ellos fueron rodeados por centenares de guardias civiles procedentes de las comandancias de Cuenca, Teruel y Valencia. El campamento fue asaltado por sorpresa y fueron aniquilados todos los guerrilleros excepto uno, que logro escapar entre la espesura del monte.

Este acontecimiento tendrá como primera consecuencia la muerte de Miguel Soriano, “Andrés”, jefe de la agrupación y supuso un punto de inflexión en la A.G.L.A. Unos pocos años antes, numerosos grupos de guerrilleros se habían instalado en la zona sur del Sistema Ibérico, conformando la Agrupación Guerrillera de Levante, posteriormente denominada Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón.

Los años de presencia de la agrupación guerrillera dieron lugar a múltiples acontecimientos e historias humanas, cuyo recuerdo permanece en la memoria de la personas que vivieron durante ese periodo y en sus descendientes. El hecho histórico del asalto a Cerro Moreno va a tener consecuencias en décadas posteriores, que harán de Santa Cruz de Moya referencia en la recuperación de la memoria histórica en España.

En 1989, Santa Cruz de Moya fue lugar de encuentro de exguerrilleros del AGLA acompañados de familiares, amigos y simpatizantes. Tras el encuentro y dado el caluroso recibimiento por parte de la población y las autoridades municipales, las asociaciones se plantearon la instalación de un monumento en memoria de los guerrilleros muertos. El año 1991 se erigió el Monumento Nacional al Guerrillero, con una inscripción que reza: “En Memoria de los Guerrilleros Españoles Muertos en la Lucha por la Paz la Libertad y la Democracia al lado de todos los Pueblos del Mundo”. Desde entonces, el primer domingo de octubre y junto al monumento, se celebra un homenaje, con presencia de asociaciones vinculadas a la lucha guerrillera y a la recuperación de la memoria histórica. 

Años después, se constituye en Santa Cruz de Moya la Asociación la Gavilla Verde, donde confluyen un amplio grupo de personas sensibles a la realidad que vive su pueblo. La recuperación de los caminos tradicionales y la organización de las Jornadas del Maquis en Santa Cruz de Moya van a ser sus primeros proyectos. Esta población y su relación con la recuperación de la memoria histórica no se entendería sin la intensa actividad que La Gavilla Verde ha desarrollado en los últimos veinticinco años. 

En el año 2000 se organizan las Primeras Jornadas del Maquis en Santa Cruz de Moya: Crónica Rural de la Guerrilla Española. Memoria Histórica Viva. La presencia de guerrilleros y enlaces dio lugar a una gran afluencia de personas interesadas por este periodo histórico. La celebración de las jornadas y el homenaje a los guerrilleros durante el primer fin de semana de octubre han convertido Santa Cruz de Moya en un lugar de encuentro de personas interesadas por el conocimiento de aquellos primeros años de posguerra y por la memoria histórica.

Los Senderos de la Memoria se inaugura en 2003. Los itinerarios tratan de acercar a las personas al territorio y el conocimiento de los lugares relacionados la memoria histórica y rural. Se trata de tres senderos señalizados de pequeño recorrido que discurren por gran parte del término municipal.

El Sendero de Higueruelas tiene su recorrido por la zona sur y pasa por lugares emblemáticos relacionados con la presencia guerrillera como Higueruelas, Las Casas del Marqués y El Villarejo. El Sendero de Orchova va por la parte noreste, recorre los Rentos de Orchova y da acceso a Cerro Moreno. Finalmente, el Sendero de Agua que recorre la Vega del Turia y comunica los núcleos de población de La Olmeda, Las Rinconadas y Santa Cruz de Moya.

En el año 2024, se inaugura en Santa Cruz de Moya el C.I.G.A (Centro de Interpretación de la Guerrilla del A.G.L.A.). Se trata de un espacio interpretativo de los movimientos guerrilleros antifascistas, que contiene una exposición permanente. Además, el centro dispone de un archivo de documentación para investigadores. La visita tiene que ser concertada con La Gavilla Verde.

Actualmente, se están realizando actuaciones de reparación de las trincheras, construidas en 1938, que conformaban el sector XIV de la Línea XYZ. Fue construida para la defensa de Valencia y tiene un recorrido que va desde la costa mediterránea de Almenara hasta Santa Cruz de Moya. Las trincheras se extienden por todo el término municipal y las estructuras más accesibles se encuentran en la Cuesta Flicos, por donde pasaba la antigua carretera de Valencia

Santa Cruz de Moya se encuentra situado en el extremo oriental de la provincia de Cuenca, limítrofe con las provincias de Teruel y Valencia. Un territorio montañoso, entre la Serranía de Cuenca y la Sierra de Javalambre, donde las aguas del río Turia han excavado un profundo surco, que ha formado una extensa vega y espectaculares hoces. La ubicación y el territorio hacen de este municipio un espacio singular.

En el termino municipal de Santa Cruz se asientan cuatro núcleos de población: Las Higueruelas, La Olmeda, Las Rinconadas y el pueblo de Santa Cruz de Moya. La población censada del pueblo y pedanías apenas supera los doscientos habitantes, a pesar de lo cual disfruta de todos los servicios básicos. En periodos vacacionales la población se incrementa notablemente.

Teo Baeza es historiador y miembro de lagagillaverde.org.

El pasado 24 de junio, el destacamento penal franquista Los Barracones de Bustarviejo, el mejor conservado en la Comunidad de Madrid y el único visitable, vio cómo parte de la techumbre de uralita que cubría las tres naves-dormitorio y el cuarto de letrinas de los presos fue arrancada por una fuerte tormenta. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Bustarviejo, propietario de esta construcción, precintó el recinto por motivos de seguridad mientras estudia cómo rehabilitar cuanto antes los graves daños. Para colaborar en esta pronta rehabilitación, la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones ha iniciado una campaña de micro mecenazgo en la plataforma migranitodearena.org.

Los destacamentos penales eran campos de trabajo forzado levantados en la posguerra cerca de donde realizaban obra pública las empresas constructoras adeptas al régimen franquista, utilizando presos —mayoritariamente políticos defensores del gobierno legítimo de la Segunda República— como mano de obra semiesclava, gracias a lo cual dichas empresas obtuvieron grandes beneficios. Por estos trabajos forzados, dichos presos redimían parte de la duración de la pena impuesta y recibían un pequeño salario, por debajo de lo que solía pagarse a los obreros en aquella época.

Con esa pequeña paga, costeaban su mantenimiento y le daban dinero a su familia, guardando el resto en una cartilla de ahorros, que manejaban los mandos franquistas y cuyo dinero le entregaban al preso el día de su liberación, aunque muchos de ellos se quejaban de que la cantidad era inferior a sus propios cálculos. Este sistema de redención de penas por el trabajo, diseñado por el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano, permitió al dictador aliviar las cárceles de una parte del más de medio millón de presos, fundamentalmente políticos, cuando en España tan solo había 26 millones de habitantes.

Además, Franco tenía una urgente necesidad de mano de obra, ya que, durante la guerra civil española, muchos hombres murieron y otros tantos quedaron lisiados o mutilados. A estos hay que sumar todos aquellos que huyeron hacia el exilio por la amenaza de una durísima represión que podía desembocar en torturas, cárcel e, incluso, muerte. Cabe recordar que, ya en tiempo de paz, la cifra de fusilados por la dictadura franquista supera los 40.000, después de un juicio con escasas garantías procesales.

Por otra parte, este sistema de redención de penas también estaba diseñado para favorecer a las empresas constructoras amigas del Régimen, tales como Banús Hermanos, San Román, Huarte y C.ª, Agromán, Dragados y Construcciones, Entrecanales… o Hermanos Nicolás Gómez en el caso que nos ocupa, llegando en ocasiones a acomodar el Código Penal a estas empresas amigas.

El destacamento penal de Los Barracones es uno de los once que se levantaron para alojar a los presos que hicieron el tramo final del ferrocarril directo Madrid-Burgos, entre Chamartín y Garganta de los Montes, cuya construcción se había interrumpido tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio origen a la guerra civil española. Precisamente, el pasado 29 de mayo el BOE publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para incoar el procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de «Los destacamentos penales del ferrocarril directo Madrid-Burgos». Los once destacamentos penales estaban ubicados en Chamartín, Fuencarral, Colmenar Viejo, Las Jarillas (Filial de Chozas de la Sierra), Chozas de la Sierra (hoy, Soto del Real), Miraflores de la Sierra, la Dehesa Vieja de Bustarviejo (Los Barracones), Valdemanco, Valdemanco-Lozoyuela, y dos en Garganta de los Montes.

La brutal represión de la dictadura golpeó también a sus familias, puesto que el régimen, en numerosas ocasiones, les despojó de sus casas, de sus bienes, de sus ocupaciones o, incluso, de la posibilidad de conseguir un trabajo, dado que habían sido estigmatizados, calificándolos de «rojos peligrosos». Por eso, muchos presos franquistas eran acompañados por sus familiares en esta dura peregrinación carcelaria, causando también en todos ellos un cruel daño moral y un grave desarraigo, el cual les dificultó rehacer sus vidas una vez acabada la condena en prisión. Asimismo, muchos sufrieron también pena de destierro, lo cual les impedía regresar a sus pueblos o ciudades de origen, donde habrían podido contar con el apoyo de conocidos.

En Bustarviejo, las familias de los penados se construyeron, con sus propias manos, en las laderas graníticas próximas al destacamento, unas mini chabolas que solían ser un cuadrado de dos metros de lado, con solo una abertura a modo de puerta. En estas infraviviendas, mujeres, niños y ancianos aguantaron todo tipo de calamidades e inclemencias: desde el tórrido calor del verano hasta las gélidas temperaturas del crudo invierno de la Sierra de Madrid.

Hemos conseguido localizar unas cincuenta infraviviendas cercanas al destacamento. No hace falta mucha imaginación para hacernos idea de la dura vida de estos niños —que no podían acudir a la escuela— y, sobre todo, de estas mujeres, siendo otra vez ellas protagonistas invisibles a la hora de conseguir que sus familias salieran adelante, cocinando un triste puchero entre los matorrales, lavando la ropa en los arroyos después de romper el hielo con una piedra… Vemos, por tanto, cómo las familias fueron víctimas vicarias de la cruel dictadura franquista.

Los Barracones estuvieron en uso desde 1944 hasta 1952 y, con escasos y precarios medios, los presos políticos construyeron 9 kilómetros de vía férrea, un viaducto de 170 metros de largo y once arcos, alcanzando los 26 metros de alto; dos túneles —La Gargüera (395 m) y El Pendón (650 m)— y la estación de tren de Bustarviejo-Valdemanco. Levantaron todo esto con precarios y rudimentarios medios: picos, palas, escasos barrenos… jugándose la vida constantemente.

Por ejemplo, los presos solo tenían trapos viejos o cartones para protegerse cuando se explosionaban los barrenos para hacer los túneles, donde montaban enclenques y precarios andamios para hacer los arcos de hormigón. Otro ejemplo es cómo estos trabajadores forzosos eran transportados: en cestos o jaulas colgantes desde lo alto de unas torretas de madera para construir el viaducto…

Los Barracones de Bustarviejo son un auténtico complejo penal que consta de varios espacios construidos alrededor de un patio central, en el que se hacía el recuento de presos, se izaba la bandera o se celebraba la obligada misa. Estos espacios eran una oficina, dos cuerpos de guardia, un almacén-archivo, una cocina, un botiquín, un economato, tres naves-dormitorio y cuarto de letrinas. A cierta distancia de este edificio principal se conservan una celda de castigo, varias garitas y un pequeño almacén de explosivos.

La oficina y uno de los dos cuerpos de guardia tenían un tejado rehabilitado hace años mientras que los dormitorios y las letrinas tan solo una precaria techumbre de uralita, instalada por unos ganaderos después de que se clausurara el penal. El resto de espacios carecen de cualquier tipo de cubierta, por lo que el paso del tiempo ha causado graves daños, perdiéndose parte de su historia. La fuerte tormenta del pasado 24 de junio ha provocado el derrumbe parcial de la techumbre de uralita de letrinas y dormitorios.

Regresando al interior del edificio, tenemos que destacar que había un único cuarto de letrinas para unos doscientos presos, suprimiéndoles cualquier atisbo de mínima intimidad y, con ello, de dignidad. Esto mismo sufrían en los dormitorios, donde los presos dormían hacinados y en el suelo sobre una esterilla que enrollaban cada mañana. Cada penado solo contaba con una pequeña balda, donde podían colocar sus escasos enseres de aseo o prendas de vestir. Además, estas naves-dormitorio solo tenían unas pequeñas ventanas altas, que no permitían ver el exterior, lo cual aumentaba aún más la sensación de estar en un espacio carcelario.

A día de hoy, se conservan algunas decoraciones que los propios penados realizaron sobre las paredes, buscando darle una mínima dimensión humana. Si no se rehabilitan pronto los tejados, el destacamento penal perderá una parte importante de su historia. En el documental Vidas rotas, realizado por la AMH Los Barracones y disponible en Internet, se recogen testimonios estremecedores de familiares de algunos de los presos, que nos ayudan a comprender su injusto sufrimiento.

Cuando se clausuró el penal en 1952, como estos barracones estaban situados en la Dehesa Vieja del pueblo, los ganaderos, unos años más tarde, comenzaron a usar estas naves-dormitorio como establos para su ganado, lo cual nos enfatiza la idea de las durísimas condiciones que habían tenido que soportar los presos. Fueron estos ganaderos los que instalaron la techumbre de uralita sobre los tres dormitorios, como ya hemos adelantado.

Con el tiempo, también los ganaderos abandonaron estos «establos» y no fue hasta 2006 cuando un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), descubrieron el sorprendente valor histórico de estas precarias construcciones, realizando excavaciones en las laderas de las colinas donde están los restos de chabolas y en los propios barracones, previa retirada de ingentes cantidades de estiércol. Hoy, en Los Barracones se conservan algunos de los objetos encontrados en las infraviviendas y aledaños.

En 2016 se crea la AMH Los Barracones de Bustarviejo y, desde entonces, venimos realizando múltiples y variadas actividades, como Jornadas de Memoria Democrática, conciertos, visitas guiadas para colegios, institutos, universidades, distintos colectivos y asociaciones, y para la ciudadanía en general; todo ello con el objetivo de dar a conocer este hito imprescindible de la Historia de España. En cuanto consigamos rehabilitar el destacamento penal, nuestra asociación reanudará las visitas guiadas, la cuales hemos tenido que cancelar.

No obstante, estando profundamente convencidos de la gran importancia para la memoria histórica y democrática que reviste este singular espacio, hemos iniciado una serie actividades con el fin de recaudar fondos para colaborar con el Ayuntamiento de Bustarviejo, para que ejecute a la mayor brevedad posible las obras necesarias que permitirán que Los Barracones vuelva a ser un espacio seguro para los visitantes, pudiendo así reanudar todas las actividades que hemos venido realizando.

Entre las iniciativas, resaltamos la ya mencionada campaña de micromecenazgo a través de la plataforma migranitodearena.org, donde cualquiera (particulares, asociaciones, instituciones, organismos oficiales, partidos políticos…) puede hacer aportaciones económicas de cualquier cuantía. En este sentido, debemos informar que puede desgravarse hasta el 80% de los primeros 450 euros donados. Por otra parte, vamos a celebrar un concierto del grupo Kaleidoscope el próximo 30 de agosto en la antigua estación de tren de Bustarviejo-Valdemanco. Será a las 19:00 con entrada libre.

Como ya hemos dicho, desde la AMH Los Barracones seguiremos trabajando para que no se pierda en el olvido esta importante fase de la historia reciente de España, que todos debemos conocer, aunque incluya oscuras páginas como la mano de obra semi esclava o la Redención de Penas por el trabajo. Reconocer el dolor y el sufrimiento de estas personas ─y dignificarlo─ es la única forma de cerrar heridas para poder construir una sociedad mejor. Recogiendo el testimonio de los descendientes de los presos, «la democracia española tiene una deuda (…) porque la guerra no terminó en el 1939 sino en 1975 con la muerte del dictador». Por tanto, tenemos que rehabilitar cuanto antes Los Barracones: su ruina sería el primer paso para el olvido.

Eulalia Ramírez Nueda es profesora jubilada e investigadora sobre la visibilización de la mujer, así como vocal de la Junta directiva de la AMH Los Barracones.

Febrero de 1937. El ejército franquista sublevado contra la República se hace con la ciudad de Málaga y una columna de más de 150.000 civiles y milicianos huye a pie por la carretera de la costa hacia Motril y Almería, un territorio aún bajo control republicano. Se estima que en el trayecto, conocido como La Desbandá, fueron asesinadas entre 5.000 y 10.000 personas totalmente indefensas ante los bombardeos inmisericordes desde el aire y también con buques desde el mar Mediterráneo.

Un episodio trágico, especialmente tremebundo pero, al mismo tiempo, relegado al olvido a pesar de su magnitud histórica como dramático ejemplo de la violencia salvaje de los sublevados fascistas no ya contra las tropas republicanas, sino contra civiles inocentes, especialmente mujeres y niños. Un capítulo muy poco conocido incluso en la misma ciudad andaluza por ser un tema tabú para las propias familias y porque, si la memoria de lo que aconteció no se cuida, se cultiva y se fomenta adecuadamente, termina perdiéndose en apenas un par de generaciones. Como si semejante atrocidad no hubiera pasado.

Sin embargo, para desdicha de los franquistas, el suceso no ha caído del todo todavía en la amnesia colectiva. A lo largo de ya casi noventa años, historiadores, periodistas, investigadores y activistas se han encargado de hablar de La Desbandá. Y a partir del año 2005 se empezaron a organizar marchas parciales en la ruta entre Málaga y Almería para recordar la masacre que se produjo en esta carretera en los primeros días de febrero del 1937, durante el avance de las tropas franquistas de Queipo de Llano. 

Más tarde, a partir de 2017, nos propusimos recorrer íntegramente esa carretera para lo que, primero, nos constituimos como club senderista, y al año siguiente pusimos en marcha la asociación memorialista, ya que desde el primer momento queríamos andar la carretera de la muerte, como la denominó en su día el brigadista internacional Norma Bethune. Para honrar a las miles de víctimas que forzosamente la recorrieron y, al mismo tiempo, rescatar del olvido y el silencio uno de los mayores genocidios cometidos en este país. No podía ser de otra forma, así que caminamos con el objetivo común a todas las organizaciones memorialistas: exigir verdad, justicia y reparación.

Hemos realizado ya 9 marchas, en 10 etapas, de 18 kilómetros de media cada tramo, hasta completar los alrededor de 200 que separan a Málaga y Almería. Los caminantes han crecido año tras año, llegando en la última marcha a 3.400 personas. Espoleados por este crecimiento en la participación, nuestra organización ofrece todos los servicios necesarios: comidas, avituallamiento, lugares de pernocta en pabellones deportivos, traslados a los puntos de inicio de etapa, etc. Las tardes se dedican a actos culturales: teatros, conciertos, presentaciones de libros y otras actividades.

El camino de La Desbandá, considerado como sendero de memoria por el Parlamento Andaluz y por las Cortes Españolas, está en proceso de señalización sobre el terreno. No obstante, aquellas personas que deseen recorrerlo lo pueden hacer con el track que tenemos colgado en nuestra web, donde podrán encontrar toda la información sobre el mismo y sobre las nueve marchas realizadas hasta el momento.

Es importante destacar los lugares de memoria del sendero, que podrán ver a lo largo de la carretera y en el fuerte de Carchuna, donde se han colocado marquesinas informativas de todos los lugares de memoria.

Animo a todas las personas a recorrer esta senda, sobre todo por las zonas donde aún permanece carretera original. Este recorrido podrá trasladarles emocionalmente a aquella huida desesperada que tuvieron que hacer más de 150.000 personas para intentar salvar sus vidas y hacer resistencia al fascismo que los perseguía por mar, tierra y aire. Caminar por el asfalto sobre sus pasos hoy, contemplando el azul del mar Mediterráneo en calma, hace casi imposible imaginar lo que allí pasó hace 88 años, pero hay que conservar la memoria de lo ocurrido precisamente por eso.

Rafael Morales es investigador, pedagogo y escritor de memoria histórica, así como presidente de la Asociación Socio Cultural y Club Senderista La Desbandá.

La idea que nos llevó a realizar las Guías de Memoria en la ciudad de Santander, que pronto extenderemos al resto de la región, fue el convencimiento de que debíamos sacar la verdadera historia de lo ocurrido en nuestro país antes, durante y después de la guerra (me niego a llamarla civil) de España. El relato ha sido cosido con hilo firme por la dictadura. El “terror rojo”, “los curas tirados vivos por el faro”, los “paseados por la FAI”, “la masacre del Alfonso Pérez” y tantos más relatos han curtido, en algunos casos con mentiras flagrantes, las mentes durante generaciones. Era y es imprescindible romper el relato.

Las asociaciones, que han realizado una ingente labor memorialística de recuperación, andan encerradas en si mismas. Hablan para convencidos y un grupo pequeño de personas pensamos que no era eso la mejor forma. 'Hay que llevar la Memoria a las calles', nos dijimos. Y se hizo con éxito. Es imprescindible contar la propia historia a los/as vecinas de mi ciudad porque el silencio de los/as protagonistas, ocultó los hechos. El miedo impregnó a la siguiente generación haciendo que solo se oyera una voz. La voz de la dictadura, la voz falaz, tendenciosa y encubridora que contaba y agasajaba a una parte. Precisamente la golpista, la genocida, obviando la verdad de las víctimas del fascismo.

Decidimos realizar el experimento un nublado y lluvioso día de noviembre, tirándonos a la calle pensando que seríamos cuatro. Subimos la escalinata del IES Santa Clara de Santander decididas a contar lo que investigamos. La historia de nuestra gente. La historia común que debía conocerse.

El edificio del IES es colosal, en sus aulas han estudiado personajes ilustres de nuestra tierra. Las informaciones abundan en detalles, incluso de los ancestros que fueron conventuales, habitado por clarisas, de ahí su nombre. Conocía la intrincada historia que se desarrolló en su grandilocuente salón de actos porque hay historiadores y cronistas valientes que contaron los hechos. Mi admirado y querido José Ramón Saiz Viadero, el principal. A sus escritos e investigación recurrí para contar la historia.

Santander se inclinó de forma curiosa al respeto de la legalidad republicana de forma un tanto rocambolesca, debido al talento de Bruno Alonso, Saiz Olazarán y alguno más que integraban en julio del 36 el Frente Popular. Lo cierto es que la guerra duró trece duros meses, que hubo bombardeos continuos con uno terrible, el primigenio que tomó por sorpresa a la ciudad un domingo navideño, el 27 de diciembre de 1936.

Era un día soleado, la gente paseaba sin intuir que la muerte volaba con prisa desde Burgos y bordeando la costa derramó el cargamento sobre los paseantes. Eran las doce del mediodía. Como en Gernika, como en Bilbao, como en la Desbandá, las águilas de la Luftwaffe buscaban entrenarse dejando el mayor numero de víctimas y dolor posible. El caos y la muerte sembró los barrios obreros, porque los nazis respetaban a los ricos que andaban amigados con los golpistas. 59 victimas, muchos niños, viejos que exponían sus huesos húmedos al sol. Una madre despanzurrada por la bomba soltó la mano del carrito del bebé que minutos antes la sonreía, anduvo cuesta abajo y durante varios días la enloquecida familia de la víctima le buscó hasta dar con él. La madre no pudo encontrarle porque la enterraron a trozos.

Una niña solo soltó la mano de su hermanita muerta cuando la vio ensangrentada, otros corrieron buscando amparo y cayeron doblados por la bomba experimental. Sigue pasando, ahí tenemos Gaza. Nada nuevo, pero hay que contar que ese horror fue el preludio de las enloquecidas turbas que asaltaron el Alfonso Pérez. En las Guías lo contamos todo, no caemos en la falacia ni imitamos a los fascistas, asumimos la historia al completo.

Jamás debió pasar. Masacrar a 159 presos detenidos en el barco fue bárbaro. La que suscribe esto tiene un familiar entre ellos. Lo que ocurre es que si solo se cuenta una parte, la otra queda oculta y la historia se descompensa. Y no se entiende.

En lo alto de las escaleras del portón de Santa Clara contamos que en el salón de actos donde hoy se realizan celebraciones varias, en 1937 se convirtió en sala de los juicios sumarísimos. Entre las paredes de ese salón escucharon el veredicto de muerte, Matilde Zapata, Manolita Pescador y los miles de fusilados o agarrotados que sembrarían la fosa de Ciriego derrochando la sangre de inocentes en las fosas cavadas por presos de Corbán que los días de lluvia encontraban un charco rosado que había formado la sangre de los fusilados mezclada con la cal que se les esparcía.

Porque los fusilados de Ciriego no tenían derecho a la tierra ni al nombre. Se encargaba el cura del cementerio de borrar cualquier prueba de lo que allí ocurría. Hoy, Soto Pidal, el cura criminal, descansa bajo losa del altar mayor de la patrona de Santander, la Virgen del Mar, que nosotras también tenemos nuestra Macarena de Sevilla y criminales enterrados en ella.

Esa fue otra Guía. Disculpen la dispersión… tanto que contar.

Contamos ese día de noviembre que del salón de actos del Santa Clara se salía condenado/a siempre. Diez, doce, catorce reos, diez minutos para cada uno. Fiscal militar, defensor militar, jueces militares. Militares golpistas, claro está. A las víctimas se las acusaba de rebelión, a ellos que habían sido los fieles. A la bizarra Matilde Zapata, periodista con uno delito grave, contar la verdad y ponerse del lado del pueblo, la dedicaron tres penas de muerte.

"Guárdese dos señor fiscal, a mi con una me llega, y a usted puede que le hagan falta", respondió, mirando a los ojos, de pie, con el cráneo rapado. Manolita Pescador no pudo contener las lágrimas; era solo una joven de dieciocho años, hermosa y brillante y muy enamorada. Meses después su amor, un guardia civil, la fusilaría entre otros en el muro de Ciriego. Dicen que no resistió, que se volvió loco.

Sigo que me disperso, ustedes perdonen.

Partimos hacia la Plaza de Pombo, pasando por el Café Tívoli y entonces apretó la lluvia. Dio igual, me sentí el flautista de Hammelin porque más de cien personas me seguían ciegas en busca de lo que se contaba. En esa misma esquina una tarde de junio tomaba café y jugaba al dominó Luciano Malumbres, periodista también, compañero de Matilde, cuando un falangista le tiroteó. Al día siguiente murió, a su entierro se volcaron más de 30.000 personas de aquella ciudad. Cuando les hablen del terror rojo les recuerdan ese crimen o como desde la sede de Falange, en la misma calle que balearon a Malumbres, tiroteaba a manifestantes, luego corrían escapándose por los tejados de la calle del Martillo.

Hoy, el bar Tívoli, que antes se llamaba Zanguina, es un sitio de pinchos, un poco pijo que huele muy bien. Les contaba a mi gente que en el suelo aún vibra la sangre del periodista Malumbres.

Llegamos a la Plaza que fue nombrada por los tiranos, de José Antonio, hoy tornó al origen, se llama de Pombo. En Santander queda nomenclatura fascista. El fiscal de Memoria, Carlos Yáñez, tuvo que apretar bien fuerte a la Corporación obligándole a cumplir con la ley. Lo luchamos la sociedad civil y se consiguió.

Desde la Plaza de Pombo se ven cuadritos de la bahía, intentamos imaginar la desesperada espera de un sitio en alguna de las frágiles barcazas que sorteaban la mar abierta cuando la bahía dobla la esquina y el Cantábrico se pone firme. Muchas zozobraron ahogándose los/as huidos. Otras consiguieron huir, dándoles caza el crucero Canarias que se avezaba furtivo para devolver a tierra a los huidos. Que la fosa de Ciriego debía de tener bien de hambre y quería más víctimas.

Señalamos a la calle Santa Lucía, donde en el numero cuarenta y cuatro balearon al Cariñoso, apresaron a la suegra que poco después fue a parar a Ciriego, y apresaron a la compañera. Iba embarazada de seis meses, las patadas, los golpes y las humillaciones no deshicieron a la niña que nació, se crio bajo el amparo de la abuela valiente y luego, con más de sesenta años recuperó el apellido Lavín. "Porque es un orgullo llevar el nombre de mi padre en bandera, María", me contaría un día emotivo.

Hemos realizado cuatro o cinco guías donde la gente se agolpa con ganas. Y luego cuentan, rompen el muro de silencio y refieren su historia. Sacada del barrunto del miedo y la vomitan para sanearse. Historias de familias rotas por años porque al fascismo se le puso en la gana dar un golpe de estado y romper la esperanza.

Seguiremos con las guías. Seguiremos hablando y contando la historia de nuestra gente por ellos/as, pero también porque el futuro está dolorido y el conocimiento nos dará poder para enfrentarnos a los mismos de siempre.

Porque los que engordaron la fosa de Ciriego, y las más de ciento cincuenta de toda Cantabria, siguen detentando mucho poder y siguen odiando la libertad y la democracia lo mismo que entonces.

María Toca Cañedo es escritora, activista de Memoria Histórica y coordinadora de La Pajarera Magazine.