Galicia ya habló. Y los resultados han dejado una abrumadora mayoría absoluta del Partido Popular, que conserva la Xunta y agua las esperanzas que tuvieron hasta última hora en el BNG y en el PSdG. Una victoria conservadora que Alberto Núñez Feijóo quiere utilizar en clave nacional para hacer calar un “cambio de ciclo” tras no lograr el Palacio de La Moncloa el pasado 23 de julio, mientras que el PSOE busca desterrar cualquier lectura de su debacle en clave general.

Las elecciones gallegas, como subrayan politólogos y sociólogos, tienen su propio ecosistema y una serie de factores característicos que hacen que el resultado no sea extrapolable a todo el territorio nacional. Los comicios sí sirven para dar oxígeno a Alberto Núñez Feijóo, pero los resultados no significan un retrato de España si se convocaran de nuevo comicios generales.

En apenas nueve meses los gallegos han ido a las urnas en tres ocasiones: municipales, generales y autonómicas. Los resultados en porcentajes de voto han sido diferentes en esas citas. Los populares obtienen su mejor cuota de apoyo, un 47,36%, en la pelea por la Xunta, pero esta cifra baja en generales en Galicia (44,31) y en municipales (con un 38,48%). Por lo que una de las evidencias del 18F, como reconocen hasta sus rivales, es la fuerza del PP como estructura autonómica, ya que funciona como una gran maquinaria electoral y sabe tocar las teclas del electorado para esa convocatoria concreto. Un caso que se puede parecer a Madrid o Andalucía en estos momentos, pero que queda muy lejos en otros territorios (en Euskadi tienen poco más del 6% y en Cataluña no llegan ni al 4%).

Pero el posible reflejo en unas elecciones generales se difumina totalmente al ver que ese dato conseguido el domingo por el PP gallego nunca lo ha obtenido a nivel nacional. El pasado 23J los populares estuvieron en un 33,69%. El resultado de las gallegas está casi tres puntos por encima de su récord histórico en unas generales: el 44,63% que logró Mariano Rajoy en las elecciones de 2011. Sólo ha superado el cuarenta por ciento en otra ocasión, la mayoría absoluta de José María Aznar en el año 2000 (44,52%).

Otro de los factores que diferencia las elecciones generales de las gallegas es que en España tiene más fuerza la tendencia a la alternancia. Después de los 14 años de Felipe González al frente de La Moncloa, el PSOE y el PP se han ido traspasando el poder de manera casi equilibrada: José María Aznar estuvo ocho años, en tanto que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tuvieron administraciones de siete años. Pedro Sánchez va camino de los seis años al frente del Ejecutivo. En cambio, en la Xunta sólo ha habido presidentes socialistas siete años desde la restauración de la autonomía y en periodos cortos: Fernando González Laxe (1987-1990) y Emilio Pérez Touriño (2005-2009).

Más aristas que hacen que no se pueda extrapolar a España lo que pasó el domingo es que el PSOE funciona mejor en la comunidad en las generales que en las gallegas históricamente. Los socialistas lograron el 23J en Galicia un 30,26% en las urnas y en las municipales un 29,17% para pasar a hundirse con apenas un 14% el pasado domingo. ¿Y cómo se explica? La politóloga Berta Bartet apunta directamente a ese “voto dual” que ha llevado a que mucha gente que apoyó a Pedro Sánchez en verano se haya pasado luego en clave autonómica al BNG.

En este punto, retrata que esto ha pasado muchos años en Cataluña y algo en el País Vasco. Los votantes progresistas, comenta, van al partido que ven con más opciones de gobernar y han tenido opciones distintas en unas generales que en unas autonómicas. Por ejemplo, muchos electores de Esquerra respaldaron al PSC el 23J al entender que era más eficaz. Además, cree que también ha influido en este caso la percepción de que Ana Pontón (BNG) era una candidata que se había trabajado más la oposición durante estos años frente al aspirante socialista nombrado pocos meses antes.

La presencia de ese nacionalismo de izquierdas, prosigue la politóloga, hace que no se puedan comparar los resultados electorales de Galicia con el resto de España, indicando que es un factor propio de esa autonomía con el condicionante de que cuando los nacionalistas gallegos han puesto más énfasis en lo identitario su “espacio se ha reducido”. En cambio, ahora está priorizando más su alma social y de políticas destinadas al día a día. Asimismo, indica que también el Bloque se ha llevado a votantes de Sumar y de Podemos, cuando unos meses antes el espacio de Yolanda Díaz tuvo más porcentaje de sustento que el del nacionalismo en Galicia (11,11% frente a un 9,57%).

Bartet hace hincapié en que el votante gallego sociológicamente y socioeconómicamente es distinto a otros lugares de España. “Es un elector menos partidario de un cambio radical, por eso han tenido siempre problemas Podemos y Vox”, añade la politóloga, que subraya al mismo tiempo que la Xunta tiene su propia “dinámica” y es un órgano muy potente.

Sobre este asunto, en el análisis que hacen los partidos políticos horas después de las elecciones se tiene mucho en cuenta que se ha movilizado la derecha el miedo a que hubiera un cambio liderado por el nacionalismo gallego. Algo contrario de lo que pasó en las elecciones generales cuando la izquierda logró atraer a muchos votantes al colegio electoral para frenar que Vox entrara en el Gobierno central.

Antonio Asencio, analista de Sigma Dos, también hace un análisis sobre las diferencias de unas elecciones gallegas con otras citas: “Galicia tiene unas particularidades que hacen que funcione como una isla electoral. La presencia del nacionalismo de izquierdas ha generado una situación de voto dual que bascula entre BNG y PSOE según las elecciones sean gallegas o generales”.

Otra de las claves en las que coincide Asencio es que “en la derecha hay una hegemonía absoluta del PP, con un Vox relegado a posiciones extraparlamentarias”. La ultraderecha siempre ha tenido resultados muy bajos en esta autonomía, frente a otras comunidades donde ha pactado y gobierna con el PP como Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Extremadura. Los de Santiago Abascal se quedaron el domingo en un 2,19%, una cifra muy inferior a su competitividad a nivel nacional (con más de un 12% de papeletas en todo el país). El analista electoral hace también una mención diferencial a la “gran dispersión demográfica en el ámbito rural” en la comunidad, por lo que se establecen “dinámicas muy diferentes dependiendo del tamaño poblacional”.

Hay otras dinámicas también que pueden jugar de manera diferente en unas generales. La intención de voto joven fue muy alta de cara a las gallegas en favor del BNG, a tenor de los sondeos previos. En cambio, en las pasadas generales la generación Z fue clave con su apoyo a Pedro Sánchez con una estrategia para acercarse a este electorado como su participación en el podcast de La pija y la quinqui.

El politólogo y profesor de la UOC Ernesto Pascual rechaza que la foto de las gallegas pueda ser reflejo de unas generales y recuerda que luego vendrán las vascas, donde el pronóstico es diferente. Cree que habrá que fijarse más en las europeas del 9 de junio, aunque es una batalla a circunscripción única. Además, sitúa factores como el de los liderazgos a la hora de unas elecciones: “El PSOE tiene un problema evidente a nivel territorial”.

Insiste, como los otros expertos, en que existe un factor de “voto dual” en la izquierda en Galicia que hace que no se puedan proyectar esos resultados a nivel nacional. A lo que hay que sumar la propia geografía y sociología de la comunidad. Y reflexiona también sobre la alternancia. Entiende que en unas generales hay mayor pulsión de cambio y hay una mayor cultura de que haya renovación de las formaciones en el poder.

Lo avisamos desde Logoslab en nuestro análisis del estudio pre-electoral del CIS que publicó infoLibre el pasado lunes 12: el PP alcanzaría la mayoría absoluta con 38-40 escaños (ha logrado 40 que pueden quedarse en 39 al estar un diputado bailando), el BNG obtendría un magnífico resultado que estaría entre 24 y 26 asientos (ha logrado 25), el PSOE tocaría fondo y tendría problemas para mantenerse en los dos dígitos (se ha quedado a 111 votos en Ourense de lograr el que hubiera sido su 10º escaño), y por último Sumar no iba a entrar y junto a Podemos dejarían muchos votos de izquierdas sin representación (finalmente han sido 32.000). 

En estos días leeremos una cantidad ingente de opiniones sobre el CIS y seguramente muchas sean para poner el foco en Tezanos y pocas para poner en valor la información valiosa que aporta el Centro de Investigaciones Sociológicas al conjunto de españoles, que va más allá de la polémica que acompaña a su presidente. Es la encuesta más fiable de largo, por base muestral y porque en los últimos años se ha producido un salto notable en transparencia al facilitar y agilizar el acceso a sus microdatos, lo que nos permite, por un lado, tener una fuente de contraste independiente de los institutos privados, una labor fundamental en una sociedad democrática. Y por otro, plantear una mirada crítica a las estimaciones que ofrece el propio CIS. Gracias a ello podemos hacer este artículo en el que comparamos dos estimaciones muy distintas, la de Logoslab y la ofrecida por el CIS, realizadas con la misma materia bruta: las 4.000 entrevistas efectuadas entre el 5 y el 7 de febrero, es decir con el trabajo de campo finalizado 10 días antes de ir a urnas. Con los resultados de ayer la conclusión es clara: el trabajo de base del CIS no falla, lo que falla es su cocina en las estimaciones. O el uso que se hace de él, cada cual que piense lo que quiera. Podemos verlo en el cuadro siguiente.

Desde que Sumar se quedó fuera de la carrera nunca hubo opciones reales de vuelco, pese a lo estrecho del margen que tenía el PP. Algunos institutos de opinión ampliaron sus horquillas para dar cabida a la opción de cambio (37-39 escaños) pero da la impresión de que fue más una reacción en cadena ante la ensoñación de la izquierda de poder lograrlo que el reflejo de una aritmética que apuntara en esa dirección. Esto es relevante en la medida en que el golpe de realidad de la izquierda, que hoy se lame sus heridas, es mayor por las expectativas levantadas que por las probabilidades reales de que se produjera una suma alternativa, que tenía poco sustento con los números en la mano como trataremos de explicar. 

Para empezar, la mayoría de gallegos manifestaba estar satisfecho con la gestión realizada en su comunidad, con sólo un 7% de votantes del PP que la calificaron de “mala” o “muy mala”, lo que ya era un indicio contraintuitivo para pensar en una ola de cambio que se llevara por delante al actual ejecutivo. Para continuar, el Partido Popular mantenía una fidelidad electoral muy elevada, de en torno al 90% (9 de cada 10 votantes del PP en autonómicas y generales manifestaba su intención de repetir voto), una lealtad electoral que per se ya garantizaba la absoluta. Además, su candidato y presidente de la Xunta Alfonso Rueda contaba con un índice de valoración notable, segundo líder mejor valorado por los gallegos detrás de Pontón y el mejor entre sus propios votantes con unas notas que han oscilado entre el 8,0 y el 8,4, una calificación sobresaliente para los tiempos que corren de desafección con la clase política. Y por si todo esto fuera poco, veníamos de unas generales en las que el voto a la derecha (PP+VOX) alcanzó el 49,3% de los sufragios con una participación muy elevada (del 73% en urna), lo que en principio anulaba o amortiguaba la hipótesis de que una afluencia masiva este domingo podía provocar el vuelco. ¿Por qué iba a ser diferente solo unos meses después? 

No lo ha sido. Ha ocurrido lo que los números llevaban apuntando de manera contumaz desde principios de año. Hasta en 3 ocasiones, el 26 de enero, el 6 de febrero y el 12 febrero despejamos la posibilidad de un cambio con horquillas que siempre reafirmaban la mayoría absoluta del PP. Al final, la derecha ha acabado sacando un 49,6% de los votos, exactamente el mismo porcentaje de apoyos que en las generales del 23J. El votante de derechas no se vuelve de izquierdas de la noche a la mañana y viceversa. 

Desde Logoslab también anticipábamos que la participación en estas autonómicas subiría, y que lo haría más de 5 puntos respecto al voto en urna de 2020 (ha subido 8). A este respecto advertíamos que muchos medios compararían erróneamente la participación de las 20 horas con la obtenida tras el recuento del voto exterior en 2020, como así ha sido. La participación no ha subido 18 puntos como algunos analistas están afirmando, ha subido 8. A finales de este mes, cuando se contabilice el voto CERA (476.000 electores sobre un censo total de 2,6 millones de personas) tendremos el dato final de participación, que bajará del 67% registrado en urna al 57% - 58% aproximadamente, pese al fin del voto rogado. Para hacernos a una idea, en 2020 fue del 49% y en 2016 del 54%. Habrá que estar atentos a lo que pase en Ourense, en principio la única provincia susceptible de sufrir cambios, en la que el PSOE está a poco más de un centenar de votos de quitarle un escaño al PP.

Durante la jornada electoral se llegó a hablar de “aumento milagroso” de la participación, casi siempre alimentando la ficción del vuelco, pero finalmente, pese a ser una de las más altas cosechadas hasta la fecha en elecciones autonómicas gallegas, ha estado 6 puntos por debajo de la que hubo en las pasadas elecciones generales. 

Con todos estos mimbres la posibilidad de que se produjera una victoria de izquierdas era muy reducida, aunque hay que decir que el PP ha puesto de su parte para obrar el milagro con una campaña de riesgo marcada por sus propios errores y temores, con la sombra alargada de las últimas generales inquietando a los equipos de campaña. Pero ni así. El comportamiento de voto es difícil que varíe sobre la marcha cuando la contienda se plantea como un pulso entre dos bloques antagónicos. La duda era el voto que podía rescatar VOX, que al final ha estado en las cifras previstas, lejos de la pelea por los escaños. 

La izquierda también ha puesto de su parte, con algunas decisiones que de haber sido diferentes podían haber ajustado aún más el pulso entre bloques. Ya con las urnas abiertas podemos confirmar algunas hipótesis:

1.- Nacionalizar la campaña (casi siempre) castiga. En primer lugar al PSOE que, al margen de los problemas endémicos que tiene en Galicia, repitió el error de las pasadas autonómicas y municipales de mayo de 2023, con Sánchez omnipresente, y lo ha pagado caro: 5 escaños menos, 5 puntos por debajo (lo que supone perder un 28% de apoyos) y el peor resultado de su historia en la comunidad. En segundo lugar al PP, que se deja 2 diputados -veremos si no son 3 finalmente-, repitiendo la jugada de Castilla y León cuando adelantó  las elecciones para ampliar su ventaja y acabó pidiendo la hora. Galicia no es Madrid.

2.- Las elecciones las ha ganado el PP, pero la campaña la ha ganado el BNG a costa de las otras izquierdas. El partido que más ha hablado de los problemas de su tierra ha sido el de Ana Pontón. Consecuentemente ha sido el único de los grandes que ha subido, y lo ha hecho de un modo mayúsculo. Respecto a 2020 ha ganado 6 escaños y casi 8 puntos, y a lo largo de precampaña y campaña ha mantenido una inercia constante de crecimiento. Sirva de muestra un botón, a mediados de enero estimamos un 29,5% para el Bloque, lo que indica que ha ganado más de 2 puntos en el último mes. Al PSOE le ha sucedido todo lo contrario, a mediados de enero estaba en el 16% y ha acabado en el 14%. Y lo mismo puede decirse de Sumar, que ha pasado del 3,4% al 1,9%.

El PP por su parte sufrió un toque de atención en la primera parte de la campaña cuando retrocedió más de un punto y las alarmas se dispararon en Génova con la filtración de que Feijóo llegó a estudiar la posibilidad de aceptar un indulto a Puigdemont con determinadas condiciones. A partir de ahí hubo llamada a rebato a alcaldes y afiliados (el PP gallego es posiblemente la formación con mayor implantación en el territorio de nuestro país) y los de Rueda subieron en la recta final dos puntos hasta el 47,4% obtenido el domingo, que es más o menos donde estaban cuando adelantaron las elecciones pensando no en aguantar, sino en mejorar los resultados de 2020.

3.- Sumar, el voto útil que no lo fue. Parte de las opciones de la izquierda pasaban por convertir todos sus votos en escaños. Concurrir con varias marcas era un hándicap que de partida hacía casi imposible la aritmética de izquierdas salvo que la formación de Yolanda Díaz entrara por Pontevedra y A Coruña. ¿Hubiera cambiado algo si el BNG hubiera absorbido / compartido candidatura con Sumar y Podemos? Poco. Le hubiera quitado un escaño al PP en Pontevedra, que a expensas de lo que ocurra en el CERA de Ourense se hubiera quedado con 38 o 39 diputados. 

En todo caso Sumar encaja un duro golpe que alimenta la idea de estar viviendo un momento complicado. El marco de debilidad, incluso el de indiferenciación con el PSOE, se ha instalado en una parte del electorado tras la ruptura con Podemos, que si bien queda sumido -en términos de apoyo electoral- casi en la irrelevancia (un 2,5% de proyección en el conjunto de España en enero, un 0,3% ahora en Galicia) mantiene un peso suficiente para restar muchos escaños a Sumar en provincias medianas. La última estimación de enero apuntaba a que la diferencia entre ir juntos (Sumar y Podemos) e ir separados era un retroceso de la formación de Yolanda Díaz de los 29 escaños a los 17.

¿Y ahora qué? Feijóo sale fortalecido de unas elecciones que se planteaban como un plebiscito a su liderazgo mientras Sánchez sale tocado. La posición actual del PSOE sobre el modelo territorial y la negociación con los partidos independentistas, llevada al límite en el caso de la amnistía, está debilitando las expectativas electorales de los socialistas en muchos territorios, como ya se pudo comprobar en mayo del año pasado, cuando ni el miedo a VOX hizo de muro de contención. Galicia ha supuesto solo el primer round de un combate que tendrá 3 asaltos más este año: europeas, donde el PP parte como favorito y previsiblemente tendrá un gran resultado, y País Vasco y Cataluña, territorios que el presidente de gobierno tiene marcados en rojo y donde el PSOE puede, y necesita, reivindicarse. Fueron estas dos comunidades las que propiciaron el giro de guion del pasado 23J que acabó dando a Sánchez cuatro años más de gobierno.  

Las catalanas marcarán el fin de la primera etapa de legislatura. Más allá no habrá en el horizonte ninguna elección. Las siguientes serán las andaluzas, ya en 2026. Para entonces todo puede ser igual o muy diferente de lo que reflejan hoy los estudios.

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Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

El Partido Popular fue capaz de mantenerse como fuerza más votada en estas elecciones gallegas a pesar de bajar en seis de las siete grandes ciudades. El partido encabezado por Alfonso Rueda solo consiguió mejorar los resultados en la ciudad donde vota su candidato, Pontevedra. 

La excepción fue Vigo, donde el BNG invirtió los resultados de 2020 tras crecer 13 puntos. Los nacionalistas mejoraron los resultados de 2020 en las siete ciudades. El PSdeG-PSOE cayó en todas las ciudades excepto en Lugo, lugar de origen de Besteiro, donde conseguió mantener y mejorar ligeramente los resultados de 2020. Para los socialistas fue especialmente abultada la caída en Vigo, de casi 12 puntos; y en Ourense, donde Democracia Ourensana les arrebató el espacio, y cayeron más de 9 puntos.

En Vigo el BNG consiguió 56.820 votos, lo que representa un 37% de los votos en la ciudad. Es la única ciudad donde el PP no fue la fuerza más votada, a pesar de que los populares también subieron en 2,7 puntos, con más de 54.000 votos. 

En la urbe donde Abel Caballero arrasa en las elecciones municipales, los socialistas recogieron solo 30.700 votos, frente a los 43.000 de 2020 (casi 12 puntos menos) y representan el 20% del electorado. Todo, a pesar del esfuerzo del regidor de Vigo por trasladar apoyos de sus votantes para el candidato a las elecciones gallegas.

En A Coruña el PP sigue siendo la fuerza más votada en las autonómicas, aunque registró una leve bajada del 1,5%. El BNG, por su parte, obtuvo una muy importante subida de casi nueve puntos y supera los 42.700 votos. Los socialistas bajan 3,5 puntos hasta los 18.800 votos. 

En Ourense la situación se vio alterada por la irrupción de la candidatura de Democracia Ourensana para la Xunta, fuerza que ya gobierna en la ciudad y en la que logró exactamente 10.236 votos, el 17,8% del total. El gran damnificado de las cifras del partido de Jácome fue el PSdeG, con una caída de nueve puntos porcentuales y 6.900 votos, frente a los 10.184 de 2020. También el PP sufrió la entrada de Democracia Ourensana, ya que, a pesar de mantenerse como primera fuerza, bajó 6,5 puntos porcentuales, con 22.500 votos. 

Lugo fue la única ciudad en la que los socialistas no cayeron en número de votos respecto a 2020. Consiguieron 9.400, un 0,67% más que en las pasadas elecciones gallegas. Así todo, el PSdeG fue la tercera fuerza en estos comicios por detrás de BNG, que sube un 3% y obtiene 13.800 sufragios; y PP, que se mantiene primero con una ligera caída de 0,7% puntos.

En Pontevedra, la ciudad de Alfonso Rueda, el PP consiguió elevar sus apoyos y fue la fuerza más votada, con 20.300 papeletas, que suponen casi el 45% del total y una subida del 1,5%. Son notables también las cifras del BNG –fuerza del gobierno local- con 15.500 votos, y siete puntos de crecimiento en apoyos en estas elecciones gallegas frente a las anteriores de 2020. El PSdeG cayó más de cinco puntos, con 6.200 votos. 

En Santiago destaca la mejora de los resultados del BNG, con un incremento de ocho puntos y más de 20.000 votos, frente a los 14.100 de 2020. Sin embargo, el PP fue la fuerza más votada con unos 25.700 sufragios que representan el 45% do total, con una bajada de casi dos puntos. 

Finalmente, en Ferrol también es destacable la subida experimentada por el partido liderado por Ana Pontón, que creció en nueve puntos y logró cerca de 9.900 votos. El PSdeG, por su parte, cayó 4,4 puntos y no llega a los 5.000 votos frente a los más de 6.000 de hace cuatro años. El PP mantuvo cifras similares a 2020 y fue, otra vez, la fuerza más votada en el ayuntamiento.

Con los datos del primer estudio del CIS, no con su estimación, Sumar superaba ampliamente el 4,5% de los votos válidos en Galicia, lo que aseguraba al menos el 5% en A Coruña y en Pontevedra: Sumar conseguía dos actas a costa del PP con mucha probabilidad, y esto viabilizaba el cambio. Sin embargo, nuestras estimaciones con dos estudios posteriores del CIS descubrieron un retroceso de esta formación al 3,1% y al 2,8%: Sumar ya no alcanzaría el 5% en A Coruña ni en Pontevedra, mientras que el BNG progresaba por encima del 30%. El voto a Sumar había pasado de ser el más útil, porque facilitaba el cambio, al más inútil, porque dejaría sin representación a un número estimable de electores del lado izquierdo, como así ha sucedido. 

Los resultados de Vox y de Podemos. Nunca tuvieron posibilidades de alcanzar el 5% en ninguna de las provincias, pero allí se presentaron en un contexto preelectoral donde el cambio era posible. Los primeros podían destruir la mayoría absoluta del PP dejando sin representación a un buen número de votantes del lado derecho, mientras que los segundos, pues bueno. 

Resultó inexplicable la presencia continuada de Pedro Sánchez en Galicia. El niño en el bautizo, el novio en la boda y, en este caso, el muerto en el entierro, porque Besteiro ha sido un buen candidato, didáctico, central, moderado o dialogante, conocedor de los problemas de Galicia,  y con un idioma gallego popular muy apreciado en el ámbito nacionalista. Una estrategia disparatada y amateur la de llevar los problemas del ámbito estatal a Galicia de la mano de Sánchez, porque los números son lapidarios. El PSdeG-PSOE empezó esta campaña en 15 escaños (+1), para terminar en 9 (-5). Peor resultado histórico y menos votos que en pandemia invitan a una autocrítica profunda que no se producirá.

El resultado del PP está ahí, un escaño mejor de lo que cabía suponer. Lo que viene a subrayar la fortaleza de la marca PP y su organización en Galicia más allá de los liderazgos, los dimes y los diretes.  

El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y de legislatura, si lo hay, no se resuelve con la conllevanza característica de la generalidad de los dirigentes del PSOE. El BNG nos enseña que la sociedad gallega es plurinacional y que esto va en serio, o no va a ningún lado.

Con permiso del CERA, lo de Democracia Ourensana está consolidado. Un fenómeno a estudiar.

No es cuestión de explicar ahora por qué la ley electoral que rige estas elecciones sobrerrepresenta a la población de Ourense y Lugo en el Parlamento de Galicia, tiene que ver con la asignación del mismo número de escaños fijos a cada provincia y la distribución de los restantes de modo proporcional a la población, como explicábamos aquí. Basta con comprobar en las tablas adjuntas que el BNG necesitó 21.992 votos para conseguir un escaño en A Coruña, mientras que en Lugo le bastó con 11.644 votos, para comprender que algo está fallando. Y esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas, porque al PP le costó cada escaño 22.224 votos en A Coruña votos y 12.350 en Lugo. El sistema está sobrerrepresentando en Galicia a los censados en Ourense y Lugo, en detrimento de los que votan en A Coruña y Pontevedra. En Galicia está pendiente una reforma electoral. 

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Jaime Miquel es analista electoral.

Por lo menos ha habido campaña. Esa es una de las conclusiones que este viernes sacamos en La caravana, el espacio de análisis que compartimos con cuatro gallegos para tomarle el pulso a la foto finish de unas semanas intensas.

En juego estaba, quién nos lo iba a decir, algo así. No daba crédito a medida que iban pasando los días, pero ha ocurrido. infoLibre ha brindado más visibilidad a la campaña electoral en forma de aperturas de periódico que algún importante medio de ámbito gallego, que fuera de la comunidad lo que tiene son corresponsales. Jamás pensaba que la Junta Electoral tendría que ordenar a los medios públicos de Galicia que aumentaran la cobertura electoral planteada, que dedicaba menos minutos a los comicios que hace cuatro años. 

Para los que nos gusta la política, para los que creemos que en democracia no hay alternativa a un buen debate público, plural, permanente e informado como condición necesaria, pero no suficiente, para progresar como sociedad, el intento de que unas elecciones pasen poco menos que desapercibidas no puede ser otra cosa que un enorme escándalo. 

El objetivo debería ser siempre más participación, en general y en cada urna en particular, como síntoma de la fortaleza del sistema. Por eso son antisistema los que buscan lo contrario, los que a sabiendas pretenden adulterar el debate público por vías directas, como la mentira, o indirectas, como el control de medios de comunicación o enormes inyecciones financieras para que difundan el mensaje que conviene.

Parece que a algunos ya les va bien un sistema que funcione como siempre, con una participación más discreta que en elecciones municipales o generales. Y no es que los partidos no estuvieran haciendo campaña, empezando por el PP, que anunció nada menos que tres caravanas estrella: la de Rueda, la de Feijóo y la de Rajoy. Los intentos de movilizar a los propios han sido constantes, en público y en privado. 

Este viernes trascendía que la Xunta envió, a 12 horas de que acabase la campaña, miles de SMS a sanitarios anunciándoles mejoras laborales que notarán ya en su nómina de enero, retroactivas desde el 1 de enero. No hubo tiempo de hacerlo con antelación, o a principios de enero. No se consideró que, llegados a este punto, el anuncio quizás debiera esperar al lunes.

Ha sido una campaña con muchos elementos inesperados. Y novedades cuyo impacto es difícil de analizar en algunos casos, es justo lo que no quería el PP. Veamos algunas: la crisis de los pellets (y declaraciones de conselleiros para la historia), la importante manifestación por la Sanidad que llenó Santiago (convocada desde antes de la campaña), la revelación de que el PP se planteó una amnistía durante 24 horas y estaba dispuesto a negociar indultos para una “reconciliación” con el independentismo… y hasta un debate electoral en RTVE que sorprendió con una audiencia parecida a la del único encuentro en el que aceptó participar Rueda. 

Cada semana de las dos de campaña tiene un acento diferente. En la primera, el PP buscaba mantener la estrategia inicial, que incluía la españolización de los asuntos gallegos. Galicia, como “isla de estabilidad” frente al Gobierno central, condicionado por Puigdemont. Las fuentes del PP “al más alto nivel” y la pujanza del BNG motivaron un volantazo. El PP endureció su discurso, invocó a ETA (una banda terrorista que anunció su disolución hace casi 13 años), incluso a Hamás.

Buscando no despertar a los ajenos, acabó temiendo la desmovilización de los suyos, llegando a encomendarse incluso a Ayuso, que en Vigo dice que sueña con pasear “entre montes de eucaliptos” para “tener la certidumbre” de que está en su “casa, en Galicia”. Qué pena que los eucaliptos no sean sino una especie importada que plantea graves retos allá donde se extiende, cuando no problemas, frente a un bosque y especies milenarias que cualquiera con dos dedos de frente apostaría por preservar desde lo público.

También inesperado fue que, en muchos momentos, pudiera hablarse de los problemas de Galicia: desde el estado de la sanidad a la industria o la educación. Lo hicieron Pontón y Besteiro en su debate a dos (un tanto sui generis por la espantada de Rueda) y lo hicieron Sumar y Podemos, esforzándose mucho pero desde un terrible punto de partida. Y la izquierda supo no pelearse, aunque no está claro si repartirse bien los papeles para ampliar espacio y llegar a más gente. Lo que no supo es evitar la división en listas, que puede desanimar a algunos votantes y hacer que parte de los que sí voten por listas progresistas no contribuyan al cambio al no haber traducción en escaños. 

Hay nervios. En el PP de Galicia, por perder la Xunta, la joya de la corona en una comunidad donde la izquierda gobierna a más ciudadanos a través de los municipios y dos de las diputaciones. En Génova, porque si Feijóo amanece el lunes sin la Xunta, se afilarán los cuchillos. Y en la izquierda, porque Pontón lleva mucho tiempo preparándose para un escenario así, el socialismo se agitará si no llega a la Xunta y empeora su resultado electoral y Yolanda Díaz acusará el revés si su espacio se queda, otra vez, fuera del Parlamento de la rúa do Hórreo. 

El domingo tendremos que prestar mucha atención a varios elementos: a Democracia Ourensana, uno de los partidos más ninguneados, de estrategia abiertamente populista, que podría obtener un escaño y convertirse en una muleta inesperada del PP. A esa barrera del 5% que puede dejar a algunos partidos fuera del hemiciclo. ¿Por qué para las gallegas es el 5% y para las generales el 3%? Hay que prestar atención al voto urbano y al exterior, no vaya a ser que este último (pueden votar hasta los nietos de emigrados y ya no a través del voto rogado, como hasta ahora) decida el Gobierno de Galicia a final de mes. 

Pero eso son elementos para el análisis. Antes toca reflexionar y decidir entre cambio y continuidad. En infoLibre hemos intentado aportar información, análisis y muchos datos. También la convicción de que la libertad empieza por estar informado y, luego, no ser teledirigido a la urna por más preguntas que por una. ¿Quién representa mejor sus esperanzas?

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[Aquí puede leer los análisis diarios de Daniel Basteiro durante toda la campaña gallega]

La crisis de las industrias culturales en Galicia es un hecho que contrasta con la relevancia que en los últimos años han alcanzado fuera de las fronteras gallegas directores, actores, actrices, realizadores, grupos de teatro, escritores, poetas y músicos. Con fenómenos tan sonados como Matria, O Corno, As Alumnas, Feliz Idade, Materia o Tanxugueiras.

Sin embargo, y en contra de lo que suele ser habitual en España, esa potencia de representación, que en la mayoría de los casos forma parte del espacio político de la izquierda, no se ha traducido en una toma de posición electoral de cara a las elecciones del domingo. No ha habido manifiestos de artistas y creadores, como sucedió en 2012 cuando el candidato era Xosé Manuel Beiras.

Aunque hay excepciones, como el pronunciamiento público difundido el jueves por más de un centenar de músicos a favor del Cambio Galego y de la candidatura de Ana Pontón. O de pronunciamientos en redes sociales de un puñado de actores y actrices como Antonio Durán Morris o Mabel Rivera.

El actor que encarnó a Manuel Charlín en Fariña cree que esa escasa implicación en la campaña es “un signo de dependencia”. Un paso adelante para pedir el voto al BNG que, según él mismo confía a infoLibre, no había dado nunca antes y que ahora expresa su “descontento hacia la política cultural en Galicia” y atiende, al mismo tiempo, “la ilusión que hay, la campaña que están haciendo y el maltrato de los medios públicos”

En Galicia, explica, la cultura no tiene esa “tradición” de implicarse en las campañas. “Este país también es diferente hasta para lo bueno y para lo malo”. Existe un miedo “legítimo” a que significarse en público “repercuta en tu trabajo”.

También hay creadores que han dado el paso de salir a apoyar al PP y a Alfonso Rueda. Este vídeo difundido por el Partido Popular muestra a algunos de ellos:

Hay algunos indicadores que retratan bien cómo le han ido a las industrias culturales en Galicia durante los quince años de gobiernos sucesivos del PP. El primero es el impacto de la lectura en gallego: solo el 3,1% de los mayores de 14 años que leen libros prefieren leer en la lengua propia de Galicia, mientras que el 96,2% opta por el castellano. Es uno de los datos más llamativos (y alarmantes) que se incluye en el Barómetro de Compra de Libros y Hábitos de Lectura 2023, un estudio que publica anualmente el Gremio de Editores de España dado a conocer por el diario Praza.gal.

Los bajos datos del gallego, además, son aún más negativos si los comparamos con los últimos indicadores disponibles, correspondientes al estudio del año 2018, en el que la preferencia por la lectura en lengua gallega era del 4% y el castellano llegaba al 93,7%.

El problema se ve más claramente si se compara la situación con Cataluña, donde el 38,9% de la población prefiere leer en catalán. Incluso con Euskadi, donde el 9,8% prefiere leer en euskera, o con Balears, donde el 10,7% tiene el catalán como lengua de lectura predilecta. Los indicadores gallegos solo están a la altura de los de la Comunitat Valenciana, en la que optan por su propia lengua el 3% de los encuestados.

El retroceso de las políticas públicas en materia de cultura es evidente. Los Presupuestos de la Xunta para 2024, según datos recogidos por Praza.gal, consolidan la senda iniciada hace cuatro años al dar prioridad al gasto en turismo sobre el cultural. El primero vuelve a aumentar otro año más por encima de la media del global de las cuentas públicas y ya supera los 140 millones de euros, cifra que registraba el gasto cultural en 2009, mientras que este último prácticamente se estanca en 105 millones de euros.

Las sendas de crecimiento presupuestario del turismo y la cultura se cruzaron en los últimos años coincidiendo con la decisión de la Xunta de privatizar buena parte de su política turística y dejarla en manos de la denominada Asociación Clúster Turismo de Galicia, a la que viene encargando no solo la ejecución sino también el diseño de las estrategias públicas para el sector.

En 2009, en los últimos presupuestos del gobierno de coalición de PSdeG y BNG, el gasto o inversión en cultura rondaba los 140 millones de euros, por los algo menos de 80 millones de euros destinados a turismo, según la distribución funcional del gasto de la propia Xunta, que tiene en cuenta el destino efectivo de los fondos públicos más allá de la consellería o departamento que los ejecute.

Durante la crisis de los primeros años de la pasada década, las dos áreas vieron reducidos significativamente sus fondos. Pero la recuperación económica de los últimos años vino acompañada de una decisión del Gobierno gallego de primar los destinados a turismo sobre los de cultura, de modo que en las cuentas de 2020 las dos áreas se vieron igualadas y en estos cuatro últimos años el gasto turístico creció a un ritmo más alto que el cultural.

De la ausencia de política cultural han dejado constancia en los últimos años diferentes asociaciones que denuncian desinversiones de centenares de millones, también en parte como consecuencia de la destrucción de las cajas de ahorros.

“Una política cultural ausente no deja de ser una política cultural”, asegura una periodista cultural gallega que prefiere no revelar su nombre —así están las cosas en los medios de comunicación en Galicia—. Y la consecuencia es un retroceso en el sector del libro, en los apoyos a la creación, en las artes escénicas. “Todos los planes que había en los distintos sectores para el desarrollo de políticas de apoyo quedaron suspendidos”.

Y aunque ahora hay, reconoce, “una mayor visibilidad fuera” (ahí están los éxitos del audiovisual o los premios nacionales de los últimos años), “es algo que consiguieron los propios creadores, la gente de la cultura, con muchísimo esfuerzo” y “a pesar de la inexistencia de políticas públicas” por parte de las instituciones. Un buen ejemplo es que sigue sin tomar cuerpo la creación de Instituto Rosalía Castro, el Cervantes gallego, llamado a ser el motor de la internacionalización de la cultura de Galicia.

Camilo Franco lleva muchos años trabajando en el mundo de la cultura y en la actualidad es el director de Culturgal, una plataforma en la que se dan cita asociaciones de editores, empresas de artes escénicas, empresas musicales y productoras independientes. En su opinión autorizada, en los últimos años a los creadores les ha ido, en general, “bastante bien”, aunque “habría que ver sector por sector”. Pero lo que sí advierte es “una reducción del público” y que resulta particularmente dañina en culturas con dificultades para alcanzar una “masa crítica” suficiente.

Es una batalla, explica, que se remonta a los noventa, pero que se ha ido acentuando en los últimos años. “Hay un gran incremento de los grandes públicos y hay un cierto incremento de pequeños públicos. Lo que está desapareciendo es la clase media de los públicos”, señala, la misma que tradicionalmente dio soporte a “la corriente principal de la cultura”.

Algo que sucede, además, a pesar de que “la oferta cultural que hoy genera Galicia probablemente sea la más completa, la más variada y la que puede satisfacer a más públicos de la historia”. Un fenómeno, admite, en el que hay “responsabilidad” por parte de quienes gestionan los asuntos públicos. Falta “escaparate” para los productos culturales gallegos y “las administraciones deberían tener una estrategia más clara de visibilización”.

Aunque realmente, añade Franco, “de lo que carece Galicia en muchos sentidos es de grandes empresas culturales, exactamente como carece del resto de grandes empresas. No fue capaz de generar ese tejido”.

¿Es la cultura gallega menos reivindicativa en lo político, al menos cuando llegan las campañas electorales? El director de Culturgal sostiene “que es un problema de clima. Un problema social. Esto no son los Estados Unidos, donde Taylor Swift pide el voto para los demócratas” pase lo que pase. Yo creo que, en general, los sectores culturales en Galicia están más o menos alineados políticamente y eso no le pasa desapercibido a nadie.

Hay que entender, precisa, que la crisis económica primero y el covid después fueron tremendos para los sectores culturales en Galicia porque desmantelaron una gran parte de un tejido que, en realidad, ya era precario. El sector está “más atomizado ahora, está peor organizado”. A lo que se suma una “especie de miedo histórico a moverse o a declarar una opinión política”.

En todo caso, apunta, no tiene tanto que ver con un “abandono de las ideas o de las convicciones políticas como con la circunstancia de que el principal mercado de casi todos los productos culturales en Galicia es institucional”. De administraciones políticamente distintas, pero institucional al fin y al cabo. Lo que significa, lamenta, que la mayor parte del mercado cultural es un mercado cautivo”, que “depende de dinero público. “¿Para qué buscarse líos?”, ironiza.

En esto la cultura, dice Camilo Franco, no es diferente del resto. “Yo creo que no se le puede pedir a la cultura que se produce en un país que tenga un comportamiento distinto”.

¿La ley electoral gallega garantiza al PP la victoria en las elecciones autonómicas? En absoluto. ¿Le otorga alguna ventaja para conseguir ese objetivo? Más de una. Para empezar, el reparto de escaños. Los 75 asientos de la cámara autonómica gallega no se distribuyen siguiendo un criterio proporcional a la población. La mayor parte de ellos (40) se reparten por igual entre las cuatro provincias a pesar de que la diferencia demográfica entre ellas no solamente es abultada, sino que crece año tras año. El resto (35) se asigna en proporción a la población. Eso significa que el 53% de los puestos del Parlamento gallego reflejan en realidad a las provincias antes que a las personas, muy por encima de la proporción que rige en el Congreso y que alcanza el 29%.

En la actualidad, en A Coruña, por ejemplo, viven 1,1 millones de personas y en Ourense apenas 304.000. Tres veces más, aunque los coruñeses solo elegirán este domingo a 25 diputados y los ourensanos a 14. El fundamento de este reparto, que sobrerrepresenta a las provincias interiores (Lugo y Ourense), es garantizar su voz en la Cámara. El resultado es que Ourense y Lugo eligen 14 diputados cada una, mientras que Pontevedra va a escoger 22 y A Coruña, 25.

Y eso tiene efectos indeseados, como que obtener un escaño por Lugo cueste la mitad de los votos que en A Coruña. O, lo que es lo mismo: la papeleta de un elector coruñés que viva en una zona rural (hay muchas áreas despobladas en la provincia) vale la mitad que la de un vecino de la ciudad de Lugo, una capital tan urbana como cualquier otra. Toda una paradoja teniendo en cuenta que la sobrerrepresentación de Lugo y Ourense busca dar más presencia a las zonas rurales, aunque en ellas viva menos gente.

El hecho de que Lugo tenga cinco escaños más de los que le corresponderían y que Ourense tenga seis es la principal anomalía del sistema electoral gallego, pero no la única. El PP impuso, por decisión unilateral de Manuel Fraga, que a partir de las elecciones de 1993 sólo se contabilizaran los votos de las candidaturas que obtuvieran el 5% en cada una de las cuatro circunscripciones en vez de aplicar el límite del 3% que las fuerzas políticas habían aprobado por consenso en 1985.

No fue una decisión inocente: él mismo había ganado por los pelos en las elecciones de 1989 y sabía que con ese ajuste, por pura matemática, saldrían ganando los partidos más votados, gracias al efecto añadido que provoca la regla D'Hondt, diseñada para primar a las fuerzas mayoritarias y perjudicar a las minoritarias.

Son decisiones, la sobrerrepresentación provincial y el porcentaje mínimo, que tienen consecuencias directas sobre el reparto de escaños. En las elecciones de 2009, por ejemplo, las primeras que ganó Alberto Núñez Feijóo, el PP se hubiese quedado en la oposición si el reparto de escaños se hiciese de acuerdo exclusivamente a la población. Es verdad que sí hubiese ganado igualmente las de 2012, 2016 y 2020, pero con dos escaños menos en cada una de esas convocatorias. La razón es que en las provincias de Lugo y Ourense, donde el voto vale casi el doble, hay más electores de áreas rurales, envejecidas y con rentas bajas, exactamente los tres perfiles en los que el PP cosecha más votos.

El porcentaje del 5% también juega a favor de la derecha porque es un espacio político monopolizado desde 1989 por una única formación, el Partido Popular. Del otro lado, la izquierda, en cambio, ha tenido que convivir entre dos y tres formaciones políticas: primero el PSOE y el BNG y después el espacio de la izquierda alternativa representado primero por As Mareas y Podemos y ahora, sobre todo, por Sumar. Como la izquierda tiene más peso en las áreas urbanas, que son las que están infrarrepresentadas en el Parlamento (A Coruña y Pontevedra) y además se ven perjudicadas por la manera en que la regla D'Hondt distribuye los escaños, porque prima a los más votados, la consecuencia es el beneficio en diputados que siempre acaba obteniendo la derecha.

A lo que hay que añadir un tercer factor igualmente relevante: el voto de los gallegos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), que en Galicia se conoce como el voto de la emigración. La paradoja es que de las 476.514 personas que pueden votar en las elecciones gallegas sin vivir en España, la mayoría, unos 336.000, ni siquiera nacieron en Galicia. Lo que significa que una proporción de personas mayor que la población de las provincias de Lugo u Ourense tiene en su mano decidir el gobierno de una comunidad que muchos ni conocen mientras otros cientos de miles de gallegos que viven en España, muchos de los cuales acuden con frecuencia a sus localidades de origen, no pueden expresar sus preferencias.

Este domingo sabremos cómo han votado las personas censadas en Galicia, pero es posible que sigamos sin conocer el resultado de las elecciones. La culpa la tiene el desproporcionado peso que tienen los ciudadanos gallegos con derecho a voto que viven fuera de España y que ya en otras ocasiones han determinado a quien se le asigna el último escaño de una provincia. Las cifras explican su importancia: son el 15% del censo total en A Coruña y Pontevedra, y el 21% y el 28% en las provincias de Lugo y Ourense.

Si el resultado del domingo, como predicen las encuestas, es apretado, y la mayoría absoluta entre bloques de izquierda y derecha depende de un escaño, tendremos que esperar al recuento del voto CERA para conocer el futuro de Galicia. Y estas papeletas no se revisarán hasta el lunes 26, cuando comience el recuento definitivo, que en teoría puede prolongarse hasta cuatro días.

Esta vez, además, puede aumentar el número de sufragios que lleguen del extranjero, porque ya no es necesario solicitarlo. Históricamente, vota una proporción muy pequeña de la población con ciudadanía española y derecho a voto en Galicia, aunque los que lo hacen suelen inclinarse por el partido que gobierna en la Xunta, en este caso, y desde hace 15 años, el Partido Popular.

El motivo no es casual: son, en general, poblaciones dependientes, que reciben servicios de la administración gallega o de centros y sociedades que viven en todo o en parte del dinero público que llega desde Galicia."

Isabel Díaz Ayuso compartió este jueves, a 24 horas del fin de la campaña para las elecciones en Galicia, mitin con el candidato Alfonso Rueda. Venía calentita de la Asamblea de Madrid, donde minimizó la muerte de 9.468 personas, de 9.468 de sus propios vecinos, durante la pandemia en residencias sin ser atendidos en un hospital porque “había muertos en todas partes”. Si se iban a morir igual, vino a decir. No es la primera vez que lo plantea con esa frialdad y total ausencia de empatía. 

Para empezar, estamos ante una mentira. En esta información de Lara Carrasco se desnuda: el 65% de los residentes hospitalizados se salvaron, según los datos… ¡del propio sistema autonómico de salud que dirige la propia Ayuso! Además, la presidenta autonómica (con mayoría absoluta) no tiene posibilidad metafísica de saber si habrían sobrevivido, no sólo porque ella no es médica sino porque ninguna los atendió. 

Lo ha contado muchas veces Manuel Rico, el periodista que destapó en este periódico el Protocolo de la Vergüenza que fijaba la no derivación a hospitales y que se cumplió a rajatabla. Ni se medicalizaron las residencias (aunque se dijo que se haría), ni se derivó a los hospitales públicos, ni se tiró de los privados, bajo control público durante lo peor de la pandemia (a ellos sí pudieron acudir los residentes con seguro de sus compañías), ni se utilizaron las instalaciones de emergencia, como las desplegadas en la Feria de Madrid, donde fundamentalmente iban pacientes leves que no eran residentes y subcontratas a hacer negocio. Como al hospital Isabel Zendal, que sigue asombrando al mundo, pero por el atronador eco que siempre ha reinado en su interior. 

¿Pero no íbamos a hablar de Galicia? ¿No hablamos ya demasiado de Madrid? Sin duda, hablamos demasiado de la capital del reino. Ese Madrid D.F. (Distrito Federal), ese cogollito de la M30 que lo marca todo, muchas veces al margen de las preocupaciones cotidianas de los gallegos, también está presente en la campaña de Alfonso Rueda. Con el recurso a Ayuso en un lugar de máxima proyección (en la ciudad más poblada de Galicia, en la recta final) y con los métodos que, hasta ahora, desde Galicia se habían contemplado con cautela, cuando no con recelo. 

Lejos queda el “Galicia, Galicia, Galicia” de Feijóo en las últimas elecciones, lema que, por cierto (tiene su aquel), precedió a su abandono de la Xunta para irse a Madrid, Madrid, Madrid antes de llegar la mitad de la legislatura. Lejos queda el veto a algunos dirigentes a los que el PP y Feijóo recibían cordialmente en Santiago pero mantenían alejados de los micrófonos y los mítines. Ahora ellos son los dueños del micrófono y los que pulsan el play mientras Alfonso Rueda mueve los labios. No es de extrañar, pues, que Ayuso aparezca como de los últimos cartuchos para remontar una campaña llena de tropiezos y mantener la mayoría absoluta. 

La campaña del PP ha sido una especie de mascletà, pero como la que este fin de semana organiza para disgusto de los colectivos en defensa del medio ambiente el alcalde de Madrid, que por Galicia ha pasado estos días fundamentalmente para celebrar su despedida de soltero (sin duda, le traerá suerte). Exótica, llena de sustos (qué decir de la información sobre los indultos, la amnistía y el terrorismo que salió del propio PP), de ruido, como la resurrección de ETA y su identificación con la izquierda. 

Pero, ¿qué hay, qué queda, cuando se aleja el ruido del último petardo? No mucho. Un atril vacío en el debate de RTVE. Acabó siendo un regalo para Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, que dispusieron de una hora para criticar al “candidato ausente”, desplegar su programa de gobierno y visibilizar que pueden convivir en la Xunta. Un debate ciertamente sui generis que, sin embargo, fue líder de audiencia. Interesó a los gallegos, pero no a su presidente, que no encontró hueco en la agenda para ir.

La imagen de Pontón y Besteiro, la foto del posible cambio, es potente. Como lo fue la sintonía entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en el debate previo a las generales al que Feijóo tampoco fue. Proyectaron, entonces y ahora, que podían gobernar juntos y que tenían la intención de hacerlo mejor que en la última legislatura en España o el bipartito de Touriño y Quintana (2005-2009), experiencias ambas tan convulsas. Se vio a partidos distintos, pero con importantes zonas de encuentro. Y se pudieron escuchar propuestas concretas sobre los grandes asuntos. 

No sabemos qué ocurrirá el domingo. Ni si el mismo domingo sabremos lo que ha pasado, en caso de que el resultado dependa del voto exterior, de abultado censo. El PP sigue siendo un partido muy potente en Galicia, con un suelo muy alto. Eso hace que hasta con un candidato que no despierta pasiones, como Rueda, siga optando a una mayoría absoluta Pero hasta los conservadores reconocen lo abierto del escenario (de ahí los volantazos y las tácticas agresivas) y que la izquierda no ha cometido grandes errores recientes. Por ver está si ha conseguido movilizar en positivo a los suyos. 

A Veiga, en la provincia de Ourense, es un concello que tan sólo tiene 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Al norte, Carballeda de Valdeorras suma un poco más de población. En 2022 eran 6,7. En algunos ayuntamientos de Lugo el escenario se repite. Pasa, por ejemplo, en Negueira de Muñiz, donde sólo viven 4,3 personas por kilómetro cuadrado. O en Ribeira de Piquín, donde son pocos más: 7,8. Los datos, extraídos del Instituto Galego de Estadística (IGE), dibujan un mapa a dos velocidades: una en la que se mueven las provincias interiores y otra a la que se encuentran las costeras de Pontevedra y A Coruña. Las primeras, más envejecidas, más vacías. Las segundas, más pobladas, algo más jóvenes. Pero sólo algo.

Los datos hablan por sí solos. Y hay estudios que confirman que la despoblación y el envejecimiento de Galicia no es sólo algo constatable, sino algo que lleva ocurriendo años y que, además, puede tener efectos socioeconómicos negativos. Alberto José Pazo y María Pilar Moragón lo bautizaron como "demotanasia". En un artículo publicado en 2018 y titulado El despoblamiento de Galicia: la visualización de la "catástrofe" constataron, precisamente, esa Galicia a dos velocidades. Hay, especificaron, una "brecha demográfica entre una Galicia dinámica, que constituye una pequeña porción del territorio, y una Galicia sumida en un proceso acelerado de envejecimiento y despoblamiento". Y es esta, afirmaron, la que preocupa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Despoblación, habla de "municipios en riesgo de extinción" y cataloga como tales los que tienen menos de 1.000 habitantes. Los datos más recientes son de 2016, y entonces se cifraban en 30 los que estaban en esa situación dentro de Galicia. Y todos ellos, como decíamos al principio, están en Ourense, que tiene 24, y en Lugo, que acumula cinco. Sólo hay uno fuera, en Pontevedra: Mondariz-Balneario.

Frente a esto, continúan los autores, hay "un proceso de concentración urbana", una "lógica de aglomeración, que define territorios ganadores y perdedores, territorios con cierta dinámica y territorios abocados a la extinción". ¿Y cuáles son esos ganadores? Pues, como refleja el IGE, los territorios del litoral atlántico. Lo señalan también los autores del informe, que lo enmarcan dentro de un "éxodo agrario" que produjo "un trasvase masivo de trabajadores agrarios a otros sectores de actividad, En Galicia o fuera de ella". Así, continúan Pazo y Moragón, "los ámbitos rurales se convierten, primero, en los principales nutrientes de la emigración exterior de la región y, después, en la fuente esencial de suministro que sustenta la pujante expansión urbana".

Mar Pérez Fra, profesora de la Universidade de Santiago de Compostela, explica en la misma línea que "el eje atlántico que une A Coruña y Vigo es el que concentra la mayor parte del dinamismo económico y demográfico". "En el interior tan sólo tenemos enclaves de capitales de provincia que consiguen incrementar un poco la población que, en términos generales, está estancada", apunta. "Galicia era una de las áreas con mayores densidades de población, pero en el siglo XX perdió, mientras que en el conjunto de España eso sólo ocurrió con la crisis", añade.

Los datos que ofrece el IGE ponen también frente al espejo esta realidad. Si la densidad de población media de Galicia es de 91 habitantes por kilómetro cuadrado, esa cifra escala hasta los 140,9 en A Coruña y los 209,7 en Pontevedra. Y cae, en paralelo, hasta las 41,8 personas en Ourense y 32,9 en Lugo.

La despoblación tiene consecuencias. Y no sólo socioeconómicas. Ese "éxodo agrario" que mencionaban pazo y Moragón ha ido provocando, a su vez y de manera progresiva, el envejecimiento de la población que no lo protagonizó. Bien porque las nuevas generaciones ya nacen en esas áreas urbanas o bien, también, porque esas nuevas generaciones también se están marchando. Y las razones son las mismas. Las expuso Rocío Toxo, de la Universidade de Santiago de Compostela, en su tesis Factores determinantes da emigración rural da poboación moza en Galicia no século XXI.

"La población joven en áreas rurales se encuentra con mayores obstáculos para acceder y consumir aquellos bienes y servicios más demandados en su franja de edad, así como también para poder desarrollar su formación y su vida profesional", señala la autora.

Galicia, en general, es una comunidad envejecida. Concretamente, la tercera de España, sólo por detrás de Asturias y Castilla y León, según los últimos datos del INE. En concreto, la edad media de los gallegos y gallegas es de 48,16 años, mientras que la de los primeros es de 49,3 y la de los segundos es de 48,3. Si afinamos un poco más los datos, esta vez del IGE, observamos que el porcentaje de población menor de 25 años ha pasado de ser de un 20,9% en 2010 al 19,7% en 2022. En el mismo periodo, los mayores de 85 han pasado de suponer el 3,2% del total de la población a ser el 5,2%.

¿Y por provincias? El mapa es idéntico al que se dibuja cuando se habla de despoblación. El porcentaje de ciudadanos menores de 20 años supera el 15% en A Coruña (15,85%) y Pontevedra (16,78%), pero no llega al 14% ni en Lugo (13,51%) ni en Ourense (13,2%). Por su parte, el índice de sobreenvejecimiento —es, decir, los mayores de 84 años— se sitúa en el 23,54% en Lugo y en el 23,19% en Ourense, mientras que desciende al 19,08% en A Coruña y al 18,15% en Pontevedra.

En cualquier caso, y aunque resulte paradójico, en Galicia sólo hay un concello que registra más nacimientos que muertes. Y está en A Coruña. Se trata de Ames, que en 2022 registró un salgo vegetativo de 17 personas. Una década antes, en 2013, esa lista estaba formada por otros 17 concellos, un número que cayó a los siete en 2018, a los cuatro en 2019 y a los dos en 2021. En 2022, además, hubo seis concellos sin un sólo nacimiento. Y sí, Lugo y Ourense se las reparten al 50%.

Todas estas cifras se contraponen con otra que, a priori, es positiva: la inmigración no ha dejado de crecer. Es más, en 2022 se registró, según arrojó el INE, el saldo migratorio más positivo desde que se tienen registros. Llegaron, así, 39.281 personas que antes vivían fuera de España, 14.000 más que un año antes. Pero eso tampoco sirve. Porque aunque en 2022 el dato fue más elevado que nunca, el saldo migratorio positivo lleva años dándose en Galicia. Pero Pérez Fra advierte de que, en cualquier caso, gran parte de estas inmigraciones no son más que retornos de población gallega que emigró durante la década de los 60 y 70. "Es especialmente importante recalcarlo, porque muchas zonas rurales reciben población, pero son personas jubiladas. No se produce, por tanto, una revitalización del territorio", explica.

La única manera de hacerlo es con políticas decididas, dice. En la campaña electoral de 2009, la que llevó por primera vez a la Presidencia de la Xunta al conservador Alberto Núñez Feijóo, el conservador ya situó la crisis demográfica de Galicia entre sus mayores preocupaciones. Pero trece años después las medidas adoptadas, entre ellas la creación de un Observatorio Galego de Dinamización Demográfica y la aprobación de una Ley de Impulso Demográfico, no han logrado resultados. Pérez Fra lo achaca a que siempre se ha puesto el foco en el fomento de la natalidad. "Podemos tener más hijos, pero si el espacio sigue sin ser atractivo cuando crezcan esas personas se seguirán marchando", diagnostica.

Por eso hay que incidir ahí. "Conseguir que el espacio rural sea atractivo se consigue generando empleo", sostiene, y el envejecimiento de la población de esas áreas puede ser una oportunidad. Pero hay otro factor sobre el que trabajar: "Hay que garantizar que esa población que pueda quedarse puede acceder a unas condiciones de vida digna". Es decir, que las áreas rurales respondan también "a parámetros del siglo XXI". También con perspectiva de género. "Entre los jóvenes, quienes más emigran son mujeres, que dedican más tiempo a labores de cuidado para que las que existen servicios en las zonas urbanas", reclama.

En cualquier caso, la situación desemboca en una conclusión clara: el resultado que salga de las urnas este domingo saldrá sobre todo de población mayor. De hecho, según publicó Praza.gal, los votantes menores de 35 van a suponer en estas elecciones la mitad que en 2001. Así, y analizando el censo de residentes en el Estado, se observa que casi un tercio del total (el 32,6%) tiene más de 65 años y que casi 6 de cada 10 (el 59,45%) supera los 50 años. El porcentaje de menores de 35 años es del 16,49%. Por provincias, la misma dinámica: Pontevedra es la provincia con el porcentaje de menores de 35 llamados a votar más alto (17,85%), mientras que Ourense es la provincia con el electorado de mayor edad, con un 38,7% de posibles votantes por encima de 65 años y un 63,5% por encima de 50 años.

El dato es llamativo. A Galicia sólo le gana un país en tasa de mayores de 65 años: Japón. Allí, un 29% de la población ha superado esa edad, mientras que en Galicia lo ha hecho el 26%, siendo la segunda autonomía más envejecida tras Asturias. Galicia tiene cada vez más arrugas. La población mengua, algo que no ocurre en el resto de España. Desde 2010, Galicia ha perdido tantos habitantes como tiene Ourense, la tercera ciudad de la comunidad: unos 107.000. Según el INE, sólo un concello, Ames, al lado de Santiago pero con precios más asequibles, tiene más nacimientos que defunciones. 

Hay muertes, récord a la baja de natalidad y mucha emigración, también de jóvenes formados que se ven obligados a buscarse la vida fuera. Galicia siempre ha sido exportadora: de pescado o productos agroalimentarios, ahora de energía eólica (sin que revierta apenas en la riqueza local), pero históricamente de buena y barata mano de obra, como consecuencia de una enorme pobreza. Ahora, exportamos talento, técnicos y universitarios bien formados en los campus de las grandes ciudades y obligados a comerse el mundo fuera por no tener oportunidades atractivas (u oportunidades, a secas) en casa. 

La Xunta presume de datos de empleo (en términos EPA, Galicia está dos puntos por debajo de la media española en tasa de paro), pero se olvida de la enorme sangría en la población activa. Si hay menos personas para trabajar (porque son mayores o porque han emigrado), el dato deja de ser tan bueno. Japón, por cierto, se sitúa en el entorno del 2,5%. No en todo vamos a ser japoneses. Tampoco en su potencia económica.

La pregunta es si tiene arreglo. O si Galicia está condenada porque carece de recursos naturales o de agua, como ocurre en otras zonas de España y del mundo. Cabe preguntarse si Galicia no tiene posibilidades para desarrollar su industria o si es una tierra incapaz de atraer turismo o visitantes (desde hace más de un milenio), si no es capaz de formar a sus jóvenes para que compitan en un mundo global. 

Sobran ejemplos de lo contrario. De ciudadanas y ciudadanos brillantes (y de muchos más enormemente ingeniosos), ejemplos de empresas punteras (qué decir de Inditex, un gigante mundial con sede a unos kilómetros de la Torre de Hércules), cultura y atractivo. A ver si va a ser que podemos gestionarnos un poquito mejor. 

Hace unos días, Fernando Varela diseccionaba en infoLibre el retroceso industrial y económico. El índice de producción industrial estaba en 2022 al 80% de lo que representaba en 2008, con marchas sonadas y otras inminentes, como la central de Alcoa, con cierto protagonismo en campaña. La fusión de las cajas gallegas (“solvencia e galeguidade”, presumió Feijóo en la foto con sus máximos responsables) acabó en fiasco (la entidad se la quedó capital foráneo), rescate del Estado y directivos en la cárcel. Otras grandes promesas se quedaron en nada. 

La situación no es buena, entre otros motivos, porque el sujeto político que tiene que decidir sobre ella (Galicia en unas elecciones gallegas) apenas ha tenido estos elementos en cuenta en unos comicios tradicionalmente menos interesantes para el electorado, que en consecuencia se abstiene más que en las municipales o generales. 

Como si dirigir la Xunta, que según su Estatuto de Autonomía tiene la competencia en Industria, fuese un trabajo burocrático, de mantenimiento. De salir a empatar mientras nos entretenemos con otras cosas. Como si desde la Xunta no se pudiera dar un gran impulso político y económico a la comunidad en vez de sólo quejarse de que otras juegan mejor sus cartas. Como si hubiera que conformarse con “ir indo” (ir tirando) y confiar en alguna rebajita de impuestos que pueda ahorrar unos euros, generalmente a rentas más altas que bajas, mientras se restan recursos a lo público, esa fuerza tractora imparable cuando se usa bien.

Es difícil de entender cómo una comunidad con tantas posibilidades y un horizonte demográfico explosivo no se revuelve por dentro mientras ve los años pasar y las tendencias agudizarse. Y no será porque “Galicia funciona”, como pregona el lema de un PP cuya campaña electoral también envejece a pasos agigantados. 

Galicia fue hasta 2007 la potencia española de la industria eólica, pero Castilla y León, La Mancha y Aragón la adelantaron por la derecha. Durante los siguientes años la preocupación de los gallegos fue que la ralentización de esta industria castigase la economía regional, mientras que hoy lo que temen en las zonas rurales es que su expansión se haga a costa de la naturaleza y sin dejar empleo en la zona. En todo caso, los molinos de viento no parecen preocupar a la gran mayoría de los gallegos, según el CIS, y en campaña electoral el tema ha pasado desapercibido.

En el debate a cinco de la televisión autonómica el asunto se trató de refilón, recuerda Diego Mo Groba, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago. "No parece que sea un tema que preocupe estos días, o por o menos no es un mensaje que hayan tratado de colocar los partidos", afirma. "La Sanidad y los pellets han sido los asuntos más polémicos, pero creo que la eólica es un tema de nicho que preocupa en los lugares donde tiene impacto", añade el experto. También afirma que el PP ha tratado de jugar los comicios en clave nacional, centrando el debate en la amnistía y los errores de Pedro Sánchez.

En abril del año pasado el movimiento contra la eólica cogió mucha fuerza en Galicia después de que 75 proyectos de construcción recibiesen en enero una declaración ambiental positiva, un paso preliminar para su instalación. En esas fechas, el Ministerio de Transición Ecológica también publicó las zonas donde se podrán construir en los próximos años centenares de molinos flotantes, y buena parte irán frente a la costa gallega, una noticia que encendió todavía más el debate.

Sin embargo, el CIS de enero de Galicia arrojó que este asunto apenas tendrá impacto en las elecciones de este domingo. El paro, la sanidad y el desgaste político de la Xunta son la principal preocupación de los ciudadanos, mientras que el medioambiente es el principal problema del 0,8% de los encuestados. La última protesta contra la eólica, en noviembre, apenas congregó a unas decenas de personas frente al parlamento autonómico.

La construcción de molinos en Galicia llegó como una ola entre 1995 y 2007, y durante esos años apenas contestación social. La crisis económica y el recorte a las primas de las renovables hundieron el mercado en la siguiente década, pero ahora se espera que vuelva a despegar con las nuevas generaciones de molinos de mayor tamaño. Sin embargo, una parte de la población está preocupada por el impacto ambiental de los aerogeneradores en zonas de montaña.

En Galicia hay unos 4.000 molinos en funcionamiento con una potencia de 3.900MW, el 12,7% de la potencia instalada en España. A estos se suman, según Red Eléctrica, otros 7.216MW de potencia en forma de molinos que ya tienen permisos de conexión a la red y que solo falta instalar. Es decir, hay miles de aerogeneradores esperando a ser construidos en la región de aquí a 2030, aunque una parte probablemente se caiga. 

Adega, la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, es una de las más combativas con la Xunta y ha llevado en el último año más de una treintena de proyectos a juicio para tratar de frenarlos. La ONG entiende que algunos promotores han fragmentado proyectos eólicos para facilitar y acelerar la tramitación ambiental, porque a partir de 50MW de tamaño es el Ministerio de Transición Ecológica el que evalúa, y por debajo es la Xunta. En otros casos, Adega cree que la Conselleria de Medio Ambiente ha sido muy laxa al estudiar el impacto de los molinos en el entorno. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado dos proyectos denunciados por la organización ecologista y ha paralizado cautelarmente un tercero.

 "Hemos encontrado proyectos ubicados en ecosistemas de turberas o humedales. La Xunta ha promovido una oleada de molinos sin hacer los deberes en conservación", critica Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega. Se refiere a que en la región llevan más de 15 años intentando ampliar las tierras protegidas por la Red Natura 2000, una zona donde no se puede levantar molinos, pero la Xunta ha evitado aumentar su extensión. De hecho, solo el 12,3% del territorio está dentro de la Red Natura 2000, mientras que en el resto de comunidades autónomas supera el 20%.

La patronal del sector, la Asociación Eólica de Galicia, ha declinado participar en el artículo debido a la cercanía de las elecciones. Un profesional que prefiere no dar su nombre lo explica así: "Por primera vez hay una sensación de no se sabe qué va a pasar", dice en referencia a las elecciones del domingo, donde los dos bloques llegan prácticamente igualados. Esta fuente reconoce que la industria eólica ha estado durante mucho tiempo en Galicia en el punto de mira y se ha politizado por el enfrentamiento entre promotores y ecologistas, por lo que entiende que estos días el sector mantenga un perfil bajo.

Otro de los problemas que denuncian diferentes actores es la falta de planificación de la Xunta sobre el sector eólico. Su construcción no está estructurada en un plan de ordenación ni se combina con una política industrial para dejar empleo en la zona. "En 2017 se liberalizó el sector y ahora llega un boom de proyectos que no mejoran la economía de los pueblos ni de la comunidad autónoma", critica Xavier Simón, director del Observatorio Eólico de Galicia, vinculado a la Universidad de Vigo. "No hay obra civil ni impulso industrial y aquí solo quedan algunas fábricas de tubos, pero las palas vienen de Portugal o el extranjero", añade.

La producción de molinos era una industria potente en Galicia hasta que Gamesa y Vestas cerraron sus dos fábricas de componentes en 2021, y ahora prácticamente toda la fabricación eólica regional corre a cargo de GRI, una filial de Gestamp, que tiene una fábrica de tubos que sirven de pilar para los molinos ubicada en Carballiño (Ourense), donde fabrica unas 500 torres al año para exportar al extranjero. También quedan algunas empresas de montadores o ensambladores de eólica, pero el sector está desmantelado.

Por otra parte, el debate a cinco emitido en TVG dejó unas declaraciones de la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, prometiendo la creación de una empresa pública eléctrica en Galicia para que los molinos dejen beneficios en los municipios. El argumento es que la comunidad produce mucha más energía de la que consume, y esos molinos sirven para alimentar a otras regiones importadoras de energía, una crítica que también se ha escuchado en otras comunidades autónomas, especialmente las que rodean a Madrid. En 2021 Galicia generó un 138% de la electricidad que consumió, es decir, que exportó una buena parte, aunque otras cinco comunidades produjeron un porcentaje todavía mayor.

Normalmente son las regiones más grandes las que más energía generan, pero las organizaciones civiles reclaman que este esfuerzo repercuta sobre la población local. Una parte es a través de impuestos, y en 2021 la eólica en Galicia pagó 100 millones de euros en tributos, según sus cifras. El problema es que ese dinero no termina impulsando la economía local, por eso Adega reclama un plan territorial antes de instalar los miles de molinos pendientes. 

El municipio de Muras (Lugo) es un claro ejemplo de cómo los beneficios energéticos no logran ayudar a los vecinos. Pese a tener 381 molinos para 640 ciudadanos, su renta media por habitante ha crecido al mismo ritmo que la de los municipios que lo rodean en los últimos años.

El BNG podría rebautizarse también como el BNZ. Y es que los jóvenes gallegos, a mocidade, han abrazado a la formación de Ana Pontón como su opción favorita de cara al 18 F. La intención de voto entre los jóvenes de 18 y 24 años, según el último sondeo preelectoral del CIS, se sitúa en un 40,6%, el doble que el PP (con un 20,6%) y muy por encima del PSdG (11,2%), Vox (3,7%) y Sumar (2,9%).

Y es que el Bloque tiene sus mayores niveles de aceptación entre los jóvenes y sus apoyos van descendiendo conforme se va incrementado el tramo de edad. Por ejemplo, es la opción con más apoyos de cara al domingo entre todos los grupos de electores por debajo de los 44 años. Es a partir de esa franja donde el PP se convierte en la formación principalmente elegida. Los de Ana Pontón registran su dato más bajo de intención de voto para el domingo entre los mayores de 75 años (15,9%), siendo superados por el PP y el PSdG.

El Bloque se ha ido convirtiendo con el tiempo en la opción que conecta más con los jóvenes. Por una mezcla de circunstancias, como comentan varios politólogos y sociólogos, que van desde que ha logrado capitalizar la imagen del “cambio” en Galicia hasta el diseño una campaña menos convencional y con mucha presencia en redes pasando por la personalidad de la propia candidata.

Los nacionalistas gallegos también son identificados con algunos de los valores que mejor conectan con las nuevas generaciones como el feminismo. Ana Pontón se presenta como la primera mujer que puede llegar a presidir la Xunta de Galicia. Asimismo, el BNG lleva por delante la bandera verde en un momento en el que la generación Z está especialmente sensibilizada con la lucha contra el cambio climático. Da, además, mucha importancia a asuntos de carácter social frente a los temas identitarios, poniendo en primera línea en su política cuestiones cruciales para los nuevos votantes como la vivienda.

Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, ahonda en la cuestión: “Las cohortes más jóvenes son las más reactivas al contexto y más propensas a votar el cambio”. Esta generación, comenta, se han socializado en un entorno de hegemonía del PP, por lo que buscan un vuelco. Con otra apreciación: “Ahora lo que se lleva es el BNG y un joven menos politizado vota según lo que es más trendy en cada momento”.

El politólogo ramifica la explicación: “Hay otros factores también. La candidata del BNG es joven y mujer, eso sin duda ayuda, además de haber sido la cara reconocible de la oposición”. “Además, votar BNG es votar izquierda, pero sin casarse con el Gobierno central. Por lo tanto, es un voto de cambio, pero sin ser izquierda sistema. Como le pasó antes, por ejemplo, a Más Madrid”.

Ana Salazar, politóloga y directora de Idus 3, insiste en el hilo argumental de Simón: “Los jóvenes son los más proclives al cambio. Algo parecido pasó con Vox en su momento cuando despega. Son las cohortes de edad que suelen impulsar a un partido. Y, además, ven que la opción ganadora puede ser Ana Pontón por encima del PSdG. Es lo normal”. Para incidir en la figura de la propia aspirante a la Xunta: “Hace mucho su frescura y ser mujer”.

Pontón es la aspirante que recibe de largo la mejor puntuación de los menores de 24 años, según el CIS, con una nota media de un 6,42 (por encima del 5,89 en general que tiene de todos los votantes). El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es el que menos gusta en la generación Z, ya que es suspendido con un 4,43. Entre la aspirante del BNG y el del PP está situados Xosé Ramón Gómez Besteiro (PSOE), con un 5,19, y Marta Lois (Sumar), con un 4,97. Además, la representante del Bloque arrasa en la pregunta de quién más se preocupa de los temas gallegos, con un 49%. Muy por delante del popular (16,8%) y del socialista (4,5%).

Para la politóloga Verónica Fumanal el éxito del BNG está en esa conexión con las políticas que demandan los jóvenes por encima de que hubiera ahora un sentimiento nacional más exacerbado. “Además, el BNG está haciendo una comunicación política muy específica para las nuevas generaciones. Han entendido que es muy difícil cambiar el voto de las personas que tradicionalmente han votado al PP. Las personas mayores tienen un voto muy identitario con el partido. Desde hace tiempo, el Bloque va hacia el voto joven”.

El director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España, José Pablo Ferrándiz, traza la evolución del BNG entre este electorado, que se decantaba mayoritariamente por En Marea en las elecciones de 2016. Entre las causas, argumenta, para su subida entre los menores de 24 años es que durante estos años se ha convertido en “la oposición real” al Partido Popular en el Parlamento autonómico.

Para agregar que la “figura de Ana Pontón ha transformado la imagen” del partido: “Ha dado un giro de una formación nacionalista, como ha pasado con Bildu, a una donde el componente identitatario pasa al segundo plano y cobran más importancia temas sociales que afectan a los jóvenes en su día a día”. Ya nadie, continúa, ve al Bloque como algo “radical”, sino que es más “moderado en sus formas y políticas”.

Otra cuestión “muy importante, prosigue Ferrándiz, es que el BNG ha demostrado en los municipios que gobierna un “cambio” real y no se ha quedado en una izquierda teórica. “Los jóvenes han percibido que tiene capacidad de transformar la realidad social”, remarca, para poner también en contexto que al PSdG se le encuadra en una “izquierda más conservadora”, Sumar es “demasiado nuevo” y Podemos está “prácticamente desaparecido”. “Aquel recuerdo de las mareas ha sido asumido por el BNG, aquellos apoyos votan hoy al Bloque”, concluye.

A pesar de la imagen de desmovilización de los jóvenes respecto a la política, los jóvenes gallegos muestran un grado de interés por las elecciones superior al de sus mayores. Un 53,4% está siguiendo las noticias del 18F con mucho o bastante interés. Y su fuente de información de manera arrolladora son las redes sociales (un 77% consume la campaña de esta manera), por encima de la prensa (45,1%) y la televisión (42%). En el extremo opuesto está la radio, que sólo escucha el 9,7% para saber cómo va la disputa de los comicios. Reflejo de ello es que el BNG gana por miles de seguidores a los socialistas y populares en TikTok, Instagram y X.

Los pellets han desaparecido de la actualidad. El problema medioambiental causado por las más de 20 toneladas de microplásticos extraviadas a principios de diciembre no es un asunto de campaña. La Xunta, evidentemente, no quiere hablar de ello y el volumen recogido y número de voluntarios han ido decayendo. La gravedad no se asemeja a la del Prestige (que marcó a la sociedad gallega hasta retirar la mayoría al PP) pero el modus operandi de la Xunta, sí.

Como ha afeado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha publicado Praza, la Xunta pasó de pedir lo que Teresa Ribera llamó “la Armada Invencible” (por la cantidad de recursos) al Gobierno de España a mentir sobre la utilización de los que tenía a su disposición. Todo ello pese a decir, contra toda evidencia científica, que donde más necesaria era la ayuda no era en la recogida sobre la arena sino en el mar para una tarea casi imposible. 

He aquí un ejemplo de impostura que no ha sido el único en la campaña electoral. La Xunta supo desde el 13 de diciembre, cuando se empezaron a recoger las primeras bolitas, que había un problema. No hizo nada durante semanas, luego culpó al Gobierno, le pidió ayuda y lo criticó por no darle la que pedía mientras los barcos de titularidad autonómica sólo salían a buscar pellets en las notas de prensa. Utilizó un 40% de los helicópteros y embarcaciones que aseguraba que estaban manos a la obra. Ante datos así, las declaraciones grandilocuentes y el recurso al victimismo caen por sí solos. 

Cabe preguntarse qué habría pasado de estar ante una catástrofe medioambiental si, más que actuar con lo que tiene a su disposición, el Gobierno de Galicia se enfrasca en acusaciones cruzadas y en trucar notas de prensa para hacer que hace. 

Las responsabilidades judiciales por el vertido amenazan con ser otro campo de batalla entre Xunta y Gobierno si el PP conserva su mayoría absoluta, como cuenta aquí Daniel Lara.

Eclipsada por el gol en propia puerta que Feijóo le ha metido a Rueda por sus tratos con Puigdemont, la campaña del PP ha estado llena de imprevistos, que es justo lo que no quería. Desde la crisis de los pellets hasta el recurso a ETA (en este caso, contra el BNG), el PP está tirando de viejas estrategias para ganar las batallas de siempre, pero se ha visto incapaz de esconder las muchas grietas en el casco de un navío que sigue teniendo unas dimensiones notables, pero que se la juega a todo o nada. O llega pronto a puerto, aunque sea por la mínima, o se hundirá aunque sea a pocas millas de la costa. 

La campaña se le está haciendo larguísima al PP, y aun así mantiene posibilidades de seguir en el poder, contra viento y marea. Todo ello si la izquierda no se moviliza lo suficiente.

Reconozco que mi falta de pasión por las encuestas va en aumento. También que lo primero que no hay que hacer es generalizar, porque hay empresas e institutos serios, tanto en el trabajo de campo como en la cocina o en la explicación transparente de sus resultados. Combinar los tres elementos es difícil en un estudio al que a veces exigimos dotes adivinatorias y donde deberíamos prestar más atención a la evolución de tendencias.

No es menos cierto que abundan los gurús borrachos de su propio ego y los piratas sin escrúpulos. Demasiados medios de comunicación han visto en las encuestas una especie de comodín maleable al gusto, sin control de calidad y, por tanto, cutre en su elaboración y de precio barato, que permite impulsar objetivos partidistas (no diremos, por respeto, principios editoriales). Anima o desmoraliza a las formaciones reflejadas en la foto y permite dar carrete a tertulianos que disfrazan su opinión de una falacia de autoridad. Y así se construye una profecía autocumplida que nada tiene que ver con el análisis técnico y orientativo de un sondeo bien hecho.

En infoLibre siempre hemos procurado publicar análisis independientes, con una mirada propia, como este firmado por Rafael Ruiz, de Logoslab, una relectura del CIS que apunta a que el PP conservaría la mayoría absoluta con una horquilla de 38 a 40 escaños. Lo mismo decía el trabajo publicado tras el CIS anterior, en enero. 

Y eso no quiere decir que en infoLibre no creamos que el cambio es posible o queramos hacer un favor o un roto a nadie. Estoy convencido de que hay posibilidades de cambio, por lo que hablo con gente sobre el terreno, el tipo de estrategias de campaña de cada partido, por cómo van evolucionando con los días (los volantazos no suelen ser un signo de seguridad), el perfil de los candidatos o, por qué no decirlo, porque conocemos ejemplos de errores en lo que parecía una conclusión unánime más grandes que la catedral de Santiago. Pero eso no es un estudio demoscópico. La opinión (ni aunque parta de personas honestas) no es información. La fe no es ciencia. 

La ley electoral impide publicar encuestas después del último lunes de la campaña. Lo que nos dicen algunas de las actuales es que el PP puede revalidar su mayoría absoluta, pero que va justito. Y ya hay varias, empezando por 40dB, de indudable prestigio, que dicen que puede perderla. Que el BNG encabeza con gran claridad la alternativa, que el PSOE parece no haber despegado y que hay votos que no se convertirán en escaños. 

Todo encaja con un análisis político básico: el PP es un partido muy fuerte en Galicia, que ha sabido tejer una tupida red de poder y cerrar el paso a sus competidores desde hace décadas. Ana Pontón lleva años liderando una estrategia in crescendo que ya tiene perspectiva y resultados que van en detrimento del PSdeG, con el que comparte un buen pedazo del electorado y que ha llegado más tarde a la campaña. Y los partidos que podrían no lograr representación han cometido muchos errores, demasiados, cuando no podían permitirse casi ninguno. 

Dicho esto, la izquierda puede gobernar en Galicia. Primero porque el PP parece tener poco colchón en las encuestas que le permiten soñar. Porque se acaba de pegar un tiro en el pie al revelarnos que mientras se oponía con fiereza a la apuesta del Gobierno sobre Cataluña y agitaba calle e instituciones, pasteleaba con Junts por si sonaba la flauta. Porque la campaña está siendo lo contrario de lo que buscaba Alfonso Rueda: unas semanas, entre las Navidades y el Carnaval, donde no pasase nada (y ha habido pellets, manifestaciones masivas por la sanidad o torpedos procedentes de la propia Génova). Porque lleva una semana tratando de azuzar el miedo contra el BNG asociándolo directamente con ETA, casi como si Ana Pontón fuese una peligrosa terrorista (Bildugá, llama Federico Jiménez Losantos al BNG). Porque el reverso de las décadas de preeminencia es el desgaste, cuando no el hartazgo acumulado ante datos económicos o sociales que no mejoran. Porque la izquierda, más allá de ir dividida (y eso ya es bastante hándicap), está volcada, no ha caído en el cainismo ni cometido grandes errores. Y eso es novedad. 

Desde ahora no se pueden publicar encuestas, pero sigue habiendo campaña sin que haya dado tiempo a metabolizar las revelaciones de Feijóo (que, por cierto, han sido minimizadas hasta por los que en su partido y entorno mediático no le pasan una al independentismo: hay que apretar). Y sabemos que cada vez más ciudadanos deciden a última hora su voto. 

El 23 de julio nos enseñó que las segundas semanas de campaña pueden ser determinantes (que se lo digan a Feijóo), que no acudir a los debates para no arriesgar puede ser contraproducente y que la democracia se ejerce en las urnas, no en sondeos tantas veces interesados. Eso es lo apasionante, y los que creemos tanto en el poder de la democracia como en la calidad de la información (encaje o no con nuestros sentimientos o creencias), tenemos la obligación de decirlo. Y que pase lo que tenga que pasar, no que el derecho a la participación política se convierta en una mera ejecución de la encuestocracia. 

Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.

Si se toma como base el año 2008 para calcular la evolución del índice de producción industrial de Galicia, justo el último año antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta, el resultado en 2022 sería de 80,2. Casi 20 puntos menos. “Este último dato sugiere una caída de la producción industrial gallega, ya que la actividad de 2022 está muy lejos de alcanzar la dimensión existente antes del inicio de la crisis en 2008”, asegura Juan José Ares Fernández, profesor de Fundamentos de Análisis Económico, en A Economía Galega, Informe 2022, el último publicado por la Universidad de Santiago. 

“Este freno está motivado, entre otras causas, por las ventajas competitivas de otros territorios que incitan a externalizar procesos productivos”, razona el citado documento. “A medida que transcurren los años, el sector industrial depende cada vez más de la producción y el mercado que se desarrolla en economías alejadas”.

Los últimos quince años de gobiernos del PP, los trece primeros bajo la batuta de Feijóo y los dos últimos responsabilidad de su sucesor, Alfonso Rueda, están sembrados de grandes fracasos. Lo ocurrido con las cajas gallegas es uno de ellos. El 29 de noviembre de 2010 Feijóo apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y los celebró como un “hecho histórico”, una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

No había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros de los que el supervisor dio por perdidos 9.178: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros. Y le dio la oportunidad de pagar esa suma en cómodos plazos.

Apenas unos meses antes –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre del mismo año.

Galicia se quedó sin cajas de ahorros. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad ya no tiene bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de este, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no solamente se perdieron 9.178 millones de euros de dinero público, sino que se llevaron a cabo cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones —la mitad de la plantilla—, y en el cierre de 300 sucursales. Todo para que la entidad, apenas un año después de ser vendida, empezase a dar beneficios millonarios.

Pescanova es otro buen ejemplo. Con el fin de esquivar los efectos de la crisis de 2008, el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro asumió su destacado rol político para clamar por el desalojo de la Xunta de PSdeG y BNG detrás del cual se ocultaban los primeros compases de una trama para esconder la millonaria deuda del grupo y engañar a miles de inversores, organismos reguladores y acreedores. 

La compañía quedó en manos de la banca hasta que en 2015 se creó el Grupo Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España en ese momento, con 1.000 millones de euros de facturación, la mayor flota pesquera congeladora del mundo y 11.000 empleados. 

Abanca, convertida en su principal accionista, anunció en 2023 el traspaso de la mayoría del capital al grupo canadiense Cooke con el argumento de que no podía mantener tal participación —superaba el 97%— en una compañía que aportaba un importante riesgo en su balance. Su plan era quedarse con el 20% después de que Cooke pagase 100 millones y asumiese alrededor de otros 700 de deuda.

La operación, sin embargo, fracasó el pasado otoño. Abanca renunció a la venta al no llegar a un acuerdo con la canadiense Cooke. “Hemos decidido aparcar el proceso de búsqueda de un socio industrial”, anunció en octubre el presidente del banco, Juan Carlos Escotet. El futuro de la compañía, que no hace tanto tiempo era uno de los emblemas de Galicia, sigue sin estar asegurado.

La central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) agotó sus últimas existencias de carbón y se apagó definitivamente el pasado octubre después de 47 años operando. Se desconectó la caldera para posteriormente desacoplar la instalación de la red eléctrica, poniendo fin a una era desde el punto de vista industrial y económico de la que también formaba parte la central de Meirama (Cerdeda), cerrada por Naturgy en 2020. 

La cada vez menor rentabilidad económica de la quema de carbón, el abaratamiento del precio del gas, la mayor producción de energías renovables, la menor demanda y el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono explican el declive de las centrales térmicas de carbón, impulsado también por las exigencias europeas de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. As Pontes y Meirama han cerrado, pero las comarcas afectadas siguen sin alternativa laboral e industrial que compensen el desmantelamiento de ambas centrales.

Hace doce años, en septiembre de 2012, Feijóo protagonizó el que quizá haya sido el mayor fiasco de su carrera. En víspera de las elecciones, la Xunta anunció de urgencia la firma de dos contratos con la petrolera mexicana Pemex: uno con el astillero público Navantia de Ferrol y otro con el privado Barreras, en Vigo. Las promesas anunciadas aquel día incluían miles de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de La Coruña. 

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, un histórico astillero que acabó quebrado. Barreras ya no existe. Tras 130 años, quedó liquidado en 2012. Diez años antes comenzó el idilio con Pemex, que adquirió el 51% de la empresa viguesa por algo más de 5 millones de euros y con el apoyo de la Xunta. 

Un rastro de promesas incumplidas alrededor de Pemex, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sombras y muchas dudas por resolver siguieron a lo largo del tiempo.

Alcoa es el caso más reciente. El complejo, construido en los años 70 en Cervo, sobre 500 hectáreas de la costa de Lugo, con la intención de alimentarlo después con una central nuclear proyectada en Xove y que nunca llegó construirse, creó miles de puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en una zona dominada por la actividad agraria y pesquera.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que la privatizó en el año 1998 vendiéndosela a la multinacional americana que hoy le da nombre. Los elevados precios de la electricidad son claves para una industria que depende y mucho de ella, hasta el punto de que sus propietarios llevan cinco años moviéndose entre planes de venta y excusas para un cierre que amenaza el futuro de A Mariña.

Lo último, en estos momentos es el reinicio de las cubas de la empresa en el marco de un plan de viabilidad firmado entre Alcoa y el comité de empresa, un pacto que la empresa advirtió que no cumpliría, después de volver a amenazar con un cierre poco antes de unas elecciones, anunciar el retraso en el reinicio que ahora lleva a cabo y reclamar ayuda a las administraciones, un proceder habitual en las últimas convocatorias electorales en Galicia e incluso a nivel estatal.

Los hechos. El jueves, Carles Puigdemont advierte de que “se sabrá todo” en relación a las negociaciones para investir a Alberto Núñez Feijóo. Tuvieron lugar en verano y el propio líder del PP las anunció primero, las avaló después pero siempre ha rehuido explicarlas. Puigdemont asegura, además, que de haberlo hecho presidente, o de haber frustrado la investidura de Pedro Sánchez, se habrían evitado “shows” como las investigaciones del los jueces Aguirre o García Castellón sobre terrorismo, cuyos pasos coinciden con la tramitación de la amnistía.

El viernes, tan solo unas horas después, fuentes del más alto nivel dentro del PP transmiten sorprendentes informaciones a periodistas de varios medios que siguen en Galicia la caravana de jefe de la oposición. Se resumen en cuatro: 1. Junts pidió una amnistía y el PP se dio 24 horas para estudiarla antes de decir que no. 2. El PP está a favor de indultar a Puigdemont con condiciones. 3. El PP cree que asociar terrorismo al procés no tiene recorrido judicial. 4. Es necesario un “plan de reconciliación” con la Cataluña independentista.

Antes de analizar el contraste de estas nuevas posiciones del PP con estos últimos seis meses de agitación, manifestaciones constantes y críticas a las instituciones, es importante tener en cuenta varios detalles. 

El primero: esas palabras fueron interpretadas por periodistas muy diversos y solventes de manera casi idéntica, (aquí, aquí, aquí, aquí o aquí). Además, el partido no ha dicho que sean mentira. No ha emitido desmentido alguno, aunque sí se ha esforzado en difundir desde la medianoche del sábado al domingo muchos más mensajes para complementar o contextualizar a su favor sus propias revelaciones. Por último, se trata en todo momento de una versión de parte, que fue publicada porque provenía de una fuente al más alto nivel y atribuyéndosela como tal. Es decir, que hay que creer que el PP estudió una amnistía 24 horas y no una semana o dos, o que cree imprescindible el acatamiento de la legalidad (y poco menos que una genuflexión ante la Constitución) a cambio del indulto. Y que no hay nada más que lo que el PP ha decidido admitir. 

La pregunta más evidente es: ¿por qué este giro de guion, merecedor de más premios Goya que La sociedad de la nieve? Y, en especial, ¿por qué desbaratar tu eje permanente de confrontación con el Gobierno como líder de la oposición y, ahora, el de tu propia campaña en Galicia, donde peligra la mayoría absoluta?

Puede que el PP temiera, o incluso supiera, que sus negociaciones secretas fueran a trascender de forma inminente y quisiera adelantarse un poco para tratar de controlar su impacto a unos días de las elecciones, disponiendo aún de una semana para reconducirlas y buscar cambiar de tema. O que el contenido de esas negociaciones sea infinitamente más dañino para el PP y letal para Feijóo. 

En cualquier caso, sigue el manual de lo que en periodismo se llama una “voladura controlada”. Si sabes que va a explotar, trata de manejarlo para minimizar daños. Una manera de neutralizar el “se sabrá todo” con una admisión a la que otorgar credibilidad frente a otra versión, la de Puigdemont, que en todo caso llegaría después y podrías intentar desacreditar. 

El PP lleva meses asegurando que la amnistía acaba con la democracia, la igualdad entre españoles y la división de poderes y ahora sabemos, por el propio PP, que estudió una propuesta durante 24 horas, si es que fueron solo 24 horas. ¿No tenían clara su postura los conservadores, en plena resaca de los resultados del 23J y después de años de reivindicaciones independentistas? ¿Tenían que pensar si cabía en la legalidad, admitiendo que quizás pudiera tener encaje? ¿Cómo es posible que llegasen a valorarla siquiera, aunque fuese un segundo?

El PP se ha opuesto a todos los indultos relacionados con el procés. Ha convocado manifestaciones contra ellos. Recurrió los de la pasada legislatura ante los tribunales, al considerarlos ilegales. Llamó de todo a Pedro Sánchez y los que los defendieron, como hicieron, por cierto, algunos insignes socialistas históricos. Y este domingo Feijóo asegura, ya ante los micrófonos, que no se dan “las condiciones” (a pesar de que la ley da amplísimo margen al Gobierno para decidir siempre que haya sentencia firme). Es decir, que el PP sí estaría dispuesto a indultar a Puigdemont y ahora ya depende del cómo. 

En público Feijóo dice que “el terrorismo es terror y en Cataluña hubo días de absoluto terror”, por lo que pudieron cometerse actos de terrorismo y pide respeto para el juez que, en vísperas de la aprobación de una amnistía, activa una investigación que durante años había descartado. Pero en privado, el PP cree que es muy difícil probarlo. Es decir, que al mismo tiempo que arengan a jueces y fiscales a que investiguen el terrorismo, en privado los dejan atados de pies y manos al instrumentalizarlos para algo sin recorrido. ¡Viva el respeto a los jueces y fiscales!

Feijóo es mucho menos astuto y sólido de lo que intenta aparentar. En el cortísimo plazo (tanto que ya pasó), negociar con Junts su investidura se ha demostrado un error estratégico enorme si al mismo tiempo quieres acusar a tu rival de hacer lo mismo. Esa decisión y las reuniones clandestinas durante el verano no fueron una improvisación. Si se trataron de un intento desesperado por la cuadratura del círculo (luz verde a la vez de Abascal y el de Puigdemont) reflejan una notable falta de visión de la política española impropia de tantas décadas de experiencia.

Pero puede que Feijóo estuviese en realidad jugando al medio plazo aun asumiendo los riesgos de que el corto se lo lleve por delante. Mirando a varios años vista, el líder del PP parece estar buscando en Junts un aliado que pueda compensar su total falta de alianzas más allá de la ultraderecha. Sería el colmo del cinismo, pero en esa hipótesis, nadie más que Feijóo anhela la amnistía que rumió durante 24 horas. La normalización total de Junts por parte de la actual mayoría en el Congreso podría facilitarle posibles pactos, pero sólo si sigue comiendo terreno a Vox. De ahí que se solapen en el tiempo una agresividad total contra Junts (para mimetizarse con Vox) con la siembra en secreto de un futuro entendimiento. Todo por la convivencia. 

Quizás la conclusión más escalofriante es la naturaleza de estas maniobras. Sánchez nunca ha ocultado que las circunstancias y la aritmética están en el origen del cambio (llamativo) de algunas de sus posiciones. Lejos queda la calificación de rebelión que sostuvo el líder socialista (descartada por unanimidad por el Supremo) o el rechazo por inconstitucional a la amnistía que los independentistas habían registrado en el Congreso. Lo ha explicado y, comprensiblemente, le han llovido las críticas. Para la historia queda la frase de “hacer de la necesidad, virtud” y, en cada cita electoral, podrá ser evaluada por el votante.

Se trata de gobernar España, de llevar a cabo muchísimas otras políticas sabiendo que tampoco hay alternativa viable, al menos no en una España que se manifiesta en bloques. Y que hay que poner todo en la balanza (todo es todo: desde el SMI a la ley de eutanasia) y elegir. O se intentan pactos difíciles o se bajan los brazos en favor del PP y la ultraderecha. 

Feijóo, en cambio, nos hace creer que no cambia de opinión. Nunca jamás, porque es un político de convicciones férreas, forjado en la sensatez y el servicio público y que no está en la política por el poder. O eso dice. De hecho, buena parte de la actual cohesión interna en sus filas (veremos cuánto dura y qué dicen Losantos y Ayuso de estas novedades) viene de ir atrincherándose más y más, pese a los tropiezos en materia de pactos que no sean con la ultraderecha o, por qué no decirlo, respecto a la realidad de las cifras económicas o una UE que asiste sin preocupación alguna al Apocalipsis que él describe. ¡Hasta ese extremo es coherente en sus convicciones!

Por el camino de esas convicciones ‘de mayoría absoluta’, Feijóo ha llegado a decir que en España no rige la Constitución, que en el Congreso de los Diputados no está representada la soberanía nacional, que el Tribunal Constitucional (renovado con acuerdo PP-PSOE) es de parte y que el Poder Judicial caducado desde hace cinco años es el único organismo, además del Senado, realmente independiente.

De momento, ha reventado uno de los ejes de Alfonso Rueda, a quien designó sucesor en Galicia. Desde hace días, el PP gallego teme la pujanza del BNG y la posibilidad de que el cambio sume y acusa a la izquierda de querer importar el escenario del conjunto de España, de simpatizar con ETA o, casualidades, con Puigdemont. Es el argumento de “la isla de estabilidad” que el mentor de Rueda no duda en poner en almoneda por sus propios intereses.

Las segundas semanas de las campañas electorales a Feijóo no se le dan bien, como vimos en las generales. Esta que concluye el domingo empieza fuerte.

Alfonso Rueda sólo ha aceptado participar en un debate, el de la CRTVG, en el que fue el único candidato conservador frente a cuatro de izquierdas. Motivos de agenda (...) parecen impedirle asistir al cara a cara con Ana Pontón propuesto por la Cadena Ser o al debate a tres, sumando a José Ramón Gómez Besteiro, que organiza RTVE. 

El de la radio y televisión gallegas era un debate potencialmente decisivo y Rueda decidió soltar su gran propuesta al principio, buscando acaparar titulares. Las herencias y los impuestos sobre las herencias. Propuso “ampliar las bonificaciones” para las sucesiones de “los colaterales: tíos, sobrinos y hermanos” frente a Sumar y el Gobierno central, contrarios a rebajas que benefician a los que más tienen.

La política de impuestos de la Xunta es muy cuestionable. No sólo por sucesiones y donaciones, con umbrales altos. Feijóo primero y Rueda después anunciaron a bombo y platillo deducciones del 25% y del 50% para el impuesto de los patrimonios de más de tres millones de euros (no estamos hablando de la clase media en una comunidad de unos 2,7 millones de habitantes), pero Rueda rectificó al ver cómo el Tribunal Constitucional ratificaba, para disgusto de Ayuso, el impuesto temporal a las grandes fortunas que sólo en 2023 ha recaudado en toda España 623 millones gravando sólo al 0,1% de los patrimonios del país. 

El argumento siempre se basa en dos falacias desmontables con los datos oficiales de la propia administración. La primera: que las rebajas afectan a la clase media y baja, cuando los que se benefician son los bolsillos más repletos, sin problemas para pagar el impuesto (les guste más hacerlo o menos, que ese es otro tema); y que bajar impuestos dinamiza la economía, ya que permite invertir más en ella, generar más crecimiento y, oh, sorpresa, más recaudación con tipos más bajos. 

Hay montañas de literatura académica que desmienten esas falacias. Incluso las prácticas de dumping fiscal dentro de España (competencia fiscal a la baja entre comunidades para atraer empresas o patrimonios) dejan una recaudación pobre y, sobre todo, a la postre muchísima más desigualdad. Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, comunidades que abanderan las rebajas fiscales, recaudan menos que la media, como explicaba hace unos meses aquí mismo Begoña P. Ramírez. 

Es decir, ni una economía más dinámica ni más recaudación con tipos más bajos. Eso sí, algunas grandes empresas se ponen muy contentas al rascar unos cuantos millones más de beneficios brindando por las clases medias. Qué decir, en otro ámbito, de los temibles impuestos a la banca y las energéticas, sectores con beneficios récord, que se multiplican sin que lo que pagan por el gravamen (que sí es relevante cuando se transforma en inversión pública) despeine sus cuentas de resultados. 

Hasta los propios órganos fiscalizadores (ver aquí este artículo de David Reinero con la exigencia del Consello de Contas, el equivalente al Tribunal de Cuentas, de que la Xunta evalúe la eficacia de sus rebajas de impuestos) han llamado la atención a una Xunta que prima más el anuncio que creerse alguno de los beneficios que preconizan. Con que un buen número de votantes se crea el anuncio, y además que le puede afectar al sentirse parte de esa Galicia con dinero, ya basta. No soy rico, pero le voto porque me dice que lo soy. 

El círculo se cierra con deflactaciones del IRPF ridículas para las clases medias (en Galicia, la cuantía sería mayor que la rebaja en patrimonio para menos de 8.000 bolsillos pudientes), que desaparecen un año después de anunciarse a bombo y platillo (es el caso de Galicia, Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana), de críticas a la reacudación del Estado (Sánchez “se está forrando”, dijo Feijóo) pese a que buena parte acaba siendo gestionada por las comunidades… o la insistente reivindicación de una financiación autonómica justa (es decir, “dame más dinero”) mientras se promete recaudar lo mínimo para sostener los servicios públicos.

En Galicia, el PP intenta estar en misa y repicando, con anuncios de gratuidad en toda primera matrícula universitaria, buscando desactivar a la izquierda en su defensa de la universalidad de los servicios públicos. 

Porque de eso se trata. Mientras se nos vende el milagro de impuestos bajos y excelentes servicios públicos, aumentan las listas de espera en la sanidad y la ratio de alumnos por profesor en la educación pública. O se dejan sin atender los servicios de dependencia y a los mayores en residencias. 

El Gobierno central dejó sin hacer la reforma fiscal planteada la legislatura pasada y para la que se hicieron numerosos informes. Es una revolución pendiente. Por ver está si desde Galicia los ciudadanos le piden cuentas a la Xunta más allá de aceptar sin contrastar los argumentos sobre agravios comparativos o maltrato histórico. Mientras se nos va el debate público en publicidad y populismo fiscal, la administración que tiene importantes competencias impone poco a poco su modelo. Y ya sabemos a quién beneficia más y quién tiene más posibilidades de quedarse fuera. 

Retratar a los gallegos como personas reservadas, que no se sabe si suben o bajan, es un recurso habitual de quienes prefieren recurrir al tópico antes que examinar los hechos. Eso es, exactamente, lo que sucede cuando se convocan elecciones en Galicia: abundan los análisis que se basan en afirmaciones falsas que el consenso de la supuesta sabiduría popular ha convertido en verdades asumidas por todos. Entre ellas destacan tres que conviene revisar antes de las elecciones convocadas para el próximo 18 de febrero: que Galicia es de derechas, que está dominada por una sociedad rural y que apenas vota.

¿Es Galicia de derechas o de izquierdas?

La última vez que los gallegos acudieron a votar, en las generales del 23J, lo hicieron mayoritariamente a candidaturas de izquierdas (50,9%). Los que eligieron papeletas de partidos de la derecha se quedaron en un 49,2%. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la derecha barrió a la izquierda ese mismo día con un 55,5% de los votos, en Andalucía venció con un 52,9%, en la Comunitat Valenciana con un 51,4%, en la Región de Murcia con un 64%.

Si se observa el histórico electoral en Galicia, es fácil comprobar que la derecha lleva sin ganar a la izquierda en unas elecciones generales desde 2016. En la repetición de 2019, la suma de PP y Vox no llegó al 40,2%.

Y si se miran en detalle las municipales, la conclusión es parecida. El año pasado, la suma de los de Feijóo más candidaturas independientes de derechas rondó el 40%; cuatro años antes, la cifra fue todavía más baja (menos del 34%). El resultado: gobiernos de izquierdas en las principales ciudades. Hay que remontarse a 2011 para encontrar un buen resultado del PP en elecciones locales (44%), aunque también por debajo de la suma de las formaciones de izquierdas.

La creencia de que los electores de Galicia solo votan rutinariamente a formaciones de derechas y, en particular, al PP nace de los buenos resultados que este partido ha obtenido tradicionalmente en las elecciones autonómicas, en las que no tiene rival en su parte del arco ideológico.

En 2020, en plena pandemia, PP y Vox sumaron un 50,01% de los votos emitidos en una convocatoria en la que la abstención brilló con luz propia. La izquierda sumó un 47,61%, 2,4 puntos porcentuales menos. Cuatro años antes, la derecha reunió también un 50,9% de los votos. En 2012, esa suma se quedó en un 47,2%, todavía por encima del 45% de la izquierda.

Pero en 2009, la primera vez que Feijóo se hizo con la victoria, alcanzó la mayoría absoluta con un 46,68%, tres décimas menos que la suma de votos del PSdeG-PSOE y el BNG. ¿Cómo fue posible? El particular reparto de escaños entre provincias, que sobrerrepresenta a las del interior (Lugo y Ourense), las menos pobladas y tradicionalmente más afines a la derecha, en comparación con las atlánticas (A Coruña y Pontevedra), obra el milagro gracias a un sistema electoral diseñado a la medida del PP.

¿Es la gallega una sociedad rural?

Hace muchos años que esa afirmación es falsa. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Galicia (el 66%) vivían ya a principios del siglo XXI en municipios considerados urbanos que ocupan solo el 12% de la superficie total de la comunidad. Un fenómeno que, desde entonces, y ya ha pasado un cuarto de siglo, no ha dejado de aumentar.

Según datos oficiales de la Xunta, a principios de 2012 se contabilizaban 1,8 millones de ciudadanos (casi el 66%) en 66 zonas urbanas y apenas 959.195 personas en 249 municipios considerados rurales.

El supuesto predominio de habitantes en áreas rurales se utiliza a menudo para explicar las victorias electorales de la derecha, cuando en realidad es la distribución provincial de la población y la desproporción de escaños entre provincias lo que marca la diferencia.

De los 75 escaños que forman el Parlamento de Galicia, 40 representan a las provincias (10 por cada circunscripción, independientemente de su peso demográfico) y solo 35 se reparten en proporción a la población. La consecuencia se entiende bien citando solo un ejemplo de las elecciones de 2020: mientras cada uno de los nueve escaños que el PP obtuvo por Lugo le costaron 9.918 votos, para conseguir cada uno de los cuatro que logró el PSOE por A Coruña tuvo que sumar 22.241 sufragios.

¿Votan poco los gallegos?

La supuesta predilección de los electores gallegos por la abstención hunde sus raíces en las cifras de abstención de las primeras convocatorias a las urnas de la restauración democrática. La realidad es muy diferente, pero las cifras lo ocultan.

¿Por qué sucede? Por culpa del abultado censo de electores residentes ausentes (CERA), los que viven en el extranjero. Se trata de un colectivo tan numeroso que alcanza el 20% de los electores, pero que vota tan poco que reduce sustancialmente la participación.

En las elecciones de 2020, por ejemplo, la participación de los electores que sí viven en Galicia se situó en el 58,88%, pero al contabilizar el voto CERA, el que en Galicia se conoce tradicionalmente como el voto de la emigración, la cifra cayó automáticamente al 48,9%.

De las casi 2.700.000 personas llamadas a las urnas el 18F, prácticamente medio millón reside en el extranjero. Suman más votantes que las provincias de Lugo u Ourense. El peculiar sistema electoral español reconoce el derecho a decidir el Gobierno de Galicia a 140.000 personas que ni siquiera nacieron en la comunidad gallega mientras se lo niega a las decenas de miles que viven en otras comunidades españolas.

Son muchos, es verdad, pero votan poco. Aunque esta vez se espera un repunte, porque serán las primeras elecciones autonómicas en muchos años en las que no estará en vigor el voto rogado, el desinterés de la mayoría bajará drásticamente la cifra final de participación, generando la falsa ilusión de que los gallegos que sí viven en Galicia se desentienden de la política.

Con voto rogado, los sufragios procedentes del extranjero se movieron en cifras de entre 12.000 y 5.000 papeletas en las elecciones de 2012, 2016 y 2020. Sin él, la cifra final llegó a superar los 100.000 (ocurrió en las elecciones de 2005).

El titular llamó hace no mucho tiempo la atención. En Ourense ya hay más pensionistas que cotizantes. El éxito como país que supone vivir cada vez más años (en Galicia, la media está en 86 años para las mujeres y 80 para los hombres) también dejaba al descubierto el reto de financiar de manera digna las últimas etapas de la vida. 

En realidad, muchas provincias en toda España se encuentran en una situación delicada porque lo que la Seguridad Social ingresa por cotizaciones e invierte (evitemos decir gasta) en prestaciones no cuadra. 

Toca elegir si resignarse a dejar a los mayores a un lado, y que se las apañen como puedan (al fin y al cabo, ¡no hay dinero!), o acompasar la alegría que supone para un país que sus ciudadanos tengan vidas más largas con la oportunidad de un cambio de modelo. 

La reforma de las pensiones comandada por José Luis Escrivá al frente de la Seguridad Social, y acordada con la Comisión Europea (y esto es muy importante, porque en Bruselas se mira con lupa la sostenibilidad financiera del sistema), es un paso, así como el blindaje de su subida conforme al IPC. No nos engañamos: no hay que elegir entre la dignidad de nuestros mayores y las oportunidades de nuestros jóvenes. La dignificación de las condiciones de trabajo impulsada por Yolanda Díaz al frente de Trabajo, con subida del salario mínimo, mejoras para sectores como las empleadas del hogar o los riders, entre otros, es otro paso. 

Pero faltan otros muchos, también en otros campos y más allá del esencial aprovechamiento de los fondos europeos: la reindustrialización, el incremento de la productividad, la mejora en la educación y la capacitación o, por qué no decirlo, la reforma fiscal pendiente para fortalecer la tracción pública, única capaz de reducir las desigualdades y dar oportunidades a las personas más vulnerables. Toca elegir: o nos resignamos al sálvese quien pueda y vaciamos lo público (imagínense quién sale beneficiado) o fortalecemos lo público para que nadie se quede al margen. 

En cuanto a las residencias, España y Galicia han optado claramente por el sálvese quien pueda. Por hacer de la vejez un negocio que nutre las cuentas de empresas privadas, en ocasiones con base o raíces en paraísos fiscales, que a menudo nos ofrecen imágenes miserables de usuarios mal cuidados, habitaciones o comida en mal estado. Y eso, los que tienen la suerte de lograr plaza entre listas de espera y precios altos. 

En Galicia, con pensiones bajas, la oferta sigue siendo mayoritariamente privada (sólo una de cada cuatro plazas es pública o concertada), con cuotas imposibles de pagar para la mayoría salvo que se sacrifiquen ahorros o contribuyan familiares. Y no todo el mundo tiene ahorros en una sociedad en la que las familias cada vez son menos numerosas. Hay apenas 3,3 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, que son más de 700.000 en Galicia, más de un cuarto de la población total (ver aquí este artículo de Marcos Pérez Pena en Praza Pública).

Por eso, que la Xunta se haya enfrentado al Gobierno y la nueva regulación del ministerio de Derechos Sociales liderado por Ione Belarra, rebelándose contra la rebaja del número máximo de residentes por centro sin aclarar tampoco si incrementará la ratio de trabajadores, es revelador, como explica este artículo de Lara Carrasco. Todo ello pese a recibir fondos públicos del Gobierno, como denuncia Pladigmare:

Si la pandemia nos enseñó algo es lo mal preparadas que estaban las residencias privadas. Dramática fue la mortalidad en las de DomusVi frente a las públicas, como explicó Manuel Rico en su investigación al respecto, de absoluta referencia. Y dramática fue la falta de preparación de lo público, en exigencia de trabajadores, profesionales sanitarios e inspectores, todavía sin revertir pese a la nueva estrategia. 

En las dos páginas escasas que dedica el programa electoral de Alfonso Rueda no hay ni una cifra. Ni un compromiso de inversión, ni un bosquejo de modelo concreto. Sólo verbos como “reforzaremos”, “incrementaremos” “impulsaremos” o “extenderemos”. Compromisos concretos, ninguno. Parecido es el del PSdeG, con cuatro referencias contadas a las residencias y tres a los centros de día, sin concreción alguna. Algo más de detalle ofrecen Sumar y Podemos, pero sin duda el más profuso es el del BNG, con un análisis basado en datos y compromisos concretos sobre número de residentes por centro, tipos de módulo y un catálogo de medidas que abordan buena parte de los ángulos de los cuidados. 

Salvo los reproches al PP por no construir nuevos centros públicos (algo que su propio programa reconoce al reivindicar un esfuerzo reciente y todavía en curso), las residencias siguen siendo, pese a todo lo que ha llovido, un asunto de segunda en un país con una necesidad de primera categoría. 

Todo puede cambiar de un día para otro. Para empezar, porque las manifestaciones del sector agroalimentario que estamos viendo desafían la influencia y representatividad de las grandes asociaciones del sector. En el conjunto de España hablamos de Asaja (su líder, el histórico Pedro Barato, está en la cuerda floja), COAG y UPA, las que llevan muchos años siendo enlace con las administraciones públicas (aquí una buena explicación de Daniel Lara con el quién es quién).

Todas ellas se han visto desbordadas y arrastradas por iniciativas espontáneas, en el mejor de los casos, o directamente patrocinadas por la extrema derecha en otro gran ejercicio de patriotismo de hojalata. 

Lo cierto es que en Galicia apenas ha habido concentraciones que pongan en guardia al Gobierno, que sigue muy de cerca las de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cataluña o Aragón. Desde el Ejecutivo central ven un patrón similar a las movilizaciones del sector del transporte, aunque de momento el impacto haya sido menor. 

En 2022, el abastecimiento de combustible y alimentos llegó a estar en riesgo. Ahora, no. Sólo hay que fijarse en si hay puertos o grandes centros neurálgicos de la distribución afectados. De momento, no es el caso a pesar del impacto mediático y de la utilización por parte de PP y Vox, indistinguibles en su crítica a Bruselas y el “dogmagismo ambiental” (ver aquí la crónica de Antonio Ruiz Valdivia) de Sánchez que denuncian Feijóo y Abascal pero a cargo de buena parte de las competencias en las comunidades.

Esta semana hubo una concentración en Ourense, de medio centenar de tractores, pero se desconvocó de inmediato y literalmente… ¡porque llega el Carnaval! Y en Ourense, “co Antroido non se xoga’. El plan, en este momento, es posponer las reivindicaciones a después de la cita con las urnas, el 18 de febrero. Hasta entonces, “tacón, punta, tacón”, que cantarían Os Resentidos en su mítico “Galicia, sitio distinto”, que viene al caso, como siempre.

Un estudio del Instituto Galego de Estatística (IGE) publicado días antes del estallido de la pandemia, en 2020, aseguraba que el sector agroalimentario generaba en Galicia un total de 103.521 empleos, un 9,3% del trabajo total, y aportaba un 6,9% del PIB autonómico, aunque los datos databan de varios años atrás y, desde hace décadas, el sector vive un claro declive, muy desigual por sectores. 

El sector agrario y ganadero es clave en Galicia. Cualquiera se preguntaría qué colectivo con retos y dificultades evidentes (no de ahora sino de hace tiempo) perdería la oportunidad de presionar en época electoral, con unos vientos europeos a favor y la posibilidad de recabar promesas electorales a izquierda y derecha. 

Nadie sabe a ciencia cierta a quién beneficiarían y perjudicarían. Podrían revivir a un Vox que parece transitar por la campaña como alma en pena. La ultraderecha, allá donde es más relevante que en Galicia, ha sembrado tempestades durante años en el sector frente a un PP que reconoce en privado haber subestimado la estrategia de la ultraderecha y lamenta haberle dado buena parte de las consejerías de Agricultura, que son de las que más le gustan a Abascal, curiosamente junto a las de Cultura. Como hemos comentado en esta sección en estos días, el PP busca una campaña de perfil bajo y una movilización a la baja, consciente de su alto suelo electoral y del riesgo de que cualquier imprevisto pueda, aunque sea de rebote, movilizar a la izquierda. Sorpresas, las justas. Que ya hay suficientes nervios. 

Desde la izquierda, con notable influencia en algunas asociaciones, se agradece la responsabilidad. Ni el Sindicato Labrego Galego, ni Unións Agrarias, ni Asociación Agraria de Galicia han desenterrado aún el hacha de guerra. Los problemas no son de hoy, pero están ahí. Reclaman mejorar los precios a los que venden los productores (aunque los de la leche, clave en Galicia, se han recuperado recientemente, y otros sectores presumen de producción récord), rechazan tratados como Mercosur y denuncian en general la competencia desleal de países extracomunitarios, creen excesiva la burocracia y piden reformular la Política Agraria Común (PAC).

Eso sí, el PP gallego y la Xunta ya han coqueteado en varias ocasiones con un discurso que ataca tanto al ecologismo, como a Bruselas, al Gobierno o incluso a los urbanitas, como explica aquí o aquí David Reinero, de Praza Pública. Balones fuera y huevos en todas las cestas.

España es el cuarto país exportador de la UE en productos agroalimentarios y el séptimo del mundo. Es de los más beneficiados por la Política Agraria Común (PAC), que destina más de un 30% de su presupuesto global a esta partida, con 4.875 millones de euros en ayudas directas en 2023 para España. Comprensiblemente refuerza la eficacia de sus ayudas y las liga a la sostenibilidad climática, aunque eso conlleve más burocracia e incomprensión en ocasiones (aunque no en general, porque los agricultores son conscientes, como casi todos, de la amenaza del calentamiento global).

El problema es complejo y la tentación de utilizarlo contra el Gobierno es obvia. Feijóo y Abascal no han dudado en coquetear con el euroescepticismo más allá de atizar a Pedro Sánchez y mezclarlo, ¡cómo no!, con la amnistía. “El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su Gobierno”, dijo el líder del PP en unas declaraciones sin precedentes. 

Aunque la ley de la cadena alimentaria respondió a un buen número de reivindicaciones del sector, como la prohibición de la venta a pérdidas, no se cumple adecuadamente (hay pocas sanciones) y por eso Sánchez ha prometido reforzarla (que no reformarla), lo que sugiere más controles ante la falta de denuncias suficientes del sector concernido pese a la garantía de confidencialidad. 

Aunque plataformas supuestamente espontáneas como 6F dicen representar a todo el sector frente a las grandes asociaciones, piden a sus tractores que se manifiesten ante la sede de Ferraz, que no es una sede del Gobierno, de ninguna autonomía ni de la Unión Europea. Y su principal estandarte, Lola Guzmán, hace apología de Franco y la dictadura, como explica en este artículo Alicia Gutiérrez. 

Aunque las comunidades pueden iniciar sus propias investigaciones e implicarse, algunas han optado por hacer como que la cosa no va con ellas (aquí un artículo ilustrativo de Fernando Varela) y llamar a la movilización, lo cual es una enorme irresponsabilidad.

El problema es complejo y en Galicia, tirando del tópico, el sector ha decidido ni subir ni bajar. Pero sólo de momento.