Dos años después del inicio de la pandemia el movimiento feminista ha vuelto a las calles reclamando derechos para las mujeres. “Hemos venido a pedirlo todo”, ha sido una de las consignas con las que ha arrancado la manifestación oficial, convocada por la Comisión del 8M. El miedo al covid-19 ha mitigado el fervor de las convocatorias pasadas, y pese a ello miles de mujeres han cogido con fuerza el megáfono y llamado a tomar las calles. “Derechos para todas todos los días”, repetían desde la cabecera. Un cántico que replicaban miles de voces a sus espaldas. 

Pepa Lorente lo explica así en declaraciones a infoLibre: “Yo pertenezco a la Comisión del 8M y estoy aquí porque queremos un cambio en la sociedad. Recibimos con mucha ilusión esta convocatoria después de dos años sin poder salir, nos hacía falta”. A unos pasos de ella estaba Zaida, que acompañaba a las mujeres de la Cañada Real y criticaba que “el año pasado nos arrebataron el derecho a manifestarnos. Fue la única manifestación que se prohibió y está todo relacionado con el bulo del año 2020, que criminalizó a todo el movimiento. Pero venimos con las mismas fuerzas, por las abuelas, por las niñas y por las que no están”, asegura.

El 8M de 2020, días antes de que se declarara el estado de alarma en España, las mujeres salieron a las calles y la derecha le responsabilizó sin titubeos de la expansión de los contagios. El señalamiento llegó a los tribunales y el Tribunal Supremo acabó dando la razón a las feministas. Pero en 2021 llegó un nuevo golpe: la Delegación del Gobierno en Madrid prohibía la marcha. 

“Es importante estar hoy aquí, al igual que hace dos años y hace cuatro, porque las cosas han evolucionado pero no han cambiado. Seguimos necesitando el feminismo”, razona Sofía, una joven de 19 años. “Nuestra generación entiende mejor este fenómeno y ha habido avances, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer”, añade su acompañante, Esperanza, que acaba de cumplir 18 años. 

Sofía cree que “ha habido un progreso” pero que “últimamente estamos retrocediendo más que avanzando” por los partidos integrados en la actual sociedad, como Vox, que “están intentando aleccionar con tópicos que no son reales y están haciendo mucho daño al movimiento y a las mujeres en general”. 

Luisa, Nieves y Ana triplican en edad a estas jóvenes pero coinciden con ellas en ambas cuestiones. “Se ha avanzado pero estamos otra vez con actitudes que nos recuerdan a tiempos pasados. Nosotras tenemos una edad y nos preocupan los discursos machistas y homófobos que vemos hoy en el Congreso”, valoran, en referencia a la ultraderecha. “Lo peor es que la gente se lo cree”, lamentan. En ese sentido ponen en valor el trabajo de medios como infoLibre, del que son socias, que “se esfuerzan en desmentir los bulos malintencionados” de Vox. 

Por su parte, Carmen y María Jesús (Comisiones Obreras) ponen en el foco en la importancia de defender un "trabajo estable" para las mujeres. "El empleo es lo que mueve la vida. Las mujeres siempre han estado coaccionadas porque no han sido independientes económicamente y siguen estigmatizadas por el tema del empleo. Cuando hay cargas familiares de por medio, garantizar una vida para tus hijos se convierte en tu máxima prioridad".

En Madrid, al igual que en una veintena de ciudades, se habían convocado dos manifestaciones separadas. Por un lado, la oficial, organizada por por la Comisión 8M, que ha sido la mayoritaria, con 50.000 participantes según la delegación del Gobierno y 100.000 según las organizadoras. Por otro, la alternativa, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, con aproximadamente 6.000 manifestantes, que considera que la abolición de la prostitución debe de ser uno de los ejes centrales del movimiento y también critica la ley trans por fomentar el "borrado de las mujeres".

La manifestación oficial ha contado con representantes del Ejecutivo de coalición y dirigentes de Unidas Podemos y el PSOE. Por la parte socialista han participado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la de de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la de Justicia, Pilar Llop, la responsable de Educación, Pilar Alegría, y sus homólogas de Ciencia e Innovación y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Diana Morant y Raquel Sánchez, respectivamente. Ha sido destacada la ausencia de la exvicepresidenta Carmen Calvo, que se encontraba en el pleno defendido una iniciativa sobre los abusos de la iglesia.

Mientras, la representación de Podemos está formada por las ministras de Igualdad y Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero e Ione Belarra, así como la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, la Delegada del Gobierno contra la violencia machista, Vicky Rosell y la número tres de la formación morada, Lilith Verstrynge. La portavoz de Podemos, Isa Serra, no ha acudido porque se encontraba enferma, han precisado fuentes de la formación morada a este periódico.

En la manifestación alternativa se han congregado miles de mujeres tras la cabecera principal con el lema El feminismo es abolicionista, y con pancartas en las que se podían leer lemas como Sexo no es género, Juego limpio para las mujeres, Contra el borrado de mujeres; y al grito de Abolición de la prostitución, Que viva la lucha de las mujeres, Aquí estamos las feministas o Dimisión Irene Montero, informa Europa Press.

En la manifestación oficial también ha habido cánticos y pancartas defendiendo la abolición de la prostitución, tal y como reclama el PSOE y defiende la ministra de Igualdad, Irene Montero, aunque es cierto que se trata de una cuestión que no genera consenso dentro de Unidas Podemos. Y en ella tampoco han faltado las pancartas en defensa de las reivindicaciones del colectivo trans, como la que portaba Dora. "Me da pena y rabia que se haya convocado una manifestación alternativa", razona esta joven. "Quien no apoya a las mujeres trans realmente ha perdido el punto de vista de la causa", defiende.

La mayoría de partidos políticos han optado por acudir a la marcha convocada por la Comisión 8M, salvo mujeres del Partido Popular, que, como ya adelantó infoLibre, han secundado la convocada por Movimiento Feminista. Se trata de diputadas y senadoras como Marta González, Rosa Romero, Ana Alós, María José García-Pelayo, Patricia Rodríguez o Verónica Casal. También ha acudido a esta marcha la exdiputada socialista Ángeles Álvarez.

Además de las reivindicaciones feministas más habituales como No es un caso aislado, se llama patriarcado o No estamos todas, faltan las asesinadas, este 8M ha estado marcado por el conflicto en Ucrania y la solidaridad con la población civil afectada por la invasión rusa.

Pancartas como Aquí y allí paz, Stop Putin o No a la guerra han inundado las calles. "Estamos con las ucranianas que resisten el horror de la ocupación, pero también con las mujeres rusas que luchan para frenar la invasión armada", ha declarado la portavoz de la organización a su llegada a Colón, en donde también han llamado a estar con las saharauis, las sirias y "todas las mujeres que en todo el mundo luchan por la paz".

Mertxe, que portaba una pancarta en defensa de la paz, defiende que "el feminismo siempre ha estado a favor de la no violencia" y ha creído oportuno reivindicarlo ante los "momentos durísimos" que se está viviendo la población ucraniana. "Una guerra no es buena absolutamente para nada y es muy injusta. Los políticos están en ello y no lo están consiguiendo, pero no creo que las armas sean el camino adecuado", ha zanjado.

El Instituto Cervantes ha celebrado este martes el Día Internacional de la Mujer invitando a nueve mujeres que son figuras destacadas en las diferentes áreas, disciplinas y ámbitos a los que se dedican, y han participado en la entrega de un legado personal en la Caja de las Letras.

Todas y cada una de ellas han dejado allí pedazos de sí mismas, algo que les ha resultado significativo en su vida, desde una antología de mujeres en la historia del cante flamenco y el vestido que llevó a su presentación como artista, como en el caso de la cantaora Carmen Linares, o dos diccionarios de María Moliner, que ha dejado su nieta Genoveva Pitarch, hasta diversos artículos y libros científicos de María Vallet-Regí, que ha afirmado que se siente orgullosa de que un trozo de ciencia tenga un lugar en una de estas cajas.

Todas ellas han agradecido el honor que les ha brindado el Instituto Cervantes en este Día Internacional de la Mujer. Carmen Linares ha afirmado que tanto ella como el resto de ocho mujeres que han dejado su legado "aportamos nuestro granito de arena por la igualdad en mayúsculas". Lita Cabellut, artista multidisciplinar, ha señalado que este acto era importante porque protege el arte, "sobre todo ahora con la incertidumbre con la que miramos a Ucrania y a Europa. Estos son lo actos que merecen la pena, no hay que bajar la guardia en el ámbito cultural". Tanto la periodista Maruja Torres como la poeta y novelista Gioconda Belli o la actriz Aitana Sánchez-Gijón han querido recordar a la escritora Almudena Grandes, fallecida el 27 de noviembre.

La Caja de las Letras ha recibido dos libros, poemas manuscritos y un colgante de mariposa de Gioconda Belli. La autora ha explicado que, en cierta forma, se trata de una "promesa de legado", puesto que en junio pasado salió de Nicaragua "por el estado de persecución en el país" y no ha podido volver. Entre su depósito, copias muy antiguas de García Márquez o Cortázar y su más reciente poema, Despatriada. Belli ha cerrado su intervención con una dedicatoria a la escritora Almudena Grandes, quien ha encabezado junto a su marido, el director del Cervantes, Luis García Montero, a "una generación que luchó contra la invisibilización de la mujer".

Lita Cabellut ha entregado un ejemplar de Bodas de sangre ilustrado por ella misma. "Estás cajas están llenas de sueños, de la gente que se atreve a soñar y eso es algo tan importante en estos momentos históricos. No hay que olvidar la relevancia del arte ahora que estamos viviendo todo esto", ha apuntado Cabellut, quien ha dedicado el acto a "todas las mujeres" de Ucrania. El legado de Cristina Iglesias ha consistido en una edición en euskera de 1547 de Martin Hoyazabal a modo de letanía que canta las coordenadas para viajar a Terranova para los pescadores vascos, así como cinco grabados que componen su obra escultórica instalada junto al Parlamento vasco.

Maruja Torres ha dejado para sus amigos ya fallecidos Terenci Moix y Manuel Vázquez Montalbán --"Dos hombres que me hicieron como soy", ha destacado-- sendos ejemplares de El peso de la paja y Los Mares del Sur, respectivamente. Además, un ejemplar de una obra suya que dedicó a estos dos escritores, Esperadme en el cielo. "Ellos, como yo, nacieron mientras había una guerra mundial. Yo hoy no sé si alegrarme de que no estén aquí, para que no estén viendo lo que sucede con la naturaleza humana", ha lamentado en referencia a lo que está sucediendo en Ucrania. También le ha dedicado el acto a "Almudena (Grandes), la que no fue virgen, la escritora, la nuestra".

Aitana Sánchez-Gijón ha legado un libro de Rafael Alberti, El hombre deshabitado, que fue uno de sus primeros montajes teatrales, además de un collar que usó en Un dios salvaje y el libreto de una de sus funciones. "Todos teníamos a Almudena en el pensamiento y en el corazón", ha reconocido la actriz. Sánchez-Gijón también ha tenido palabras para la invasión a Ucrania. "Soy hija de exiliado. Hay un hilo que me une a los padecimientos de la guerra y el exilio en un momento como este, por lo que esto adquiere un significado muy importante para mí", ha señalado, para leer a continuación un poema de Miguel Hernández.

Por último, la científica María Vallet-Regí ha depositado dos obras científicas, tres separatas y "una sorpresa". "Después de la pandemia la sociedad se ha dado cuenta de lo importante de la ciencia para que podamos vivir mejor", ha concluido.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno, ha sido la encargada de clausurar el evento. "Este acto resulta muy significativo para mirar al futuro, teniendo en cuenta todo lo que hemos superado, hay que seguir trabajando juntos para construir un país mas moderno e igualitario", ha sentenciado la ministra. "Hablamos de prosperidad y desarrollo, de una sociedad sana y también de un crecimiento justo, próspero e inclusivo. Es un día para estar orgullosos, porque España lidera este ámbito que ha sido uno de los motores principales de progreso", ha apuntado Calviño.

Desde que Emile Zola publicó el J’accuse…! en L´Aurore a finales del siglo diecinueve, el problema de la postura del intelectual en tiempos de guerra fue un debate característico desde el inicio del siglo que vivió dos guerras mundiales. Al estallar la primera guerra, el escritor francés Romain Rolland publicó «Au-dessus de la mêlée», un manifiesto pacifista en el Journal de Genève mientras colaboraba como voluntario en la Cruz Roja de Ginebra donde se había autoexiliado. Rolland propugnaba que el único camino correcto que debía tomar el escritor en tiempos de guerra era no participar en la destrucción sino colaborar en campañas de socorro y humanitarias. Así que en ese otoño de 1914 en el que la mayoría de los escritores lanzaban su odio contra el enemigo, el escritor francés —que después obtendría el premio Nobel— pedía justicia y humanidad. El manifiesto tuvo un gran efecto y consiguió lanzar el debate sobre la postura de los intelectuales en la guerra y el escritor austriaco Stefan Zweig le respondió en la misma línea desde el lado alemán. Durante todo el periodo de entreguerras, Romain Rolland fue la conciencia moral de Europa, escribió Zweig, y recordó cómo por entonces todavía la palabra tenía autoridad porque la propaganda y la mentira aún no habían minado su credibilidad como ocurriría después en la segunda guerra, mucho peor y más brutal, cuando se rompieron todas las comunicaciones entre los países y Hitler convertiría la mentira en algo natural. Pero nada se obtuvo de esas actitudes y la desconfianza y el principio imperialista entre naciones se impuso sobre la búsqueda del equilibrio de intereses con un saldo de millones de jóvenes muertos. Más bien al contrario, en las posguerras siempre se ha recriminado la neutralidad o la incompetencia de políticos, diplomáticos e intelectuales ante la inminencia de la guerra.

En el periodo de entreguerras, entre 1919 y 1939, tampoco se hizo mucho para impedir que estallara finalmente una segunda guerra mundial en Europa, aunque muchos intelectuales europeos ya consideraron el golpe militar franquista del 36 en España como el anticipo de la próxima guerra europea y los líderes políticos eran más que conscientes de la advertencia que suponía. Durante esos años previos casi todos los intelectuales notables, incluidos Freud y Einstein, participaron en un debate internacional sobre la manera de evitar una nueva escalada bélica. Ya se había producido el golpe de Franco a la República en España y faltaba poco para que Hitler se anexionara Austria en 1938. Ante esta inminencia del expansionismo del Tercer Reich, y reclamada su posición en reiteradas ocasiones, la escritora inglesa Virginia Woolf publicó un libro titulado Tres Guineas en el que trató de anticipar sus reflexiones sobre lo que ya le parecía una realidad: la Segunda Guerra Mundial.

Tras exponer al lector las imágenes que tenía ante su mesa, las fotos que el gobierno asediado de la república española remitía a la prensa internacional sobre las víctimas entre la población civil (imágenes de cuerpos de hombres y mujeres mutilados, niños muertos, edificios en ruinas, toda la masacre de los civiles por parte de los bombardeos del ejército franquista), la escritora inglesa afirmaba que solo cabía una respuesta, por diferente que fuera la educación o la tradición que nos preceda, la respuesta no podía ser más que la conmoción y la turbación personal. Virginia Wolf sostenía que la guerra produce a todos, hombres y mujeres, horror y repulsión, resulta abominable y es una barbaridad monstruosa, por lo que debía evitarse por todos los medios. Pero a continuación desarrollaba su tesis feminista: pero ahora son los hombres los que emprenden la guerra. A los hombres les gusta la guerra porque encuentran en la lucha alguna gloria, una necesidad de satisfacción que las mujeres no sienten ni disfrutan. Así que consideraba que la guerra era un juego de hombres y que esa máquina de matar tenía sexo y era masculino.

La escritora estadounidense Susan Sontag lo recuerda en su último libro publicado antes de morir Ante el dolor de los demás, en el que escribe sobre la fotografía de la que partía Woolf como testimonio y apunta a la guerra española como la primera en la que se atestigua en sentido moderno (es decir por los fotógrafos profesionales que se sitúan en las trincheras y ante las víctimas civiles y cuya labor fue contemplada por primera vez en periódicos y revistas). En ese texto, su autora recuerda cómo fue precisamente la de Virginia Wolf la contribución más original de aquel debate para argumentar que la guerra no se podía evitar mientras se siguieran cultivando el modelo masculino de acumulación capitalista, vulgar competencia y abuso de poder patriarcal. Sontag también recuerda en su libro cómo la filósofa francesa Simone Weil, tras vivir los horrores de la guerra española en la que fue testigo de “la fuerza que mata”, de las matanzas y los cuerpos insepultos, y mientras trabaja clandestinamente de jornalera en Marsella por la persecución nazi, se dedicó a leer por las noches La Ilíada y tras esa concienzuda lectura escribió un ensayo sublime sobre la guerra basado en la leyenda primigenia de Homero. Allí sentencia que la violencia cosifica a quien está sujeto a ella, aplasta a los que toca y somete a vencedores y vencidos por igual. Weil se alejó por entonces definitivamente del concepto de clase social como clave histórica y concibió la barbarie como característica permanente de la naturaleza humana. Afirmaba que la guerra no la hacen hombres que reflexionan sino hombres que atacan y tiemblan como animales.

También la escritora judeoalemana Hanna Arendt reflexionó sobre la verdad como primera víctima de la guerra. Refugiada del nazismo en Estados Unidos, coincidió con Weil en estudiar La Ilíada para demostrar que la noción o concepto de la verdad en la historia del pensamiento se remonta a esta obra en la que Homero, la figura mítica del poeta de la antigua Grecia, decide exaltar la gloria del enemigo troyano derrotado y contemplar con la misma mirada a uno y otro bando en contienda. Arendt destacó la leyenda del poeta ciego, Homero, que por primera vez se exigió la vocación de imparcialidad para convertirse en narrador.

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Mario García de Castro es periodista y profesor titular de Información Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Rebeca se levanta con la estridencia del despertador y el peso de lo que otros han dado en llamar carga mental. Tareas para hoy: preparar desayunos, en plural, poner una lavadora, recoger la casa, llevar a los niños al cole. Entretanto, reserva un hueco para arreglarse –curioso concepto– con el único objetivo de estar presentable a los ojos de los demás. A media mañana corre, diligente, a su centro de trabajo, una oficina en la que solo está de manera parcial: parte de su día tiene que reservarlo al cuidado de su madre dependiente. Su vida laboral es necesaria, pero su carrera es también sacrificable. Es martes y ha decidido que esta vez ella también saldrá a gritar este 8M. Pero, ¿por qué se manifiesta, si ya hay igualdad?

Rebeca es un personaje ficticio, pero bebe de otras muchas mujeres. Eso de salir a la calle, la perseverancia en la protesta permanente, ¿para qué? ¿Por qué insisten las mujeres en manifestarse cada año? La pregunta sobrevuela con especial tesón a medida que se acerca el 8M, Día Internacional de la Mujer. Las activistas y militantes feministas lo saben bien. Y tienen la respuesta. La consecución de la igualdad tiene muchos matices y todos plantean preguntas: ¿qué tipo de igualdad tenemos y a cuál aspiramos? ¿Qué hay más allá de la igualdad formal? ¿Qué ocurre con las mujeres que se quedan en los márgenes?

Blanca Cañedo descuelga el teléfono al final de la tarde. Deja a un lado la pancarta que está preparando para reflexionar sobre los motivos que le llevarán a sostenerla este martes. Son años de militancia en el movimiento feminista asturiano, pero si algo le impulsa a salir a la calle este año es precisamente "conocer la fuerza que tiene el feminismo". Está expectante, reconoce. El mismo entusiasmo lo mantiene intacto la portavoz de la Plataforma Feminista de Alicante, Yolanda Díaz. "Este año y hasta dentro de otros cien preguntarán si es necesario salir y tristemente la respuesta será que sí", dice la activista.

Ambas ponen el acento en un rasgo irrenunciable para el feminismo: su internacionalismo. Quienes salen no solo lo hacen por la igualdad formal estampada en el papel de las leyes españolas, sino también por las colombianas que pelean por el aborto, por las afganas que huyen del terror y por las africanas víctimas de la mutilación genital.

Pero dentro de las fronteras los retos no son pocos. Las feministas hablan de "feminización de la pobreza", de la tediosa pelea y la resistencia tenaz de las trabajadoras domésticas, a quienes la justicia europea acaba de reconocer el peso de la discriminación que soportan por no tener derecho a prestación por desempleo. A quienes sostienen el servicio a domicilio sacrificando sus derechos laborales, "sin que les reconozcan enfermedades profesionales, a través de subcontratas y con trabajos que agotan", reza Cañedo. 

Vicky García, portavoz de la Comisión 8M de Madrid, lo resume a través de una fórmula que todo el mundo entiende: "A nosotras nos siguen matando, seguimos teniendo miedo al volver a casa, seguimos cobrando menos, siendo las que tenemos más contratos parciales y son ellos los que ocupan los puestos de poder". Entonces, se pregunta, "¿a qué llamamos igualdad". 

Los datos le dan la razón. Ya son 1.132 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas varones desde que en 2003 las instituciones iniciaron el recuento oficial. Un total de 235 sí habían dado el paso de denunciar. Recientemente, la revista científica The Lancet revelaba que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia machista. En la esfera laboral, el porcentaje de mujeres que se acogieron en 2021 a jornada parcial por cuidado de familiares ascendió al 16,29%, según datos publicados por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO). Además, eran mujeres el 95% de las personas que redujeron su jornada por cuidados, un porcentaje que escala al 97% en el caso de las excedencias. La universidad permanece impregnada por una evidente segregación de género: a mayor categoría profesional, menor participación femenina. Las catedráticas solamente suponen el 25% del total y ellas son el 23% del rectorado, según datos de la Fundación CYD.

Es de justicia reconocer los avances. Los más importantes, plasmados en leyes consolidadas como la Ley contra la violencia de género y la Ley de Igualdad, pero también otras en trámite como la Ley de libertad sexual. Y hay más: un paquete de medidas urgentes contra la violencia machista, impulsado el verano pasado, la ampliación del teléfono 016 a todas las violencias, el recuento estadísticos de cinco tipos de feminicidios y un plan de corresponsabilidad en alianza con las comunidades. Los logros están ahí, fundamentalmente gracias a que otras muchas mujeres salieron antes a la calle: en defensa del aborto o llamando violación a la agresión sexual de los Sanfermines. 

Las mujeres llevan por bandera los derechos conquistados, pero son conscientes de su fragilidad. "Hemos recibido una sociedad que no es la que estamos dejando, eso es irrefutable", añade Cañedo. En parte por eso también salen a la calle este martes. "Sabemos que la lucha es eficaz porque nos recuerda que no estamos solas", clama convencida.

Pero queda mucho. "La mayor parte de los desahucios son contra familias monoparentales llevadas por mujeres" y en la esfera laboral la precariedad lleva nombre de mujer: "Ahí está la lucha de las kellys y de las jornaleras", recupera García. "Todo nos ocurre por ser mujeres". Amnistía Internacional ha denunciado que son las mujeres las personas "más desprotegidas" ante los desahucios. El Instituto de las Mujeres recalca que la tasa de riesgo de pobreza de los hogares monoparentales encabezados por mujeres alcanza el 52%, más del doble que aquellas familias con un varón al frente.

Es el gran año de las feministas o al menos así se presupone: la pandemia por fin parece haberles dado una tregua y las activistas siguen unidas. "Hay mucha ilusión en volver a encontrarnos", enfatiza García. "Al final nos han llamado asesinas, nos han prohibido las manifestaciones, la pandemia nos ha pasado factura. Estamos muy agotadas pero muy contentas de volver a juntarnos y construir un proceso juntas", abunda.

Merece la pena, asienten, salir también por eso. "Hay mucha gente que te da las gracias", presume la activista madrileña. Cree que los cambios no son formales, sino cotidianos: están en las conversaciones, en los bares, en la salida de los colegios, en los centros de trabajo. Más de siete de cada diez mujeres considera que las desigualdades de género son demasiado altas y desde desde 2017 hasta 2021 el porcentaje de mujeres que se consideran feministas ha pasado del 46,1% al 67,1%, según el barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD. "Sabemos identificar las violencias, visibilizarlas, dejar de sufrir solas". Ahora, completa Díaz, las feministas tienen la responsabilidad de "dejar el huerto cultivado para las que vengan, porque los derechos pueden desaparecer".

Las fortunas de dos oligarcas rusos, Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, ceban la lucha contra el feminismo, la diversidad de género y la aceptación de las formas de familia distintas a la "tradicional" en Europa. Así lo señala el informe La punta del iceberg, realizado por el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que atribuye a estos dos millonarios el empleo de más de 170 millones de euros en esta causa.

El informe La punta del iceberg cifra en 707,2 millones de dólares (más de 650 millones de euros) los fondos empleados entre 2009 y 2018 por la malla de campañas y organizaciones antifeministas, antiabortistas y contrarias a los derechos de las personas Lgtbi que actúan en Europa.

De este dinero, en torno a 75 millones de euros salen de Estados Unidos (11,5%), más de 400 millones de Europa, excluyendo a Rusia (61,9%), y entre 170 y 175 de Rusia, que son atribuidos a cuatro entidades de los dos citados oligarcas rusos (26,6%), según detalla el informe del EPF.

Aunque el informe barre el periodo 2009-2018, en el caso de Rusia especifica que el dinero sólo aparece a partir de 2013. De modo que los 188,2 millones de dólares habría que dividirlos sólo entre seis años, lo que da un resultado de 31,36 millones de dólares al año, unos 28,8 millones de euros.

El informe circunscribe la selección de organizaciones a aquellas que han participado en actividades o campañas "antigénero" significativas en Europa como patrocinadoras o financiadoras [ver aquí la metodología en la página 9].

La financiación con dinero ruso de organizaciones cristianas radicales obedece a una lógica política, tanto interna como externa. Así lo indica el análisis de vínculos, actividades y financiación realizado por el EPF y escrito por su secretario, Neil Datta, que concluye que "la financiación antigénero encaja con los intereses y objetivos geopolíticos rusos". "Los discursos antigénero desempeñan un importante papel en la formulación de políticas internas y en la legitimación política de Rusia, así como en su posicionamiento geopolítico internacional", añade.

El informe afirma que "gran parte de la financiación rusa" es "opaca", pero sí detecta el empleo de fondos de entidades vinculadas a dos "oligarcas" rusos, que cifra en los citados 188,2 millones de dólares. El informe no detalla el fin último de todo este dinero, ni las organizaciones en las que acba, pero sí lo atribuye a actividades "antigénero".

Los dos oligarcas son Vladimir Yakunin y Konstantin Malofeev, que utilizan tres entidades y una entidad, respectivamente, según el informe.

El EPF atribuye a Yakunin una fortuna de entre 600 y 1.000 millones de dólares, supuestamente armada gracias a su paso por la jefatura de la empresa estatal rusa de ferrocarriles. Presentado como estandarte de la "versión respetable" y el "poder blando" en defensa de los intereses del Kremlin, Yakunin es uno de los sancionados por la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, según el EPF.

Su "fábrica de influencia" abarca estos terminales, siempre según el informe:

– Fondo de Dotación Istoki. Creado en 2013 en Moscú, tiene como objetivo "reforzar las bases espirituales de la sociedad rusa" y "la educación moral basada en la ortodoxia". Recibe sus fondos del capital del propio Yakunin y de donaciones del sector privado ruso, que superaron los 15 millones de dólares en 2018. Es la entidad que más ha empleado en la causa: más de 90 millones de dólares, es decir, más de 83 millones de euros, según el EPF. Istoki sirve para financiar el programa Santidad de la Maternidad, dirigido por la esposa de Yakunin, Natalia Yakunina, así como dos fundaciones, Andrew the First-Called y Centre for National Glory, con las que persigue sus "objetivos religiosos y patrióticos".

– Instituto de Investigación del Diálogo de Civilizaciones. Think tank creado en 2015 y con sede en Berlín, es organizador de un foro internacional anual en la isla griega de Rodas que se convierte en cita de referentes antifeministas.

En cuanto a Malofeev, el conocido como "oligarca ortodoxo" es fundador de la empresa de inversiones Marshall Capital, con un patrimonio estimado en 225 millones de dólares (más de 205 millones de euros), señala el informe, que le atribuye la condición de "poder duro" en el apoyo al Kremlin. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un informe de agosto de 2021, considera a Malofeev como un "apoderado de las prioridades del Kremlin en Europa" y lo señala como financiador del separatismo en Crimea y el este de Ucrania. El Gobierno estadounidense recalca que también ha sido sancionado "por financiar fuerzas respaldadas por Rusia en Ucrania".

Neil Datta, del EPF, sitúa a Malofeev como convocante de una "reunión secreta" en Viena en 2014 para conmemorar el 200º aniversario de la conocida como "Santa Alianza" entre el zar de Rusia y los emperadores austríacos y prusianos para rehacer Europa tras la derrota de Napoleón en 1815. Según el informe del EPF, un orador estrella de la cita fue el filósofo ultranacionalista Alexandr Dugin, considerado un inspirador de Putin. Citando a Mediapart, socio editorial de infoLibre, la investigación del EPF atribuye a Malofeev un papel relevante en el "desbloqueo del préstamo ruso" de 11 millones de euros recibido supuestamente en 2014 por el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, hoy rebautizado como Agrupación Nacional.

Dentro de la causa ultraconservadora, antifeminista y anti-Lgtbi, el informe del EPF vincula a Malofeev con estas entidades:

– Fundación Benéfica San Basilio el Grande. Creada por Malofeev en Moscú en 2007, presiona para restringir el aborto y obligar a las mujeres a escuchar el latido de su feto antes de interrumpir su embarazo, señala Datta. Se trata, según el Gobierno de Estados Unidos, de "una de las fundaciones privadas más grandes de Rusia". El EPF le atribuye un gasto de más de 77 millones de dólares, que equivalen a más de 70 millones de euros.

– Katehon. Es un think tank creado en 2016 y presidido por Malofeev que difunde artículos de autores de "extrema derecha" y es "considerado uno de los instrumentos de la injerencia rusa en Occidente", señala Datta. Según Estados Unidos, se trata de una entidad "subsidiaria" de Tsargrad, compañía fundada por Malofeeev y "afiliada a la televisión pro-Kremlin Tsargrad", un portal de noticias ortodoxo inspirado en Fox News.

Malofeev delega su proyección internacional en Alexey Komov, según el informe La punta del iceberg. ¿Quién es Komov? Según Datta, ha actuado como "representante de exteriores de la Iglesia ortodoxa rusa" y como miembro destacado de la Fundación San Basilio el Grande. Komov figura como integrante del patronato de Citizen Go, la fundación internacional con base en Madrid que preside Ignacio Arsuaga, a su vez presidente de Hazte Oír.

Komov, que se ha mostrado como un entusiasta de Putin, aparece así como el hombre que conoce tanto al oligarca Malofeev como a Arsuaga, líder del conglomerado de derecha católica radical vinculado con Vox desde el origen del partido en 2013.

infoLibre trató de recabar la valoración de Yakunin y Malofeev sobre la información aportada por el informe del EPF y recogida en este artículo, sin éxito. Ni Hazte Oír como organización ni Komov como patrono de la misma respondieron.

El informe La punta del iceberg también señala al propio Estado ruso como promotor de una "diplomacia blanda" en el exterior para condicionar el debate sobre los derechos de la mujer, por ejemplo a través del Fondo Alexander Gorchakov, la agencia federal Rossotrudnichestvo y la Fundación Russkiy Mir. "Varios financiadores antigénero ocupan importantes funciones en los consejos de administración del Fondo Gorchakov (Vladimir Yakunin) y de Russkyi Mir (Vladimir Yakunin)", anota Data en su informe de agosto del año pasado, que también cita la tarea que desempeña el Foro de Mujeres de Eurasia.

El análisis realizado por el EPF destaca el papel de propia Iglesia ortodoxa a través de una entidad bajo sus auspicios, la Comisión Patriarcal para la Familia, la Protección de la Maternidad y la Infancia, centrada en "promover una agenda de valores tradicionales". Entre sus miembros, según el EPF, está Malofeev, Komov y Natalia Yakunina, la esposa de Vladimir Yakunin.

Irene Montero (Madrid, 1988) llega a su cita con infoLibre a pocas horas de que su ministerio haya lanzado la campaña institucional para este 8M, Día Internacional de la Mujer. Presume de haber incluido algunos de los temas que considera cruciales en la batalla por la igualdad, como la conciliación o el papel de los hombres. Pero esta vez no solo los asuntos de su cartera ocupan la conversación: la invasión de Ucrania está inevitablemente en el centro del debate y la ministra de Igualdad se mantiene firme en su "apuesta por la paz". La defiende, precisamente, como un objetivo genuinamente feminista.

Lejos de esquivar los debates que atraviesan al movimiento feminista, la ministra de Unidas Podemos los aborda con la mirada puesta en el consenso: dotar de derechos a las mujeres. Una prioridad que da respuesta al debate en torno a la prostitución, pero que también resuelve el problema de la explotación reproductiva y que marca el compromiso con los derechos del colectivo trans. Sobre esto último, una de las brechas más profundas en el feminismo, celebra la futura ley fruto de una dura negociación con sus socios de Gobierno. Pero lamenta la demora del CGPJ en emitir su informe. Las leyes feministas, destaca en la entrevista hecha este viernes, siempre van con retraso.

Una pandemia, una guerra en Ucrania, un panorama político muy convulso a ritmo de tuit… ¿Cómo llegamos a este 8M? ¿Ha perdido foco?

Creo que ocurre al contrario, el feminismo está siendo capaz de poner encima de la mesa un proyecto de país para dar respuesta a las principales preguntas que se hace nuestra sociedad: la forma de organizar nuestra economía basada en un reparto más justo de la riqueza, la incorporación de los cuidados, planchar, hacer la comida, lavar los baños, cuidar a los niños y a las personas dependientes, a nuestros mayores... hasta el fin de las violencias.

La agenda que tiene el feminismo responde a las crisis reveladas en los últimos años, particularmente con la emergencia sanitaria: el fortalecimiento de los servicios públicos o la necesidad de que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida y ser quien es sin culpa, sin miedo y sin estigma. Y, por tanto, combatir los discursos de odio, pero mucho más. Ya nadie se imagina nuestro país sin las leyes feministas, pero tampoco sin el movimiento feminista. Es seguramente el principal proyecto político de carácter democratizador que en este momento está encima de la mesa.

¿Cree que ha calado de manera transversal o teme que la fragmentación acabe haciendo del feminismo una divisa aceptada por una parte de la sociedad y rechazada por otra?

Creo que cada vez hay más gente en nuestra sociedad que sabe que el feminismo es bueno para su país y para ellos y ellas. Por supuesto para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad. Este año, la campaña que lanzamos desde el ministerio dice: "Nosotras lo llamamos feminismo, llámalo como quieras: conciliación, disfrutar más de tu tiempo libre, cuidar, igualdad, un reparto más equitativo de los cuidados o de la riqueza, servicios públicos... llámalo como quieras".

Al final el feminismo es un proyecto de país que dice que si más de la mitad de la población tenemos todos nuestros derechos garantizados, hará mejor a nuestra sociedad y también que los hombres vivan mejor. Hay mucha gente que se acerca tímidamente al feminismo, pero en realidad cuando hablas de las cosas concretas que el feminismo está proponiendo, lo comparte todo el mundo.

La penúltima víctima mortal de violencia machista había presentado varias denuncias contra su agresor. El año pasado fueron nueve mujeres, desde que hay datos son 235 las asesinadas por sus parejas o exparejas que habían dado el paso de denunciar. ¿Qué ha fallado?

El mensaje es claro: hay que revisar, actualizar y mejorar cada protocolo de actuación, cada medida que ponemos en marcha, desde la administración central hasta el último ayuntamiento, para conseguir detectar en qué podemos mejorar y en qué no podemos fallar. En el caso de las asesinadas que habían pedido ayuda, es muy evidente que hay fallos todavía en el sistema. Seguimos fallando. Y lo digo en primera persona porque soy consciente de la especial responsabilidad que tenemos. Estamos llevando a cabo la revisión coordinada de todos esos protocolos de actuación.

Nos estamos centrando, por ejemplo, en la detección precoz. Ese fue uno de los acuerdos que llevamos en el plan de medidas urgentes al Consejo de Ministros. No son cosas que generen grandes titulares, pero desde luego son las que nos permiten llegar siempre a tiempo y para todas las mujeres, especialmente las más vulnerables, que son las que todavía ven más distancia con la institución. Y pienso, por ejemplo, en víctimas de violencia que están en situación administrativa irregular.

Cada vez se está hablando más de violencia económica, de otras formas de violencia, no necesariamente por parte de parejas o exparejas. ¿Es necesario reformar la Ley 1/2004 contra la violencia de género?

Como Estado necesitamos reconocer todas las formas de violencia contra las mujeres. La Ley 1/2004 se ocupa de una violencia específica, que es la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja. Con la ley solo sí es sí vamos a avanzar en el reconocimiento de las violencias sexuales, la explotación sexual, poniendo el consentimiento en el centro y diciendo que no hace falta que haya violencia o intimidación para que hablemos de una agresión sexual. Y efectivamente hay otras violencias, como puede ser la económica, institucional o la vicaria, que cada vez tienen más protagonismo en el debate público. La técnica legislativa para mí no es lo más importante. Lo más importante es el objetivo de tener herramientas eficaces para combatir todas las formas de violencia.

La ONU ha lanzado un par de alertas muy recientes sobre la falta de protección por parte de la justicia a los hijos de padres abusadores y también respecto a la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP). ¿Qué falla en el sistema judicial?

Esta es una demanda histórica del movimiento feminista y quiero reconocer a las mujeres y asociaciones feministas que se han partido la cara por defender a las madres protectoras desde hace muchos años, cuando además eran absolutamente criminalizadas por hacerlo. Hay que reconocer a las que, aun siendo cuatro, estaban con la pancarta y tendiendo la mano a la mujer que estaba sufriendo esa violencia y acompañándola en el camino. Eso es lo más valioso que tiene el movimiento feminista, que nunca deja sola a una mujer que lo necesita. 

Para nosotras ha sido una prioridad esta cuestión desde el inicio de la legislatura. En la Ley de Infancia hemos prohibido la aplicación del Síndrome de Alienación Parental, que es un falso síndrome creado por un pedófilo para justificar sus comportamientos, y hemos decretado la suspensión del régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato. Porque un maltratador nunca puede ser un buen padre. Los cambios legislativos son fundamentales pero no suficientes. Tenemos que ayudar a esos jueces a no aplicar ni el SAP directamente, ni los prejuicios que están detrás: confundir la protección que una mujer hace de sus hijos e hijas, con una madre que manipula a sus hijos para ponerlos en contra del padre.

¿Esos prejuicios son producto de una falta de formación o de una justicia patriarcal?

Lo que nos dice Naciones Unidas es que son producto de una justicia patriarcal. Es una obligación del Estado revertir esta situación.

PSOE y Unidas Podemos parecen no ponerse de acuerdo sobre la comisión de abusos dentro de la Iglesia y el Episcopado ha iniciado su propia investigación. ¿Qué es mejor: que lo haga el Defensor del Pueblo, una comisión parlamentaria o un despacho de abogados cercano a la Iglesia?

Lo más importante es que todas las instituciones nos volquemos en reconocer a esas víctimas que durante demasiados años han sido olvidadas, negadas y apartadas del espacio público con una clara voluntad de que no incomoden. Es importante que estén en el centro del debate público y que nos volquemos en la reparación del daño causado y en poner los mecanismos para que esas agresiones no se sigan produciendo. Seguramente habrá víctimas que se sientan cómodas con un trabajo que pueda desarrollar el Defensor del Pueblo y habrá otras muchas que lo estén en un contexto como el de las Cortes Generales, el Congreso o el Senado. Lo que más nos tiene que importar es que aquellas que quieren hablar y que quieren hacerlo públicamente, lo puedan hacer también en las instituciones que decidan.

Es decir: Defensor sí y comisión de investigación parlamentaria también.

Son perfectamente compatibles.

Si la Iglesia no colabora, ¿el Gobierno tendría que tomar alguna medida o replantearse la relación entre la Iglesia y el Estado?

La Iglesia cada vez es más consciente, fruto precisamente de la lucha de esas víctimas, de que no se puede quedar parada ante una realidad evidente. Creo que debería colaborar, pero a mí no me corresponde tomar decisiones por esa institución sino decir que desde luego la administración y el Gobierno tienen que estar del lado de las víctimas.

¿Es la prostitución una forma de violencia machista?

La explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres, de las más graves, y así lo dicen todos los organismos internacionales. Una de nuestras prioridades es entender cómo las políticas públicas pueden responder por fin a esas mujeres que están en esos contextos y que siempre han estado en los márgenes de las políticas públicas y sintiendo una absoluta desconfianza de las instituciones.

La mayoría de mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata son además mujeres en una situación administrativa irregular. Eso quiere decir que no pueden abrir una cuenta corriente, que tienen enormes dificultades para la escolarización de niños y niñas, para tener una casa, para figurar en el padrón, para acceder a su derecho a su salud y ya no digamos otros derechos como el del descanso, el ocio o la cultura. Cuando nosotras hablamos de la abolición de la prostitución lo que tiene que estar en el centro son los derechos de esas mujeres.

Yo le pregunto por prostitución, usted me responde por explotación y trata. ¿Hay algún tipo de prostitución que pueda ser respetable, homologable o normalizable?

El debate, al menos como yo creo que debemos afrontarlo desde el Gobierno, no tiene que ver con la libertad de las mujeres para decidir si prostituirse o no, sino si existe en nuestro país una institución en la que se dan las peores violencias que se ejercen contra las mujeres. Y existe. Vamos a mirar a la cara a la industria proxeneta. La propuesta de recuperar la tercería locativa y tipificar el proxenetismo no coactivo está incluida en la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Es una industria que mueve cinco millones de euros al día en dinero negro, según datos de la Fiscalía, que nos está diciendo que es imposible perseguir a la industria proxeneta con las herramientas legales actuales. Por ejemplo, tenemos que conseguir que el dinero que se incauta pueda servir para contribuir a la reparación e integración de esas mujeres víctimas. Si queremos hablar de un horizonte abolicionista de la prostitución…

…Y usted quiere hablar de ese horizonte abolicionista.

Yo nunca he tenido problema en reconocer que soy abolicionista. Milito desde los quince años y siempre lo he sido. Pero creo que este debate no va de si somos abolicionistas o no, sino de cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres que están en los contextos de prostitución. Y la realidad, cuando aterrizamos, es que esas mujeres son víctimas de muchas formas de violencia. Los cálculos que tenemos en el ministerio es que para hacer un plan de inserción sociolaboral que pueda cubrir las necesidades de esas mujeres necesitaríamos más de mil millones de euros en tres años. Es una decisión contundente, pero es la única manera efectiva.

Recientemente en la Comisión de Igualdad prometió que el aborto estaría garantizado en todos los hospitales públicos. ¿Cómo y cuándo se llevará a cabo ese compromiso?

Lo antes posible. Estamos en la fase de construcción y negociación de esa ley en el seno del Gobierno. Ya hay un texto propuesto y lo estamos trabajando. Por nuestra parte, cuanto antes.

Cualquier mujer que quiera abortar, algo que es un derecho en España, ¿podrá hacerlo en un hospital público?

Tiene que poder. Es que si no, lo que está ocurriendo, y el motivo por el que proponemos esto, es que hay muchas mujeres que a pesar de tener el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo reconocido por la ley, tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder reconocer ese derecho o hay algunas que directamente no pueden acceder.

La reforma de la ley del aborto incluirá la violencia obstétrica como forma de violencia machista. ¿En qué consiste exactamente y sobre todo, tienen ustedes datos sobre su dimensión?

Esa es nuestra propuesta. Lo que nos dice Naciones Unidas, que ha condenado a España precisamente por un caso de violencia obstétrica, es que esas prácticas existen. Quiero dejar claro que en nuestro país muchos profesionales sanitarios han dado un salto de gigante en las prácticas respetuosas con los derechos de las mujeres. Potenciar esas buenas prácticas y todo el proceso de elaboración de la ley del aborto que ha comandado Toni Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres, nos ha servido para conocer muchas unidades de ginecología y obstetricia, grupos específicos contra la violencia obstétrica en muchos hospitales públicos, que tienen profesionales sanitarios que son los que más saben de eso. La promoción y extensión de esas buenas prácticas es la tarea que tenemos. Lo que nos dicen los organismos internacionales es que hay aproximadamente un 44% de mujeres que en el proceso de embarazo, parto y posparto han sufrido procedimientos innecesarios, dolorosos y además la gran mayoría no habían sido debidamente informadas.

Otro asunto delicado: vientres de alquiler. ¿Se va a prohibir la exigencia de agencias que actúen en este ámbito o que haya parejas que inscriban a niños y niñas obtenidos por este método?

La explotación reproductiva ya es algo ilegal en nuestro país, quiero dejarlo claro. Puede haber subterfugios, pero es una práctica ilegal. A partir de ahí, lo que nosotras creemos es que hay que reconocerlo como una forma de violencia contra la mujer: detrás de cada vientre de alquiler hay una mujer explotada en unas condiciones de precariedad absoluta. Ucrania es un país muy permisivo con la práctica de esta violencia contra las mujeres. También, efectivamente, tenemos que ser capaces de reforzar todos los mecanismos que impidan que haya empresas en nuestro país que publicitan una práctica que es ilegal y que se pueda perseguir penalmente. 

¿Pero seguirá siendo legal por ejemplo que una pareja de hombres homosexuales se vaya a otro país y vuelva con un niño que puedan inscribir?

El ministerio es muy consciente de la necesidad de proteger al máximo los derechos de los niños y las niñas. Eso lo vamos a hacer siempre. Pero la explotación reproductiva supone una forma de violencia contra las mujeres que no solamente ya es ilegal, sino que requiere reforzar todos los mecanismos que, respetando los derechos de los niñas y niñas, permitan también proteger los derechos de las mujeres. Eso pasa por reforzar esas prohibiciones a las empresas que anuncian y hacen negocio con la violencia contra las mujeres, y también que esos contratos que se firman sean nulos de pleno derecho y puedan ser perseguibles.

Este martes llega al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Igualdad. ¿En qué aspectos aspira a cambiar la vida de las mujeres?

El plan propone medidas para las administraciones públicas en la promoción de la igualdad y veíamos que era importante adaptarlo a las consecuencias de la pandemia sobre la vida de las mujeres. Es un plan ambicioso que reconoce obligaciones, por ejemplo, de todas las unidades ministeriales en la promoción de la igualdad, y que se destinen partidas específicas en el ámbito de sus competencias. Además plantea medidas concretas que van desde la lucha contra la violencia hasta el reparto equitativo de la riqueza, el tiempo o los cuidados. El feminismo es luchar contra las violencias machistas, pero también es tener consultorios médicos en cada lugar del territorio o que haya servicios de conciliación, y que igual que hay un sistema de salud o de educación, lo tiene que haber de conciliación para garantizar los cuidados. El plan también nos va a servir para reconocer el trabajo que ya estamos haciendo como Gobierno. Nos queda mucho por hacer, pero este Gobierno está haciendo objetivamente inversiones presupuestarias históricas en igualdad: por primera vez más de 500 millones en el año 2022.

Usted misma ha incidido en la necesidad de avanzar hacia políticas de salud menstrual. ¿Está sobre la mesa el impulso de permisos menstruales en el ámbito laboral?

Sí. Para aquellas reglas que sean especialmente dolorosas. Ahí de nuevo los datos son muy brutales: casi la mitad de las mujeres en nuestro país dice que ha sufrido reglas tan dolorosas que le impedían el ejercicio de su labor profesional y por tanto hubiesen necesitado el reconocimiento de ese derecho de una baja laboral. Esa es nuestra propuesta, reconocer ese derecho para las reglas incapacitantes. Del mismo modo, hay una de cada cuatro mujeres en nuestro país que no puede pagarse los productos de salud menstrual que querría porque no tiene dinero, porque son productos que a pesar de ser necesitados por la inmensa mayoría de las mujeres, están gravados como si no fueran de primera necesidad. Tenemos que afrontar, idealmente, la cuestión del tipo impositivo. Pero también que puedan ser distribuidos de manera gratuita en espacios públicos y para sectores especialmente vulnerables como la gente más joven.

No hay apenas ejemplos ni experiencias a nivel internacional sobre ese permiso laboral. ¿En qué modelo se están basando o qué tienen en mente?

Estamos intentando que sea lo más parecido a otros permisos de incapacidad temporal que ya existen, pero vinculados al hecho concreto de tener una regla especialmente dolorosa que te incapacita.

La justicia europea ha concluido que el régimen laboral de las empleadas del hogar es discriminatorio. ¿Qué va a hacer el Gobierno contra la precariedad en los sectores más feminizados?

Es importante que reconozcamos el respaldo para las trabajadoras del hogar, mujeres muy precarias que realizan una tarea esencial en nuestra sociedad. La emergencia sanitaria lo ha puesto de manifiesto. Llevan muchos años luchando por el reconocimiento de sus derechos y ahora reciben un apoyo muy importante con esta sentencia. Nosotras tenemos que actuar con urgencia, tanto en la ratificación del Convenio 189 de la OIT, como en la garantía de todos sus derechos. Es el objetivo hacia el que caminamos. Las competencias son del Ministerio de Trabajo y trabajamos en estrecha coordinación porque esa sentencia nos deja claro que tenemos que cumplirla y las trabajadoras del hogar tienen derecho a que el Estado reconozca todos sus derechos. La ratificación del 189 de la OIT es un proceso y nos gustaría que fuese más rápido

Otro asunto que parece que se está tomando su tiempo en el CGPJ es la ley trans. ¿Qué espera de ese informe de este CGPJ?

En general las leyes feministas casi siempre se toman su tiempo en el Consejo General del Poder Judicial. A mí esa situación no me tiene contenta, pero lo asumo como parte de la realidad que vivimos las feministas y que viven las leyes feministas en nuestro país. Las leyes feministas de la legislatura Zapatero, desde la Ley de Violencia de Género, pasando por la Ley del aborto, la Ley de Igualdad o la Ley de matrimonio igualitario, también sufrieron muchas de las trabas que hoy estamos viendo en las leyes que forman parte de esta nueva generación de derechos feministas.

¿Qué nos intenta trasladar? ¿Tenemos un CGPJ machista?

Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que objetivamente se toma su tiempo con las leyes feministas y creo que no es ninguna sorpresa que casi siempre se muestra crítico o contrario a los avances feministas, incluso aquellos que muy poco tiempo después de ser aprobados se demuestra que son las leyes que más hacen avanzar a nuestro país y las que más consenso social generan. La ley trans o la ley del solo sí es sí, pese a todas esas trabas, son de las leyes mejor valoradas en el conjunto de la acción legislativa del Gobierno de coalición. Nosotras vamos a seguir legislando y avanzando. Eso no sólo pasa por las leyes, pero desde luego también pasa por ellas. Yo tengo la confianza de que la ley trans en este periodo de sesiones pueda llegar a Cortes. A partir de ahí también los grupos tienen que hablar. Fue una negociación muy difícil, yo creo que la ley que hemos presentado es una buena ley, preserva lo fundamental, pero hay cosas que se quedaron en el tintero.

Hay un cambio en el liderazgo del Partido Popular pendiente. Todo el mundo dice que va a ser Alberto Núñez Feijóo, que ya ha declarado su intención de presentarse en el Congreso. ¿Qué esperan de este cambio? ¿Es Feijóo un hombre feminista?

Yo tengo la sensación de que, lidere quien lidere el Partido Popular, ellos han confiado su futuro a la alianza con la extrema derecha y creo que el tipo de conflicto que han mostrado al conjunto del país en las últimas semanas demuestra que lo único que une a todo el mundo en el Partido Popular es la mentira y la corrupción. Y eso es muy grave. Mejor que estén alejados del gobierno y de los gobiernos, no sólo del gobierno nacional, porque la mentira y la corrupción son muy malas cartas para gobernar en servicio del interés general y más en un momento donde nuestro país necesita transformaciones muy profundas, no parches. Transformaciones muy profundas en sus estructuras, en sus instituciones, en sus formas de organización de la economía y de la vida, para que realmente podamos hablar de un país que es feminista, donde todas las mujeres pueden tener tiempo para vivir y no sólo para trabajar y cuidar por un salario de miseria y en unas condiciones mucho más precarias que el conjunto de la población.

¿Pero cree que puede haber un cambio en Igualdad? Por ejemplo, ¿han analizado ustedes las políticas de Igualdad de Galicia?

Reconozco que con Galicia, en el seno de la coordinación interinstitucional, hacemos un buen trabajo. Cuando hay tareas de gobierno y de gestión hay la obligación de ponerse de acuerdo en muchas más cosas que en la contienda política o en el debate parlamentario.

Hay quien hace entre la invasión rusa en Ucrania y algunas materias de su ministerio algún tipo de paralelismo: un agresor en una posición de poder que agrede a una persona que no se puede defender. ¿Se puede estar en el medio entre un agresor y una víctima que además ve violada su soberanía, sus fronteras y también su determinación democrática de perseguir el futuro que quiera?

Creo que todos los demócratas en este momento sabemos que la prioridad de cualquier país tiene que ser pararle los pies a Putin. La mayoría en nuestro país y en el mundo entero entiende que esa agresión unilateral que se ha producido es absolutamente intolerable, viola todas las normativas internacionales, supone una violación de los derechos fundamentales de millones de ucranianos y ucranianas, que es insostenible en el tiempo y que debe cesar de inmediato. No hay nada más lejos de la neutralidad que las propuestas de paz y de negociación, yo creo que son la única forma efectiva de ayudar a los ucranianos y ucranianas y de pararle los pies a Putin. 

Precisamente en el marco de Naciones Unidas hay una petición permanente de que las mujeres tengan un mayor protagonismo en la paz. Si algo hemos defendido siempre las feministas es la paz, y que nuestra participación en las negociaciones puede ser efectiva para poner fin a los conflictos armados, precisamente porque las mujeres sufren muchas de las principales consecuencias negativas de las guerras. En todo conflicto armado, dure más o dure menos, incluso en aquellos en los que se machaca militarmente al adversario, termina habiendo acuerdos y diálogo para establecer de nuevo la convivencia. La alternativa a la paz es la escalada bélica, con consecuencias impredecibles, seguramente las de un conflicto global. Y eso no lo estoy diciendo yo, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Europeo lo decía con claridad en la televisión pública española: "El envío de armas seguramente no sea una medida eficaz para ayudar a los ucranianos".

¿Ha hablado usted de esto con Yolanda Díaz? Escuchándolas hablar no dicen lo mismo a pesar de compartir un espacio y en teoría un objetivo.

Hablamos. Y Yolanda Díaz es nuestra candidata, aunque tengamos posiciones diferentes en algunas cuestiones. Por supuesto lo hablo con mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos y también con los compañeros del Partido Socialista cuando nos encontramos. El diálogo es la base del trabajo que realizamos y claro que lo podemos conversar, intercambiamos opiniones, yo les transmito qué es lo que pienso y ellos también me dicen lo que piensan y a veces pensamos diferente.

¿Está usted preocupada por el futuro del espacio de Unidas Podemos? En las últimas elecciones en Castilla y León se dejó cuarenta mil votos, mientras que la extrema derecha subió hasta casi el 18%.

Nuestro espacio político ha demostrado la utilidad que tiene para este país, incluso a pesar de los errores propios, como pueden ser los conflictos internos, o a pesar del acoso judicial y mediático al que hemos sido sometidas como ninguna otra fuerza democrática. A pesar de eso, estamos demostrando a España que se podía subir el salario mínimo, que ya está en mil euros y lo único que ha pasado es que ahora somos un país mejor y que las familias más vulnerables tienen más dinero para poder vivir sus vidas con dignidad. Que cuando decíamos que se podía sacar una ley del solo sí es sí, o una ley trans, o que se podía gobernar en coalición, al final hemos demostrado que era posible. Y este es un espacio político que a veces también pasa por momentos de mayor crecimiento y por momentos de mayor retroceso electoral. Ahí es donde se curte la militancia política, en ser capaces de defender tu proyecto y de hacer conquistas, incluso cuando no nos vienen bien dadas o incluso cuando tienes malos resultados electorales. Lo que nos toca es seguir trabajando a las duras y a las maduras para demostrar la utilidad y lo positivo que Unidas Podemos aporta a este país. Y ahora en concreto, por una posibilidad que creo que es ilusionante para mucha gente: que Yolanda Díaz pueda ser la primera mujer presidenta de nuestro país.

Ha hablado del acoso que sufren los miembros de su partido. Usted misma ha conjugado en primera persona el acoso que ha sufrido muchas veces fruto de su actividad política. ¿Es la política institucional compatible con los cuidados, con los autocuidados? 

Quiero hacer una distinción. El tipo de violencia que sufrimos algunas mujeres que estamos ahora en la política institucional y la que sufren activistas como Pamela Palenciano se llama violencia política y es una estrategia que despliegan los reaccionarios que consiste en destruir tu vida personal, escrutar tu vida, ridiculizarte, infantilizarte, hacer que no seas respetable para la opinión pública. Es una estrategia que se llama violencia política contra las mujeres. Y otra cosa diferente es que efectivamente la política institucional, al menos a determinados niveles de responsabilidad, implica una dinámica de trabajo que está hecha por y para hombres que hasta hace muy poco tiempo delegaban en otras personas, normalmente mujeres, todo el resto de tareas que no tuviesen que ver con su actividad política. 

Sí creo que la política puede hacer una reflexión para ajustar y adecuar sus dinámicas, sus tiempos, ya no a la participación de las mujeres, sino a la compatibilidad con la vida. Precisamente por eso yo creo en la temporalidad de estas responsabilidades.

¿Usted ha hecho la reflexión de 'esto a mí no me compensa, que metan a mi pareja, a mis hijos, a mi familia… si lo sé no vengo'?

Inevitablemente. Ha habido momentos muy difíciles en el primer año de Gobierno, con el acoso en nuestra casa, el acoso a nuestros hijos y con la impunidad judicial con la que esos casos se resuelven en muchas ocasiones. Precisamente por eso, entre otros motivos, soy una firme defensora de la organización política y de la organización colectiva. Porque quienes hacemos política para transformar, ya sea desde un movimiento social, desde un partido político, desde un sindicato y ahora desde las instituciones, no tenemos medios para cuidarnos y para seguir adelante más allá del codo con codo y de los compañeros y compañeras. No es solo que efectivamente pensamos mejor juntas y que las conquistas de derechos siempre son una tarea colectiva, es que en el plano más personal yo no hubiese aguantado aquí ni cinco minutos si no es por mis compañeros y compañeras, algunos con nombres y apellidos. Y precisamente por eso, en ese sentido hermoso de saber que no estás sola nunca, defiendo la lealtad como uno de los valores más importantes en la política y en la vida. Porque me parece que solo junto a otras puedes puedes estar y ser feliz, incluso a pesar de que pueda ser muy hostil el entorno en determinados momentos en los que tienes que desarrollar tu actividad política.

En 2018, el movimiento feminista consiguió un hito histórico: una huelga internacional que secundaron cientos de países y una movilización que sacó a las calles a cientos de miles de mujeres. Este martes, las mujeres vuelven a salir. La importancia del feminismo se reafirma cada año en el 8M y a pesar de que interpela a todas las mujeres, en cada una ha calado de forma distinta. 

El feminismo ha cambiado la vida de muchas mujeres, aunque cada caso parece único. Este movimiento está ligado al “aprendizaje”. Paula Vega, filósofa, docente y coordinadora del 8M de Madrid, asegura que el feminismo le ha explicado “un montón de cosas" que nadie le había explicado, sobre todo vivencias que creía individuales pero que "les habían pasado a otras mujeres”. Pero también ha cambiado la forma de pensarse a sí misma, añade, y la manera "de entender a los y las demás”. Rocío Cruz, estudiante de Periodismo y Humanidades, comparte esta idea y afirma que el feminismo ha afectado a su forma de relacionarse con los suyos.

Este movimiento también se caracteriza por “abrir los ojos” a las feministas, o más bien, ponerles unas “gafas moradas”. Estas gafas han hecho que muchas mujeres sean más críticas con su manera de pensar, sus actitudes, comportamientos o conductas. Irene Mira, de 22 años, cree que el movimiento “te cambia en todos los sentidos. Muchas veces es un jarro de agua fría porque hace que te des cuenta de la realidad y las desigualdades en las que todavía hoy seguimos envueltas, es un aprendizaje constante”. Paula Vega reconoce que el feminismo le ha hecho "mucho más feliz y mucho más crítica”. 

Elvira Andújar, estudiante de Psicología, lo ejemplifica con un acto cotidiano y normalizado: la depilación. “Cuando me empezó a salir vello me sentía muy presionada a quitármelo, por lo que los demás pensaran, y porque yo misma había asumido la idea de que las mujeres no tienen pelo”, pero gracias a la “conciencia feminista” consiguió restarle importancia y sentirse “muy liberada”. Selene Serrano, una joven de 22 años, asegura que el feminismo le ha cambiado la vida desde que nació, "pero sin saberlo”. Sin embargo, señala, es el machismo lo que realmente "ha condicionado" su vida, pero "el feminismo ha arreglado lo que el machismo marcaba”. 

Loli Núñez, funcionaria en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y madre, reconoce que con los años le ha dado la vuelta a muchas de las cuestiones que había interiorizado “desde pequeña”. Su hermana, Julia Nuñez, licenciada en Psicología y Magisterio, coincide: “El feminismo ha influido considerablemente en mi forma de pensar, ha hecho que derribe viejos estereotipos asociados al sexo femenino y me ha abierto los ojos ante situaciones que teníamos normalizadas”. Además, Julia asegura que han sido otras mujeres las que la han “empoderado” a viajar sola, algo que nunca se había planteado.

Por otro lado, el feminismo es capaz de cambiar vidas, o al menos de guiarlas. Es el caso de la poeta e investigadora Noemí Trujillo, quien afirma que este movimiento y sus aprendizajen han aterrizado especialmente en su trabajo. Ana Vargas, historiadora y profesora de Estudios de Género en la Universidad Carlos III de Madrid, reconoce que esta corriente le ha determinado: “Las propias decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida, también en el plano laboral, han estado marcadas por tener una conciencia feminista”.

La manifestación del 8M simboliza la lucha que las mujeres llevan a cabo durante todo el año. Lleva siendo así desde hace más de un siglo, cuando nació la primera reunión alrededor de un 8 de marzo. “El primer 8M fue en 1911 a propuesta de la revolucionaria Clara Zetkin y en solidaridad con unas trabajadoras en huelga en Estados Unidos. Ese es el espíritu del 8M”, destaca Irene Olano, activista del colectivo Pan y Rosas. 

Hoy en día, sigue siendo un día significativo y emotivo para las feministas. Rocío Cruz admite haberse emocionado en varias ocasiones: “He llorado por sentir que la lucha es real, que estamos todas unidas reivindicando lo que nos merecíamos, que nadie ni nada nos puede parar”. A estas movilizaciones acuden mujeres de todas las edades. Concha Rodríguez, estudiante de Humanidades, asegura que todos los años va acompañada de sus hijas, mientras que Ana Vargas se alegra de ver que a su lado se manifiesten alumnas suyas. 

Elvira Andújar destaca dos funciones principales del 8M: “Es un día para informar, educar acerca del feminismo y desmitificar creencias, y por otro lado es una forma de hacer ruido”. Esta manifestación anual logra llevar a la agenda mediática debates feministas. Selene Serrano incluso considera que “sin estos últimos 8M no tendríamos ahora un ministerio dedicado a la Igualdad”. Rafaela Pimentel, activista feminista y trabajadora de hogar y cuidados asegura que mediante estas manifestaciones se busca que las mujeres “tengan derechos todos los días”.

Al fin y al cabo, el 8M es un lugar de encuentro entre todo tipo de mujeres, que juntas ponen el foco en las demandas feministas actuales. “Es un momento emocionante porque se recogen los frutos de un trabajo duro que hacemos los 365 días del año”, destaca Irene Olano. 

En definitiva, la construcción de una sociedad feminista depende en gran parte de la educación, y es por ello por lo que en estas manifestaciones se reivindica una enseñanza feminista. Ana Vargas recuerda que “hay que ser feminista dentro y fuera” del aula.  Julia Núñez, licenciada en Magisterio, recupera uno de los clásicos lemas del movimiento al afirmar que “el futuro será feminista o no será”. Sin embargo, la educación no solo se da en las aulas, también en el ámbito familiar. Concha Rodríguez afirma que en cada casa debe reflejarse la “igualdad”, tanto en los matrimonios como en la educación de los hijos e hijas.

Me llama la atención cómo la perspectiva de infancia puede ser olvidada e ignorada entre muchas feministas. De la misma manera, me sorprende encontrarme con expertas y representantes de organizaciones de infancia que desconocen –cuando no desconfían– de cómo el enfoque de género hace políticas de infancia mejores. Los derechos de las mujeres y los de la infancia no son compartimientos estancos, más bien todo lo contrario. No podemos olvidar que ambas esferas comprenden derechos humanos y que, por tanto, son interdependientes, están interrelacionados. Es más, un abordaje riguroso de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desactivarían muchas de las causas que están detrás de las desigualdades de género, desarmaría muchos de los relatos que se utilizan para jerarquizar las relaciones.

Un ejemplo claro, y controvertido, de esto es la incorporación de una educación sexual integral en las escuelas desde la primera infancia. Es un tema este que pone especialmente nerviosos a miembros conservadores y ultraconservadores de nuestra sociedad, incluyendo entre estos a un sector del feminismo transexcluyente que, no pocas veces, comparte consignas con la misma extrema derecha. “Adoctrinamiento”, “pin parental”, “ideología de género”, “generismo” “queerismo”, “homosexualizar” “propaganda”, etc. son parte de una terminología global que aparece en las campañas y argumentarios (ultra) conservadores que, de forma deliberada, ofrecen información distorsionada o engañosa sobre en qué consiste una educación sexual integral. Algo que busca atemorizar a madres y padres, malinterpretando que no se trata de sustituir a las familias en su función educadora sino de complementar la educación de sus hijos e hijas con contenidos científicos como se hace con tantos otros aspectos dentro de un currículo educativo.

La educación sexual es un derecho humano en sí mismo y un medio para hacer efectivos otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. Abordar la sexualidad de forma integral, con enfoque de género, de forma pedagógica y con contenidos adaptados a cada edad, favorece el autocuidado, el respeto a la diversidad sexual y la prevención de las violencias machistas porque promueve una vivencia sexual sana. Como dice el Consejo de Europa, “una educación sexual integral protege a los niños y a las niñas, y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva”. Por ejemplo, una educación sexual integral hubiera impedido muchos de los abusos que miembros de la Iglesia Católica han cometido contra centenares de niños y niñas que, ahora siendo adultos, ofrecen terribles testimonios que dejan al descubierto cómo los agresores se aprovecharon de su inocencia y de todo un constructo socio-religioso muy perverso sobre la sexualidad.

Este año, llegamos al 8M con varias normas que intentan romper con la inercia de tabú que se viene imponiendo en España sobre sexualidad e infancia. La más reciente, este mes de febrero con la publicación en el BOE del Real Decreto que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. Este incluye, en una de las áreas, la necesidad de acompañar en esta etapa el desarrollo de su afectividad, así como en el descubrimiento de la sexualidad y la construcción de género, respetando la diversidad afectivo-sexual. Sin embargo, al igual que sucede con la Ley de Protección a la infancia y la adolescencia frente a las violencias, que entró en vigor en junio, las referencias no son explícitas a una educación afectiva sexual integral. De ahí la importancia del anuncio que hacía esta semana el Ministerio de Igualdad de que la modificación de la Ley del Aborto pueda incluir contenido en materia de educación sexual de manera obligatoria.

Sin embargo, es imprescindible que la divulgación de tan necesaria propuesta no solo se justifique en que esta puede ser una medida preventiva de la violencia machista, que piensa en las mujeres, que lo es, sino que también y sobre todo es una medida pensada para la infancia que garantiza varios derechos de esta, entre ellos el derecho de las niñas y niños al más alto nivel posible de salud mental y física o su derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Es clave que los feminismos, las feministas, tengamos cuidado para no caer en el adultocentrismo de legislar ámbitos que afectan a la infancia sin pensar en los derechos de la infancia, es decir, pensando en otros sujetos que no son ellos.

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Violeta Assiego, abogada de Derechos Humanos

Si alguien llegara de otra galaxia un 8M y preguntara qué se celebra en todo el planeta ese día, se daría cuenta de que estamos en un lugar que ha fracasado en el principal objetivo de quien lo habita, que debería ser la convivencia en paz.

No se puede ser libre para imponer sus dictados a los demás, ni recurrir a la justicia para dominar a otros, como tampoco se puede hablar de dignidad para discriminar y de igualdad para excluir. Los Derechos Humanos no llevan pronombre posesivo, no son “mi libertad”, “nuestra justicia”, “tu igualdad” o “su dignidad”… Son de todo el mundo y para todo el mundo, y lo son siempre.

El feminismo es consciente de todo ello y ha puesto de manifiesto esta realidad fracasada a partir de la experiencia de las mujeres, con el objeto de transformar la cultura y su deriva para que el destino de la humanidad sea una nueva referencia cultural. Así de grandilocuente, así de simple. No busca cambiar cosas dentro del modelo androcéntrico que define la cultura en cualquier lugar del planeta, sino cambiar el modelo a través de las iniciativas que se proponen.

Se habla de un “Estado fallido” cuando un país fracasa en garantizar el acceso a los servicios públicos a su población, una situación que se suele acompañar de corrupción política, ineficacia judicial, contaminación ambiental, altos niveles de criminalidad e inseguridad, crisis económicas, elevados niveles de pobreza... Bien, pues veamos qué obtenemos al mirar la situación de la humanidad androcéntrica más allá de nuestras circunstancias particulares.

Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), más de 700 millones de personas (el 10 % de la población), vive en situación de extrema pobreza, 811 millones pasan hambre en el mundo (FAO), y 2.300 millones no tienen una alimentación suficiente, lo cual conduce a que el 22 % de los niños y niñas sufran retraso en el crecimiento, y a que el hambre sea la responsable del 45% de las muertes de menores de 5 años. Y si nos referimos a toda la población, las personas que mueren cada día como consecuencia del hambre y sus causas son 24.000 personas.

Al intentar huir de esas condiciones de vida, más de 4.000 personas fallecen al año al buscar una oportunidad en otros países, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), aunque es una cifra que subestima la realidad del problema, dado que la mayoría de las muertes en estas circunstancias no son conocidas.

En todos estos grupos, las mujeres y las niñas están sobrerrepresentadas.

Si nos centramos en la violencia, cada año se producen unos 500.000 homicidios, lo cual supone que cada día asesinan a 1.370 personas, el 0’9% de todas las muertes diarias. Los suicidios anuales son unos 700.000, es decir, que cada día se suicidan unas 1.918 personas, el 1,3 % de las muertes que se producen al día. En estas conductas los hombres están sobrerrepresentados como consecuencia de una masculinidad que reproduce la esencia del modelo que los propios hombres han impuesto para toda la sociedad, y en el que la violencia, contra otras personas y contra uno mismo, se entiende como una forma de resolver conflictos y problemas.

Esa construcción masculina de la violencia es lo que hace que el 58% de todos los homicidios que sufren las mujeres se lleven a cabo por hombres en el seno de las relaciones de pareja y familiares.

Y a estos hechos que ocurren a diario se les unen las crisis económicas que aparecen cada cierto tiempo, las guerras, las catástrofes naturales provocadas en gran medida por la acción humana, etc.

La conclusión es clara, somos una “humanidad fallida”, la realidad lo demuestra.

Los elementos que diferencian al ser humano de otros animales (inteligencia, conciencia, pensamiento, sentimientos...) no han sido utilizados para organizar la convivencia en paz y armonía, sino que se han usado para acumular poder y levantar fronteras entre los países y barreras entre la gente, al entender que las distintas características de las personas deben actuar como elementos de exclusión, y como forma de mantener la desigualdad y los privilegios que se otorgan a sí mismos quienes ocupan las posiciones de poder en cada contexto social. Un reflejo claro de lo que decía el paleontólogo Steven Jay Gould cuando afirmaba que “llevamos miles de años de homonización, pero muy pocos de humanización”.

El feminismo quiere humanizar el planeta, cambiar la deriva de una humanidad fallida que, como escribió el poeta alemán Hans Magnus Enzesberger, es incapaz de distinguir entre destrucción y autodestrucción. El 8M refleja la toma de conciencia de cómo la cultura patriarcal se ha levantado sobre la discriminación y la sumisión de las mujeres, para luego hacer de la desigualdad el argumento que mantenga el modelo y refuerce toda su estrategia, y así continuar el dominio hasta la explotación de las personas y el planeta. Y todo para que algunos disfruten de privilegios a costa de los derechos y la vida de las mujeres, y de cualquier persona situada por esa cultura androcéntrica en una posición inferior.

El 8M es mucho más que un día, es la demostración de que todavía hay solución para una humanidad que no sabe convivir en paz y en Igualdad.

Alberto Núñez Feijóo quiere "reconstruir" el Partido Popular. Al gallego la historia le ha ofrecido ahora la rara oportunidad de volver a subirse al tren de la política nacional, el mismo que dejó pasar en 2018 por temor a una derrota. Tras anunciar su intención de liderar el PP, el presidente de la Xunta ha marcado ya sus líneas rojas para distanciarse de Vox y la defensa del estado de las autonomías, de la Unión Europea y la lucha contra la violencia de género son algunas de ellas. 

La comparación con Alberto Ruiz Gallardón, que durante mucho tiempo fue considerado un moderado para revelarse después como uno de los ministros más reaccionarios de Rajoy, viene rápidamente a la cabeza. Y aunque el dirigente gallego presume de tener un discurso claramente diferenciado en materia de género con la ultraderecha, una de sus primeras decisiones cuando llegó al gobierno de la Xunta fue apoyar una iniciativa para financiar asociaciones antiabortistas.

“La ley del aborto es la que se lleva por delante en el año 2014 a Gallardón”, recuerda un cargo de la dirección del PP a infoLibre. "Es un tema que siempre ha sido un drama para nosotros", admite. "Cada vez que ha pasado cerca ha habido problemas en el seno del partido", prosigue. Y todo apunta a que será igual en el PP de Feijóo, ya que según fuentes cercanas al presidente de la Xunta, él también se opone a la reforma del aborto que están ultimando desde el ministerio de Igualdad.

El departamento dirigido por Irene Montero quiere derogar la reforma aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, que establece que las mujeres menores de 16 y 17 años que quieran abortar tienen que contar con el consentimiento de sus representantes legales. Pero no solo eso, Montero, junto con la cartera de Sanidad, también apuesta por reformas de calado para reformar la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y facilitar ese derecho en todas las comunidades autónomas.

"Las familias conservadoras lo son también en la 'libertad' de sus hijos y creemos que no es razonable que en nuestra legislación se pida una autorización paterna para permitir a una menor hacerse un tatuaje pero no se haga lo mismo si esa misma menor quiere abortar", valoran desde el PP. "Fuimos nosotros lo que introdujimos ese punto y nos vamos a oponer seguro", señalan.

Esa modificación fue aprobada en el año 2015 con Rafael Catalá como ministro de Justicia. El PP trataba así de contentar a la parte más conservadora de su electorado tras renunciar a derogar el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos de 1985. "Solo se modificó este punto pero aún así hubo un cisma en el Grupo Parlamentario Popular y cinco diputados votaron que no a la reforma por ser demasiado floja. Se los laminaron a todos en las listas siguientes", añade la citada fuente. Una de esas diputadas díscolas, Lourdes Méndez Monasterio, ocupa ahora un escaño en la bancada de Vox.

El hasta ahora líder del PP, Pablo Casado, se mostró partidario de volver a la ley de supuestos. Lo dijo en la campaña interna que le llevó a la presidencia del PP en 2018 y también en los meses posteriores. A sus ojos se trataba de una ley que generaba "consenso social" y que "no había ninguna necesidad de cambiar". Unas palabras que recuerdan a las pronunciadas por Núñez Feijóo en el año 2019. "Ese consenso se quebró, ese asunto está en el Tribunal Constitucional y esperemos lo que diga", señaló el presidente gallego.

Más de una década después de su entrada en el Tribunal Constitucional (TC), el recurso presentado por el PP contra la ley de plazos impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sin respuesta. De hecho, ya figura como el que más tiempo lleva guardado en un cajón. La sentencia podría llegar esta primavera, doce años después de su aprobación. El plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al alto tribunal es de 133 días, mientras que el recurso sobre el aborto cumple más de 4.000 días sin que se haya dictado una resolución.

El ponente del asunto será el magistrado Enrique Arnaldo, avalado por una mayoría del Congreso el pasado mes de noviembre con polémica de por medio por su vinculación evidente con el PP y tras compaginar durante años, pese a la ley de incompatibilidades, su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto en una empresa con contratos públicos y con la docencia en dos universidades, algo también prohibido por la normativa legal.

Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Actualmente la balanza dentro del TC se inclina del lado de los conservadores por seis votos a cinco y no es hasta junio cuando el alto tribunal contará con mayoría progresista.

"Arnaldo es nuestro, pero no sabemos cuál será la decisión del Constitucional, porque después de tantos años es mucho más difícil revertir una situación que en los inicios. Aunque creemos que es difícil de justificar jurídicamente el derecho al aborto, también sabemos que el sentir de la sociedad cambia", destacan otras fuentes populares, que inciden en que su partido tampoco derogó la ley cuando gobernó Rajoy. 

Caminar hacia su regulación o apostar por la abolición. El debate, con sus muchas aristas, sobrevuela hoy entre las bancadas del Congreso de los Diputados. Pero la misma cámara ya lo discutió hace décadas. España se preparaba para encarar el primer tercio del siglo, ajena al golpe de Estado y al régimen que echaría por tierra cualquier aspiración de progreso. En 1935, nace el primer decreto abolicionista: "Queda suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida". 

La prostitución se había introducido como prioridad en la agenda política años atrás. Y si un nombre pasaría a la historia, ese sería el de Clara Campoamor. La parlamentaria, cuya elocuente defensa del sufragio universal sigue estudiándose en las aulas, definió la prostitución como una "quiebra para la ética" y apostaba de manera ferviente por terminar con lo que entendía como la "degradación de un enorme número de mujeres", pero también de hombres "a quienes las leyes les dicen que pueden acercarse a una mujer sin amor, sin simpatía, sin siquiera un gesto cordial de estimación". 

"Para Clara Campoamor, la prostitución era una gran vergüenza del Estado", elogia la diputada socialista Laura Berja. Su partido es uno de los principales actores que han recuperado con fuerza el sentir abolicionista que entonces comenzaba tímidamente a hacer acto de presencia. Sobre la mesa, diversos retos y promesas: una ley de trata en pleno proceso de negociación, un plan de inserción sociolaboral para las prostitutas y un candente debate parlamentario en torno algunos preceptos vinculados a la prostitución que incluye la ley del solo sí es sí.

Durante las primeras décadas del siglo pasado, los derechos de las mujeres no estaban todavía en el centro. El llamado sistema reglamentarista, imperante en aquel momento, se había caracterizado tradicionalmente por "concebir la prostitución como un mal menor para regular la sexualidad masculina", escribe la investigadora Mercedes Rivas Arjona. El punto de vista entonces se centraba en evitar excesos mayores, defender el orden social establecido y frenar la expansión de enfermedades venéreas. "En la práctica, el sistema estuvo encaminado a regular administrativamente el ejercicio de la prostitución mediante el sistema de ficheros, controles sanitarios y aplicación de tasas, todo ello con el propósito claro de prevenir las enfermedades venéreas y mantener el orden público", señala la investigadora, quien recuerda además los beneficios económicos que el sistema prostitucional "reportaba a determinadas instituciones del país", como alcaldías y gobiernos civiles.

El Gobierno de la II República, sin embargo, busca una ruptura, en parte porque persigue "dignificar a la mujer", pero también debido a la pretensión de "poner a España al nivel de Europa". Habla Isabel Escobedo, historiadora y autora del artículo El movimiento abolicionista de la prostitución durante la II República. Entonces se hacen hueco tesis que encajan más bien en una suerte de "abolicionismo mixto o no puro" y que aplica conceptos como la lucha por la igualdad y la no criminalización de las prostitutas, pero que incorpora de igual manera muchos otros elementos discriminatorios, como el control sanitario de las prostitutas. El abolicionismo va ganando adeptos en ese contexto y entran en juego las medidas que apuestan por esa vía, con el llamado decreto abolicionista como punto de inflexión. 

Pero el texto resultante no fue todo lo ambicioso que se esperaba. El decreto mantiene preceptos como la vigilancia y tratamiento obligado de cualquier persona con enfermedades venéreas, o la hospitalización forzosa de las personas contagiadas. Las voces críticas emergen con fuerza, hasta el punto de que el Gobierno de la II República se vio obligado a emitir varias órdenes aclaratorias del decreto, la última precisando que no se pretendía instaurar un abolicionismo rígido, sino que el propósito del texto legal era "mucho más modesto, reduciéndose tan solo a constituir un régimen transitorio", en palabras de la investigadora Rivas Arjona. El Gobierno dijo entonces estar preparando una nueva ley de sanidad que nunca vio la luz. En marzo de 1941, un decreto devolvió el regulacionismo de la prostitución en España. Duró poco: el régimen franquista viró a mediados de siglo hacia el prohibicionismo extremo, articulado en sus años finales a través de herramientas como la ley de peligrosidad social. A las prostitutas solo les esperó marginalidad, represión y cárcel. 

La prostitución prosiguió como debate abierto dentro del movimiento feminista, pero quedó a un lado en la esfera política. Desde 1995, el Gobierno ha "despenalizado casi todas las conductas relativas a la prostitución y ha centrado esta política pública en la lucha contra el tráfico de personas para su explotación sexual", resume la investigadora Celia Valiente Fernández. Incluso durante el debate parlamentario previo a la modificación del Código Penal que acometió el Gobierno de Felipe González, las referencias a la prostitución fueron casi inexistentes.

Justo lo contrario a lo que ocurre hoy. De nuevo, otra reforma del Código Penal habrá de ser debatida en las Cortes, la que prevé desarrollar la Ley de Libertad Sexual. Y esta vez, la prostitución sí se presenta como una de las patas del debate. El anteproyecto incluye dos artículos relativos a la prostitución: la introducción de la tercería locativa y del proxenetismo no coactivo. El PSOE ha presentado enmiendas al articulado, con el fin de esculpir una redacción más rígida y un contenido "bastante más ambicioso", defiende el partido. En el envés, formaciones como Esquerra, Junts pel Cat y la CUP se inclinan por eliminar de la norma toda referencia a la prostitución.

Para Laura Berja, la abolición de la prostitución es "un modelo que trasciende lo estrictamente legislativo", por lo que requiere del "compromiso de todas las instituciones, las administraciones públicas y también de la sociedad civil". La portavoz socialista de Igualdad defiende trabajar por una legislación que penalice al proxenetismo e impulse la creación de recursos para atender a las mujeres, todo ello aderezado por una educación sexual igualitaria desde las etapas más tempranas. Pero algo más: "Sin demandantes de prostitución, no habría explotación sexual", por lo que su partido pide también sanciones a los varones que pagan por consumir prostitución. "En esta legislatura, los grupos parlamentarios tendrán que decidir de qué lado se posicionan", esgrime la socialista. Su partido dice tenerlo claro: "Abolicionismo, aunque nos quedemos solas". 

Pilar Vallugera, diputada de ERC y portavoz del grupo en la Comisión de Igualdad, está bien familiarizada con el debate: como militante feminista, dice en conversación con infoLibre, pero también como parte de la genealogía de la política institucional catalana. Durante su etapa como concejala del Ayuntamiento de Barcelona, el asunto ocupó parte de la agenda política y llenó titulares. Hoy, Vallugera trata de encarar el debate desde los puntos de encuentro: "Intentamos escapar del enfrentamiento y llegar a acuerdos", como la lucha contra la trata y la explotación o la asistencia a las mujeres en contextos de prostitución.

Las voces consultadas reconocen la complejidad del debate y ni siquiera aspiran a resolverlo. "Siempre va a estar, es bueno y es natural", sostiene Isa Serra, portavoz de Podemos. Su partido defiende que la responsabilidad de las instituciones no es dar respuesta a la discusión "ni optar por una posición", sino actuar para "acabar con la impunidad de la industria proxeneta y conceder derechos a las mujeres". Si el feminismo avanza sosteniéndose en consensos, el mandato de las instituciones es preguntarse "qué se puede hacer hoy", defiende Serra. "Nos toca afrontar el debate, pero huyendo de eslóganes y yendo a soluciones reales".

¿Y cómo asisten al debate quienes llevan años estudiándolo? Isabel Escobedo aplaude su entrada en las instituciones, aunque se reconoce escéptica: "Si la pretensión es abolir la prostitución, tiene que haber sobre la mesa una serie de medidas concretas", defiende.

Cristina Garaizabal, cofundadora del colectivo proderechos Hetaira, contempla atónita los términos en los que se ha desarrollado. "Las posiciones se han polarizado y el abolicionismo se trata como una señal identitaria, con el problema que conlleva de impedir una discusión", sostiene la activista. Es, a su juicio, un mal caldo de cultivo para acciones legislativas. 

Garaizabal censura que el debate, planteado en los términos actuales, excluya a las trabajadoras sexuales y busque "legislar a golpe de ideología sin tener en cuenta las consecuencias". La feminista lamenta que el abordaje de la prostitución se plantee desde una perspectiva "electoralista" y siempre enmarcada en "la riña constante entre el PSOE y Unidas Podemos". Es una sensación compartida por todas las voces pulsadas. La socióloga Águeda Gómez, autora del libro El putero español, admite la sensación de oportunidad perdida. "La bandera del feminismo está en disputa y la prostitución parece un problema partidista para reclutar potenciales votantes", lanza. Si el compromiso es real y si dará sus frutos, es algo que las expertas no son quienes de acertar.

Si algún elemento diferencial tiene el 8 de marzo con respecto a otras conmemoraciones en España es que cada año marca el pulso de dónde se sitúa la agenda feminista y este año el foco está sobre todo en la agenda abolicionista. En Madrid el Manifiesto 8M denuncia en diez puntos clave el grave retroceso en los derechos de las mujeres y las niñas en los últimos años, la explotación sexual y reproductiva de las mujeres señalando directamente a la práctica de la llamada eufemísticamente “gestación por sustitución” y al sistema prostitucional - España es el tercer país en el mundo en consumo de prostitución y el primero en Europa-  y la pornografía, que crece con los intentos del Gobierno “de confundir respecto de sus intenciones en relación al tratamiento que el Estado ha de dar a la prostitución”. Se exigen empleos dignos, estables y seguros para las mujeres recordando que la crisis económica derivada de la pandemia sumada a otras crisis anteriores han situado a las mujeres en una posición más precaria todavía. Y pone el acento en la preocupación por la eliminación del concepto “sexo” en leyes aprobadas tanto por el Gobierno central como en diferentes comunidades autónomas invisibilizando la realidad material del sexo como eje de opresión y base de la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres.

Hace pocos días se celebró en Madrid la Iª Conferencia Internacional en Defensa de las Categorías Deportivas Femeninas convocada por Contra el borrado de las mujeres reivindicando “Juego limpio para las mujeres”. Las Olimpiadas de Tokio de 2021 intentaron consolidar y normalizar la participación de varones autoidentificados como “mujeres trans” en competiciones femeninas. La eliminación de la categoría sexo abre así la puerta a la participación de nacidos varones en competiciones deportivas femeninas dinamitando la igualdad de oportunidades y el juego limpio para las mujeres. La reunión fue organizada por entidades de mujeres con una trayectoria indiscutible en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la defensa de las políticas de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Mujeres Juristas Themis, Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas) organizaciones profesionales (Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, Asociación de Futbolistas Españoles, Real Federación Española de Atletismo o la Asociación de Jugadoras de Baloncesto) y organizaciones internacionales (Fair Play for Women o Save Women’s Sports) que desde hace años advierten de la complejidad de esta decisión en detrimento del deporte femenino. Deportistas como Leire Olaberria, Lucila Pascua, Almudena Gallardo, Ruth Beitia, Paula Dapena o Isabel Guerro pusieron sobre la mesa los interrogantes que son imprescindibles abordar y que nada tienen que ver con la solidaridad con los colectivos LGBT. De hecho pudieron escucharse testimonios y la preocupación de históricas activistas lesbianas como la alemana Susanne Bischoff cofundadora en 1988 de la antigua asociación deportiva de mujeres y lesbianas de Berlín.

En el mundo sindical a muchas mujeres y hombres que estamos enfrentándonos sobre el terreno a la elaboración y vigilancia de los Planes de Igualdad en las empresas con herramientas de medición basadas en el sexo nos preocupa la inseguridad jurídica y estadística que se traslada con la lamada “libre autodeterminación de género” (que en verdad es la libre autoderminación del sexo registral). ¿Cómo vamos a traducir los registros salariales, calcular la brecha salarial o identificar la falta de mujeres en puestos de dirección? ¿En función de cómo se autoidentifique y se sienta cada persona en cada momento? Las políticas de igualdad se basan en la diferencia entre ambos sexos, mujeres y hombres. Desaparecido el sexo, desaparecerán las políticas igualdad, pero no la subordiscriminación de las mujeres.

No es una entelequia, en ciudades como Barcelona las bases de datos se han organizado ya con la variable género.

Desde el periodismo crítico que no puede plegarse a las intimidaciones por decir lo obvio toca afrontar estas complejidades con honestidad más allá de lo que se considere políticamente correcto. 

Sin las mujeres no hay democracia. El feminismo, más unido que nunca.

Un año más, y ya van tres, las feministas vinculadas al PSOE que creyeron que el movimiento feminista era de su propiedad van a romper en dos mitades las manifestaciones del 8M porque siguen sin digerir que el 8 de marzo de 2018 el feminismo saltó de las paredes de las sedes de los partidos políticos y de las instituciones y se hizo popular. La mejor forma de que una causa emancipatoria triunfe es que sea de toda la sociedad para que no sea de nadie. Y esto, el gran triunfo de un feminismo popular que han protagonizado las nuevas generaciones de feministas, logrando poner en agenda mucho más que la paridad y los techos de cristal, es lo que no toleran las feministas que han dirigido las políticas de igualdad de los últimos 40 años y que están enfadas porque los derechos de las mujeres trans cuestionan el sujeto del feminismo.

El año pasado el autoproclamado “Movimiento Feminista de Madrid”, que es el sobrenombre bajo el que se esconde el feminismo antitrans, ya se lió a bofetadas limpias con las manifestantes de la Comisión 8M, que es la entidad mayoritaria y convocante de las históricas movilizaciones que tuvieron lugar en 2018 y 2019 y con menor impacto, fruto de la pandemia sanitaria, también en 2020 y 2021. 

Al grito de “aliadas de los puteros”, “transactivistas”, “queeristas” o “proxenetas”, el feminismo antitrans la emprendió a pancartazo limpio con la entidad que agrupa al feminismo que desbordó las calles en 2018, el día que enmudecieron quienes pensaron que la causa de la igualdad les había caído en herencia. “"El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista", dijo en julio de 2019 la exvicepresidenta primera del Gobierno de España y actual presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, capitana de este feminismo voxificado que ha encontrado en las personas trans su pelota de ping pong para librar una particular batalla por el control de la lucha feminista. 

Esta frase dicha por Carmen Calvo, que de lejos se puede apreciar la potencia feminista que contiene -entiéndase la ironía-, la pronunció a los pocos días de celebrarse la Escuela Rosario Acuña de Gijón, el espacio de pensamiento feminista, dirigido por la filósofa socialista Amelia Valcárcel, que fue donde nació la brillante idea de que la agenda feminista de los próximos años no iba a versar sobre la situación de las empleadas domésticas, de la lucha contra las violencias machistas, de las mujeres migrantes o de las auxiliares de ayuda a domicilio convertidas en las esclavas de los cuidados privatizados a grandes multinacionales que, una vez acabada la burbuja inmobiliaria, se introdujeron en el sector público para hacer caja de forma impúdica con la explotación de las mujeres pobres que recogen los cristales rotos de los techos que se rompen.

Como la batalla trans no ha salido como pensaban y han perdido clamorosamente el debate, en la calle y en el Consejo de Ministros, este viejo feminismo ahora se ha marcado como objetivo aprobar en 2023 una ley de abolición de la prostitución que tiene como intención seguir rivalizando el control de una causa feminista que, según el CIS de febrero de 2019 y por primera vez, los españoles piensan que representa mejor Unidas Podemos que el PSOE. No es casual que la fecha propuesta sea año electoral.

Fue el PSOE quien en 1995 legalizó la prostitución en España eliminando la figura penal de la tercería locativa, gracias a lo cual los proxenetas pueden abrir macroburdeles y decir que las mujeres que están siendo salvajemente explotadas sexualmente son clientas de un establecimiento hotelero. Entonces, en 1995, abolir la prostitución no era una urgencia para el feminismo vinculado al PSOE y tampoco lo fue durante los siete años que transcurrieron desde 2004 a 2011 en los que los socialistas gobernaron nuevamente España, aprovechando para legalizar en 2007 la entrada de niños y niñas gestados en vientres de alquiler en el extranjero, favoreciendo con ello el negocio inhumano de convertir a las mujeres pobres de países como Ucrania en vasijas de las familias que tienen 50.000 euros para comprar un hijo, cantidad que a la madre que pare a la criatura sólo le llegan alrededor de 10.000 euros. 

Este feminismo antitrans, que es usado como fuente de autoridad por Vox en los parlamentos para arengar en contra de los derechos de las personas trans, podría empezar para abolir la prostitución por exigir la derogación de la ley de extranjería, lo que de facto significaría la abolición de la trata de mujeres para la explotación sexual, o la prohibición de registrar civilmente a los niños y niñas gestados en vientres de alquiler en el extranjero. 

El objetivo no es abolir la prostitución, no lo ha sido nunca, sino dividir un poco más el movimiento feminista incluyendo temas de debate apasionados que no cuentan con consenso para que, si el feminismo no es del PSOE, romperlo en mil pedazos. No es el abolicionismo de la prostitución lo que ha llevado al feminismo antitrans a romper la unidad que desbordó las calles de feminismo en marzo de 2018, como arengan en los manifiestos que están viendo la luz estos días por todas las ciudades españolas para justificar la división del 8M, sino el enfrentamiento por la ley trans con argumentos, formas y retórica de la ultraderecha. Las calles volverán a enmudecer un año más a quienes, preocupadas por el sujeto del feminismo, se han olvidado del predicado. Afortunadamente, el 8M es la fiesta de la igualdad y no es de nadie porque es de toda la sociedad española. 

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Raúl Solís es autor del libro 'La batalla trans'

Uno de cada cinco hombres jóvenes cree que no existe la violencia machista y la mitad no la considera un problema grave. Son chicos de entre quince y veintinueve años, según el barómetro sobre juventud y género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), y la cifra se ha duplicado en los últimos cuatro años. La batalla por la igualdad tiene también un desafío con ellos: encontrar referentes masculinos que impugnen los discursos machistas.

Decía Nacho Vegas en entrevista con infoLibre que el "eje realmente movilizador" ha sido, hasta el estallido de la pandemia, el "ecofeminista". No es la primera vez que el artista alaba el potencial transformador del movimiento feminista y que marca líneas rojas en coherencia con esa idea, como la reivindicación de incluir a más mujeres en los carteles de los festivales. También recientemente el actor Pablo Puyol se declaraba "absolutamente feminista", sin tapujos ni matices, y el cómico Berto Romero decidió bajarse el sueldo para cobrar lo mismo que su compañera de reparto, Eva Ugarte, en la serie Mira lo que has hecho. Luis García Montero ha enumerado las muchas lecciones que ha dejado el feminismo y el escritor Octavio Salazar ha engrosado con sus publicaciones la investigación en torno al feminismo. Cada vez son más los hombres que conjugan la primera persona al hablar de feminismo, pero todavía queda mucho por sembrar. ¿Cuál es su papel este 8M?

"Estar sin buscar el protagonismo", responde casi sin pensárselo Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. En su opinión, si el objetivo pasa por "una transformación cultural", esta no puede ser ajena a la "presencia de los hombres". Jesús Espinosa, doctor en Historia Contemporánea y portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), encaja el compromiso masculino en la tarea de secundar las demandas feministas: apoyar no "desde la mera pasividad, pero sí de forma subalterna". Ese trabajo, más exterior, más militante, se conjuga en su opinión con otro personal, interior. No cabe que los hombres sostengan la bandera del feminismo, ni que pretendan liderar el movimiento, pero "sí que hagan un trabajo interior por la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, tóxica y patriarcal". 

Para Ander Bergara, responsable de Cooperación Institucional en el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), es "deber de todos los ciudadanos la defensa de los derechos humanos" y como tal la igualdad entre géneros. "No es posible erradicar un problema histórico y estructural como es el machismo sin la implicación de los hombres", sentencia. ¿Desde qué trinchera? Coincide Bergara en que el compromiso masculino "debe ir más allá de las palabras" y engloba esas acciones en la cotidianidad: se trata de "revisar" el machismo propio e incorporar conductas positivas en el día a día hasta que formen parte de su identidad y así puedan ejercer en su entorno como "agentes de cambio a favor de la igualdad".

La consigna está entre los lemas favoritos de las activistas que cada año llenan las calles, especialmente durante la huelga que hace ahora cuatro años aterrizó de lleno en el ámbito de los cuidados. En Euskadi, la invitación a que los hombres se hagan la cena ellos solos toma forma de campaña: Gizonok. Una iniciativa que incluye una aplicación dirigida a ellos, capaz de medir su grado de compromiso con la equidad y que incluso pone deberes a los varones: desde tareas domésticas, hasta su rechazo explícito a chistes sexistas, pasando por el cuidado y la corresponsabilidad.

Según el último Índice Europeo de Igualdad, elaborado por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), la desigualdad todavía está enquistada en la distribución que hacen de su tiempo hombres y mujeres. Entrar en los hogares da crédito de que la brecha sigue bien abierta. Quienes cuidan y educan a sus hijos y otras personas dependientes son, en su mayoría, mujeres: un 40% de ellas lo hace diariamente, frente a un 28% de sus compañeros varones. Tras la puerta de la cocina está, con diferencia, el mayor abismo entre ellas y ellos. Un 84% de las mujeres dice cocinar y desempeñar otras tareas del hogar todos los días, mientras que cuando se trata de los hombres el porcentaje cae a la mitad (42%).

El Ministerio de Igualdad también trabaja en la línea de corregir esas fallas, interpelando directamente a los hombres. Hasta el momento, ya ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto piloto con varones para impulsar la conciliación en el trabajo.

En ese contexto, la existencia de figuras masculinas que sirvan de ejemplo cobra más valor, sobre todo cuando al otro lado avanza el discurso de odio propio de la extrema derecha. “Hacen falta más referentes positivos de hombres a favor de la igualdad, pero no se trata de crearlos artificialmente, mediante campañas u operaciones meramente estéticas que promuevan adalides o superhombres por la igualdad”, reflexiona Bergara, quien se opone también a crear modelos “rígidos y cerrados de hombres igualitarios que solo respondan a un perfil concreto de hombre”. Su apuesta pasa por mirar desde otra perspectiva: destacar comportamientos concretos y no necesariamente elevar a quien los ejecuta. 

A la misma conclusión llega Espinosa: la figura del referente es “fundamental para crear conciencia”, pero lo importante es “llevarlo a la praxis”. Al final, percibe, la etiqueta “feminista puede ser usada desde el oportunismo”, expresado a través del perfil ya caricaturizado del aliado, pero también palpable en algunas “facciones políticas reticentes al feminismo” que han decidido sumarse a la causa. Lorente reconoce que sintió vergüenza cuando, durante su etapa de delegado, la manifestación por el Día Internacional de la Mujer dejó la curiosa imagen de “los políticos de turno pegándose codazos para ver quién estaba delante”.

En el debate sobre cuál debe ser el papel de los hombres dentro del feminismo, Bergara entrevé un punto común: “La causa corresponde liderarla a las mujeres, porque son ellas las que se encuentran en una situación estructural de subordinación y las que sufren las consecuencias más graves del sexismo”. Los hombres, no obstante, son una suerte de “parte interesada” en la consecución de la igualdad. “No es un problema ajeno, exclusivo de las mujeres”, opina el vasco, los hombres tienen la “obligación cívica de defender los derechos humanos de todas las personas”.

“O somos feministas o no somos nada”, responde Lorente. A su entender, supone un error “usar la condición masculina como argumento” excluyente: sostener que los hombres no pueden ser feministas porque jamás experimentarán la violencia estructural que sufren ellas es a su juicio tramposo. “Los hombres tenemos que estar para llegar a ser”, reflexiona. Y estar significa posicionarse “al lado del feminismo pero no al frente de la manifestación”. Este 8M, pero también todos los días, corresponde a los hombres “implicarse para llegar a ser feministas”, zanja el exdelegado. La otra opción es el machismo, completa, no existe un espacio neutral.

Hace tiempo que las mujeres saben que el derecho al aborto, el que tanto esfuerzo y movilizaciones costó, no es un asunto ni mucho menos resuelto. Que la libre interrupción del embarazo tiene todavía sus fallas y que las mujeres no deben bajar la guardia. En plena reforma de la Ley de 2010, la ministra Irene Montero ha puesto de relieve todas esas grietas: desplazamientos a otras provincias, tiempos impuestos de reflexión, comunidades que no practican abortos, aumento del método farmacológico y un protagonismo irrisorio de la red pública. A las puertas de este 8M, tres mujeres toman la palabra para compartir en primera persona vivencias marcadas de una u otra manera por el aborto.

Nuria Laspeñas pasó por dos interrupciones del embarazo. La primera, en 2017, abonó el terreno de lo que sería una depresión. Fue en una clínica privada, en la semana 16 de gestación y después de confirmar que su futuro bebé nacería con una enfermedad genética. "Tuvimos que tomar la decisión de interrumpir o seguir", sin saber muy bien las consecuencias que acarrearía una u otra alternativa. El bebé podría nacer, tal vez tener cierta calidad de vida, o tal vez no. La incertidumbre era demasiada y la pareja asumía ya la crianza de un niño de tres años. "No sabíamos cómo de mal estaría, cómo afectaría a nuestra vida y nadie me decía con certeza si mi bebé nacería con algo grave", lamenta. Nuria lo resume como "la dicotomía de querer hacerlo y no poder, la lucha del corazón y la cabeza". 

A la crudeza de la propia decisión le siguió la herida del proceso de interrupción del embarazo. A Nuria le hirió la falta de información y la incapacidad derivada para tomar decisiones. Si pudiera rebobinar, habría elegido poder ver el cuerpo de su futuro bebé y tener su particular ritual de despedida. En 2016 el Tribunal Constitucional dio la razón a una madre que pidió incinerar los restos del feto que abortó. "No me habían hecho daño físico, pero entré en depresión", afirma la madre. 

Nuria encontró en otras mujeres el apoyo necesario para verbalizar conceptos hasta el momento ajenos a la interrupción del embarazo, como duelo gestacional. Hoy es vicepresidenta de la organización A Contracor y secretaria de la Federación de Duelo Gestacional Neonatal y Perinatal de España (FEDUP). "Para mí lo más importante ha sido encontrar a una igual", sentencia, porque tras tomar una decisión de ese calado "te sientes la persona más mala del mundo, la sociedad te hace creer eso". 

El siguiente embarazo llegó dos años después, pero a las 18 semanas el mismo diagnóstico volvió a caer sobre ella como un jarro de agua fría. Entonces tenía algo claro: iba a pelear por sus derechos. Inició una batalla con la mutua para poder abortar en un hospital público, y contra todo pronóstico salió victoriosa. "Para mí volver a aquella clínica era una tortura, suponía recrear todo lo que había vivido y había conseguido olvidar", narra. Esta segunda vez la experiencia fue diametralmente opuesta y significó que la madre pudo "sanar", expresa, porque los profesionales "respetaron" sus decisiones: ver el cuerpo, estar con él, contar con el acompañamiento de su pareja. Pero también reconocer y respetar su duelo. "Fue muy duro, fue real, pero fue maravilloso".

El duelo que atraviesa a tantas mujeres tras una interrupción del embarazo no significa que el dolor vertebre de forma intrínseca cada experiencia. Con su historia, Elisabeth Falomir busca no impugnar un relato que cree hegemónico, pero sí aportar vivencias alternativas, quizá más invisibles, quizá menos atractivas para el titular. Su relato empezó con un correo electrónico dirigido a su madre, tras reparar en que el reto para ella no estaba en el propio hecho de abortar, sino que lo realmente difícil era compartir su vivencia. A partir de esa misiva nació el fanzine Abortos felices (Episkaia, 2021), que abraza hoy su cuarta edición.

La historia de Elisabeth, pero sobre todo su forma de evocarla, rompe esquemas. No fue un aborto, ni dos, fueron tres. Apenas recuerda a qué edad, ni el momento preciso. Sí recuerda el tiempo que hacía cuando se dirigía a la clínica privada. Y que después de cada intervención tuvo mucha hambre. Tres abortos. El peso simbólico de la cifra no es poco: "Lo que trasciende en esas miradas de juicio cuando hablo de tres abortos es que ya no puede tratarse de un accidente, ya no sirve la excusa de que un error lo tiene cualquiera". La cifra de tres abortos echa por tierra las razones que hacen del propio hecho de interrumpir el embarazo una decisión respaldada por la necesidad extrema. "La capacidad de gestar es una cosa sacralizada, llevarlo con ligereza no está bien visto porque atañe a algo delicado: la sexualidad de las mujeres", sostiene Elisabeth.

A quien aborta, escribe la autora en su fanzine, le está permitida "una estrecha selección de sentimientos: alivio, culpa, vergüenza. Si vas feliz a abortar, sin duda eres una mala persona". Precisamente porque la representación cultural del aborto, completa, muestra "invariablemente a alguien sometido a una decisión difícil: traumática en el peor caso, un mal menor en el mejor". No hay lugar para historias como la suya, en las que el júbilo sustituye al trauma.

"Creo que el tiempo me ha ido haciendo menos complaciente y menos dispuesta a aceptar la narrativa hegemónica", reconoce Elisabeth, quien se rebela contra el "relato de terror" en torno al aborto: "Pareciera que un embarazo no deseado es lo peor que te puede pasar. Lo primero que se te da es el pésame, como si no viviéramos en un país en el que los derechos reproductivos están asegurados". Aunque, precisa, "hasta cierto punto y con deficiencias".

Elisabeth es cuidadosa en sus formas. No quiere invalidar el discurso que ha girado tradicionalmente en torno al sufrimiento y que de hecho representa la situación de muchas mujeres. "No busco negar que esa experiencia sea así para muchas y acepto todos los matices. Mi vivencia no viene a superponerse a otras, sino a expandir realidades", clama. Pero cree que ya es hora de cambiar el foco y "pelear por el escalón siguiente".

Cuando Sonia Lamas coge el teléfono sabe que al día siguiente un grupo de antiabortistas se plantará frente a la clínica Dator, en Madrid. Empieza, una vez más, la campaña 40 días por la vida. Ya son viejos conocidos y sus dardos cada vez están menos afilados, pero aún duelen. Sonia recuerda la primera vez que uno de estos grupos la abordó, allá por 2015. "Dos chicos de entre 20 y 23 años me siguieron hasta el metro. Me di la vuelta y les dije que me dejaran de perseguir", recuerda. Sonia acababa de salir de la clínica de interrupción del embarazo no para pedir información, ni para someterse a una intervención. Aquel era y sigue siendo su centro de trabajo. "Si vienes con nosotros tu sueldo no va a estar manchado de sangre", lanzaron los dos desconocidos. Sería la primera vez, pero no la última. Y con el tiempo, la psicóloga decidió no perder el tiempo tratando de confrontar con ellos.

Rezos en las inmediaciones, pancartas con fotos de bebés –bebés ya nacidos, insiste en recalcar la psicóloga–, aroma a colonia infantil a las puertas de las clínicas y vehículos ecográficos, son algunas de las acciones con las que Sonia ha aprendido a convivir. "Vivir permanentemente en alerta no es sano para nadie", reconoce la también portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) en Madrid. Por mucho que Sonia se vaya a dormir sabiendo que al día siguiente su clínica amanecerá con pancartas de grupos antiabortistas, el acoso hace mella. "Sé que mañana cuando vaya a trabajar habrá programada una campaña, sé que tengo que estar más alerta, sé que las mujeres van a sufrir acoso", abunda, "pero velar por su seguridad compensa". El Congreso acaba de aprobar, sin el respaldo de la derecha, penalizar el acoso antiabortista ante las clínicas.

Caceroladas, piquetes, performances... Las manifestaciones convocadas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llenarán las 24 horas de este martes (y también de los días previos) con numerosas y diversas actividades en todas las ciudades y culminará con manifestaciones que se esperan multitudinarias. En este mapa de IK Press se pueden consultar, por ciudades, el horario y el lugar de las manifestaciones que tendrán lugar:

Cuca Gamarra ha tomado las riendas del Partido Popular a la espera del congreso de abril, en el que se elegirá —salvo sorpresa mayúscula— al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como líder de la formación conservadora. Hasta entonces será Gamarra la que tome las grandes decisiones, aunque lo hará de manera coordinada con los vicesecretarios escogidos por Pablo Casado.

Entre esas decisiones está la de participar activamente en los actos que tendrán lugar el próximo 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Según trasladan a infoLibre fuentes de la dirección popular, el PP prevé impulsar un manifiesto propio, como ha hecho otros años, celebrar un acto de partido (aún está por determinar si será en el Congreso o en otro lugar) y acudir a la manifestación. Pero no será la manifestación oficial, sino la alternativa, con la que, en sus palabras, "se sienten más representadas".

Esta manifestación, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, se ha desmarcado de la convocatoria de la Comisión 8M, que contará con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otras representantes del Gobierno. El Movimiento Feminista considera que la "agenda" del departamento que dirige Montero fomenta "el borrado de las mujeres como sujeto político" con la Ley Trans.

En el PP están convencidos de que "muchas mujeres socialistas", entre ellas Carmen Calvo, también quieren participar en esta convocatoria alternativa como representantes del "feminismo clásico", pero creen que finalmente no lo harán "para no provocar una nueva crisis de Gobierno".

La formación conservadora todavía no ha concretado qué representantes del partido acudirán a la manifestación, ya que también están pendientes de la hora a la que acabe el pleno del próximo martes, pero se da por descontado que Gamarra acudirá y también la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, que ha coordinado con ella los detalles de la jornada.

Hay una serie de mantras que Vox repite sin cesar. Uno de ellos es el de que la violencia "no tiene género". Así tratan de equiparar la violencia que sufren directamente las mujeres, que es estructural y abrumadora, con aquella que sufren los hombres en el entorno familiar, sin una base que revele razones estructurales. A pesar de ello, los dirigentes del partido ultra no titubean a la hora de poner en el punto de mira al movimiento feminista y los logros alcanzados por la simbiosis entre calle e instituciones.

Pero lo cierto es que el discurso de la extrema derecha contra las políticas de igualdad y contra la violencia de género no se nutre de datos. Circula, de hecho, totalmente al margen de una realidad absolutamente probada por los organismos oficiales. En este artículo, infoLibre recopila esos bulos y los rebate.

Se trata de una frase pronunciada por el líder de la formación, Santiago Abascal, en el año 2019, pero que repiten de manera recurrente otros miembros de su partido. La cuestión de las denuncias falsas sigue siendo probablemente el mito más evidente en materia de violencia machista, aun cuando los datos no dejan espacio para interpretaciones. Según la memoria que presenta anualmente el Ministerio Público, el periodo entre 2009 y 2019 se saldó con 1.557.190 denuncias por agresiones machistas, de las cuales sólo 121 recibieron condena por denuncia falsa: el 0,0069%. El gran problema del que advierte la ultraderecha no es más que una cuestión residual en los juzgados.

Del total de sentencias condenatorias, un 48,76% fueron por conformidad de la acusada. "Nuevamente se aprecian en este actuar las características peculiaridades y aristas que plantea este tipo específico de violencia y que ya fueron objeto de comentario en memorias anteriores", señala el Ministerio Público. Esas peculiaridades –vinculadas a cuestiones como la dependencia emocional, afectiva y económica de la víctima– se materializan además en la dispensa de declarar, ampliamente cuestionada por las organizaciones feministas y también por el aparato judicial.

La hostilidad hacia los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es otra de las banderas de Vox junto al antifeminismo. Por ese motivo no es de extrañar que la extrema derecha trate de mezclar ambas cuestiones como mejor le convenga. Lo hizo el propio Abascal en el año 2018, cuando aseguró que "la mayoría de mujeres asesinadas" ese año lo habían sido "a manos de extranjeros".

Según los datos que ofrece la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del año 2018, de los 53 presuntos asesinos, 33 de ellos (el 62,3)% eran españoles y 20 de ellos (el 37,7%) extranjeros. Entre 2013 y 2018, la media fue de un 67% de nacidos en España y un 33% fuera.

Además, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en las estadísticas relativas al tercer trimestre de 2018, de las 43.560 denuncias interpuestas por violencia machista, casi siete de cada diez (67,4%) fueron contra varones españoles.

Este fue otro de los bulos que lanzó Abascal en el debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno en el año 2019. Los datos son fácilmente desmontables, teniendo en cuenta que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género contabiliza estos crímenes desde 2003, año en el que fueron asesinadas 71 mujeres. El año 2021 terminó con un total de 43 asesinatos machistas, la cifra más baja de toda la serie histórica.

Esa frase, pronunciada por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, se desmiente en tan solo un click. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicada cada año la estadística de hombres asesinados. Los últimos datos disponibles datan de 2020. En ese año siete hombres fueron asesinados por sus parejas o ex parejas, todas ellas mujeres, mientras que 46 mujeres fallecieron en ese mismo periodo de tiempo a manos de hombres.

Lo dijo Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, en una entrevista con el diario El Mundo en el año 2019. Pero también es un dato incorrecto, en ambos casos. Desde 2013 –ejercicio en el que se inició el recuento– un total de 46 menores han sido asesinados en un contexto de violencia de género y no cada año, como señaló Monasterio. En la totalidad de los siete asesinatos en el marco de la violencia vicaria, el agresor era el padre biológico. También es falsa la premisa de los hombres asesinados, tal y como muestran los datos expuestos anteriormente.

El número tres del partido ultra, Iván Espinosa de los Monteros, también realizó unas declaraciones similares a las de Monasterio, aunque sin datos que las respaldaran. Lo que el portavoz de Vox denomina "violencia feminista" es, en realidad, violencia vicaria, que consiste en dañar a un tercero –habitualmente a un hijo o hija– para maltratar a la principal víctima. Desde 2013 –ejercicio en el que se inició el recuento– un total de 46 menores han sido asesinados en un contexto de violencia de género a manos de sus padres.

Quien pronunció esas palabras fue Carla Toscano, diputada de Vox en el Congreso, que ejerce como voz autorizada del partido en materia de género. Sin embargo, no parece estar demasiado familiarizada con las cuatro olas que ilustran el fenómeno del feminismo. La primera ola, identificada con un feminismo ilustrado, comienza en 1673 y se extiende hasta 1792, prestando especial atención a la reivindicación del acceso a la educación de las mujeres como deriva del debate ilustrado liberal, portando una agenda declarativa.  La segunda ola, que va de 1848 a 1948, llega de la mano del feminismo sufragista y está protagonizada por el derecho al sufragio, en el marco de una agenda de derechos civiles, educativos y políticos.

La tercera ola arranca de 1968, se prolonga hasta la actualidad y surge de la comprobación de que en las democracias liberales, donde el sufragio universal y el acceso a la educación estaban reconocidos para toda la población, se estaban perpetuando y agravando las discriminaciones de género. Nada que ver con la caída de la Unión Soviética.

Vox también insiste en que la actual legislación contra el maltrato "discrimina" a los hombres y, por lo tanto, es "inconstitucional" que haya "cuotas por sexo o género". La última en expresarse de este modo fue Alicia Rubio, diputada en el consistorio madrileño. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre este asunto. La primera vez en 2008 y desde entonces ha desestimado centenas de recursos.

El Alto Tribunal entiende que la desigualdad es "proporcionada porque está "significativamente limitada" la diferenciación frente a la finalidad de protección: la libertad, integridad física, psíquica y moral de las mujeres respecto a un tipo de agresiones, de las de sus parejas o ex parejas masculinas, que tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencia de su posición de subordinación".

Son varios los dirigentes de Vox que han puesto foto en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un instrumento sin base científica que tanto juristas como psicólogos ponen en duda y que, sin embargo, se sigue utilizando en determinados procedimientos judiciales y como argumento para restar peso a la violencia contra las mujeres.

Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) lo incorporan en sus listas de trastornos patológicos. Tampoco lo hace la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que en 2010 se pronunció en contra de su uso al señalar que "el síndrome supone un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo" y al recalcar que "el sesgo de género en sus descripciones es innegable".

A nivel jurídico, además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llamado en diversas ocasiones a su no aplicación, una de las últimas en septiembre de 2018, cuando apeló al "fomento, entre los operadores jurídicos, de un mejor conocimiento del llamado Síndrome de Alienación Parental para evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales".

Toscano puso esa frase en su cuenta de Twitter el día que el Congreso avaló penalizar el acoso a las mujeres y profesionales que acuden a las clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ley de 2010 permite la interrupción voluntaria del embarazo en distintos plazos. El primero, catorce semanas, regula el aborto a petición de la mujer. El segundo eleva el plazo a la vigésimo segunda semana de embarazo, límite para interrumpir el embarazo por razones médicas

La premisa de la campaña de Vox, a la que se sumaron asociaciones antiabortistas, se basa en el derecho al rezo de quienes se concentran ante las clínicas. La imagen que esbozan los antiabortistas es la de una concentración pacífica, por parte de personas que buscan ayudar a las mujeres. La realidad narrada por quienes asisten a los centros y quienes trabajan en ellos es bien distinta. Vox también esgrime que la ley del aborto ha contribuido a incrementar el número de abortos en nuestro país.

Este dato también es falso. En 2020, el número de interrupciones del embarazo registradas fue 88.2669, mientras que el año anterior la cifra se instaló en los 99.149. Desde el año 2014, el número de abortos registrados nunca ha alcanzado los cien mil. Una cifra que sí se superaba en los años previos, desde que en 2006 se rebasó ese umbral.

Los resultados de los comicios andaluces del pasado 2 de diciembre hicieron saltar las alarmas del movimiento feminista. Las activistas no han tardado en organizarse. Primero, creando un frente que agrupa a cientos de asociaciones en condena a las políticas de la extrema derecha. Después, en las calles. Más de un centenar de ciudades, pueblos y barrios –cerca de 90 fuera de Andalucía, otras cuatro a nivel internacional y alrededor de una docena en la comunidad andaluza– acogen este martes movilizaciones en solidaridad con las mujeres andaluzas y contra el auge de un discurso ultra dictado por la formación de Santiago Abascal, pero asumido en parte por los otros partidos conservadores.

A las 12.00 horas se celebrará una concentración en Sevilla, frente al Parlamento de Andalucía, para la que se han organizado autobuses desde diferentes puntos de la comunidad. Más tarde, a partir de las 19.00 horas, tendrán lugar una serie de concentraciones provinciales. A estas últimas se han sumado más de nueve decenas de territorios del país [consultar mapa aquí]. Las plataformas feministas que trabajan diariamente para construir movimiento han decidido seguir la estela del 8M y organizarse de forma independiente pero conjunta.

Paula Ríos es activista en la Plataforma Feminista Galega. En conversación con infoLibre explica que su organización, como las demás, recibió la "llamada de las compañeras andaluzas a través de la coordinadora de la huelga feminista del 8M". La solidaridad con las mujeres andaluzas, dice, es el primer motivo para salir a las calles. "Pero además lo que está pasando en Andalucía es un poco como un aviso a navegantes", reconoce Ríos, quien observa sin embargo que "el fascismo no aparece de la noche a la mañana" sino que "estaba soterrado, integrado dentro del PP" y ahora sobrevive gracias "a las políticas que mueven tanto al PP como a Ciudadanos".

Charo Carracedo, abogada y miembro de la Comisión 8M de Sevilla, matiza que no se trata de un movilización exclusivamente contra Vox, sino "en contra de todo aquel que pone en cuestión las políticas de igualdad y contra la violencia de género". A través de las concentraciones se busca, por tanto, rechazar de pleno toda estrategia que use "a las mujeres como moneda de cambio". Carracedo se muestra implacable no sólo con la extrema derecha. "Las políticas de igualdad del Gobierno estatal y andaluz nunca han superado el 0,1%", de manera que los dardos alcanzan a prácticamente todo el espectro político. "Nos preocupan todas las políticas de derechas, las haga la derecha o los partidos que no se autodenominan de esa forma", confiesa. El discurso de la abogada y activista es compartido por otras compañeras. "Todo esto que se está moviendo es fruto de las políticas neoliberales y de la tibieza que han tenido partidos como el PSOE", argumenta Ríos.

En Asturias es el Consejo Municipal de Mujeres de Gijón, y todas las plataformas que se agrupan en su seno, quien convoca las concentraciones. Jessica Castaño preside la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, una de las organizaciones que forman parte de la entidad municipal. De nuevo, señala en conversación con este diario que el principal motivo que mueve a las activistas asturianas tiene que ver con "el apoyo a las compañeras de Andalucía", porque a su entender "ningún partido se debería aprovechar de los logros en materia de igualdad". En ese sentido, la activista recalca que las mujeres organizadas no van a "permitir que se dé un paso atrás" ni tolerarán "recortes en los derechos conseguidos". Una vez más, Castaño recuerda que la oleada que sacude a Andalucía mañana podría alcanzar a otros territorios. "Lo que queremos demostrar es que si nos juntamos vamos a ser muchas y no vamos a permitir pactos de la vergüenza", subraya la asturiana.

Todo por hacer

Las feministas señalan al discurso de Vox como punta del iceberg, pero no obvian todo el andamiaje sobre el que se construye. Tampoco olvidan, en consecuencia, el camino por recorrer en materia de igualdad. "Creemos que queda casi todo por hacer", señala Carracedo. A su juicio, las políticas desarrolladas hasta el momento han sido "muy residuales, muy dirigidas a la violencia realizada por los hombres", pero falta un "trabajo integral contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos". Y para eso, denuncia, "realmente no hay voluntad política". El manifiesto [leer en este enlace] de la Comisión 8M de cara a las movilizaciones lo deja claro: "Nos tendrán enfrente todos los que pretendan hacernos retroceder y aquellos que no implementen los medios necesarios para erradicar los atentados continuos a nuestra integridad y nuestros derechos".

El 8M de Sevilla, recalca la activista, saldrá a las calles "contra las políticas de derechas en Andalucía" pero también contra "todas aquellas que no avancen contra la desigualdad", tanto en el ámbito estatal, como en el autonómico y municipal, porque "ninguna institución se está comprometiendo". Criticar el pacto de Gobierno entre Vox, PP y Ciudadanos, advierte, "no significa alabar lo que ha hecho hasta ahora el PSOE". También recuerda la activista que el exjuez Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, ha estado años en los juzgados "destrozando la vida de miles de mujeres", de manera que "cuando la extrema derecha está en los tribunales, a nadie parece preocuparle tanto".

Las mujeres prevén echarse a las calles precisamente para evidenciar que el machismo es capaz de colarse en todas las esferas. "Desde el 8M pasado se ha demostrado que ya estamos cansadas", afirma Castaño, quien dice estar "con un pie en la calle todos los días". En ese sentido, asevera, "cuantos más ataques, con más ganas se va a producir una respuesta". Y las manifestaciones del martes no son sino el punto de partida de lo que consideran una carrera de fondo y una lucha a largo plazo. Las feministas, dice Ríos, se movilizan "en solidaridad con las compañeras andaluzas y con las mujeres del mundo" porque nada de lo que ocurre en Andalucía es nuevo en territorios como Estados Unidos, Brasil, Turquía o Polonia, cita. Es por ello fundamental "salir a la calle y que quede claro" que las mujeres "y toda la sociedad civil que se considere aliada" estarán "enfrente". 

  Movimiento interseccional

La llamada a la sociedad civil ha sido escuchada por colectivos que han visto sus derechos igualmente amenazados. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) ha anunciado ya su apoyo rotundo y su colaboración sin condiciones. Existe la necesidad, dice su presidenta, Uge Sangil, de "plantarnos y decir en voz alta que no vamos a estar dispuestas a que se erradiquen los derechos conseguidos". Para Sangil, el discurso que prolifera de la mano de la ultraderecha supone "un ataque a todos de manera igual", por lo que sólo "sumando y alzando la voz se verá la fuerza que tienen los movimientos sociales". 

Desde la interseccionalidad pero también desde la autonomía, sostiene Sangil, el movimiento LGTBI "estará en la calle, de frente y trabajando con mucha pedagogía". Precisamente esa alianza con otros movimientos sociales es la que defienden las activistas que trabajan desde las plataformas feministas. "Durante el 8M ya se explicitó algo que llevamos muchos años diciendo", afirma Ríos, y es que "el feminismo es anticapitalista y es antirracista", de modo que "esas alianzas ya se dan por hechas". Al fin y al cabo, el movimiento feminista busca "revertir el sistema y eso implica luchar por la igualdad de todas las personas".

Pero la gala del lunes, además de todo esto, que también lo hubo, se recordará por el emotivo discurso de Glenn Close. Una actriz que ante todo quiso hablar como mujer y llorar como hija al recordar a su madre. Entre lágrimas contó que le dolía muchas veces rememorar la confesión que le había hecho su madre cuando cumplió 80 años: le dijo que sentía que no había hecho nada importante en su vida. Sólo se había dedicado a cuidar de su marido, luego de sus hijos y ya. Era lo que se esperaba entonces de las mujeres. Y Glenn Close lo contaba con lágrimas en los ojos, ante sus compañeros de profesión puestos en pie, aplaudiéndole. Lamentaba que su madre llegara al final de su vida pensando, admitiendo, que no la había vivido como hubiese querido. Que la sociedad, la vida, las reglas sociales, la habían encajonado en un papel que nunca eligió, que nadie le preguntó si quería o no interpretar y que, lo peor, tampoco se cuestionó.

Lo más triste es que esa ha sido, es todavía, la vida de muchas mujeres. Pero me sorprendió que en la meca del cine se sintieran frustrados por la misma realidad que vivimos aquí. Siempre pensamos que nos llevan 40 años de ventaja, que nos hemos perdido infinidad de cosas por un régimen dictatorial que nos impuso o más bien impuso a nuestros padres y madres días muy grises. Nuestras madres tenían que pedir permiso a sus maridos para poder abrir una cuenta bancaria, hasta 1975 no pudieron hacerlo de forma libre, estaba mal visto que viajaran solas y por supuesto no podían divorciarse. Pero la vida de la madre de Glenn Close y de tantas mujeres de aquel lado del Atlántico tampoco era mucho más libre. Toda una generación que nunca se cuestionó si podía elegir qué hacer. Socialmente se esperaba de ellas que se casaran bien y que tuvieran muchos hijos. Ejercían el único papel que podían interpretar, el de cuidadoras. Nadie les preguntó por sus sueños y, si los tuvieron, los guardaron en un cajón. Es la vida de tantas y tantas mujeres, de tantas y tantas madres que vivieron resignadas sus vidas pero que dieron alas  a sus hijas. Decidieron que ellas sí estudiarían, sí tendrían un trabajo y sí lograrían elegir su camino, fuera el que fuera, incluso el de casarse y tener hijos. Fueron ellas las que provocaron el cambio, las que alimentaron los sueños de sus hijas animándolas a elegir su camino.

Seguro que usted se ve reflejado en esto, es la historia de tantos, también la mía. Nuestros padres no pudieron estudiar, lo prioritario era sobrevivir. Labrarse un futuro como podían tras una guerra que les dejó huérfanos y pobres. Y a base de mucho trabajo, de muchas horas de sueño perdidas, le burlaron a su destino el camino que había escrito para ellos y para los suyos. Vivieron como una obsesión que sus hijos estudiaran todo lo que no habían podido aprender ellos. Ir al colegio primero y luego a la universidad. Vernos entrar en una facultad les llenaba de orgullo. Era lo que hubiesen querido hacer y no pudieron.

Decía Glenn Close en su discurso del lunes que las mujeres tenemos que realizarnos personalmente, perseguir nuestros sueños y decirnos a nosotras mismas que “Yo puedo hacerlo. Y me lo tienen que permitir”. Pues bien, copien la frase entrecomillada, péguenla en la nevera y repítanla como un mantra durante este 2019. Yo puedo hacerlo y me lo tienen que permitir. Y que nadie venga a contarnos la historia de otra forma, ni a decirnos que no podemos. Por ellas, por nuestras madres, por las que no pudieron, no podemos permitirnos dar ni un solo paso atrás.