IGUALDAD

El Gobierno tendrá lista en enero una ley contra la trata

Manifestación del 8M.

El Gobierno avanza con decisión hacia una ley contra la trata y la explotación sexual. Este miércoles, los dos socios de coalición han iniciado los primeros trabajos para tener lista en enero una ley integral que pondrá en el centro las ayudas a las mujeres víctimas de trata y en contextos de prostitución.

El objetivo es que la norma haga "hincapié en que la situación administrativa irregular de las mujeres" no sea "un impedimento al acceso a todos sus derechos como víctimas", indican fuentes de ambas formaciones. La ley de trata, uno de los compromisos trazados en el acuerdo de coalición, supondrá un paso determinante en la línea abolicionista de la prostitución que defienden ambos partidos. La norma incluirá un plan de inserción sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución y explotadas sexualmente, con el fin de "garantizar sus derechos y alternativas vitales".

Fuentes socialistas prevén que la negociación saldrá adelante sin mayores escollos, aunque recalcan que el PSOE va a ser "exigente" y mantendrá una "posición abolicionista clara, con una hoja de ruta que sigue el ejemplo de Francia". Quieren que la futura ley suponga un paso "histórico" contra la prostitución, algo así como sucedió con la Ley de 2004 contra la violencia de género. El modelo francés incluye, entre otras cuestiones, la persecución de la demanda de prostitución, un punto en el que Unidas Podemos difiere.

Precisamente esa apuesta firme por la abolición de la prostitución la ha trasladado también el Partido Socialista a través de una enmienda a la Ley de libertad sexual. El proceso de presentación de enmiendas a la conocida como ley del solo sí es sí finalizaba este miércoles, y los socialistas han decidido introducir cambios en los que respecta a los artículos relativos a la prostitución. En concreto, en la redacción que atañe a la tercería locativa, figura que permite castigar a los propietarios que se lucran con la explotación de las mujeres prostituidas. 

La enmienda, consultada por infoLibre, incluye una modificación del futuro artículo 187 bis del Código Penal, de manera que se castigue al que "con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". La diferencia con el proyecto liderado por el Ministerio de Igualdad es que el texto original solo castigaba a quien usara un inmueble para "favorecer la explotación de la prostitución de otra persona". Los socialistas, por tanto, añaden los verbos "promover" y "facilitar", además de eliminar el concepto de "explotación" en lo que respecta a la prostitución de otra persona. Se trata de una redacción más rígida y un contenido "bastante más ambicioso", subrayan fuentes del grupo parlamentario.

La ley del solo sí es sí aspira a convertirse en el canal para dar los primeros pasos hacia la abolición de la prostitución, una pretensión que no gusta a todos. Tanto En Comú Podem como Junts, ERC y CUP presentaron en su día enmiendas contra el articulado relativo a la prostitución, cuyo contenido rechazan de plano. "Aunque nos quedemos solos, seguiremos defendiendo la abolición de la prostitución", dicen desde el PSOE.

Voces de Unidas Podemos aseguran, por su parte, que es el "momento de trabajar con todos los grupos" para sacar adelante "cuanto antes" la ley y así "luchar contra la impunidad de la industria proxeneta" y proteger a todas las mujeres. La propuesta del Gobierno, abundan, ha sido "respaldada por los diferentes organismos que deben emitir informes preceptivos" y siguiendo las recomendaciones internacionales. "Ahora estableceremos diálogo con todos los grupos parlamentarios, muchos de los cuales han presentado enmiendas a los apartados correspondientes, para articular el máximo consenso", zanjan.

Además, socialistas y morados han registrado un total de 28 enmiendas conjuntas a la ley, relativas a blindar las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado y aprobado el pasado 25N por todos los grupos parlamentarios. El objetivo principal es amarrar la financiación del pacto, mejorar la cooperación institucional e incluir la subvención de entidades feministas.

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