Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

Vox ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como ha demostrado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello. 

Pero el partido de Santiago Abascal lleva años incumpliendo la ley de financiación de partidos por otros motivos. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha sancionado a Vox por ese tipo de infracciones en cuatro ocasiones. En concreto, por recibir donaciones prohibidas por la legislación española. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. 

Esta investigación revela ahora las resoluciones de las tres primeras sanciones, una información obtenida tras realizar una solicitud de acceso, al amparo de la ley de transparencia, ante el Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que se publican los dictámenes al completo, ya que el Tribunal no lo hace por sí mismo.

Vox acumula ejercicios incumpliendo la ley de financiación de partidos (LOFPP) al recabar donaciones. La mayoría de ellas por ser donaciones finalistas, algo que prohíbe la ley española. Las donaciones finalistas son las que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, una campaña específica, un crowdfunding para un caso judicial, la reforma de una sede o un evento puntual.

Ese tipo de donativos son los que no pueden solicitar ni recibir las formaciones políticas. No están permitidos porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de los partidos. Una donación finalista puede convertir al donante en alguien que acabe marcando la agenda del partido al imponer cómo se tienen que destinar los recursos que está entregando. Por ello, ese tipo de donaciones pueden acabar suponiendo una forma de comprar al poder político.

A pesar de las prohibiciones, Vox ha recibido donaciones finalistas, tal y como ha resuelto el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, para querellarse contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra o para apoyar a Borja, un joven que peleó con unos ladrones que habían robado a una mujer. Debido a los golpes, uno de los atracadores cayó al suelo y acabó falleciendo. Borja fue condenado por homicidio imprudente.

Esta forma de actuar ha provocado que, en lo referido a las donaciones recibidas por Vox entre 2018 y 2020 —el organismo revisa las cuentas de los partidos pero con cierto retraso en cuanto a los ejercicios—, el Tribunal de Cuentas haya penalizado hasta en cuatro ocasiones al partido. 

Solo Vox y Nueva Canarias han llegado a recibir cuatro sanciones del organismo. Aún así, el partido de Abascal es el que ha recibido el mayor correctivo monetario: en total, 1.145.821 euros. Una de las sanciones, de 862.497 euros, es la más elevada que ha puesto el Tribunal de Cuentas sobre contabilidad ordinaria en toda su historia.

Las resoluciones obtenidas por infoLibre muestran cómo el Tribunal de Cuentas considera que la ley "prohíbe claramente tanto la recepción como la aceptación de donaciones finalistas, entendiendo por las mismas toda aquella aportación económica o en especie que sea realizada con la voluntad expresa del donante de destinarla a una finalidad concreta". El organismo, además, resuelve que Vox ha incumplido ese precepto.

Las dos primeras sanciones, acordadas ambas en una misma resolución de julio de 2024, se produjeron por los mencionados casos de Torra y Borja. Vox se defendió argumentando que la ley electoral permite a los partidos recibir donaciones para financiar campañas electorales y que, por tanto, ese caso sería similar y se podrían realizar ese tipo de donaciones con un fin concreto. El Tribunal de Cuentas resolvió dictaminando que mientras la ley electoral permite ese tipo de donaciones finalistas para el caso concreto de las campañas, la ley de financiación de partidos prohíbe que las formaciones políticas acepten otro tipo de donaciones finalistas y que, por tanto, Vox había incumplido la legislación.

El organismo también destacaba en su resolución que Vox hacía marcar a sus donantes una casilla al realizar las donaciones aceptando que estas se hacían supuestamente con arreglo a la ley y que la finalidad de las mismas "era la realización de las actividades propias de Vox", pero que, a pesar de ello, las campañas se hicieron "para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica" y que se registraron "de forma diferenciada del resto de donaciones, habiéndose destinado al pago de las respectivas" actividades indicadas por el partido previamente. Vox recibió 31.665 euros para la querella contra Torra y 120.483 para apoyar a Borja.

El segundo dictamen contra Vox, del 28 de abril de este año, es el relativo a la tercera sanción que el organismo ha impuesto al partido (la multa más elevada, de 862.497 euros) y tiene una motivación algo distinta: se debe a la recepción de donaciones no identificadas —en las que no hay un registro de quién es el donante—, a pesar de que la ley española prohíbe las donaciones anónimas. 

El Tribunal de Cuentas consideró que Vox recibía ese dinero no identificado a través de sus mesas informativas instaladas a lo largo de toda España y que luego lo ingresaba directamente y de forma conjunta a través de cajeros en sus cuentas corrientes, impidiendo así certificar quién había realizado cada donación y cuál era el monto de cada una —la ley prohíbe también que una misma persona entregue más de 50.000 euros a una misma formación en un año—.

Según certifica el organismo, Vox registraba esas donaciones como "ingresos por actividades de huchas de mesas informativas". El Tribunal de Cuentas resolvió que no se había podido verificar "la naturaleza de los registros contables en concepto de ingresos por actividades promocionales" y, por tanto, "se deduce la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas de efectivo que se producen en las denominadas mesas informativas de la formación".

El Tribunal de Cuentas explora también en su resolución que no hay constancia de que esas entradas de dinero en efectivo se debieran a la venta de productos promocionales, ya que en las cuentas del partido existen otros registros para ese tipo de ingresos. Y, además, concluye que Vox "no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

El Tribunal también certifica que el dinero en efectivo que iba a las huchas de las mesas informativas y acababa en las cuentas de Vox venía de las personas que lo entregaban de forma voluntaria e independientemente de si a cambio recibían algún producto de merchandising del partido o no —algo que en ocasiones se podía hacer y en otras no, según reconoce la propia formación en sus alegaciones—. Por tanto, el TCu entiende que esos ingresos son simplemente donaciones. En total, Vox ingresó 434.596 euros entre 2018 y 2020 por esas huchas, según el organismo.

El Tribunal de Cuentas concluye su argumentación basándose también en las cuentas electorales de Vox. El partido ultra no indicó ingresos por la venta de productos promocionales en mesas informativas en ninguna campaña electoral, a pesar de que en sus alegaciones argumentó que realizaba esas ventas. Aun así, siguió ingresando ese dinero en efectivo en las huchas y, por tanto, el Tribunal de Cuentas entiende que "se puede sostener que todo el dinero en efectivo recibido por las mesas informativas eran donaciones".

La resolución del TCu también recoge que Vox continuó con ese mismo tipo de donaciones anónimas al menos durante los ejercicios de 2021 y 2022 —por las que ingresó unos 600.000 euros entre ambos años—. Esos ejercicios aún no han sido fiscalizados por el organismo, pero el precedente de la reciente resolución para años anteriores podría hacer que Vox vuelva a ser sancionado en un futuro no muy lejano por el mismo motivo.

A pesar de estos correctivos, el partido de ultraderecha ha seguido recibiendo donaciones irregulares. Hace solo unas semanas, el 28 de julio, el organismo impuso una cuarta sanción a Vox. De nuevo, según anunció el TCu, por recibir donaciones finalistas. La multa asciende a 50.000 euros y versa aún sobre el ejercicio de 2020, pero la resolución no es pública y, por tanto, no se puede conocer el incumplimiento y la argumentación del organismo de forma detallada.

En cualquier caso, Vox ha recurrido las distintas sanciones ante el Tribunal Supremo. Ahora la justicia deberá pronunciarse y confirmarlas o anularlas. El partido se defiende asegurando que la ley "prohíbe la donación finalista cuando es el donante quien establece la finalidad y no cuando la establece el donatario ya que afectaría a su autonomía que terceras personas decidieran a qué destinar las donaciones". 

Pero el Tribunal de Cuentas considera que la definición de donación finalista viene indicada por la ley de financiación de partidos como "las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto", independientemente de quién defina y concrete la finalidad, y que esa concepción no ha variado en ningún momento.

La formación de Santiago Abascal también argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para la fianza de Borja o poder financiar la querella contra Torra. En el caso de Borja el partido va aún más allá y defiende la inexistencia del hecho sancionable y que fue un mero intermediario: "Vox no fue el donatario ni destinatario ya que no obtuvo enriquecimiento patrimonial ninguno que fuese correlativo al empobrecimiento de los miles de donantes. Solo hubo una donación: de los donantes a Borja".

Este segundo argumento también es el defendido en los votos particulares de algunos consejeros del organismo en las resoluciones contra Vox. Aún así, la posición mayoritaria del Tribunal de Cuentas es que Vox sí se enriqueció al recibir las donaciones y añadirlas a sus fondos, aunque después también pagara las fianzas. De hecho, el organismo concluye, que tal y como argumentaba el partido en sus alegaciones, este se podría haber quedado el dinero para otros fines y no haber abonado esos gastos; ya que la formación política no está obligada a cumplir con unas donaciones finalistas que, en realidad, están prohibidas.

Todas las sanciones del Tribunal de Cuentas a Vox se han dado tras la revisión de sus cuentas anuales. Por ahora, hasta el año 2020. Está por ver qué pasa con los siguientes ejercicios. Además, este organismo no solo revisa la contabilidad ordinaria de los partidos. También se encarga de fiscalizar la contabilidad de las campañas electorales. La infracción de Vox es de tal gravedad que la sanción de 862.497 euros también es más alta que cualquier otra impuesta por el Tribunal respecto a contabilidad electoral. La más cuantiosa sobre infracciones en campañas se puso respecto de las municipales de 2023 y era de 377.591,68 euros, menos de la mitad que la aplicada a Vox.

La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País. Esas donaciones llegaron gracias a los vínculos de uno de sus fundadores, Alejo Vidal-Quadras, con la oposición iraní en el exilio. En 2023 Vidal-Quadras sufrió un intento de asesinato en Madrid en plena calle. Él mismo vinculó el suceso al Gobierno de Irán, aunque hasta el momento la relación no se ha podido demostrar.

Los fondos iraníes fueron recibidos en 2013, cuando la actividad del partido de la extrema derecha española apenas arrancaba. Más de una década después, Vox se sigue financiando de forma oscura y con injerencias extranjeras, tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money.

Vox ha recibido dos préstamos millonarios del banco húngaro MBH Bank para financiar sus últimas grandes campañas electorales: la de las elecciones generales de 2023 —con Santiago Abascal como candidato— y la de las elecciones europeas de 2024 —con Jorge Buxadé como cabeza de lista—. No es una excepción. Tal y como revela esta investigación, el banco húngaro, que pertenece en parte al Gobierno de Viktor Orbán y por tanto, es semipúblico, está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha en toda Europa.

La gran pregunta tras el asunto de los préstamos es: ¿por qué Vox necesita acudir a un banco húngaro para financiar sus campañas? Según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, porque "los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza" del país.

Millán hizo esta afirmación en septiembre de 2024, cuando la prensa ya había revelado el primer crédito que Vox recibió del MBH Bank. Hasta entonces el hecho había permanecido oculto, ya que la formación de ultraderecha no había detallado ese préstamo en las cuentas e información económica que publicaba en su página web, incumpliendo así la ley de financiación de partidos, que obliga a hacer públicos esos datos.

Además, la razón que esgrime el partido resulta llamativa porque Vox sí ha tenido préstamos de bancos españoles. Las elecciones municipales de 2023 se celebraron solo dos meses antes de las generales de ese mismo año y Vox financió esa campaña con un crédito del Banco Santander y otro del BBVA, los dos bancos más grandes del país. Para las generales, en cambio, según ellos, necesitaron acudir al banco húngaro porque las entidades financieras españolas no querían darles crédito.

Aún así, la cantidad aportada por el MBH Bank, 6,5 millones de euros en un préstamo para aquellas generales, es muy superior a la que recibieron de los bancos españoles. Para las municipales el BBVA prestó 1,83 millones de euros a Vox y el Santander, 795.110 euros. En cualquier caso, esa nueva estrategia de Vox para financiar sus campañas, que arrancó en las generales y continuó en las europeas, consistente en pedir a un banco un único préstamo de una cantidad elevada de dinero, es distinta a la que siguen el resto de partidos políticos españoles.

Formaciones como Sumar, Podemos o EH Bildu no recurren a créditos bancarios. Los grandes partidos, PSOE y PP, por su parte, acostumbran a solicitar varios préstamos a distintas entidades para financiar sus campañas. Estos, además, son por montos inferiores a los préstamos húngaros de Vox. De hecho, el préstamo del MBH Bank al partido de Santiago Abascal es el crédito electoral de mayor cantidad para un partido político español en el año en que se concedió.

También es el único préstamo otorgado por una entidad financiera extranjera. Y no solo eso: es el que tiene un interés más alto. Los créditos más cuantiosos que recibieron el PP y el PSOE fueron de 4 y 3,5 millones de euros, respectivamente. Ambos procedentes del Banco Sabadell. En el caso del PSOE, el tipo de interés de sus préstamos varió entre el 5,25% y el 6,69%. Muy lejos del 11% que Vox pagó al MBH Bank.

El siguiente tipo de interés más alto es el que pagó Junts por un préstamo de 450.000 euros, también del Banco Sabadell: 7,79%. En el caso del PP, no se puede saber el coste que le supusieron los créditos, ya que para el ejercicio de 2023, como explicó infoLibre, los populares incumplieron la ley de financiación de partidos ocultando las condiciones de sus préstamos electorales.

El caso de Vox contrasta también con el de Marine Le Pen. La líder de la Agrupación Nacional francesa recibió un préstamo del MKB Bank, una de las tres entidades financieras que se fusionaron en 2023 para dar lugar al semipúblico MBH Bank —el MKB Bank fue completamente público en determinados momentos y también estuvo ligado a grupos empresariales de Lőrinc Mészáros, oligarca húngaro y amigo de la infancia de Orbán—. En el caso de Le Pen, el crédito fue para las elecciones presidenciales de 2022. Le prestaron 10,49 millones de euros con un tipo de interés anual del 6,7%, una coste bastante más bajo que el asumido por Vox.

Los intereses pagados por Vox se vieron afectados por el tipo de interés básico que aplicaba el MBH Bank en 2023, año en el que escaló por encima del 10% durante casi todo el ejercicio. En la primavera de 2024, cuando se concede el segundo crédito, el tipo de interés básico del banco húngaro rondaba el 7%. Aun así, Vox volvió a contratar el préstamo con un tipo del 11%. De todos modos, los tipos del MBH se suelen aplicar para préstamos en florines húngaros —la moneda del país—. Los créditos a Vox se realizaron en euros. Por lo que no es tan extraño que los intereses fueran más altos, a pesar de que se situaran tan por encima de los que estaban cobrando los bancos españoles en esos momentos.

Lo cierto es que a pesar de los motivos esgrimidos por Millán, los préstamos a Vox se otorgaron tras el acercamiento de Vox al primer ministro húngaro Viktor Orbán, al que el presidente del partido, Santiago Abascal, califica ya de "amigo". El primer crédito, para financiar la campaña del partido a las generales, se concedió el 22 de junio de 2023, solo veinte días después de que Abascal y Orbán se reunieran en Budapest.

El segundo se aprobó en 2024 para financiar la campaña de las europeas. Tras esas elecciones, Vox abandonó el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, para pasarse a Patriotas por Europa (Patriots), el grupo que capitanea el Fidesz de Orbán. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen también forma parte de ese grupo.

En el caso del préstamo de 2024, el importe fue de siete millones de euros y el tipo de interés, de nuevo, del 11%, según recoge la formación en sus cuentas anuales del ejercicio. Otra vez el tipo de interés pagado por Vox era mucho más alto que los del resto de partidos españoles. Y, otra vez, el préstamo era de mucho mayor importe que los del resto.

Todos los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a informar sobre esos créditos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo en ninguna de las dos ocasiones que dio crédito a Vox, incumpliendo así la ley electoral. Aún así, infoLibre solicitó, al amparo de la ley de transparencia, una copia de la información que los bancos habían mandado sobre los préstamos electorales al Tribunal de Cuentas y la misma información que habían remitido los partidos para poder compararla. 

De hecho, en el caso de Vox, aunque el MBH Bank no hubiera mandado información, el partido debería haberlo hecho. El Tribunal de Cuentas ha inadmitido a trámite la solicitud de este medio al considerar que la ley de transparencia no le obliga a entregar ese tipo de información y, por tanto, la mantiene oculta. 

La información sobre los préstamos es fundamental para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar que se otorgan con arreglo a la ley. De hecho, Vox podría llegar a ser sancionado por su contabilidad electoral. La ley española no es del todo clara pero los préstamos del MBH Bank podrían no ajustarse a derecho. El Tribunal de Cuentas no ha llegado a estudiarlos porque considera que "no ha sido posible acreditar" si el MBH Bank "se encuentra participado o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras". A pesar de esa afirmación, la primera parte de esta investigación demuestra que una quinta parte del banco pertenece de forma directa al Gobierno húngaro.

Aún así, la ley española da espacio a distintas interpretaciones. Los expertos consultados por infoLibre y Follow The Money no concuerdan en si haber recibido esos créditos es motivo de infracción y, por tanto, sanción por parte de Vox. Mientras unos defienden que los préstamos electorales se pueden considerar financiación, otros argumentan que la ley no da espacio a esa interpretación. 

El asunto es crucial: en caso de que los préstamos efectivamente se consideraran financiación, Vox estaría incumpliendo la legislación, ya que la ley de financiación de partidos indica en su artículo 7.2 que las formaciones políticas "no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

"El tema es discutible porque la ley se refiere a 'ninguna forma de financiación', pero entiendo que se podría interpretar que los partidos sí pueden recibir préstamos de bancos extranjeros porque la ley en general diferencia entre donaciones y préstamos. Creo que el artículo 7.2 está pensando en donaciones [no en préstamos], para impedir la posible captura del Estado español por un Estado extranjero", explica Inés Olaizola, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"La ley diferencia entre aportaciones (donaciones) y préstamos. Esto lo hace cuando se refiere a los nacionales y así, por ejemplo están prohibidas las donaciones de personas jurídicas pero no los préstamos de entidades bancarias; por esto se podrían plantear dudas. Aunque, como respecto a los Gobiernos y organismos extranjeros es verdad que se refiere a 'ninguna forma de financiación', cabría defender que tampoco son posibles préstamos en tanto en cuanto es una forma de financiación", detalla Olaizola.

Óscar Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, defiende claramente esta segunda interpretación: "Está claro que un préstamo es una 'forma de financiación'. El apartado 2 del artículo 7 no se refiere sólo a donaciones y si se demuestra la vinculación de MBH Bank con el Gobierno húngaro, creo que estaríamos ante una infracción muy grave por parte de Vox". Aunque el experto reconoce que uno de los problemas de la ley española es que no refleja claramente cuál podría ser la sanción en un caso así.

"Es importante que no haya financiación por parte de bancos vinculados a Gobiernos extranjeros para evitar la influencia de estos en nuestras elecciones. El caso húngaro es paradigmático, pues se trata de un Gobierno alineado con Putin y es evidente el interés que tiene Putin en desestabilizar las democracias europeas alentando los extremismos (de todo tipo) y exacerbando las divisiones internas preexistentes", recalca Sánchez.

A pesar de todo ello, a día de hoy el Tribunal de Cuentas no ha llegado a profundizar en el caso de los préstamos de Vox. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado una investigación que abrió al partido de Abascal por financiación irregular en la que se abordaban, entre otros asuntos, estos préstamos. "La actuación de la Fiscalía se refiere a la vía penal. Efectivamente, si el Código Penal solo habla de donaciones, los préstamos no estarían incluidos en el tipo delictivo, pero sigue habiendo una infracción de la ley que podrá sancionarse por el Tribunal de Cuentas", detalla Sánchez.

El 2 de junio de 2023 el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro húngaro y presidente del Fidesz, Viktor Orbán, se reunían en Budapest. Abascal definía a Orbán como "amigo" y los dos mandatarios ultras se comprometían a trabajar para dar un giro hacia la derecha en Europa. No han trascendido muchos más detalles de la reunión, pero es posible que no hablaran solo de eso.

Solo veinte días después de ese encuentro, el Magyar Bankholding Bank (MBH Bank Nyrt), una entidad financiera húngara, otorgaba un primer préstamo a la formación de Abascal: 6,5 millones de euros para sufragar su campaña para las elecciones generales de 2023. 

Pero Vox no es el único partido al que este banco húngaro ha prestado dinero. Tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), llevada a cabo por infoLibre y Follow the Money, el MBH Bank está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa. No se trata de una entidad financiera cualquiera. Este banco está participado por el Gobierno húngaro de Orbán y entre sus clientes se encuentra lo más granado de la extrema derecha del continente. 

Aunque la creación del banco data solo de 2023, ha financiado ya dos campañas electorales de Vox con préstamos: la de las últimas elecciones generales y la de las últimas europeas. El banco surgió a partir de la fusión de tres entidades financieras. Una de ellas, el MKB Bank, ya había prestado dinero para la campaña de Marine Le Pen para las presidenciales francesas de 2022. El propio partido de Orbán, el Fidesz-Unión Cívica Húngara, también tenía sus cuentas en dicha entidad.

Pero las relaciones con los ultras no se limitan solo a los partidos políticos. El MBH Bank cuenta entre sus clientes con el canal austríaco de televisión AUF1 o el Mathias Corvinus Collegium (MCC), otros dos actores de la extrema derecha europea. 

AUF1, fundado por Stefan Magnet en 2021, es un canal que se ha caracterizado por difundir teorías de la conspiración, amplificar los discursos ultras y apoyar al partido de extrema derecha austríaco: el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, por sus siglas en alemán). 

Magnet fue dirigente de la Bund freier Jugend, una organización juvenil neonazi de Austria, aunque también militó en las juventudes del FPÖ. En los programas de su canal ha participado, por ejemplo, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. AUF1 se ha dedicado a pedir donativos a sus espectadores y las cuentas en las que solicitaban los ingresos correspondían al MBH Bank.

Algo similar sucede con el Mathias Corvinus Collegium, una supuesta institución educativa que recibe su financiación directamente del Estado húngaro. En 2022, el MCC abrió un think tank en Bruselas para difundir y promover el mensaje conservador y nacionalista de Orbán a nivel europeo. Al igual que AUF1, el MCC pide donativos a una cuenta que tiene abierta en el MBH Bank.

La financiación del banco a la extrema derecha europea está estrechamente ligada al Gobierno húngaro. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco y tiene el 21,51% de derechos de voto dentro del mismo. Esos porcentajes se canalizan a través de Corvinus. 

Corvinus International Investment Private Limited Company es un fondo propiedad del Ministerio de Economía húngaro, cuyo objetivo es "garantizar la presencia de la propiedad estatal en sectores económicos de importancia estratégica". Corvinus BHG, una filial del fondo, es quien posee ese 20,01% del MBH Bank, convirtiendo así al Estado húngaro en el segundo mayor accionista, según los propios datos del banco a cierre de 2024.

El MBH Bank es el segundo banco más grande Hungría. Según sus informes anuales, cuenta con unos 30.000 millones de euros en activos, 500 sucursales, dos millones de clientes y aproximadamente 10.000 empleados. El otro gran accionista del banco es Zenith Asset Management Zrt. Esta empresa, que se dedica a gestionar activos e inversiones, tiene un 24,84% de la propiedad del banco. Es privada y pertenece a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (MATAK), un holding de inversiones. Zenith, MATAK y el MBH tienen la misma dirección como sede central, según el registro mercantil húngaro.

Entre Zenith y Corvinus pueden controlar el banco de facto, al sumar el 48,22% de derechos de voto dentro del mismo. Además, un 7% de las acciones pertenecen al propio banco y un 13,65% corresponden a libre circulación. Estas segundas están mayormente en manos de accionistas minoritarios que las compran en bolsa. A esas acciones de libre circulación les corresponde el 14,68% de los votos. Por tanto, el control de Zenith y Corvinus sobre la entidad financiera es aún más claro.

El holding MATAK, dueño de Zenith, está vinculado a capital privado ligado a un empresario y amigo de la infancia de Orbán, Lőrinc Mészáros, que lleva años beneficiándose de licitaciones públicas del Gobierno de Orbán. El oligarca es la persona más rica de Hungría. Además, fue alcalde de Felcsút entre 2011 y 2018, tras ganar las elecciones como candidato del Fidesz. Este municipio de Hungría es el pueblo de la infancia de Mészáros y Orbán.

La composición del accionariado del MBH Bank ha ido cambiando desde su constitución en 2023. Al cierre de ese ejercicio, Corvinus tenía un 30,35% de las acciones del banco. Por tanto, cuando la entidad otorgó el primer préstamo a Vox, la parte pública de la misma perteneciente al Gobierno húngaro era aún mayor. En ese entonces, MATAK poseía un 37,69% a través de dos holdings distintos. Así, entre el Gobierno de Orbán y los fondos de Mészáros controlaban más de dos tercios de la entidad financiera.

En Hungría, como en gran parte de Europa, el 25% es la cifra clave para identificar al propietario real de una empresa. Si una persona física posee o controla al menos ese porcentaje, directa o indirectamente, se la considera beneficiario último y se activan obligaciones extra de transparencia, auditoría y control; también en el caso de los bancos. Por ello, es probable que los accionistas del MBH Bank hayan ido modificando el accionariado para que todos posean menos del 25%. 

"En el caso de los accionistas vinculados al Estado, lo más probable es que redujeran su participación para adaptarse a las exigencias del mercado y simplificar la rendición de cuentas que se le exige al banco", explica un experto húngaro en finanzas sobre el MBH Bank. El experto estuvo vinculado a uno de los bancos que dio origen al MBH Bank y prefiere no ser identificado.

La financiación por parte del banco húngaro se da en un nuevo contexto de alianzas de la ultraderecha. Tras las elecciones europeas de junio de 2024, el Fidesz de Orbán impulsó un nuevo partido político europeo. El nuevo grupo, Patriotas por Europa (Patriots), está formado por el Fidesz y por otros partidos de extrema derecha como la Lega (Liga) italiana de Matteo Salvini, el Vlaams Belang (Interés Flamenco) belga o la Chega (Basta) portuguesa.

Patriots se ha caracterizado por estar aún más alineado a la extrema derecha que el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y por una mayor cercanía a la Rusia de Vladimir Putin. Vox en la anterior legislatura europea formaba parte de ECR, pero después de las últimas elecciones europeas —que financió gracias a un segundo préstamo del MBH Bank— se pasó al nuevo grupo de los Patriots. No solo eso. Santiago Abascal fue elegido presidente de la formación a nivel europeo.

Pero Vox no es el único partido que forma parte de Patriots y ha recibido dinero del banco húngaro. Le Pen se benefició de un préstamo de más de 10 millones de euros para su campaña presidencial en 2022 y su partido, la Agrupación Nacional, también comparte grupo europeo con el Fidesz y Vox. La extrema derecha austríaca del FPÖ es asimismo integrante de Patriots y, aunque no ha recibido préstamos como Abascal y Le Pen, su canal de televisión de referencia está entre los clientes del banco.

La financiación a partidos extranjeros por parte del MBH Bank resulta aún más llamativa al tener en cuenta que la ley de Hungría no permite a los partidos políticos del país financiarse a través de fondos extranjeros. Tampoco recibir préstamos de bancos de otros países. De hecho, la ley de protección de la soberanía —contra la que la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento ante el TJUE por considerar que infringe el Derecho de la Unión—, recoge penas de hasta tres años de prisión por financiación extranjero de partidos y campañas electorales.

En España la regulación en materia de financiación extranjera para los partidos políticos no es tan clara. Vox se ha valido de ese hecho para recibir los préstamos del MBH Bank. El primero, de 6,5 millones de euros, sirvió para sufragar la campaña electoral de las elecciones generales de 2023. El segundo, de 7 millones, sirvió para hacer lo propio con las elecciones europeas de 2024.

Aún así, el Tribunal de Cuentas español no ha llegado a considerar en profundidad el caso. Los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a enviar determinada información sobre esos préstamos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo ninguna de las dos ocasiones con respecto a Vox, incumpliendo así la ley electoral.

Debido a esos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas considera que "no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras" y, por ello, no entra a valorar el caso ni si puede constituir una infracción de la ley por parte de Vox haber recibido esos préstamos. La investigación Money to the far-right revela ahora que de forma efectiva una quinta parte del banco pertenece directamente a Corvinus, un fondo que es propiedad al 100% del Gobierno húngaro.

El cotejo realizado por infoLibre de las últimas cuentas aprobadas por Vox y de las elaboradas por Disenso, fundación creada por el partido y también con Santiago Abascal como presidente, ha incrementado las sospechas que sobre su financiación colocó el lunes en primer plano un informe del Tribunal de Cuentas. En la memoria de 2022, en el apartado “hechos posteriores” al cierre del año, Vox anota que “se ha procedido también durante el ejercicio 2023 y como devengo del ejercicio 2023 a la donación de 1,5 millones a la Fundación Disenso”. Pero lo que refleja la memoria de Disenso en esa misma categoría contable difiere nada menos que en 501.000 euros: “El partido político VOX donó en enero de 2023 a Fundación Disenso 999.000 euros”, se lee en el documento de la fundación justo debajo del epígrafe “Acontecimientos posteriores al cierre”.

infoLibre envió a los portavoces de comunicación de Vox el texto literal de lo que cada una de las memorias –la del partido y la de su fundación– plasma en relación a lo donado en lo que va de año.

La respuesta, transcrita literalmente y confirmada por este diario a través de los mismos portavoces, fue la siguiente: "Lo que figura en la memoria de Vox [los 1,5 millones en lo que va de año] está en conocimiento del Tribunal de Cuentas y reflejado ante notario como dinero donado a la Fundación Disenso". Según las mismas fuentes, "la memoria de Disenso es un documento sin actualizar que se actualizará con todas las donaciones al cierre del ejercicio de 2023". "Toda la donación que ha hecho Vox a Disenso está en conocimiento del Tribunal de Cuentas y firmada en documento público ante notario. Y lo que se puede ver en la otra memoria es que no está actualizada y se actualizará o subsanará al cierre de 2023".

Las cuentas de Vox sobre 2022 llevan fecha del pasado 14 de junio, al igual que la auditoría elaborada por una consultora de Castilla La Mancha. Las de Disenso aparecen datadas un mes y medio más tarde, el 27 de julio; realizada por la misma empresa consultora, la auditoría va fechada el 20 de julio. La misión de las auditorías independientes radica en corroborar la veracidad y exactitud de lo reflejado en el balance y la memoria. Una vez aprobados, tales documentos adquieren carácter definitivo.

Sin que se les identifique por su nombre, las cuentas de la fundación las rubrican “el secretario” y “el presidente”, cargo que Abascal ostenta con carácter vitalicio. Las de Vox las suscriben el diputado y ahora ahora gerente de Vox Juan José Aizcorbe y el también diputado y tesorero Pablo Sáez.

La comparación efectuada entre las cuentas de Vox y las de Disenso coincidió este viernes con la noticia publicada por El País sobre el cese por dimisión del hasta ahora gerente de la formación ultraderechista, el diputado Juan José Aizcorbe.

Por la mañana, y tras publicar El País la noticia del cese por dimisión de Aizcorbe, la organización difundió de inmediato un comunicado donde califica de “informaciones falsas” las relativas a este asunto. Según la versión oficial, Aizcorbe “seguirá con funciones de control y fiscalización”. Pero, según el mismo comunicado, fue el propio Aizcorbe quien “acordó hace meses reducir su carga de trabajo en el partido y nombrar un nuevo gerente”. ¿Quién será el nuevo gerente? Eso, respondió Vox a través de sus canales de comunicación, se dirá “cuando se le nombre”. De momento –fue el añadido– Aizcorbe seguirá en el cargo.

Contactado por infoLibre, el diputado respondió por whatsapp que el comunicado del partido “se ajusta a la realidad” y que se remite a su contenido. “Estoy viendo incrédulo las noticias que están publicando y no doy crédito”, agrega en su mensaje.

Como gerente, Aizcorbe desempeña un papel de máxima relevancia en la política implantada por Vox para nutrir a Disenso con donaciones de cuantía inédita y que convierten a la fundación en una auténtica institución privada millonaria. Sus memorias anuales dibujan un escenario centrado en la difusión de ideas y propaganda por vías como el digital gaceta.es, antes propiedad del Grupo Intereconomía y, por tanto, de la familia de Julio Ariza.

El lunes, el Tribunal de Cuentas admitió que en el caso de las fundaciones la ley no le permite conocer el listado de proveedores que han cobrado más de 3.000 euros a lo largo de un año. Es decir, no puede examinar el llamado modelo 347 de Hacienda, sobre el que la exdirigente de Vox Macarena Olona puso el foco cuando en una entrevista retó a la fundación a hacerlo público. Constreñidas la competencias de auditoría, la fundación de Vox opera sin que el máximo órgano de fiscalización del país controle algo más que el destino de las subvenciones, pero Disenso básicamente se nutre del dinero que le transfiere Vox, que desde 2019 ha recibido más de 50 millones de origen público.

Desde 2020 y hasta ahora, Vox ha inyectado en números redondos a Disenso siete millones en donaciones, una cifra sin parangón entre el resto de fundaciones vinculadas a partidos. Tal como había publicado infoLibre, en enero de este año el monto iba ya por casi cinco millones: exactamente, 4,87.

Como publicó el martes infoLibre, la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de los partidos en 2018 y 2019 no solo desvela que Vox copó en 2019 un tercio (1,56 millones) del total de donaciones recibidas por los 32 partidos sujetos a fiscalización, sino que ese año ingresó “a través de cajeros automáticos” 311.947 euros declarados como producto del merchandising destinado a las “mesas de información”. A la luz de esos datos –se lee en el informe del TCU– “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 5.1 a) de la LOFPP [Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos] al no haber sido identificados los posibles donantes". El artículo 5.1.a de la ley de financiación política prohíbe taxativamente las donaciones anónimas.

Pero el informe del TCU no es el primer documento que pone el dedo en la llaga de las donaciones a Vox. Al inicio del verano de 2021, un partido minúsculo y ahora inactivo, Alianza Cívica, presentó una denuncia que el fiscal del Tribunal de Cuentas derivó de inmediato a la Fiscalía Provincial de Madrid y que esta archivó el 9 de octubre sin que se sepa qué diligencias practicó ni qué argumentos condujeron al carpetazo.

La denuncia aportaba documentos internos de Vox en apoyo de sus afirmaciones sobre la supuesta existencia de donaciones ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos. ¿El límite para mantener el anonimato? 300 euros, cifra a partir de la cual resulta obligatorio identificar a quien efectúa el ingreso.

Entre los papeles internos entregados por los denunciantes figuraba uno con el logotipo de Vox Alicante titulado Guía para realizar los ingresos y donaciones en las cuentas del Partido Político Vox.  Bajo el epígrafe “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas y tardes de Vox (Huchas)” se leía esto: “Límite MÁXIMO de 299.-€ por acto”.

Más adelante y tras reproducir el número de la cuenta donde debían realizarse los “ingresos de mesas informativas”, se lee lo que sigue: “El ingreso de la hucha debe ser un ingreso en efectivo nunca por transferencia”. Como remate, el aviso final: “La no observación de estas normas implica la pérdida del 100% de las donaciones (devolución al erario público) que no estén debidamente identificadas y con arreglo a la norma arriba expuesta”.

Las donaciones opacas, uno de los pilares del informe con que el Tribunal de Cuentas (TCU) ha puesto bajo sospecha la financiación de Vox, ya centraban en junio de 2021 una denuncia que la Fiscalía de Madrid archivó con rapidez tras el verano de aquel año a través de un decreto cuyos argumentos se ha negado este miércoles a revelar.

Como publicó el martes infoLibre, la auditoría oficial del máximo órgano fiscalizador no solo desvela que Vox copó en 2019 un tercio (1,56 millones) del total de donaciones recibidas por los 32 partidos sujetos a fiscalización, sino que ese año ingresó “a través de cajeros automáticos” 311.947 euros declarados como producto del merchandising destinado a las “mesas de información”. A la luz de esos datos –se lee en el informe del TCU– “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 5.1 a) de la LOFPP [Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos] al no haber sido identificados los posibles donantes". El artículo 5.1.a de la ley de financiación política prohíbe taxativamente las donaciones anónimas.

Formulada ante el Tribunal de Cuentas en mayo de 2021 por un partido pequeño y en la práctica ahora inactivo, Alianza Cívica, el fiscal adscrito a la institución infirió que la denuncia podía tener alcance penal y no administrativo. Y la derivó el 7 de junio a la Fiscalía Provincial de Madrid. La Fiscalía incoó formalmente diligencias de investigación, dejó pasar el verano y el 9 de octubre las archivó. infoLibre no ha logrado ahora localizar a los denunciantes. Ni ha conseguido que la Fiscalía precise cuáles fueron los argumentos para dar carpetazo al caso así como qué diligencias se practicaron.

Los denunciantes habían aportado documentos internos de Vox en apoyo de sus afirmaciones sobre la supuesta existencia de donaciones ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos. Como recuerda ahora el Tribunal de Cuentas, 300 euros es la cifra que marca el “umbral de identificación obligatoria” de quien efectúa el ingreso.

Uno de los anexos adjuntos a la denuncia y a su posterior ampliación a finales de mayo de aquel año abordaba exactamente esa cuestión. Se trataba de un documento interno atribuido a Vox Alicante, cuyo logo aparecía en la parte superior del foliado y con signos de haber sido extraído de los archivos informáticos del partido.

Titulado Guía para realizar los ingresos y donaciones en las cuentas del Partido Político Vox, los denunciantes sostenían que su texto evidenciaba lo que sigue: “la intención de eludir el control del erario público mediante las microdonaciones realizadas en metálico que se mantendrían de forma artificial siempre por debajo de las cantidades que por ley deben declararse o de la exigencia legal de identificar a los donantes”. Es decir, por debajo de los 300 euros que ahora define el Tribunal de Cuentas como la frontera entre el anonimato y la identificación forzosa.

De hecho, uno de los puntos de la guía alicantina daba a los afiliados instrucciones en ese sentido. Bajo el epígrafe “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas y tardes de Vox (Huchas)” se leía esto: “Límite MÁXIMO de 299.-€ por acto”.

Más abajo y tras reproducir el número de la cuenta donde deben realizarse los “ingresos de mesas informativas”, se lee esto otro, también en mayúsculas: “El ingreso de la hucha debe ser un ingreso en efectivo nunca por transferencia”. Y ahora ya de vuelta a las minúsculas, los autores de la guía explican por qué las transferencias quedan vetadas: “La no observación de estas normas implica la pérdida del 100% de las donaciones (devolución al erario público) que no estén debidamente identificadas y con arreglo a la norma arriba expuesta”.

La coincidencia entre las referencias de la denuncia de 2021 al pitufeo y las que sobre las donaciones opacas efectúa el tribunal auditor –las memorias de las cuentas anuales de Vox “no incluyen la relación de donaciones privadas prevista” por la normativa legal, llega a decir el informe– no es la única.

Los denunciantes abordaban el asunto de la Lotería como otra herramienta de financiación opaca. E ilustraban su afirmación adjuntando un documento que aparecía signado por un candidato de las listas de la Comunidad Valenciana en 2019 y cuyo nombre omite este medio dado que en ningún momento ha logrado contactar con él.

Pero lo que ese papel dice es que en una determinada provincia de esa comunidad la venta de 345 décimos generó un beneficio de 1.725 euros que se ingresaron en una cuenta del partido a través de seis operaciones: todas ellas por debajo de los 300 euros. El documento aportado se completaba con la fotocopia de un recibo bancario sobre el primero de esos seis ingresos en efectivo.

Lo que ahora señala el Tribunal de Cuentas es que “la formación no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería” y que, en consecuencia, “no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos”.

La denuncia de 2021 incorporaba referencias a los testimonios de antiguos dirigentes de Vox sobre los métodos para "el presunto blanqueo de ingresos opacos o fracción de donaciones". Entre aquellos exaltos cargos dispuestos a declarar, la denuncia incluía a Juan Jara, quien en 2016 había ocupado el cargo de vicepresidente primero del partido. Tal como él mismo confirmó este miércoles a infoLibre, la Fiscalía nunca llamó a Jara para prestar testimonio.

La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos en los ejercicios 2018 y 2019 ha colocado a Vox en la diana de las sospechas. En su informe [pincha aquí para acceder al documento], el Tribunal de Cuentas (TCU) dibuja un escenario contable opaco que, esquivando la Ley de Financiación de Partidos, no permite conocer el origen de los elevados ingresos privados obtenidos por la formación ultraderechista al margen de las subvenciones públicas y donde ocupan un lugar relevante las entradas de dinero en metálico.

A tenor de los balances de los 32 partidos fiscalizados y cuyos datos esenciales reproduce el informe a lo largo de sus 946 páginas, Vox recibió en 2019 un tercio (el 33,017%) del total de donaciones de personas ajenas a cada organización: 4.739.263,54 euros en total. Lo que el partido de la extrema derecha contabilizó como entregado por personas físicas se cifra en 1.564.800,21 euros. Eso significa más de cuatro veces de lo que por esa vía –donaciones privadas distintas por completo a las cuotas de afiliados y las aportaciones de cargos públicos– ingresaron los dos grandes partidos: PP (282.676 euros) y PSOE (275.616,67).

En buena parte y tal como subraya el TCU, las entradas de fondos en efectivo se introducen bajo la membrana del partido a través de cajeros automáticos y mediante importes inferiores a 300 euros, “umbral de identificación obligatoria” de quien efectúa el ingreso, recuerda el informe. No es la primera vez que las cuentas de Vox aparecen envueltas en sombras: en 2019, el diario El País accedió a las donaciones secretas que había recibido el partido desde su creación hasta las elecciones europeas de 2014. Según aquella información, fue el exilio iraní el que proporcionó un millón de euros al nuevo partido.

Ahora, el TCU avisa en su informe de que el partido que lidera Santiago Abascal ha podido incurrir en infracciones susceptibles de sanción, lo que ahora estudiará en un proceso donde se investigarán en profundidad todos los episodios sujetos a duda y en el que Vox deberá exponer números y argumentos.

La exhaustividad de la auditoría pública sobre las cuentas de Vox en los dos ejercicios citados contrasta con el corto alcance de la investigación del tribunal sobre Disenso, fundación oficial del partido, presidida también por Santiago Abascal y a la que, como publicó infoLibre en enero, el partido engrasa cada año con dos millones de euros que una vez conocidas las cuentas de 2022 suman ya siete millones. Fuentes del TCU confirmaron este lunes que a diferencia de lo que sucede con los partidos, la ley no permite examinar el listado de proveedores privados –el llamado modelo 347– con los que contratan servicios, material, arrendamientos o cualquier otro trabajo las fundaciones partidarias. Esa limitación conduce a una situación contradictoria: porque bajo ese prisma, no puede ser en la práctica objeto de auditoría pública la misma Disenso a la que de forma inédita en la política española Vox ya ha derivado siete millones en su mayoría procedentes de subvenciones públicas.

Disenso pasa de largo junto a la lupa de un examen donde se afianza una afirmación grave para Vox: en el informe del TCU –y respecto a la información específica que preceptúa como obligatoria la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP)–, las memorias de las cuentas anuales de Vox “no incluyen la relación de donaciones privadas prevista”. El artículo de la LOFPP que cita el Tribunal de Cuentas es el 14.3. Y lo que ese punto dice resulta inequívoco: la memoria anual de un partido debe incluir las donaciones de cualquier tipo –dinero o inmuebles o servicios– “recibidas de personas físicas con referencia concreta, en cada una de ellas, de los elementos que permitan identificar al donante y señalar el importe del capital recibido”.

En 2018 y 2019, relata en otro párrafo el TCU, se han apreciado ingresos en cajeros automáticos, por importes de 20.601,04 euros y 311.947,05 euros respecto de los que, "si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”. "La formación –abunda el informe en otro momento– no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales ni las de participaciones de lotería, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

En sus alegaciones, Vox sostiene que la relación de donaciones ya figura en uno de los formularios tributarios que debe entregarse a Hacienda, el 182. Pero el tribunal entiende que es en la memoria anual donde la confusión y, por ejemplo, los “importes agrupados” para cada mes dificultan identificar la procedencia de ciertas entradas de dinero. En nota a pie de página, el Tribunal asesta un golpe a Vox cuando, tras recordar que Vox aduce que dispone del detalle de tales importes agregados, afirma que “dichos registros no han sido aportados al tribunal ni durante la fiscalización ni en el trámite de las alegaciones”.

"Cajas no registradas en contabilidad"

De la lectura completa del informe se infiere que el máximo organismo fiscalizador pone el foco en los ingresos en metálico que Vox asegura tener por la venta de productos con el sello del partido en las llamadas “mesas informativas”. “Se deduce –avisa el TCU– la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas en efectivo que se producen en las denominadas ‘mesas informativas’ de la formación, sin que este tribunal tenga constancia de que dicho efectivo corresponda a la venta de artículos promocionales”. Según Vox –lo dice en sus alegaciones– “al no existir cajas provinciales, los organizadores que recaudan el efectivo de las mesas informativas meramente custodian el dinero hasta el ingreso en efectivo en el banco”.

El informe destaca “la ausencia de controles en la venta de productos promocionales, al no disponer la formación de registros auxiliares que aporten información precisa acerca del número de productos vendidos en cada punto de venta, del coste de los mismos, del precio de venta aplicado y del beneficio procedente de las ventas realizadas”.

En sus alegaciones, donde firma como gerente el histórico Juan José Aizcorbe, diputado al Congreso, Vox replica que “se ha aportado información sobre los artículos vendidos, precios,  ingresos” y que en fase de “auditoría se presentó el detalle, producto a producto y provincia a provincia, de los ingresos por material promociona registrados durante el ejercicio 2019”.

El misil que el domingo disparó Macarena Olona sobre las cuentas de Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de su antiguo partido, Vox, ha puesto el foco en un dato hasta ahora inadvertido: el enorme peso de sus pagos a proveedores, una categoría contable donde, a priori, no es de acceso público la identidad de quien presta cada servicio, ni el concepto y la cuantía de lo cobrado.

En su primer año y medio de vida -de julio de 2020 a diciembre de 2021- Disenso dedicó a esos pagos 2,02 millones. Eso significa el 70% de los ingresos obtenidos por la fundación -todos procedentes de Vox- durante aquellos 18 meses: 2,87 millones. Y representa el 40% del todo el dinero que hasta febrero de 2022 y con una donación extra de dos millones fechada ese mes ha puesto Vox en sus manos: 4,87 millones, como publicó infoLibre en enero.

Falta por saber aún cuánto de los dos millones adicionales de febrero de 2022 ha acabado en el compartimento de "servicios exteriores", aquel sobre el que Olona puso el domingo la lupa en La Sexta. En la entrevista, la ex secretaria general del grupo de Vox en el Congreso y excandidata a la Junta de Andalucía lanzó una pregunta que aprieta las tuercas a la formación ultraderechista: la de “qué hay dentro de la partida de otros gastos y servicios exteriores” que es donde “se suelen esconder las maldades”.

Olona exhortó a Vox a publicar la lista de proveedores. Según sus palabras, hoy gira en torno al partido y su fundación un "entorno societario y mercantil" del que no ofreció datos concretos. Pero sí otra pregunta: “¿Están dispuestos a aportar el Modelo 347 para un ejercicio de absoluta transparencia?” El Modelo 347 es aquel donde consta la identidad de quienes a lo largo de un año han percibido más de 3.000 euros del mismo pagador. Figura también la cuantía. A última hora de la mañana, Disenso difundió una nota donde defiende la legalidad de su financiación y asegura que la Agencia Tributaria dispone del Modelo 347 de cada ejercicio porque se lo entregó la fundación en cumplimiento de la ley.

La diferencia con lo que a tal tipo de pagos -los servicios exteriores, que incluyen desde los prestados por profesionales independientes a los alquileres y la publicidad y propaganda- contabiliza Disenso y lo que declaran haberle destinado en 2020 y 2021 las grandes fundaciones de PSOE y PP resulta abismal. La Fundación Pablo Iglesias (PSOE) anota 400.000 euros en “otros gastos de la actividad” y 376.330 euros la Fundación Concordia y Libertad (PP) .

¿Influye en ese sobrecoste que la fundación de Vox tenga un digital, lagaceta.es, con 14 asalariados según sus cuentas de 2021 y distintos colaboradores externos? Por ahora, no se sabe, aunque la memoria anual de Disenso cifra en 716.340 euros el presupuesto realizado para su funcionamiento. Pero aunque el digital, durante años propiedad del grupo de Julio Ariza, vio de nuevo la luz el 12 de octubre de 2020, Disenso anotó ese año 0 euros en gastos de personal.

El terremoto provocado por las declaraciones de Olona encontró horas después la respuesta de Vox. Su portavoz político, Jorge Buxadé, defendió este lunes la legalidad de las cuentas de la formación y su democracia interna, así como la financiación de la Fundación Disenso.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, Buxadé desdeñó las críticas de Olona en la entrevista emitida este domingo en La Sexta, aunque ha evitado confrontar con ella. El político insultó al autor de la entrevista, el periodista Jordi Évole, llamándole "amigo de los etarras", informa Europa Press.

En este contexto, Buxadé vindicó la legalidad de la financiación del partido y también de la Fundación Disenso. Sobre los dos millones donados ya a comienzos del año pasado, el portavoz anunció que se siguieron todas las pautas legalmente establecidas y que ese montante se incluirá en el balance de resultados de 2022, que se someterá a votación en la Asamblea que se celebrará próximamente.

En esta línea, la Fundación Disenso ha publicado este lunes una serie de comentarios en su cuenta de Twitter asegurando que la entidad se rige por la Ley de Fundaciones y el Registro de Fundaciones, "cumpliendo con todas sus obligaciones legales, fiscales y con los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Financiación y el Tribunal de Cuentas".

La entidad reivindica haberse convertido en la fundación española "más influyente" en Iberoamérica y Estados Unidos, con una red internacional de alianzas en más de veinte países.

Como ejemplo de su labor aporta la Carta de Madrid, un documento promovido "en defensa de la libertad y la democracia" y que cuenta con la firma de 180 dirigentes políticos de 23 países; además la publicación de informes, seminarios y la edición del ya citado digital La Gaceta de la Iberoesfera. Las firmas cosechadas por la Carta de Madrid dejó al descubierto las alianzas de Vox con el sector más extremista de la derecha latinoamericana. Entre quienes rubricaron el texto figuran Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil cuyos seguidores fracasaron en su intento de golpe tras las elecciones que le descabalgaron del poder; el chileno José Antonio Kast, admirador del sangriento Augusto Pinochet y también derrotado en las urnas; o Victoria Villarruel, adalid de la dictadura argentina de Jorge Videla.

Las sombras que Olona desplegó en la entrevista del domingo sobre las cuentas de Vox y su fundación no fueron las únicas. La exdiputada asegura que está viviendo un "Vox History X", lo que de manera inequívoca rememora la película estadounidense American history X, en la que la ruptura de un joven con la ideología neonazi acaba costándole la vida. Según Olona, está siendo víctima de bulos y de una especie de persecución "feroz" como enemigo. "Por supuesto que van a por mí", concluyó.

Pero fue aún más allá al afirmar que Abascal tiene "limitaciones". Y que parte de las decisiones de Vox se están adoptando desde fuera. Tampoco aquí dio nombres, ni de grupos o lobbies ni de personas aunque se mostró tajante: “Tengo la certeza -dijo- de que en algunos casos se toman fuera, por personas que no forman parte formalmente del organigrama, pero que tienen un poder decisorio importante”.

Ariete ideológico de Vox, pieza esencial en la formulación de propuestas destinadas al electorado y a su principal socio político, el PP, así como guía en el diseño del puzle de la ultraderecha en la "Iberosfera" –España y Latinoamérica–, Disenso ha roto el molde financiero de las fundaciones vinculadas a partidos. Desde su constitución en julio de 2020, la entidad que también preside Santiago Abascal ha recibido de Vox nada menos que 4,87 millones de euros.

La cifra, que consta en las primeras cuentas anuales publicadas por Disenso, las de 2021, abre un campo nuevo en el capítulo de las fundaciones políticas, en buena parte dependientes de subvenciones públicas sujetas a un control oficialmente exhaustivo. El reparto de los 4,87 millones con que Vox ha engrasado en apenas dos años y medio su gran laboratorio de ideas y aparato externo de propaganda es el que sigue: en 2020, le entregó 370.000 euros; 2,5 millones en 2021; y otros dos millones en febrero de 2022. Esa última donación se menciona al final del balance de 2021 al tratarse de uno de los denominados “acontecimientos posteriores al cierre” del ejercicio. Una vez publique Disenso sus cuentas de 2022, se sabrá si a lo largo del ejercicio el partido incrementó el dinero aportado.

¿A qué destina sus fondos la fundación de Vox? La memoria anual de 2021, documento adicional y separado del que refleja las cuentas de ese periodo, remarca que Disenso “desarrolla actividades de análisis, investigación y formación, así como una intensa política de colaboración con organizaciones internacionales afines”.

En sus cuentas, las cinco actividades que enumeran las páginas del balance suman un gasto total realizado de 2,21 millones en 2021. El personal de alta dirección –se lee en el texto– no ha cobrado nada. Y como en cualquier contabilidad de acceso público, los gastos se detallan por apartados. Pero eso no permite conocer, por ejemplo, quiénes han operado como proveedores. Ni quiénes han sido los beneficiarios –o partícipes– de cada actividad efectuada. En el relato sobre sus acciones de 2021, Disenso reitera que no es factible ofrecer datos sobre el número de destinatarios.

Ahora bien, los números señalan como la gran actividad visible, y la más cara, la existencia de la web gaceta.es, difusora de noticias y análisis que van mostrando el rumbo discursivo de Vox. Adquirido mediante una “cesión del derecho de uso”, el dominio de la web procede de Intereconomía, grupo históricamente capitaneado por el exdiputado catalán por el PP Julio Ariza y en el que se inscriben cuatro empresas de la lista de grandes morosos con Hacienda. En 2021, su deuda seguía instalada en 20 millones de euros.

El total realizado para el funcionamiento de la web, con 14 asalariados, ascendió en 2021 a 716.340 euros. Fue la “Actividad 3” del ejercicio. “El acceso público y gratuito –expone la memoria anual– a todo el contenido de la página web de la Gaceta de la Iberosfera hace que el número de destinatarios finales sea de difícil cuantificación”.

En cuanto a coste y con más de medio millón de euros (550.210,02) asignados, a la web le sigue la “Actividad 5”, denominada “Iberosfera” y descrita del siguiente modo: “Proyecto con vocación internacional (…) que reúne a figuras públicas relevantes procedentes de países de la Iberosfera con el fin de poner en común proyectos e ideas así como (…) avanzar conjuntamente con propuestas de unidad de acción”. De nuevo, Disenso subraya que no es posible determinar el alcance de la actividad: “Al tratarse de un proyecto internacional con la finalidad de estrechar lazos entre los países involucrados el número de beneficiarios es indeterminado”.

En tercera posición en lo que a gasto se refiere aparece la “Actividad 2”, identificada como “actividades de tipo audiovisual” como “conversaciones y coloquios de asuntos de interés y actualidad” con personalidades del “ámbito cultural y político”.

El total realizado ahí se elevó a 408.643 euros. Se incluía, “la producción de un documental”. Aunque el balance no lo indica, leyendo la memoria anual de Disenso se infiere que tal documental es el elaborado bajo el título Desenmascarando el Foro de Sao Paulo. O sea, una producción en contra del foro de partidos y colectivos de todo el arco de la izquierda latinoamericana. Según Disenso, el documental registró “más de 150.000 visualizaciones”.

Como “Actividad 1” y un total realizado de 379.192 euros, la memoria habla de “Centro de estudios e internacional”. Consistió en “publicaciones de artículos, notas, informes de asuntos de interés y actualidad”. Se incluye asimismo en ese capítulo “la celebración de seminarios”.

Como actividad más barata, la memoria contabiliza la 4: “Formación”. Total realizado: 158.838 euros. ¿Su destino? Dos becas para participar en el “Programa de liderazgo y Gobierno Issep” y nueve para el “Programa de Jóvenes Líderes de la Iberosfera”. El Issep es el instituto creado por dirigentes de la ultraderecha española en conjunción con Marion Marechal, nieta del fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen. Se localiza en la que fue sede de Vox en 2019 tras alquilar el local a una empresa de su vicepresidente económico y portavoz en la comisión de Hacienda del Congreso, Víctor González Coello de Portugal.

El importe total de las aportaciones de Vox a Disenso retrata un escenario distinto al que muestra el informe del Tribunal de Cuentas [pincha aquí] en su informe sobre la aportación de los partidos parlamentarios a sus fundaciones a lo largo del bienio 2018-2019, el último examinado por el momento. Como detalla el organismo fiscalizador, el PSOE aportó 208.613 euros en 2018 y lo mismo en 2019 a su fundación de cabecera, la Pablo Iglesias. En ese mismo periodo y en el apartado de donaciones procedentes del partido, contabilizan 0 euros el PP (Concordia y Libertad, la antigua Humanismo y Democracia, la que más subvenciones públicas recibe) y Podemos (Instituto 25 de Mayo para la Democracia).

En 2021, Disenso obtuvo dos subvenciones públicas que suman 112.343 euros. La mayor de las dos (77.762 euros) fue la que cada año otorga el Ministerio de Cultura "para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social".

Atendiendo a la información alojada en el portal de subvenciones, con cargo a la misma partida y al margen de las otras ayudas que otorgan Gobierno central y comunidades autónomas, la Fundación Pablo Iglesias (PSOE: 120 diputados y 111 senadores) obtuvo ese año 89.273 euros. Concordia y Libertad (PP: 88 diputados, 104 senadores) la superó: 105.940 euros. Y el Instituto 25 de Mayo (Podemos) recibió 37.481. La formación morada posee la mayoría dentro del grupo de 33 diputados al que también pertenecen IU, En Comú Podem y Galicia en Común. Como publicó infoLibre, la mitad del dinero público entregado a fundaciones de partidos en 2018 y 2019 se lo quedó la del PP, Concordia y Libertad.

Disenso se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Es decir, el manifiesto que, según los datos de la fundación, han suscrito 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cuyos seguidores hicieron tambalear Brasil hace apenas una semana con el asalto al Congreso, la Presidencia del Gobierno y el Tribunal Supremo. Entre las perlas discursivas de Jair Bolsonaro se cuenta la de que torturar y no matar fue el error de la dictadura que mantuvo preso al país entre 1964 y 1985. Con él, Abascal asegura tener una “alta afinidad personal y política”.

La derecha americana posee tal peso en la Carta de Madrid que, entre quienes la han rubricado, también aparece José Antonio Kast, el ahora excandidato chileno derrotado por Gabriel Boric y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Y un tercer firmante a modo de ejemplo. Aun siendo menos conocido por la mayoría de los ciudadanos, en la lista consta uno de los bastiones intelectuales del ultraconservadurismo hispano, Alejandro Chafuen, durante años director de la red Atlas Network, que desde EEUU respalda financieramente iniciativas de asociaciones de la derecha radical. Chafuen comanda ahora el ultracatólico Instituto Acton, una de las grandes entidades embarcadas en el lobby internacional contra el derecho al aborto.

El Tribunal de Cuentas mantiene guardado en un cajón desde hace 11 meses el escrito donde en julio de 2020 la Fiscalía de Valencia le solicitó que analizase una denuncia contra Vox por si los hechos en ella descritos "fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas" detalladas en la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LOFPP)".  Ni ha hecho nada desde entonces ni, a tenor de sus respuestas a las preguntas de infoLibre, resulta previsible que lo haga.

De carácter penal, aquella denuncia había sido dirigida el 7 de julio a la "Fiscalía Anticorrupción Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana" (sic) por una militante de Vox que aseguraba ser testigo de la existencia de una caja b y de cantidades que se fraccionaban para pasar inadvertidas. Apenas 13 días después, la fiscal encargada de las diligencias concluyó que no había indicios de delito. Propuso cerrar la investigación y así se hizo. Pero, pese a su rapidez en dar carpetazo al caso, la Fiscalía valenciana se curó en salud con un decreto donde el jefe del ministerio público en esa provincia, José Francisco Ortiz, impartía la siguiente orden: "De conformidad con la propuesta de archivo remítase copia de la Propuesta de Archivo y del presente decreto así como copia de la denuncia al Tribunal de Cuentas para que analice los hechos descritos en la misma, por si fueran constitutivos de alguna de las infracciones administrativas contempladas en el art. 17 de la L.O. 8/2007". Es decir, en el artículo de la Ley de Financiación de Partidos (LOFPP) que enumera qué conductas quebrantan lo preceptuado sobre puntos clave como las donaciones y aportaciones de dinero o los límites en cuanto a gasto electoral. Esas transgresiones legales no necesariamente entrañan la comisión de un delito de financiación ilegal –muy constreñido como desde hace años avisan los expertos y en la práctica convertido en papel mojado– aunque acarrean sanciones si se demuestra que se infringió la ley. Y lo cierto es que si se demuestran aunque solo sea desde el punto de vista administrativo, tales infracciones afianzan también las sospechas sobre cómo alimenta sus finanzas la organización sancionada.

Ahora, y tras conocer la denuncia de la antigua militante de Vox, infoLibre solicitó el jueves al Tribunal de Cuentas información sobre el resultado del escrito remitido hace un año por la Fiscalía valenciana. Y su respuesta definitiva llegó este lunes. Aunque el texto es largo, resulta inequívoco: porque lo que el máximo organismo fiscalizador del país argumenta es que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas "señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras" corresponde al propio tribunal. Lo que ha venido a confirmar el tribunal es que entre sus paredes solo se investiga algo por iniciativa propia o por solicitud de las Cortes o Parlamentos autonómicos. Presidido por María José de la Fuente y bajo una clara mayoría conservadora desde 2012, el  actual mandato del tribunal expira en julio. En este momento, el PP cuenta con siete consejeros y el PSOE, con cuatro, uno de ellos consensuado con IU antes del nacimiento de Unidas Podemos.

Ante la respuesta del tribunal y para evitar un remoto pero posible error de interpretación, infoLibre volvió a plantear a los portavoces del Tribunal de Cuentas la misma pregunta 13que ya les había hecho llegar el jueves por la mañana: la de qué ha ocurrido con el escrito enviado en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia. No hubo respuesta oficial aunque fuentes consultadas confirmaron que el escrito del fiscal de Valencia no ha surtido ningún efecto.

La primera negativa ya se produjo en 2016

Cuando ese escrito de la Fiscalía llegó al Tribunal de Cuentas, hacía ya año y medio que el diario El País había publicado cómo Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní. Es más, el organismo fiscalizador ya había rehusado en 2016 fiscalizar a Vox. En aquel primer caso, su negativa se produjo después de que el entonces todavía vicepresidente de la formación, Juan Jara, enviase un escrito al tribunal donde expresamente le solicitaba que auditase las cuentas del partido. Convertido luego en uno de los grandes enemigos del equipo que preside Santiago Abascal, Jara comunicó al tribunal que se estaba negando a los militantes información sobre donaciones en metálico que, según su escrito, habían superado los 460.000 euros en 2015.

En su respuesta a infoLibre, el organismo fiscalizador aduce que, en lo tocante a 2016, se extendió la fiscalización "a las formaciones que, de una u otra manera, habían percibido subvenciones públicas". Vox no estaba entre ellas.

Sí se encontraba ya en el pelotón de subvencionados cuando la denuncia valenciana llegó a la Fiscalía en 2020. En las municipales del año anterior, el partido de extrema derecha había logrado 530 concejales. Y en las segundas elecciones generales de 2019 obtuvo los 52 diputados que conforman su actual grupo parlamentario.

El escrito que en 2016 elevó al Tribunal de Cuentas el entonces vicepresidente de Vox, Juan Jara

Pero aunque la situación de Vox en 2020 era distinta de la de 2016, el tribunal no considera que deba modificar su posición. Es al tribunal –señala su respuesta oficial a este medio– al que le corresponde decidir qué investiga o no. "En el caso de que se trate de solicitudes de inicio de un procedimiento fiscalizador, hay que estar a lo que dice la normativa del Tribunal de Cuentas". Y esa normativa, prosigue el comunicado remitido a este periódico, señala que la iniciativa para pedir el inicio de actuaciones fiscalizadoras "corresponde al Tribunal de Cuentas, de oficio y atendiendo a las prioridades que se recojan en el programa anual de fiscalizaciones". O a las Cortes Generales. O, "en su ámbito, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas". Por si no quedase claro qué significa lo anterior, a renglón seguido viene esto: "El artículo 32.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dispone que no se dará curso a ninguna petición que no proceda de estas instancias". 

Pero hay más, dado que el párrafo siguiente del texto enviado a este periódico disipa cualquier resquicio de duda que pudiera resistirse a desaparecer. Y lo hace al afirmar lo siguiente: "Así se ha procedido en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia en 2020". Al decir "así se ha procedido", el tribunal se refiere a que para abrir un procedimiento de investigación contable se requiere el cumplimiento de alguno de los tres requisitos antes enunciados: o que el tribunal actúe de oficio, es decir, por iniciativa propia; o que lo haga a instancias del Congreso, el Senado o un Parlamento autonómico. Y la Fiscalía, ni la valenciana ni ninguna otra, se cuenta en alguna de esas categorías.

El tribunal enfatiza sus argumentos del siguiente modo: "Debe tenerse en cuenta que nosotros no podemos actuar si no es en el marco de nuestras competencias, dentro de las que no entra, en ningún caso, resolver sobre responsabilidades penales, que son responsabilidad de los tribunales penales". Pero lo que pedía la Fiscalía era justamente la averiguación de potenciales infracciones de índole administrativa, no penal.

La versión del Tribunal de Cuentas pone en entredicho los conocimientos jurídicos del fiscal jefe de una provincia como Valencia dado que fue él quien en su decreto anunciaba la remisión de la denuncia. Y ese escrito incluía la petición expresa de que analizase lo sucedido en Vox el órgano encargado de velar por la legalidad de las cuentas públicas y de las entidades que viven de subvenciones: los partidos pertenecen a esa categoría. Sobre el asunto planean dos preguntas: ¿tenía en su mano el Tribunal de Cuentas, tras haber recibido el decreto del fiscal valenciano, la opción de abrir de oficio una investigación contable sobre una denuncia cuya autora relataba que Vox poseía una caja b en Valencia para "el pago de comidas, salidas y eventos del partido"? ¿Podía haber incorporado esos elementos al examen de la contabilidad electoral de Vox en 2019, año en que se celebraron elecciones municipales y también generales, estas por partida doble? Juristas consultados por infoLibre contestan con un sí a ambos interrogantes.

La autora de la denuncia de Valencia  aseguraba que la supuesta caja b –así se lee en la propuesta de archivo de la fiscal que condujo la breve investigación penal–  se iba nutriendo "de las aportaciones que entregan los responsables de Valencia en unos sobres". Esa misma denunciante, que se presenta en su texto como administrativa de Vox entre octubre de 2018 y enero de 2020, aseguraba asimismo que ciertos afiliados "se percataron de que figuraban a su nombre imposiciones por valor de 4.000 euros, ingresos que no fueron realizados por ellos": así lo resumió la propia Fiscalía. 

Tanto la denuncia de la antigua afiliada de Vox en Valencia o la presentada ya en 2016 por el entonces vicepresidente de Vox figuran mencionadas en una nueva denuncia. Esta, la tercera ante el Tribunal de Cuentas, surge por iniciativa de un nuevo partido, Alianza Cívica. La presentó el pasado 13 de mayo ante la Fiscalía del organismo fiscalizador. Todavía no hay respuesta sobre si la denuncia será o no admitida a trámite.

"Al servicio del interés superior de España". Así describe Santiago Abascal las actividades lucrativas que desarrolló antes de ser diputado. Pero ni en esa frase ni en nada de lo escrito por el líder de Vox en la Declaración de Intereses Económicos del Congreso de los Diputados hay una sola palabra que permita saber en qué consistieron tales actividades. La normativa lo exige, pero ni Abascal ni los diputados de Vox cumplen con la transparencia del nuevo requisito, vinculado al Código Ético de las Cortes y de presentación obligada. El objetivo es que cualquier ciudadano conozca qué actividades pudieron "condicionar" su acción política o les proporcionaron "ingresos económicos" a lo largo del quinquenio previo a su elección como parlamentario: el periodo 2014-2018 en el caso del presidente de la formación ultra, que obtuvo su escaño en las elecciones de abril de 2019 y lo renovó luego en noviembre.

De todos los líderes que comparten espacio en el hemiciclo, desde el presidente del Gobierno a los portavoces de las formaciones minoritarias, pasando por Pablo Casado, el vicepresidente Pablo Iglesias o Inés Arrimadas, Abascal es el único que no aporta ni un solo dato que disipe las dudas potenciales. Y eso ocurre un año después de que en enero de 2020 trascendiese que el exilio iraní había pagado en 2014 ocho meses de sueldo para Santiago Abascal. 

Solo el último año de la serie -2018- queda fuera de la incógnita: ganó 55.148,54 euros netos en su calidad de “asalariado con cargo de presidente” de Vox. La cuantía y su origen se conocen porque la llamada declaración de bienes, también forzosa para todos los parlamentarios, no permite dejar vacía la casilla destinada a reflejar lo ganado en el ejercicio anterior. Pero ni la cifra conocida es extrapolable a los ejercicios anteriores ni Abascal ha dejado constancia en la nueva Declaración de Intereses Económicos de si entre 2014 y 2017 todos sus ingresos procedieron del partido. Tampoco aclara si ha percibido alguna cantidad de la Fundación Denaes, cuya presidencia ostentó hasta noviembre de 2014 y a cuyo patronato sigue perteneciendo como secretario, lo que le convierte en uno de los dos responsables de firmar las cuentas anuales.

Denaes (siglas de Defensa de la Nación Española, un auténtico trampolín político tras su ruptura con el PP) fue la primera fundación ligada a Abascal pero no es la única. El jefe de Vox encabeza desde julio de 2020 la nueva y boyante fundación de la formación ultraderechista, Disenso, que no quedó inscrita en el Registro de Fundaciones hasta febrero. Su principal activo visible es el digital gaceta.es.

infoLibre envió por escrito el martes dos preguntas a los portavoces oficiales de Vox: de dónde procedían los ingresos de Abascal en el quinquenio 2014-2018 y si percibe o ha percibido remuneración de las fundaciones Denaes o Disenso. No hubo respuesta. 

El silencio de Abascal en su declaración de intereses en cuanto a la Fundación Denaes y a Disenso marca una línea divergente de la trazada por dos diputados de Vox: José Luis Steegman y Carla Toscano, ambos electos por Madrid, comunicaron ya en 2020 a la Comisión del Estatuto del Diputado sus vínculos respectivos con una fundación y dos asociaciones e incorporaron luego esos datos a sus declaraciones de actividades. Ambos precisaron ante la Comisión del Estatuto que no les reporta remuneración alguna ni el cargo de presidente de la Fundación Española para la Curación de la Leucemia Mieloide Crónica ni los que, sin detallar, ostenta la diputada en dos asociaciones: Principios y España Siempre.

El Congreso estudia qué hacer

De momento, el Congreso estudia qué hacer tras el plante de Vox. ¿Caben sanciones contra él y los otros 51 diputados de Vox, que tampoco desvelan de qué vivieron durante el lustro previo a esta legislatura? Sí, caben. Pero nadie aventura ni cuándo terminará la fase de análisis de lo sucedido ni qué decisión adoptará la Presidencia de la Cámara. Tampoco hay explicación oficial sobre por qué el formulario original por el que debía regirse la Declaración de Intereses Económicos de los diputados y aprobado en febrero de 2019 ofrecía una redacción más clara y contundente que la cerrada a en septiembre de 2020, la única que ha llegado a entrar en vigor.

El epígrafe del punto central de la primera versión decía esto: "Actividades que haya desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos". El segundo y definitivo texto resulta más equívoco: "Actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". Pese a que se trata de una redacción más vaga y equívoca, las declaraciones de intereses económicos formuladas por los pesos pesados con escaño en el Congreso les distancian del camino seguido por Abascal.

El presidente y máximo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, suma a los cargos públicos desempeñados en el quinquenio una referencia a los derechos de autor "por creación literaria" así como otra a su actividad "particular sin conflicto de intereses" para el arrendamiento de "una vivienda no habitual y no afectada a actividades económicas"; el líder del PP. Pablo Casado, anota en el cuadro de actividades previas al escaño actual sus sucesivos cargos internos como vicesecretario de comunicación y presidente del partido. El vicepresidente segundo y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agrega a su lista de cargos políticos la relación que como empleado tuvo desde antes de 2014 y hasta enero de 2020 con dos empresas privadas que producían el programa donde ejercía como director y presentador de La Otra Tuerka. E Inés Arrimadas refleja su condición de diputada en el Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2019.

Tres ejemplos más: el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se remonta incluso a 2005 para fechar el momento en que empezó a trabajar para una empresa de recursos humanos como seleccionador de personal. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, deja en blanco la casilla de actividades porque ya en 2014 era diputado y poseía, por tanto, dedicación exclusiva pero sí anota a qué asociaciones y a qué fundación -la Sabino Arana- ha ido aportando fondos. Y el líder de Más País, Íñigo Errejón, agrega a la relación de cargos públicos y orgánicos los nombres de la editorial para la que en 2018 escribió el prólogo de un libro y aquella otra que en 2015 editó un libro del que era coautor.

Los tres senadores rompen el molde y aportan datos

A diferencia de los casos anteriores, tanto la declaración de Abascal como la de cada uno de sus correligionarios en el Congreso reproducen la misma plantilla de respuestas, que ningún dato aportan. Lo hacen con el siguiente texto en lo que a las ocupaciones previas concierne: “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”.

El calco de respuestas se repite en el epígrafe dedicado a los regalos recibidos –“ninguno de especial consideración o valor”, así empieza- y en el de las contribuciones a fundaciones o asociaciones: “Pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado”, comienza aquí la versión idéntica de los 52 diputados.

Pero hay un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido y que refuerza el papel protagonista del diputado Abascal. Y consiste en que los tres senadores de Vox sí han completado sus declaraciones de intereses económicos siguiendo las instrucciones exactas del acuerdo que en octubre instauró la obligación de presentar esa nueva declaración, adicional a las dos ya existentes: la de bienes y la de actividades.

El año en que cerró el “chiringuito” público que le pagaba

En el quinquenio 2014-2018, Vox no consiguió ni un euro de financiación pública dado que no había cosechado todavía escaños en ningún Parlamento autonómico ni en las Cortes Generales. Tan solo, 22 concejales en las elecciones municipales de 2015, muchos de ellos en municipios de exigua población. En 2019, entraron ya subvenciones -613.575 euros- en sus arcas tras los comicios andaluces de diciembre de 2018, donde la formación se hizo con 12 escaños. Meses más tarde, se disparó ya la escalada de votos para Vox en los comicios generales de abril. Ese año, el partido de Abascal recibió en total 9.937.942 de euros del Estado. El barbecho había acabado.

Cuando en enero de 2014 cesó “a petición propia” en la fundación pública madrileña Mecenazgo y Patrocinio, calificada luego por él mismo como “chiringuito” y donde cobró 82.491,84 euros por un año como director, también para Santiago Abascal comenzó una etapa de barbecho de fondos públicos. El sueldo como director de la citada fundación, que en 2013 recorrió su último tramo de existencia sin cumplir ni uno solo de los objetivos marcados para el ejercicio, fue una especie de déjà vu: porque 82.491 euros, una cifra superior a la de la retribución establecida entonces para el presidente del Gobierno (78.185,04 euros) ya habían sido los percibidos en el primer puesto público que dos años antes le asignó el Gobierno de Esperanza Aguirre, la responsabilidad sobre la Agencia de Protección de Datos. Cobró esa cifra en 2011. Y la repitió en 2012, según la información oficial recabada años más tarde por maldita.es

¿Salió de forma íntegra el sueldo de Abascal en 2014 de la donación del grupo iraní CRNI, considerado por EEUU como organización terrorista y que en total donó en secreto un millón al entonces recién creado partido para su campaña de las elecciones europeas? Ese año, y según las cuentas anuales, el partido recibió 235.287 euros. Y gastó en personal 112.865 euros. Antiguos militantes de Vox sostienen que la cuota ya rondaba los nueve euros pr mes, rebajados a cinco en el caso de parados y jubilados. 

Según El País, Abascal y el ahora portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ingresaron en 2014 del dinero del CNRI 65.000 euros repartidos entre ambos en concepto de ocho meses de salario. Espinosa de los Monteros aseguró en enero de 2020 que en realidad cobró “brevemente” una retribución “por trabajar” para la formación ultra en los comicios europeos de 2014. No negó -asegura el rotativo de Prisa- que el dinero proviniese del exilio iraní. Y facturó sus retribuciones a través de una sociedad.

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han evitado detallar las actividades realizadas durante los cinco años anteriores a su cargo y los regalos recibidos y han optado por rellenar sus declaraciones de intereses todos con la misma fórmula declarando que su actividad está siempre al servicio del "interés superior de España" y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores, según informa Europa Press. 

El Congreso ha publicado este martes las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

El objetivo es que cada diputado consigne en ellas detalles como las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; así como los obsequios recibidos o las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido.

Sin embargo, ninguno de los 52 diputados Vox, liderados por Santiago Abascal, da ningún tipo de detalle en su declaración y todos han optado por rellenar el documento de manera idéntica.

Al servicio de España

"Ninguna de las actividades desarrolladas por mi durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados", reza la respuesta tipo de los parlamentarios de Vox.

En cuanto a las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remiten a las declaraciones de bienes que todos los diputados deben rellenar al acreditarse en la Cámara y que son también públicas.

Respecto a los regalos, todos los miembros del grupo parlamentario aseguran no haber recibido ningún obsequio "de especial consideración y valor". "Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante", aseguran no sin volver a insistir en que, en cualquier caso, ningún regalo es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria.

Los diputados de Vox tampoco detallan las organizaciones con las que colaboran y se limitan a apuntar, todos de idéntica manera, que durante los últimos cinco años han realizado "pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa".

También los diputados del PSOE han recurrido a fórmulas iguales para todo el grupo, aunque en su caso los socialistas sí relacionan sus anteriores trabajos y entidades a las que hacen donaciones, y luego se limitan a añadir que también han recibido "regalos y obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales" que no han condicionado su actividad política sociales que no han condicionado su actividad política, ni constituyen conflicto de interés.

Conflicto de intereses

"Adicionalmente, no he recibido otras donaciones, obsequios, beneficios relevantes que hayan podido condicionar el desarrollo de mi actividad política o parlamentaria que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Código de Conducta de las Cortes Generales", subrayan los miembros del Grupo Socialista.

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general"

Disenso, el laboratorio de ideas con que Vox busca afianzarse en España y Latinoamérica como referente de la extrema derecha, lleva más de un mes eludiendo una de las aristas más afiladas de la Ley de Fundaciones. Pendiente de quedar inscrita en el registro público, lo que para cualquier fundación equivale a adquirir el rango de entidad legalizada, Disenso actualiza cada jornada desde su relanzamiento el 12 de octubre los contenidos del diario digital La Gaceta. Pero a las fundaciones que todavía se encuentran en el denominado "proceso de formación", es decir, en espera de incorporarse al registro público, la normativa estatal solo les permite desarrollar actividades de manera excepcional: pueden actuar si se trata de actos "indispensables para la conservación de su patrimonio" o de aquellos "que no admitan demora sin perjuicio para la fundación".

¿Resultaba "indispensable" para el todavía desconocido patrimonio de Disenso anticiparse a que la solicitud de inscripción, presentada el 12 de agosto, obtuviera vía libre? ¿Por qué no admitía "demora" el relanzamiento del digital? Disenso no ha respondido a la pregunta formulada el sábado por infoLibre sobre este asunto, que pone en duda si la fundación que también preside Santiago Abascal está aplicando o no de forma rigurosa un mandato explícito que señala la Ley de Fundaciones en su artículo 13.

Durante años, La Gaceta perteneció a Intereconomía, el holding mediático ultraconservador capitaneado por Julio Ariza, que acabó envuelto en un complejo concurso de acreedores y tres de cuyas sociedades figuran en la lista de grandes morosos tributarios con una deuda total de 19,2 millones. Dos mercantiles del grupo –Intereconomía Corporación SA, la que más debe a Hacienda, e Intereconomía Publicaciones SL, ausente de la lista negra– se sucedieron en la pasada década como propietarias de lo que hasta diciembre de 2013 fue un rotativo y luego un digital bajo el dominio gaceta.es. La Gaceta sigue hoy por hoy accesible desde el enlace que ofrece la web grupointereconomia.com

Según Disenso, el dominio de gaceta.es le fue cedido este mes de octubre de forma "gratuita" y "temporal" por Lepanto Estrategy SL. Es decir, por una empresa oficialmente ajena en lo societario a Intereconomía y que, según la única información mercantil disponible, fue constituida hace solo 10 meses con un capital de 3.000 euros por Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza. Mediante un traspaso de titularidad cuyos detalles económicos y fechas desconoce este periódico, Lepanto Estrategy se hizo con la titularidad del digital que ahora constituye el mascarón de proa del aparato mediático de Vox. Los portavoces de la fundación aseguran que "Disenso no ha tenido ni tiene ninguna relación con las sociedades Interconomía Corporación SA o Intereconomía Publicaciones SL". Y que la fundación ignora a quién pertenecía la web gaceta.es antes de que Lepanto se erigiese en su titular.

Si no está en el Registro, carece de "personalidad jurídica"

Dependiente del Ministerio de Cultura, el Protectorado único de fundaciones de competencia estatal dispone de un servicio jurídico al que cualquier ciudadano puede dirigir consultas. A la pregunta de si queda prohibido que una fundación todavía no inscrita contrate personal, realice eventos acordes con sus fines fundacionales o lance un diario o una revista, en papel o en formato digital, o si, por el contrario, todas esas actuaciones resultan válidas porque poseen el rango de "indispensables para la conservación de su patrimonio", el servicio de consultas respondió así: "La fundación en tanto no esté inscrita no puede realizar actividades por cuanto no tiene personalidad jurídica". En prevención de que pudiera producirse un malentendido, hubo una tercera pregunta:  ¿entonces no se puede editar una publicación o poner en marcha un digital hasta que la fundación esté inscrita en el Registro? La respuesta, aquí, reforzó la anterior: "La fundación, en tanto no esté inscrita, no puede realizar actividades por cuanto no tiene  personalidad jurídica".

Este periódico pidió también a expertos en la materia su opinión sobre el lanzamiento de un digital por parte de una fundación que se encuentra en espera de quedar bajo el paraguas del Registro de Fundaciones. Dos de ellos, que pidieron expresamente no ser identificados, coinciden en que publicarlo sobrepasa de largo las excepciones previstas en la Ley de Fundaciones. No obstante, uno de los dos juristas recalcó que las dilaciones en la inscripción de fundaciones llegan a resultar excesivas en algunos casos.

Abundando en esa última línea, un tercer especialista,  el abogado Ramón Pérez Lucena, entiende que lo sucedido con gaceta.es "podría obedecer a que en el proceso de formación de nuevas fundaciones está habiendo retrasos de hasta dos años". Tras subrayar que una entidad pendiente de inscripción registral "no puede contratar a nadie", el letrado esgrime como ejemplo del "vacío legal" la Fundación Leo Messi: "Funcionó siete años sin estar inscrita en el Registro de Cataluña y sin que nadie le planteara problemas". Desde 2019, una jueza investiga si la estrella del Barça y su entorno cometieron los delitos de estafa y blanqueo al usar la fundación para recibir pagos personales y librarse así de pagar impuestos.

Tres meses después de haber adquirido un chalé de 185 metros cuadrados con garaje, jardín de 100 metros, localizado en una zona de alto nivel al norte de Madrid y de precio desconocido pero sujeto a una hipoteca de nada menos que 736.000 euros, Santiago Abascal sigue sin actualizar su declaración de bienes. El Congreso obliga a los diputados a hacerlo "al producirse modificación de sus circunstancias". Y la compra se formalizó ante notario el 23 de julio, seis días antes de que Abascal anunciase su intención de presentar la moción de censura contra Pedro Sánchez. Pero de esa compra no existe el menor rastro aún en la Cámara donde este miércoles el líder de Vox se postulará como candidato a la Presidencia del Gobierno.

En verano, ya trascendió que el líder de Vox y su esposa, influencer que según algunos medios llega a cobrar 1.200 euros por campaña en Instagram, se habían mudado a una despampanante vivienda de la zona de Pinar del Rey cuyo precio puede superar el millón de euros. Pero hasta ahora había pasado inadvertido no solo el elevado importe del crédito hipotecario, concedido por el Banco Sabadell a 30 años, sino que el político continúa demorando la comunicación a la Cámara Baja de la compra y las deudas que ello acarrea. Según el INE, en julio de este año el importe medio de las hipotecas en España se situó en 132.346 euros. Y según idealista.com, al cierre de 2019 el importe medio de las concedidas en Madrid ascendía a 200.000 euros. 

infoLibre intentó este lunes obtener de Vox una respuesta sobre por qué su máximo dirigente ha esquivado la normativa de la Cámara Baja en materia de transparencia y control público. La única declaración de bienes facilitada por Abascal y difundida por la web del Congreso aparece datada el 20 de noviembre de 2019, es decir, diez días después de su elección [puedes verla aquí]. Distintas fuentes consultadas por este periódico han confirmado que con posterioridad a esa fecha el presidente de la formación ultraderechista no ha presentado en el Registro del Congreso ningún documento que altere o complete su declaración de bienes inicial.

Como percepciones netas, su única declaración de bienes conocida señala que en 2018 ganó 55.148,54 euros: procedían de forma íntegra de Vox. Desde 2019, tras su irrupción en el Parlamento, sus ingresos se han multiplicado. Y este año percibirá en torno a 120.000 anuales.

Aunque no hay datos actualizados sobre a cuánto ascienden ahora sus ingresos como máximo dirigente de Vox, el Congreso le ha autorizado a seguir cobrando del partido. Y a ello hay que añadir en cualquier caso lo que percibe como parlamentario. El Congreso se niega a facilitar cuánto cobra exactamente cada diputado, pero la suma de los conceptos que configuran el régimen económico del hemiciclo [puedes consultar esa norma aquí] permite hacer un cálculo. Y así, atendiendo a sus cargos parlamentarios, Abascal, diputado desde mayo de 2019, cobrará este año 63.799,79 euros: 14 pagas de 3.050 euros brutos como asignación constitucional; otras 14 de 935,37 euros para gastos como indemnización libre de impuestos; y otras nueve (ocho ordinarias más la extra de verano) del complemento de 756,27 establecido para los portavoces adjuntos de comisión: el máximo dirigente de Vox ha ocupado ese puesto en la de Seguridad Vial entre febrero y septiembre. En resumen, sus ingresos totales superarán ahora los ya citados 120.000 euros anuales.

De una deuda minúscula a la contraída para el chalé

En esa declaración inicial de noviembre de 2019, consta que las cuentas corrientes de ahorro de Abascal sumaban 44.143,55 euros. Como bienes de su propiedad solo aparece un todoterreno Jeep Comander y una motocicleta BMW R80RT. La cuota líquida por su declaración de IRPF fue de 13.210 euros. Y lo único que le debía al banco eran los 12.000 euros pendientes de pago por dos préstamos personales de 20.000 y 2.600 euros otorgados por Bankia en julio de 2015 y en enero de 2017. Ahora, su deuda con entidades financieras se cifra como mínimo en los 736.000 euros de la hipoteca.

En su nueva declaración, cuando la presente, deberá constar la posesión del chalé de Madrid y la hipoteca de 736.000 euros. El Congreso no ofrece datos sobre las características del inmueble. El Registro de la Propiedad, sí. La casa de Abascal se ubica en una parcela de 284 metros cuadrados, de los que 185 constituyen la superficie construida: 153 corresponden a una vivienda de dos plantas con cinco dormitorios, uno de ellos de servicio, salón, cocina y dos cuartos de baño. Los otros 32 metros cuadrados son garaje/almacén. Y el jardín, de 100 metros cuadrados, completa la serie.

La información recabada por este periódico en el Registro de la Propiedad señala que Abascal, casado en régimen de gananciales, es hoy poseedor del 40% del chalé donde reside con su familia. ¿Por qué el 40% y no el 50%? Porque su esposa, Lidia Bedman, consta como propietaria no del 50% sino del 60%: porque un 20% lo adquirió con carácter privativo, es decir, de su exclusiva titularidad. ¿Qué explica esa diferencia pese al régimen de gananciales que mantiene la pareja? Que Bedman aportó a la compra un 20% procedente bien de una herencia o una donación (siempre privativas) o de la venta de algún inmueble que poseyera en solitario antes de casarse. Este diario no ha logrado verificar si Bedman, popular influencer en redes sociales como Instagram, trabaja como asalariada. Su nombre no figura en las bases de datos mercantiles como autónoma ni como miembro del órgano social de alguna mercantil, lo cual no excluye ninguna de esas dos posibilidades.

El documento registral que obra en poder de infoLibre no desvela el coste de la compra. Juristas y expertos inmobiliarios consultados destacan, no obstante, tres puntos de interés: uno, el elevado importe de la hipoteca; otro, que los 736.000 euros concedidos por el banco podrían suponer entre el 75% y el 80% del precio total del inmueble; y por último, que teniendo en cuenta que el plazo de devolución del préstamo expira en 30 años –Abascal tiene ahora 44–, cada mensualidad puede oscilar entre 2.500 y 3.000 euros. La nota registral no precisa el tipo de interés, aunque según los expertos todo indica que es variable.

El deseo del banquero

Durante años, la publicación de las declaraciones de bienes apenas se vio acompañada de polémica. El viento cambió drásticamente de dirección cuando el 16 de mayo de 2018 Okdiario publicó que Pablo Iglesias e Irene Montero habían adquirido en Galapagar un chalé de lujo por más de 600.000 euros y con hipoteca de 540.000 euros. Vox fue una de las formaciones políticas que más se prodigó en el ataque, que terminó derivando esta primavera en un escrache diario ante el domicilio del vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad. El sello digital atestigua que tanto el hoy vicepresidente segundo como la ahora ministra de Igualdad habían modificado sus declaraciones de bienes el 11 de mayo, a los dos días de que la compra fuese escriturada.

La presión política sobre Iglesias se acrecentó de manera vertiginosa. Pero venía de largo. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2014 el presidente del Banco de Sabadell, Josep Oliú, expresó públicamente un deseo que generó cierto debate: que sería bueno crear "un Podemos de derechas", mensaje que en distintos ámbitos mediáticos y políticos se relacionó con el lanzamiento a escala estatal de Ciudadanos, hasta entonces de ámbito solamente catalán. Justo un mes antes, las elecciones europeas habían consagrado la entrada de la formación morada en la política institucional española al proporcionarle cinco escaños en Estrasburgo. El primero de ellos, el de Pablo Iglesias, que dimitió al año siguiente para encabezar esta vez la lista a los comicios generales de diciembre de 2015.

La Fundación Denaes, trampolín desde el que Santiago Abascal saltó de un puesto de segunda fila en el PP a la creación y liderazgo de Vox, celebró durante una década sin convenio ni contrato de ningún tipo una escuela anual de verano en el Palacio de la Magdalena, el espléndido cuartel general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Las dos únicas instituciones públicas que en algún momento podrían haber autorizado su presencia en la sede cántabra de la UIMP son el Ayuntamiento de la capital y la propia universidad. Pero ambas niegan no solo que exista un solo documento sino que hayan jugado ningún papel en una autorización verbal y ajena a los cauces oficiales que diese via libre a los cursos de Denaes. Este periódico intentó con insistencia recabar la versión de la fundación, pieza clave en el andamiaje ideológico de la derecha más extrema. No hubo respuesta. Tampoco de Vox, erigido en firme detractor de las subvenciones a partidos, sindicatos y ONG así como en defensor de un endurecimiento penal para quienes ocupen un inmueble sin respaldo legal.

En manos del PP desde hace 33 años, el gobierno municipal de Santander afirmó tajante en septiembre de 2018 que "no tiene nada que ver" con la organización de la Escuela de Verano de Denaes, aunque aquello pasó entonces inadvertido. Ahora, la UIMP ha confirmado que los cursos de Fundación para la Defensa de la Nación Española (de ahí el acrónimo Denaes) por los que este periódico preguntó el lunes, los de 2014 y 2015, "no aparecen en la programación oficial o en los registros y memorias de la UIMP". "De hecho, al actual equipo de Gobierno [de la UIMP] no le consta su celebración", respondió por escrito a través de su portavoz la actual rectora, María Luz Morán. Tras una segunda tanda de preguntas sobre todas las ediciones de la escuela de verano apadrinada por Abascal, la UIMP ratificó que en sus archivos informáticos "no consta ningún acuerdo con la Fundación Denaes". La misma fuente precisó que "no está informatizado todo el histórico de la UIMP [su primera memoria anual de actividades se remonta a 1972], pero que a nadie le consta un acuerdo con esta Fundación". 

Este martes, el consistorio santanderino remitió por fin su respuesta a las preguntas de este medio. Y en ella se reafirmó en sus declaraciones de 2018. "El Ayuntamiento de Santander –explicaron sus portavoces por correo electrónico– no ha organizado esta actividad y no existe ningún convenio de colaboración con dicha agrupación [Denaes]". "Confirmamos –subraya el texto– que ni la Concejalía de Turismo, ni la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena ha recibido petición alguna o comunicación por parte de la Fundación Denaes". ¿Pero qué figura legal hizo entonces que la fundación de Alejandro Abascal obtuviese un trato tan ventajoso como garantizarse el uso periódico de la sede estival de la renombrada UIMP en condiciones que ningún documento público y oficial atestigua? Nadie lo sabe. O, mejor dicho, nadie lo revela. Las fotos, vídeos, notas de prensa y noticias localizadas y extraídas de la red por este periódico demuestran que los cursos se celebraron con normalidad. Y con apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander e incluso del Gobierno regional durante la etapa en que también el PP ostentaba el poder en esa autonomía.

El año en que Abascal trabajó para el Gobierno de Madrid, dirigió Denaes y acabó fundando Vox

Constituida el 22 de marzo de 2006, Santiago Abascal aparece en el registro público de fundaciones como presidente de Denaes hasta el 26 de enero de 2015. Iván Espinosa de los Monteros ocupó la vicepresidencia hasta ese mismo día. Ahora, Abascal continúa en el patronato pero como secretario.

Es decir, y atendiendo a las fechas, el líder de Vox y su portavoz parlamentario eran los dos máximos responsables de Fundación Denaes cuando la entidad comenzó a beneficiarse, al menos en 2008, del Palacio de la Magdalena de Santander. Propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, el edificio es cedido cada año a la UIMP entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Pero los fines de semana es el gobierno local el que dispone del inmueble. Y los cursos de Denaes se celebraban a partir del viernes por la tarde.

Siete años y medio después de la constitución de Denaes, Abascal subió en diciembre de 2013 varios peldaños en una carrera política que ahora amenaza al partido que había impulsado su ascenso. Fue entonces –17 de diciembre– cuando registró Vox como formación política, mantuvo la presidencia de Fundación Denaes y cesó como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo, una entidad pública dependiente del Gobierno autonómico de Madrid cuya disolución acordó su patronato también aquel mes. Fundación para el Mecenazgo nunca pudo ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas regional: lo impidió su opacidad y la "insuficiencia de datos".

Abascal había sido contratado como gerente de esa fundación pública en febrero de 2013. El sueldo fijado,82.491 euros al año. El 18 de julio de 2014, cuando ya Abascal llevaba las riendas de Vox y conservaba incluso oficialmente las de Denaes –un think tank que ha ido nutriendo a la ultraderecha–, el entonces alcalde de Santander inauguró los cursos de la fundación. Ese alcalde era Íñigo de la Serna, luego ministro de Fomento con Mariano Rajoy y a quien este periódico no ha podido localizar. Sobre la presencia de De la Serna en esa inauguración, el Ayuntamiento de Santander recalcó el martes lo siguiente: "Como es habitual y siempre que no se trate de una actividad ilegal, los representantes del equipo de gobierno acuden invitados a inaugurar actos que se realizan en la ciudad".

El reconocimiento del consistorio santanderino sobre la ausencia de acuerdo oficial de cualquier categoría con la fundación de Santiago Abascal fue muy anterior al de la UIMP. Pero hasta ahora había pasado inadvertido: el 27 de septiembre de 2018, durante un pleno municipal y como muestra el vídeo insertado sobre estas líneas, la entonces concejal de Ganemos Santander Sí Puede Tatiana Yáñez-Barnuevo planteó una extensa, exhaustiva y completa batería de preguntas sobre el asunto. Y la edil de la que dependía y sigue dependiendo la empresa municipal que gestiona la sede de la UIMP, Miriam Díaz, ofreció la siguiente respuesta: "Hace ya meses –fue diciendo la edil– se planteó esta misma pregunta en el consejo municipal de La Magdalena como todas las que hace una y otra vez; y ya se le indicó que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la organización de esta actividad ni con la entidad que lo promueve. Y se le recomendó que le trasladase estas mismas preguntas a dicha institución [la UIMP]".

Pero Díaz no acabó ahí: "Así y todo, señora Tatiana, y dado que usted es consejera de la empresa municipal Palacio de la Magdalena [SA] sabe, debería saber, que entre el 15 de junio y el 30 de septiembre el palacio está cedido a la UIMP como campus universitario no teniendo el ayuntamiento constancia del detalle de las actividades que la universidad realiza o alberga porque no fiscalizamos su programación". Añadió algo más: que ningún integrante del equipo de gobierno habría cobrado nunca "por dar ponencias ni contratan a auxiliares para que cobren sin trabajar". La respuesta ofrecida ahora por la corporación municipal se produjo después de que este lunes, infoLibre enviase a la edil Miriam Díaz, ahora delegada de Turismo pero aún máxima responsable de La Magdalena, un mensaje escrito en el que se le pedía que corrigiese cualquier dato de los aportados en 2018 si se había equivocado. 

Tras la respuesta oficial remitida el martes queda por tanto vivo el desmentido de la concejal sobre todo posible nexo con los cursos de Fundación Denaes. Porque lo que la edil Tatiana Yáñez-Barnuevo había desgranado en el pleno del 27 de septiembre de 2018 fue una larga lista de preguntas que se reproduce literalmente a partir de aquí: "¿En qué años ha celebrado la Fundación Denaes su Escuela de Verano en el Palacio de La Magdalena? ¿Cuántos días ha durado cada edición? ¿Qué partes del Palacio de La Magdalena han utilizado en cada edición? ¿Ha supuesto algún coste para el Ayuntamiento? ¿Ha autorizado el Ayuntamiento a la citada Fundación la celebración de esa Escuela de Verano? En caso afirmativo, ¿mediante qué relación contractual? ¿Cuánto ha cobrado el Ayuntamiento de Santander de la Fundación Denaes cada año en cualquier tipo de concepto? En caso negativo, ¿qué entidad ha autorizado a la citada Fundación la celebración de esa Escuela de Verano? ¿Mediante qué relación contractual? ¿Ha cobrado la citada entidad de la Fundación Denaes por la citada autorización? ¿Cuánto? ¿Ha cobrado algún miembro del equipo de gobierno por las charlas que se han llevado a cabo, en representación el Ayuntamiento de Santander, en la citada Escuela de Verano? ¿Cuánto?”

El año posterior al de aquella copiosa respuesta de Miriam Díaz, no hubo ya escuela de verano de la Fundación Denaes en el Palacio de La Magdalena. O desde luego, no hay rastro de que se celebrara: dado que ni la UIMP intervenía en los hipotéticos permisos ni el Ayuntamiento de Santander tampoco y dado que ni Denaes ni Vox han respondido a este periódico, no hay forma de verificar si en realidad se celebró alguna conferencia en 2019 de la que no quedase huella. De ese corte abrupto tras una década de cursos de verano ininterrumpidos (al menos, de 2008 a 2018) tampoco hay explicación oficial. El único dato innegable es que en diciembre de 2018 y nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, había tomado posesión como rectora la socióloga y politóloga María Luz Morán Calvo-Sotelo. 

Morán tuvo como antecesores a Emilio Lora-Tamayo, hijo de uno de los ministros de Educación con Franco y nombrado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en noviembre de 2017. A Lora-Tamayo le había precedido César Nombela, designado por el PP en diciembre de 2012 y conocido por sus posiciones antiabortistas. Los dos provenían del CSIC. Y todo indica que el antecesor de ambos, Salvador Ordóñez Delgado, nombrado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó igualmente de forma pacífica la presencia de Denaes en La Magdalena. Este periódico no ha podido contactar con ninguno de ellos.

Casi 204.000 euros –el 90% del gasto total– destinados a salarios y retribuciones a profesionales independientes y una sola "actividad fundacional" cumplida: la gestión de una beca anual para un estudiante de periodismo en una agencia de noticias, Servimedia, beca que se renovaba de manera automática cada septiembre. Esos dos hitos resumen el balance de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social en 2013, último año de vida de esa entidad pública madrileña y justo el periodo en que tuvo como gerente a Santiago Abascal. Entonces, el hoy líder de Vox era todavía un destacado militante del PP afín a Esperanza Aguirre, que años antes ya le había asignado un primer puesto público dependiente del Gobierno autonómico: director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid.

Dominado por altos cargos de la Comunidad de Madrid, el patronato de la fundación decidió disolverla por sorpresa el 17 de diciembre de 2013. Es decir, dos semanas antes del cierre del ejercicio. El Gobierno madrileño sostiene que el hecho de que el acuerdo de extinción fuese adoptado cuando aún no había finalizado el año hizo que las cuentas de 2013 no se depositaran nunca en el Registro de Fundaciones, de carácter público. En poder de la Consejería de Políticas Sociales, esas cuentas y la memoria que las acompaña habían permanecido hasta ahora fuera de alcance. infoLibre las ha obtenido finalmente tras una solicitud cursada al amparo de la Ley de Transparencia. En octubre, un informe de la Cámara de Cuentas dejó constancia de que ni siquiera había podido fiscalizar la extinta fundación.

Este lunes, infoLibre informó a los portavoces de Vox de que las cuentas de la fundación relativas a 2013 certificaban que el gasto en retribuciones había superado los 200.000 euros y que, sin embargo, solo la beca de periodismo, que llevaba años concertada con Servimedia, figura como objetivo cumplido. Los responsables de comunicación de la formación ultraderechista declinaron ofrecer la versión de Abascal. Vox ha convertido la denuncia de los llamados chiringuitos, especialmente si los considera controlados por organizaciones feministas, en uno de los ejes centrales de su discurso.

Aunque de manera muy escueta, el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la fundación de 2013 constatan que el chiringuito público que tuvo bajo su mando Santiago Abascal como gerente y secretario de la fundación no cumplió en la práctica más que un fin en su último año de existencia: dedicar 143.369 euros a "gastos de personal" en una plantilla que formaban el propio Abascal –cuyo sueldo anual se había fijado en 82.491 euros– y una segunda persona; y librar otros 60.586 euros a "servicios de profesionales independientes". O sea, a autónomos o empresarios que realizaron alguna tarea por encargo de la fundación. Así, salarios y retribuciones coparon el 90% de los 226.190 euros que la fundación declaró ese último año como gasto total. 

El líder de Vox asumió el cargo de gerente de la fundación pública madrileña en febrero de 2013. Y, según el Ejecutivo madrileño, cesó a petición propia en enero de 2014.

Ese último año de vida, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, a la que su última memoria se refiere por las siglas FMPS, anotó como "realizadas" cuatro "actividades fundaciones". Y aparecen definidas en el documento de la siguiente forma: "Patrocinio directo: beca de periodismo"; "Fomento del Patrocinio Social"; "Captación de Patrocinio" y "Obtención de fondos: ingresos provenientes del Coro de Mayores de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid]".

Solo la primera, la de la beca anual para un estudiante de periodismo en la agencia Servimedia, aparece en la memoria como objetivo cumplido. "La persona becada ha realizado un mínimo de dos reportajes semanales sobre la actividad social en la Comunidad de Madrid", dice el texto, que despeja así cualquier eventual duda sobre el número de becarios apadrinados por la fundación.

¿Cuántos "recursos humanos" dedicó la fundación a los asuntos relacionados con esa beca, que se había ido renovando año tras año al menos desde 2010, fecha de la primera memoria a la que ha tenido acceso este periódico? Pues dos asalariados –Abascal y una subordinada– y "1,5" efectivos "con contrato de servicios". Los dos asalariados le dedicaron de forma conjunta a esa actividad 176,5 horas y los 1,5 con "contrato de servicios" emplearon otras "132,375 horas". En total, 38,5 jornadas laborales de ocho horas. La memoria no explica qué gestiones derivadas de un convenio que se renovaba de forma automática requirieron más de un mes de trabajo efectivo. En total, y según el cuadro que desglosa los recursos económicos empleados en cada una de sus actividades, la fundación dedicó a la beca de periodismo 19.859 euros. 

De la segunda "actividad fundacional", la del "fomento del patrocinio social", la memoria ofrece la descripción de dos objetivos. El primero era, en sentido estricto, organizar una fiesta: la "I Gala de Premios a la Responsabilidad Social, para trasladar el reconocimiento público y necesario a las compañías que durante el curso anterior se hayan comprometido con cualquiera de los ámbitos en los que la Consejería de Asuntos Sociales ejerce sus funciones". El segundo era obtener "el beneplácito de bancos y cajas para emplear algunas piezas de su papelería corporativa como soporte publicitario". Ninguna de esas dos actuaciones "pudo ser conseguida ante la falta de medios", dice la memoria.

Del millón y medio "previsto" al cero "realizado"

De la tercera actividad programada, la denominada "Captación de patrocinio", la memoria facilita un nombre de relumbrón –Ikea– y una serie de planes poco detallados. Ikea entra en escena porque la fundación llevó a cabo gestiones con la multinacional sueca para "dotar" a un determinado inmueble de una "unidad de acogimiento familiar y un centro de atención temprana" para la consejería del área social.

La fundación, dice el párrafo siguiente, trató de captar colaboración empresarial para fines como elaborar una guía de enfermedades raras, "patrocinar un equipo de fútbol de discapacitados", conseguir que "centros de equitación" o "criaderos de perros" cooperasen en su inserción o editar "el Estudio sobre innovación social que está siendo elaborado por Esade". "Ninguna de estas actuaciones encontró el respaldo de la iniciativa privada", concluye el apartado reservado a la referida actividad. A todo lo anterior, de lo que no hay más detalle que lo expuesto, la fundación asegura haberle dedicado en 2013 la cifra de 130.315 euros. Los potenciales beneficiarios, de los que no se especifica ni la identidad ni el perfil, habrían sido nada menos que "1.410.514" personas físicas y nueve jurídicas. Eso era lo "previsto". Bajo la casilla "Realizado" solo consta un dígito: 0.

De la cuarta y última "actividad fundacional", la dirigida a obtener fondos, la memoria aporta todavía menos datos. Tan pocos que se puede reproducir aquí el párrafo completo colocado bajo el epígrafe que promete una "Descripción detallada": "En coordinación con el Servicio General de Bienestar Social, la FMPS intentó recaudar, a través de un convenio ad hoc, los posibles ingresos derivados de las actuaciones del Coro de Mayores de la CAM". A renglón seguido, una línea más: "Por diferentes circunstancias, no se consiguió la firma de dicho convenio".

A ese futuro convenio que jamás quedó suscrito aunque la memoria ni siquiera esboza cuáles iban a ser sus líneas maestras ni por qué quedó en papel mojado, Abascal y la segunda asalariada de la fundación le dedicaron entre ambos nada menos que 706 horas o, lo que es lo mismo, 88 jornadas laborales completas. Y otras dos personas con contrato de servicios añadieron a la cuenta 529,5 horas (66 días). El coste, 43.437 euros.

El entramado societario al que Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente primero de Vox, aparece adscrito y cuya existencia ha hecho aflorar el alquiler de la nueva sede de Vox no termina en Luxemburgo sino en un territorio incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la UE hasta hace ocho meses: el archipiélago caribeño de las Bahamas.

Como ha publicado infoLibre, Víctor González es apoderado de Coravest SL, la empresa que en septiembre compró un local de 400 metros en el céntrico distrito madrileño de Chamberí para de inmediato alquilárselo al partido de Santiago Abascal por 3.500 euros al mes (a razón de 9,8 euros por metro cuadrado) y cuyo hilo societario conduce a una empresa de Luxemburgo: Fincora Group Sàrl, dueña del 99,97% del capital de Coravest SL.

Pero el vicepresidente de la formación ultraderechista también es apoderado de una segunda empresa del sector inmobiliario: Energreen Capital SL. Y el accionista único de Energreen es otra compañía Certus Energy Group, creada en Bahamas hace una década. La firma caribeña quedó constituida en Nassau el 29 de abril de 2009; la española Energreen nació siete meses más tarde en Madrid con 90.000 euros de capital social. Hoy, ese importe se ha disparado hasta los 3,25 millones.

El 19 de febrero de 2014, Certus trasladó su domicilio a Luxemburgo y cambió su sufijo Ltd. (Limited) por el de Sárl (sociedades de responsabilidad limitada en el ordenamiento del Gran Ducado). Así lo acreditan los documentos mercantiles obtenidos por infoLibre.

A tenor de sus cuentas, Energreen Capital SL es la única filial de Certus. ¿Fue fundada Certus con el objetivo de preparar el terreno desde Bahamas para el nacimiento de la firma inmobiliaria española? ¿Cuál era el sentido de constituir una sociedad en uno de los paraísos fiscales de la larga lista de territorios opacos cuya colaboración con la justicia española ha sido históricamente nula, como demuestran distintos sumarios de corrupción? No hay respuesta. Ni los portavoces de Vox ni Víctor González Coello de Portugal han respondido tampoco este viernes a la nueva tanda de preguntas formuladas por infoLibre. 

A diferencia de Coravest SL, cuya única propiedad es, según el Registro, el local de la calle Nicasio Gallego de Madrid arrendado a Vox semanas después de haberlo comprado, Energreen posee una cartera inmobiliaria que valora en casi 20 millones. Sus cuentas de 2017, las últimas disponibles, cifran en 19.227.300 euros sus inversiones en ese segmento. Y reflejan una hipoteca de 7,04 millones ligada a un edificio localizado en un área de negocios al noreste de Madrid. 

Entre Energreen Capital SL y Coravest SL existe una clara conexión. En sus organigramas se repiten dos nombres: el de González Coello de Portugal como apoderado y el del administrador único, Ignacio Riva Fierro, un español con residencia en Suiza a quien el Registro de Luxemburgo presenta como el dueño exclusivo tanto de las acciones de Fincora Group Sárl como de las de Certus Energy Group Sàrl. Además, es Ignacio Riva quien, como administrador de Energreen, certifica las cuentas presentadas por Coravest.

Actividades inmobiliarias... y explotación de cotos de caza

En febrero de 2014, Energreen amplió su objeto social. Y así, además de al negocio de compraventa, tenencia y alquiler de bienes inmuebles, sumó a su repertorio la "realización de actividades cinegéticas" y "explotación de cotos" de caza.

La defensa de la caza se ha erigido en una de las señas de identidad de Vox dentro de un marco ideológico que sitúa el "amor a la patria" en el frontispicio de su programa.

Este periódico no ha logrado que el partido de Abascal exprese su posición sobre los hechos relacionados con su nueva sede: que es propiedad de una empresa en la que su vicepresidente desempeña el cargo de apoderado; que la matriz de esa empresa se ubica en Luxemburgo, y que aparece conectada a otra que durante años operó desde el archipiélago de las Bahamas. 

González Coello fue nombrado administrador solidario de Coravest SL en noviembre de 2016. En febrero de ese año ya había adquirido el mismo rango Energreen Capital SL. Para entonces, la Audiencia de León ya le había inhabilitado durante tres años "para administrar bienes ajenos" por "irregularidades contables relevantes" en la gestión de una de sus empresas, Marmolería Leonesa.

Dictada el 30 de junio de 2015, la sentencia fue confirmada por el Supremo en enero de 2018. Así lo desveló en diciembre El País, semanas antes de que el mismo diario publicase una segunda serie de informaciones sobre las donaciones recibidas por Vox de un grupo iraní tanto para su fundación como partido como para acometer su primera campaña electoral, las europeas de 2014.

Que Coravest SL, propietaria de la nueva sede de Vox, sea filial de una empresa luxemburguesa implica en la práctica que los fondos desembolsados por Vox en concepto de alquiler acabarán trasvasados a otro país. En principio, los 42.000 euros anuales pactados para el primer año. Y finalmente, los 78.000 euros por ejercicio que ingresará Coravest una vez que el alquiler llegue a los 6.500 euros mensuales anunciados por su propio gerente en unas declaraciones realizadas a El Confidencial  en octubre de 2018.

En noviembre de 2017, Intermón Oxfam cifró en 9.544 millones de euros la inversión española con destino a paraísos fiscales detectada en el ejercicio anterior. En un estudio titulado El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad, la ONG católica lanzó la siguiente alerta: "La actual crisis de desigualdad global tiene un claro aliado en la figura de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones suponen el agujero negro de las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo".

Los más de 42.000 euros anuales que cuesta a Vox la nueva sede central que alquiló en octubre acabarán, literalmente, en Luxemburgo. Porque Coravest SL, empresa propietaria del inmueble y en la que, como publicó este jueves infoLibre, figura como apoderado el vicepresidente primero de la formación ultraderechista, pertenece a su vez en un 99,97% a una compañía domiciliada en el Gran Ducado: Fincora Group Sárl.

Así lo atestiguan las cuentas de 2017 –las últimas disponibles– depositadas por Fincora en el Registro Mercantil de Luxemburgo, que opera como un verdadero paraíso fiscal en el corazón de la UE. Tanto los portavoces de Vox, que ha hecho del "amor a la patria" su mascarón de proa ideológico, como su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, han rehusado responder a la pregunta formulada por este periódico sobre el porqué de una operación mercantil que, en la práctica, implica un trasvase de fondos a otro país. 

El contrato de alquiler de la nueva sede de Vox fue suscrito el pasado mes de octubre, apenas semanas después de que, el 27 de septiembre, Coravest SL hubiese formalizado ante notario la compra de este local de 387 metros cuadrados. El inmueble se localiza en la calle de Nicasio Gallego, en pleno distrito de Chamberí, uno de los más caros de la ciudad. El precio que, según difundió Vox en octubre, abonará por el arrendamiento se limita a 3.500 euros mensuales, es decir, solo 9,8 euros por metro cuadrado.

Una compra sin hipoteca

Sobre el inmueble no pesa a día de hoy ninguna carga. Dado el escaso tiempo transcurrido desde su adquisición, apunta a que Coravest pudo afrontar la compra con sus fondos propios, aunque no cabe descartar que obtuviera un préstamo bancario sin garantía hipotecaria o desembolsado por otras empresas o personas físicas.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros que se incrementaron luego en 160.000 mediante una ampliación de capital suscrita a finales de 2018, las cuentas de la empresa en los dos ejercicios de existencia ya cerrados (2016 y 2017) no registran ni un solo céntimo en ingresos. Tampoco, ningún empleado. 

infoLibre ignora el precio de compra del local al que ya Vox prepara su mudanza en un clima de euforia por su rápido crecimiento y mientras persisten las dudas sobre su financiación por las donaciones recibidas de un grupo iraní. Las únicas cifras que han trascendido son las del importe de ese arrendamiento: el partido de Santiago Abascal aseguró en octubre que sólo pagará al principio "3.500 euros mensuales más IVA", lo que equivale a 9,8 euros por metro cuadrado.

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. Vox no ha accedido a responder cuánto han costado finalmente esas obras.

Anticipo en Luxemburgo "en efectivo y sin intereses"

Es el administrador único de Coravest SL, Ignacio Riva Fierro, quien consta en el Registro luxemburgués como accionista exclusivo de la empresa matriz, es decir, de Fincora Group Sárl. Este periódico tampoco ha logrado localizar a Riva, que comparte presencia con González Coello de Portugal en una segunda mercantil española –Energreen Capital SL– y que en los documentos de Luxemburgo consta domiciliado en un municipio suizo próximo a la ciudad de Ginebra.

En las bases de datos públicas no aparece ningún teléfono a nombre de Coravest ni la empresa ha tenido ni un solo empleado desde su fundación en octubre de 2016. Empleados de la gestoría que asesora a Coravest en materia contable aseguraron que Riva sabe que este periódico lleva intentando contactar con él desde el miércoles.

Constituida en agosto de 2014, el capital social de Fincora se cifra en 12.500 euros, que Riva declara haber suscrito en su integridad. El balance de 2017 aporta el siguiente dato en la nota relativa a los acreedores: "A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe 'otros acreedores' se corresponde con un anticipo en efectivo y sin intereses del accionista único. (2016: 50.000 euros [procedentes] de una tercera compañía)". Sobre ese texto, el cuadro reservado al ítem "otros acreedores" consigna 80.000 euros en 2017 y 54.000 en 2016.

La imposibilidad de recabar la versión de Ignacio Riva o la de Víctor González en su doble condición de apoderado de la empresa arrendadora y de alto dirigente del partido arrendatario deja de momento en el aire preguntas sin respuesta. No es factible, por ejemplo, saber si Coravest compró el local de Nicasio Gallego con el objetivo de alquilárselo de inmediato a Vox. Ni si, dado que la organización que dirige Santiago Abascal asume el coste de reforma del inmueble, el pacto resulta más ventajoso para el inquilino o para el propietario. 

La formación ultraderechista Vox es desde octubre inquilina de Coravest SL, una empresa inmobiliaria directamente vinculada a su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, y que había escriturado la compra del local objeto de arrendamiento menos de un mes antes: exactamente, el 27 de septiembre. El nombre del vicepresidente primero de Vox saltó a la palestra en diciembre cuando El País desveló que el Tribunal Supremo había confirmado su inhabilitación para administrar sociedades durante tres años por "irregularidades contables" en una de sus compañías, Marmolería Leonesa.

En octubre, el partido de Santiago Abascal ya difundió que por la nueva sede, de 387 metros cuadrados según la información registral obtenida por este periódico y situada en el distrito de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, solo pagaría al principio "3.500 euros mensuales más IVA": es decir, 9,8 euros por metro cuadrado. Fuentes del portal inmobiliario idealista.com consultadas este miércoles cifraron en 17,6 euros por metro cuadrado el precio medio de las oficinas de alquiler en el conjunto de la capital a diciembre de 2018. 

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. 

Para llegar a ese techo de 6.500 euros (16,7 euros el metro cuadrado) deben transcurrir seis años completos desde la firma del contrato de alquiler. La noticia de elconfidencial atribuía al local 450 metros cuadrados. La nota registral la reduce en cambio a 387,49 metros: 258,19 metros cuadrados de superficie más una entreplanta de 129,3 metros cuadrados. El nuevo espacio corporativo de Vox se localiza en la céntrica calle de Nicasio Gallego, a escasa distancia de puntos centrales del mapa madrileño como son la calle Génova o la Glorieta de Bilbao. A 50 metros se levanta la Fiscalía Anticorrupción.

¿Compró Coravest el local de Nicasio Gallego con el fin de alquilárselo a Vox, que de inmediato anunció que asumiría el coste de la reforma, o su arrendamiento al partido donde uno de sus dos apoderados ocupa el segundo puesto del organigrama partidario fue fruto de una mera concatenación de casualidades? ¿Resulta más ventajosa la operación para Vox o para Coravest? De momento, los interrogantes permanecen abiertos en un momento en que arrecian las dudas sobre la financiación de Vox tras las noticias sobre las donaciones recibidas de un grupo iraní.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros de capital, a nombre de Coravest SL, cuyo objeto social consiste en la venta y alquiler de inmuebles, no aparece ninguna línea telefónica en las guías y servicios de información de acceso público. Sus cuentas de 2017, que son las últimas disponibles, reflejan nula actividad: ni un euro de cifra de negocio y ni un empleado. La empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el pasado 12 de diciembre.

El caso de la nueva sede no es el único de Vox donde lo privado y lo institucional confluyen en una frontera brumosa. Como publicó infoLibre en octubre, la web del partido pertenecía desde su creación a una promotora de viviendas de lujo que tiene como "socio director" a otra figura clave del partido, Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales.

Entonces, Espinosa aseguró a este periódico lo siguiente: "La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas". Este miércoles, 23 de enero de 2019, la web de Vox continuaba a nombre de su empresa. 

infoLibre contactó este miércoles con los portavoces de Vox y con la empresa que asesora en materia contable a Coravest SL, empresa propietaria de la nueva sede del partido de Abascal y donde, según el Registro Mercantil, González Coello de Portugal ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado.

Vox no respondió a ninguna de las preguntas formuladas, entre ellas la de cuánto ha costado finalmente la reforma de la futura sede, a la que el partido prepara ya su traslado. Tampoco Víctor González ni ningún portavoz de Coravest SL devolvió la llamada. Este periódico ignora si el vicepresidente primero de Vox es socio de Coravest SL, pregunta para la que tampoco hubo respuesta.