El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró este miércoles en una entrevista concedida a Onda Cero que en su vida había hablado con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Que no le conocía. infoLibre ha podido comprobar que entre 2011 y 2015 ambos formaron parte del consejo rector de Casa Árabe, un consorcio público que celebra reuniones periódicas. Según defiende Interior, Nieto no coincidió jamás en Casa Árabe con el expresidente madrileño, ahora encarcelado en el marco de la operación Lezo. "Nunca coincidieron ni compartieron ninguna reunión porque el secretario de Estado no acudió a ninguna", insisten a preguntas de este periódico.

"No conozco a Ignacio González. Nunca le he conocido. Nunca he tenido relación con él [...] Con Ignacio González no he hablado en mi vida". Así se pronunciaba este miércoles ante los micrófonos de Onda Cero el secretario de Estado de Seguridad. Si cuando estalló la operación Lezo, se supo que Nieto se había reunido con el hermano de Ignacio González, Pablo González, esta semana un escrito de los fiscales del caso le apuntaba como responsable de la "chivada" a los González para alertarles de la operación. Una afirmación que llevó a Fiscalía a aclarar que no quería imputar ningún delito a Nieto. Los dos hermanos González están ahora en prisiónestán ahora en prisión. 

El primero de los episodios llevó a Nieto ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde reconoció haberse reunido con Pablo González pero sólo para cuestiones de Mercasa, la empresa pública en la que el hermano del presidente madrileño era directivo. El segundo, le condujo a pedir a la Fiscalía que le imputase si tenía pruebas de ese chivatazo.

Dependiente de Exteriores

Casa Árabe es, según se explica en su página web, "un consorcio público español liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que opera como centro estratégico en las relaciones de España con el mundo árabe". Con sedes localizadas en Madrid y en Córdoba, fue fundada en el año 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito entre Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.

A día de hoy, está presidida por el ministro del ramo, y sus vicepresidentes son la presidenta de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Madrid y la alcaldesa de Córdoba. Los Reyes de España son sus patronos de honor. Esta estructura es la que llevó a Nieto y a González a formar parte del Consejo Rector. El secretario de Estado, y así figura en documentos oficiales de Casa Árabe y en el BOE, integró el citado órgano en sus años al frente de la Alcaldía de Córdoba (junio 2011-junio 2015). González, por su parte, figura como vocal en la reunión de diciembre de 2011. Era  vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno regional. Un año después, en la cita del Consejo Rector de diciembre de 2012, ya figura como vicepresidente de este órgano. Fue en septiembre cuando Esperanza Aguirre le cedió el testigo en su primer anuncio de dejar la política.

Rastro en el BOE y en las memorias oficiales

"El Consejo Rector actúa como órgano colegiado de dirección de Casa Árabe y ostenta la superior autoridad dentro del Consorcio y está conformado por los miembros designados y revocados por las administraciones consorciadas", informa Casa Árabe.

Boletines Oficiales del Estado de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 consultados por infoLibre incluyen a González y Nieto como integrantes de este Consejo Rector. Asimismo, se les menciona, como asistentes, "bien personalmente o mediante representación", a estas reuniones en los documentos de la Casa Árabe en los que este ente rinde cuentas de su funcionamiento anualmente. Concretamente, se trata de los días 2 de diciembre de 2011, 12 de diciembre de 2012, 18 de diciembre de 2013 y 1 de diciembre de 2014.

Pese a ello, en Interior insisten en desvincular al secretario de Estado de Seguridad y al expresidente de la Comunidad de Madrid. Destacan que el puesto de "patrono" de Nieto en Casa Árabe se debía exclusivamente a su condición de alcalde de la ciudad de Córdoba y que que "jamás coincidieron en ninguna reunión, ni hablaron por teléfono sobre los asuntos de dicha entidad, ni intercambiaron correo o documento alguno sobre las actividades de Casa Árabe". En definitiva, que no tuvieron contacto de ningún tipo.

Delegaba en otros consejeros

Esto fue así, informan en el ministerio, porque Nieto delegó su asistencia a estas reuniones en otros miembros de su equipo. "Siempre delegaba en el concejal de Cultura o en el concejal de Presidencia", aseguran las citadas fuentes.

Desde que Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril en el marzo de la operación Lezo, el Gobierno de Rajoy se ha visto salpicado por múltiples sospechas de injerencias en la Justicia. Este escándalo no sólo ha puesto el foco sobre las prácticas de Ignacio González y sus fieles en sus años en la Comunidad de Madrid y en el PP regional, sino que ha hecho que salgan a la superficie las actuaciones de algunos de sus protagonistas para intentar tapar o frenar los hechos investigados. Unas actuaciones que han salpicado a los departamentos de Interior y de Justicia. Si en el caso del departamento de Interior, el grueso de los focos está sobre Nieto, en el caso de Justicia, el ministro Rafael Catalá, y el propio Rajoy, han tenido que salir a defender la labor del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. 

Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

De la defensa de Nieto se ha encargado el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, desde el momento en el que, días después de la detención de González, la cadena Ser adelantó unas grabaciones en las que su hermano Pablo se refería así a la reunión con el secretario de Estado: "El encuentro ha sido muy interesante. Te lo contaré pero no por teléfono". Un encuentro que según el auto del juez Velasco se produjo justo al día siguiente de que Ignacio González recibiese el chivatazo de que estaba siendo investigado.

"Ojalá la conversación con Pablo González esté grabada y termine ya esta pesadilla", deseaba Nieto en la misma entrevista radiofónica en la que aseguró no conocer al expresidente de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP madrileño.

Ignacio González y su familia se lucraron con la construcción y explotación de un campo de golf adjudicado por el Canal de Isabel II, según consta en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que envió a prisión al expresidente madrileño. La sociedad clave en esa operación presuntamente corrupta se llamaba Tecnoconcret. En dos denuncias y una querella contra González presentadas en los años 2007, 2009 y 2010, los denunciantes pidieron expresamente que se investigase a Tecnoconcret. El entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, archivó las dos denuncias y se opuso a la admisión a trámite de la querella.

El envío de un simple oficio a la Agencia Tributaria o una consulta de las cuentas presentadas por Tecnoconcret en el Registro Mercantil habrían permitido a la Fiscalía de Manuel Moix detectar el siguiente dato: desde que el administrador único de Tecnoconcret se convirtió en socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, los ingresos de la sociedad crecieron un 1.858%.

Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con el campo de golf de Chamberí, adjudicado por el Canal de Isabel II que entonces presidía el propio Ignacio González, quien además era el número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una empresa desconocida

Tecnoconcret se constituyó el 29 de mayo de 2003. Como socios fundadores aparecen José Antonio Clemente Martín, que fue nombrado administrador único, y su esposa. Como objeto social declaraba “trabajos de ingeniería”. Y la sede de la compañía se fijó en el domicilio particular del matrimonio.

En sus tres primeros ejercicios, Tecnoconcret es una empresa con una actividad muy escasa. Declara tener un trabajador fijo en plantilla, al que abona una nómina exigua, ya que los gastos de personal son los siguientes: 7.548 euros en 2003, 8.634 euros en 2004 y 8.911 euros en 2005.

Los ingresos también son reducidos en los primeros años de vida de la compañía: el importe neto de la cifra de negocios se sitúa en 18.527 euros en 2003, 74.002 euros en 2004 y 95.336 euros en 2005. Por tanto, en el periodo 2003 a 2005, la cifra de negocios total asciende a 187.865.

Todos estos datos –la sede social en un domicilio particular, la baja cifra de ingresos y que sólo tenga un trabajador en plantilla– son propios de un autónomo que crea una sociedad para operar a través de ella.

Socio de la familia González

La situación para Tecnoconcret cambia de forma drástica en 2006. El 21 de junio de aquel año, José Antonio Clemente Martín funda otra empresa junto a dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño. La nueva sociedad se llama Tamanaco 07 Consulting y el accionariado se distribuye a partes iguales entre los tres socios. El objeto social era “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”. Pablo González también está en prisión por la operación Lezo y su cuñado logró evitar la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Un mes después, el 19 de julio de 2006, el consejo de administración del Canal de Isabel II –presidida por Ignacio González– modifica el proyecto que había sido aprobado tres años para convertir la zona de los antiguos depósitos de agua en un parque público. La nueva zona verde de uso público se reduce de 80.000 a 33.746 metros cuadrados mientras que la zona deportiva y las edificaciones complementarias pasan de 5.156 a 58.849 metros cuadrados. En esa zona deportiva se destina una superficie de 44.094 metros cuadrados para un campo de golf.

La construcción de las instalaciones deportivas se había adjudicado a ACS, que presidía Florentino Pérez. Y una de las empresas del grupo, Dragados, contrató para la instalación del césped del campo de golf del Canal curiosamente a Tecnoconcret. En otras palabras: una de las principales constructoras de España decide contratar para esa obra a una compañía que tiene un empleado, cuya sede social está en un domicilio particular, que carece de toda experiencia previa en el terreno de las instalaciones deportivas, que apenas tiene actividad y que carece de conocimientos técnicos para realizar el trabajo que se le encarga. Pero, eso sí, se trata de una sociedad que tiene como administrador único al socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, que es precisamente quien ha decidido cambiar el proyecto del Canal para instalar allí un campo de golf de nueve hoyos en vez del parque público previsto.

Los ingresos se disparan

Según consta en el auto del magistrado Eloy Velasco, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros en los años 2006 y 2007. Como esta compañía no podía abordar la instalación del césped subcontrató los trabajos a otra sociedad, denominada Only Golf Planning and Design, a la que abonó 2,68 millones. Es decir, simplemente por actuar como intermediaria en la operación, Tecnoconcret se embolsó 578.000 euros.

Las cuentas presentadas por la compañía en el Registro Mercantil de Madrid certifican que los ingresos se dispararon de forma meteórica. El importe neto de la cifra de negocios alcanzó 1.423.395 euros en 2006 y 1.658.181 euros en 2007. La suma de ambas cantidades es inferior a los 3,26 millones que cita Eloy Velasco porque en el Registro Mercantil se declara la cifra neta, mientras que el magistrado solicitó las ventas declaradas a la Agencia Tributaria a través del modelo 347, donde se consigna el importe bruto (con IVA). En 2008, el importe neto de la cifra de negocio de Tecnoconcret se situó en 597.892 euros.

En definitiva, en los tres primeros años de vida de la compañía, cuando José Antonio Clemente aún no se había convertido en socio de la familia González, Tecnoconcret tuvo unos ingresos netos totales de 187.865 euros. Y en los tres años siguientes, ya como socio de los González, la cifra de negocios se elevó a 3.680.008 euros. Lo que significa que los ingresos netos de Tecnoconcret crecieron un 1.858% después de que su administrador único se convirtiese en socio de la familia del vicepresidente. Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con las instalaciones del campo de golf del Canal, que se construyó por decisión de Ignacio González.

El fiscal no investigó

La decisión del Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– de instalar un campo de golf donde estaba previsto un parque público despertó una importante oposición entre los vecinos del barrio de Chamberí. Entre otras iniciativas, como explicó este miércoles infoLibre, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía y una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Ignacio González.

Las dos denuncias y la querella tenían un elemento en común: colocaban a Tecnoconcret en el centro de la trama y pedían que se investigase a esta empresa, después de que Tiempo y Público desvelasen todos los datos clave sobre su relación con la familia González.

Manuel Moix, entonces fiscal jefe de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, archivó la primera denuncia en junio de 2007. Lo hizo en tres días hábiles, sin practicar ni una sola diligencia y mediante un decreto de 11 líneas. En aquel momento, Tecnoconcret ya había presentado ante la Agencia Tributaria el modelo 347 correspondiente al año 2006 –con la relación de todas las compras y ventas de la empresa por un importe superior a 3.005 euros–, donde constaba que había sido contratada por Dragados. Con un simple oficio enviado a Hacienda, Moix podría haber descubierto ese dato.

La segunda denuncia la archivó Manuel Moix en octubre de 2009. La asociación denunciante, Parque Sí en Chamberí, solicitó en esta ocasión expresamente que se solicitase a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. En el decreto de archivo, que al igual que en 2007 firmó el propio Moix, no se hace mención alguna a la práctica de las diligencias solicitadas por los denunciantes.

Para entonces, todos los datos relevantes sobre la adjudicación del campo de golf del Canal ya figuraban en la Agencia Tributaria y en el Registro Mercantil de Madrid. Con la información que era de dominio público y dirigiéndose a esos dos organismos, es decir, realizando una investigación mínima y sencilla, el fiscal Moix sabría:

1. Que el Canal de Isabel II, empresa presidida por Ignacio González, decidió en julio de 2006 cambiar el proyecto diseñado para regenerar la zona que ocupaban los antiguos depósitos de agua y construir un campo de golf donde iba a ir un parque público.

2. Que la instalación del césped del campo de golf se adjudicó a una sociedad –Tecnoconcret– que tenía un empleado, carecía de experiencia en el sector y no tenía capacidad para abordar la obra.

3. Que el administrador único de Tecnoconcret era el socio del hermano y del cuñado de Ignacio González.

4. Que los ingresos de Tecnoconcret habían mejorado un 1.858% desde que su administrador único era socio de la familia González.

5. Que prácticamente la totalidad de los ingresos de Tecnoconcret procedían del campo de golf del Canal, un proyecto decidido y aprobado por Ignacio González.

Lo que hizo Manuel Moix fue archivar esta segunda denuncia, mediante un decreto de cinco páginas, en el que se afirmaba que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

Un año después, en 2010, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó una querella contra Ignacio González por la comisión de cuatro posibles delitos en relación con la adjudicación del campo de golf. La Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, evacuó un informe oponiéndose a la admisión a trámite de la querella. Los argumentos que utilizaba eran los mismos que había suscrito Moix en su decreto de archivo de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no admitir a trámite la querella. Como es obvio, todos los datos que ya se conocían en 2009, también se podrían haber descubierto mediante una sencilla investigación judicial en 2010. Los querellantes también solicitaron expresamente que se pidiera a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. Pero su solicitud no fue atendida.

infoLibre ha intentado, en reiteradas ocasiones, conocer la versión de Manuel Moix sobre su actuación en este caso. El fiscal jefe de Anticorrupción se ha negado a contestar a las preguntas planteadas por este periódico.

El endurecimiento de las leyes y su aplicación por los gobiernos del PP dibujan el desolador panorama de la libertad de expresión en nuestro país. En un reportaje general titulado Je suis Charlie (menos en España), Ramón Lobo aborda la cuestión hablando con jueces, sociólogos y creadores. Por su parte, el humorista Darío Adanti, miembro de la revista MongoliaMongolia, analiza en La sátira o el arte de la destrucción el papel subversivo del humor; mientras la escritora Rosa Regàs responde a la pregunta ¿Qué fue de la libertad de expresión? Para completar el bloque de portada de tintaLibre el experto en televisión Jaime Olmo escribe una crónica titulada TVE, cinco años de mordaza informativa. La ilustración de la portada es obra del dibujante Malagón.

En clave política y con el título de Murcia, la política al estilo siciliano, el periodista José Antequera describe en un reportaje las razones de la enorme corrupción que sufre esta región desde hace años. Dentro del bloque político, Patrycia Centeno, una especialista en política y moda, analiza la estética y la ética a raíz de recientes polémicas parlamentarias en su artículo En el fondo, las formas. La autora de la Página Abierta de este mes, Edurne Portela, se ocupa de la entrega de las armas por parte de ETA en una columna titulada Desarmar el silencio.

Dos reportajes de contenido social sobre el terreno ocupan también una parte de la revista. Se trata de Las cooperativas extienden sus redes, de Ruth Zauner, sobre el auge de este fenómeno de economía social; y Los irreductibles de la comarca fantasma, a cargo de María José Carmona, sobre el repoblamiento de un pueblo de Soria y el drama del éxodo rural. En el apartado de historia reciente de España, tintaLibre ofrece una crónica del periodista Ángel Munárriz sobre uno de los mejores periodistas del siglo XX titulada El legado escondido de Chaves Nogales; y un artículo de la profesora Paloma Aguilar sobre un episodio poco conocido, Las desconocidas fosas abiertas en la Transición.

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La literatura ocupa un doble espacio en tintaLibre. Por un lado, con el cuento de Los Diablos Azules, el suplemento de libros de infoLibre, a cargo en esta ocasión de Ramón Cote, Ioana Gruia, Luis Bagé Quílez y Yolanda Reyes. Por otro lado, con la prepublicación de Triple juego en Cuba, una novela histórica de Bernar Freiría ambientada en aquella guerra de la independencia y que aparecerá en mayo en la editorial Libros.com. La contraportada está cargo de Karmentxu Marín que entrevista al dirigente ecologista y secretario para España de WWF, Juan Carlos del Olmo.

La revista está a la venta a partir del 5 de mayo en quioscos y librerías de toda España. También está disponible para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android. Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre de mayo y todos los números anteriores de la revista en la sección especial aquí.

La asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó en mayo de 2009 una denuncia contra Ignacio González por la adjudicación del campo de golf del Canal, en la que pedía a la Fiscalía de Madrid que practicase una serie de “diligencias de averiguación”, entre ellas solicitar a Hacienda los datos del modelo 347 de dos empresas implicadas en dicho proyecto: Tecnoconcret y Only Golf. El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no practicó esa sencilla diligencia y ordenó archivar la denuncia en octubre de aquel año. Si hubiera atendido la petición de los denunciantes, habría descubierto que Tecnoconcret, empresa controlada de forma mayoritaria por un hermano y un cuñado de Ignacio González, había recibido ingresos de más de tres millones de euros por el proyecto del campo de golf.

En la denuncia presentada por la asociación vecinal, que luchaba para que en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf de nueve hoyos, se proponía la práctica de las siguientes diligencias de averiguación: solicitar a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008; pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de la relación de trabajadores de Tecnoconcret durante aquellos años, y reclamar al Canal los dosieres de las empresas que participaron en el concurso para obtener el contrato de gestión y explotación de las instalaciones deportivas.

El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros. En dicha declaración deben figurar tanto los pagos como los ingresos realizados por la compañía.

Los investigadores de casos de corrupción –Guardia Civil, Policía, Fiscalía– piden de forma sistemática el modelo 347 de las empresas sospechosas, ya que les permite hacerse un mapa de las relaciones que confiesan las propias sociedades investigadas. Es además una de las diligencias de investigación más sencillas de practicar, ya que sólo tienen que enviar un oficio a la Agencia Tributaria reclamando la información.

Los datos que constaban en el modelo 347

Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a Ignacio González, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf.

En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. Así consta en el auto del juez Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad denominadas Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.

La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.

Eloy Velasco explica que estas operaciones fueron “declaradas” por Tecnoconcret, es decir, que constaban en el modelo 347 de la sociedad.

Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.

El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008, Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.

Cuando en mayo de 2009 los denunciantes de Parque Sí en Chamberí solicitaron al fiscal Manuel Moix que pidiese los modelos 347 de Tecnoconcret y de Only Golf, estas dos compañías ya habían declarado por tanto todas las operaciones relacionadas con la instalación del césped –3,26 millones de euros– y parte de las vinculadas a la explotación de las instalaciones deportivas. Con esos datos, Moix no podría haber decretado el archivo de la denuncia.

La denuncia de Parque Sí en Chamberí

La denuncia de los vecinos, a la que ha tenido acceso infoLibre, constaba de nueve páginas y se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.

En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, al adjudicar la explotación del campo de golf a un consorcio en el que participaba la empresa Tenoconcret. Esta sociedad tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II –la principal empresa pública madrileña–, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.

En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf.

Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.

Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.

Los denunciantes aportaron en la Fiscalía de Madrid toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas.

El archivo de Moix

La denuncia de Parque Sí en Chamberí acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Manuel Moix abrió unas supuestas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.

En el decreto de archivo, que adelantó este martes infoLibre, Moix concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero  de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción no apreció “ningún tipo de irregularidad” en el concurso de adjudicación y llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.

En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es un "tío serio y bueno", según el criterio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ahora en prisión. "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", decía en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana ante su posible designación. Hace dos meses los deseos de González se cumplieron y Moix pasó a ser la cabeza visible de una de las más importantes ramas del Ministerio Público, nombrado por el fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza.

InfoLibre desveló este martes que Moix recibió en 2009 todos los datos de la trama de Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf de Canal, en la capital. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –por entonces presidido por González– adjudicó la explotación de la instalación deportiva a un consorcio conformado, entre otras empresas, por Tecnoconcret, que años después incluía entre su accionariado al hermano y al cuñado del exdirigente: Pablo González y José Juan Caballero. Las informaciones tanto de Público como de Tiempo sirvieron a los vecinos para presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid acusando a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El por entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, concluyó que no existía "indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha" contra el por entonces  vicepresidente primero  de la Comunidad de Madrid. Los mismos hechos descartados por el ahora fiscal Anticorrupción han servido al juez Velasco para motivar el auto que envía a prisión incondicional a Ignacio González, mencionando a todas las empresas que ya figuraban en una documentación que, a juicio de Moix, no representaba "indicio o rastro alguno".

Manuel Moix, además, intentó evitar uno de los registros de la operación Lezo, que comenzaba con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los fiscales del caso, en desacuerdo con la decisión de su jefe, invocaron una norma que permite convocar la junta de Anticorrupción en caso de disenso: así lograron que dicho registro, para el que la operación policial estaba ya preparada, se efectuara finalmente.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Moix, tiene previsto que su fiscal delegado en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, no se encargue de la pieza de la Púnica Púnica en la que está imputado el expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ese nuevo dato se suma tanto a la polémica judicial en la comunidad, con un fiscal que impulsó la investigación contra el exdirigente del PP siendo relevado y denunciando presiones, como a los movimientos polémicos del propio Moix en otras regiones como Cataluña: allí los fiscales del caso 3% también han sido relevados por razones "operativas".

Su nombramiento en febrero fue respaldado por la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Ya por entonces se publicó que Moix, como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, claves en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black.

A todos estos datos y cinrcunstancias, se suma también que Moix es dueño del 25% de una empresa de Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

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El nuevo fiscal Manuel Moix, más cómodo para el PP en Anticorrupción ¿Qué hacer?

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El actual fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, recibió en 2009 una denuncia con todos los datos de la trama societaria utilizada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal. Moix no investigó el asunto y decidió archivarlo, al no encontrar "siquiera la más leve sospecha" de irregularidad. La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sí decidieron ahora investigar el asunto y esa adjudicación es una de las que se explica con más detalle en el auto donde motiva la prisión incondicional de González. Todas las empresas que se mencionan en el escrito del magistrado Velasco figuraban ya en la denuncia que recibió y archivó Moix en 2009.

La operación Lezo contra la supuesta “organización criminal” que dirigía Ignacio González se inició hace seis días y Moix ya se ha visto envuelto en dos polémicas. En las grabaciones que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se escucha a González afirmar lo siguiente en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana: “A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción […] Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo […] Era el fiscal jefe de Madrid, se llama Moix, es un tío serio y bueno”. Hace dos meses, el 22 de febrero de 2017, Moix fue nombrado efectivamente fiscal jefe Anticorrupción.

Además, Manuel Moix intentó evitar en el último momento uno de los registros de la operación Lezo. Los fiscales del caso invocaron un precepto legal que les permite enfrentarse a una orden que consideren improcedente y forzaron una reunión de la junta de fiscales, que casi por unanimidad rechazó los planes de Moix.

La trama descubierta por la prensa

En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix. Dicha asociación llevaba más de dos años luchando contra la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf de nueve hoyos en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que entonces estaba presidida por González, quien también era el número dos del Gobierno autonómico del PP.

La detallada denuncia vecinal, que iba respaldada por documentos del Registro Mercantil, se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.

En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.

En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf, puesto que había vendido su parte del capital a otra de las compañías del consorcio que explotaba las instalaciones deportivas (Iridium).

Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.

Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.

La denuncia ante el fiscal Moix

Con todos esos datos, la asociación vecinal que reclamaba la construcción de un parque público en vez de un campo de golf en los terrenos del Canal, presentó en mayo de 2009 una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El escrito acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. El organismo público abrió unas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.

Manuel Moix, entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero  de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.

Todo el decreto de Moix estaba escrito en un tono propio de un abogado de la defensa. Afirmaba cosas como las siguientes: que en todo el concurso de adjudicación no se había apreciado “ningún tipo de irregularidad” o que la valoración de las ofertas de las empresas que concursaron había sido resuelta “de forma detallada y objetiva por los servicios técnicos de evaluación”.

La defensa que el fiscal realizó de González y familia llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.

El propio fiscal superior firmaba el decreto por el que se acordaba el archivo de las “diligencias de investigación, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.

El saqueo descubierto

La investigación realizada ahora por la UCO, bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desmonta prácticamente punto por punto el decreto del fiscal Moix.

En el auto mediante el que envía a prisión a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado José Juan Caballero, se detalla la trama empresarial, los movimientos accionariales y las relaciones societarias exactamente en los mismos términos que desvelaron en su día las informaciones de Tiempo y PúblicoTiempoPúblico.

La UCO sí investigó a las empresas implicadas y descubrió que entre los años 2006 y 2007, cuando se ejecutaron las obras de construcción del campo de golf, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros. En teoría, ese dinero era para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.

Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,6 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 578.000 euros aproximadamente, siempre según los datos que constan en el auto del juez Velasco.

Además, entre los años 2007 y 2012, la sociedad Tecnoconcret declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación de las instalaciones deportivas– por importe de unos 623.000 euros. En la mayor parte de ese periodo, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”.

En resumen, la sociedad Tecnoconcret se lucró con el campo de golf en las dos fases del proyecto:

a) Durante la construcción (2006 y primer trimestre de 2007), al quedarse con una comisión de 578.000 euros actuando como intermediaria en la subcontratación de Only Golf Planning and Design

b) Durante la explotación de las instalaciones deportivas (entre abril de 2007 y 2012), al facturar 623.000 euros a Green Canal Golf, consorcio al que se le adjudicó el campo de golf y del que Tecnoconcret formaba parte inicialmente.

Y desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. De forma que lo afirmado por Moix en su decreto de archivo no se ajustaba a la realidad.

El magistrado Eloy Velasco también desmonta el último argumento usado por el fiscal Moix en defensa de Ignacio González: resulta que Green Canal Golf no presentó la mejor oferta económica (quedó 11,37 puntos por detrás) y logró ganar el concurso “habiendo recuperado la diferencia perdida en la valoración de la oferta económica –criterios objetivos– en la valoración de los criterios subjetivos, uno de los cuales daría pie a una gran discrecionalidad”. En su supuesta investigación, a Moix le había parecido que todo se había desarrollado de forma “detallada y objetiva”.

“Es un tío serio y bueno”, afirmaba Ignacio González el pasado verano en referencia a Manuel Moix, en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil donde defendía su idoneidad como fiscal jefe de Anticorrupción. Sus deseos se cumplieron hace dos meses. González no decía nada sobre la capacidad de Moix para investigar supuestas organizaciones corruptas.

Ha presumido siempre de dar la cara, pero ha terminado leyendo un breve texto de renuncia sin admitir preguntas, temerosa quizás de que alguien le cuestionara tantas falsedades.

“En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron [a Ignacio González] como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva”, sostiene Aguirre.

Quizás se refiera a abril de 2007, cuando mi compañero Manuel Rico firmó en la revista Tiempo informaciones que detallaban la clamorosa golfería protagonizada por el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II al adjudicar la explotación de un campo de golf en pleno centro de Madrid a una UTE en la que participaba una empresa montada por el socio del hermano y del cuñado de Ignacio González. O que documentaban la adquisición de un chalé valorado en 1,8 millones de euros complicado de pagar con el salario de un funcionario público. Si echó usted un vistazo a los papeles registrales y a los ingresos de su número dos sabe perfectamente que no pudo darle explicación alguna, ni simple ni exhaustiva, ni privada ni pública. Precisamente González está en la cárcel porque no tiene explicaciones razonables que justifiquen sus actos.

Quizás se refiera a enero de 2009, cuando el diario Público (entonces en papel) desveló toda una serie de adjudicaciones irregulares protagonizadas por su vicepresidente y nuevos detalles sobre su sorprendente patrimonio. Usted, como toda la cúpula del PP incluido Mariano Rajoy, tuvo acceso a un dosier de 69 páginas que desmenuzaba el emporio de su número dos. ¿Recordamos lo que hizo entonces Ignacio González en lugar de dar explicaciones públicas sobre sus propiedades y sobre los contratos que adjudicaba de forma clamorosamente irregular? Pues lo que hizo fue interponer una querella contra cuatro periodistas en la que nos reclamaba 600.000 euros por calumnias, injurias y por “orquestar” una “campaña” contra su honor. Tan acostumbrado estaba a usar los recursos públicos en beneficio propio que pretendía que en ese proceso le representaran los abogados de la propia comunidad de Madrid, cosa que el juez le impidió. La señora Aguirre sabe perfectamente que esa querella fue rechazada en primera instancia, en la Audiencia Provincial y finalmente en el Tribunal Supremo porque las informaciones publicadas eran veraces y los periodistas denunciados habían cumplido su obligación de contrastar los datos aportados. Precisamente González está en la cárcel porque todo lo que entonces publicamos era cierto y porque quien mentía y calumniaba al prójimo era él.

Quizás se refiera a abril de 2009, cuando la periodista Pilar Velasco, de la Cadena SER, informó de la existencia de un amplio dosier de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Y desveló el contenido de un vídeo grabado a Ignacio González junto a tres acompañantes, entre ellos el entonces gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, en un viaje oficial a Colombia. Juntos acudieron a una casa particular en Cartagena de Indias cargados de bolsas blancas, para salir de la vivienda diez minutos después sin bolsa alguna. En el mismo dosier ya se mencionaban algunas de las sociedades opacas en paraísos fiscales ahora investigadas, entre otras cosas por presuntos sobornos en distintos países. ¿Recordamos lo que hizo Ignacio González con el respaldo absoluto de Esperanza Aguirre? Poner una demanda contra Pilar Velasco por un presunto delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. La demanda fue archivada por la Audiencia de Madrid, que certificó la veracidad de la información y su interés general.

Quizás se refiera a 2012, cuando el diario El Mundo aportó la primera información sobre el famoso dúplex de Estepona comprado por el matrimonio González a través de un testaferro con un dinero cuyo origen investiga todavía un juzgado por su presunta relación con la Operación Arganda, el mayor pelotazo inmobiliario organizado por la trama Gürtel. Sobre este asunto habrá escuchado Aguirre, como todo ciudadano atento, la grabación de un encuentro entre Ignacio González y dos policías en el que hablan de cómo tapar el escándalo y frenar la investigación.

“Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía”, sostiene Aguirre en su comunicado de dimisión.

No sólo miente sino que esta aseveración supuestamente responsable es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos y demuestra además el concepto de democracia que defiende esa "Juana de Arco liberal" (así nombrada por Vargas Llosa)"Juana de Arco liberal". No se puede sentir engañada quien conoce perfectamente desde hace al menos diez años las irregularidades de su hombre de confianza. En lugar de haberlo despedido, lo que hizo fue designarlo sucesor, después de intentar colocarlo al frente de Caja Madrid. Si respetaran, ella y el propio Mariano Rajoy, las reglas democráticas, no hay que esperar a un auto de prisión para asumir la responsabilidad política sobre la corrupción. No quisieron atender a lo que señalaban “algunos medios” porque preferían escuchar los cantos de sirena y los enormes silencios protagonizados por la inmensa mayoría de las cabeceras mediáticas, por otra parte muy bien regadas de publicidad institucional, es decir con dinero público desde la Comunidad de Madrid y el propio Canal de Isabel II. Pese a la opacidad permanente, sabemos que Aguirre y González repartieron casi 55 millones de euros en anuncios del Canal entre 2006 y 2015 a los mismos medios que hoy se declaran absolutamente escandalizados tras la Operación Lezo.

El latrocinio de recursos públicos que en las últimas dos décadas se ha producido en este país, y en la comunidad de Madrid con especial saña, es de una gravedad que aún no se ha reflejado suficientemente en el plano político, pero cuyo alcance afecta a otras instituciones básicas para que una democracia pueda llamarse tal. Si se llegó a los extremos que estamos conociendo no es por el engaño o la traición de un cargo público concreto, sino por una corrupción sistémica que incluía empresarios que pagaban sobornos, políticos que aceptaban comisiones y dinero negro, financiación irregular al PP, periodistas y ejecutivos de medios que aplaudían o silenciaban y órganos judiciales que no cumplían su función.  Así de claro. Los datos que hoy mismo aportamos en infoLibre sobre lo que hizo el hoy fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, con la denuncia que en 2009 interpuso la Asociación de Vecinos de Chamberí contra el campo de golf gestionado por la familia González deberían ser suficientes para que se le exija el cese inmediato. La actuación protagonizada en los últimos meses por el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción con el apoyo o bajo instrucciones del ministro de Justicia (en Madrid, en Murcia, en Cataluña) constituye un verdadero atropello a la independencia judicial. Ya que el Gobierno no tiene el menor interés en corregir el rumbo, tendrá que ser el Parlamento quien le obligue a hacerlo.

Pese a su exquisita educación británica, la dimitida Esperanza Aguirre siempre ha disfrutado con el uso de expresiones soeces para ilustrar las sobremesas políticas y periodísticas. Una de sus sentencias preferidas al hablar de la capacidad de acierto y error en la actividad política era más propia de un sexador de pollos: “¡A cojón visto, macho seguro!”, solía exclamar, entre risas. El problema es que lo de González, Granados, López Viejo y tantos otros corruptos y corruptores no interesaba verlo. Esa ceguera voluntaria contamina a instituciones clave para la salud democrática. Aún no sabemos hasta qué punto.

A su vez, el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha hablado, en lugar de la esperada Esperanza Aguirre, que seguía sin dar la cara a media mañana del lunes, a pesar de que afirma machaconamente que le gusta ser clara y directa. Esa mujer, autora de la frase:  “nadie debería estar más de ocho años en política”; o de esta otra dedicada a Manuela Carmena porque la mujer se emocionó: “En política hay venir llorado de casa”; y tal vez la más graciosa de todas, pronunciada segundos antes de que la voz se le quebrara cuando intentaba proclamar su honradez: “Durante toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente y el servicio público”.

Lo decía la misma semana en la que sabíamos que la Comunidad de Madrid ya había pagado el precio de la construcción del hospital Infanta Leonor de Vallecas y aún así vamos a seguir pagando durante veinte años más por algo que ya habríamos comprado si no fuera por esta especial colaboración público privada que nos arruina. El informe de las gestiones de este y otros hospitales de esa red que se abrió en la capital a la gestión privada con contratos de treinta años de los que se encuentra tan orgullosa, y que reivindica constantemente, es uno de los mejores ejemplos de despilfarro, irregulares administrativas, gestión mafiosa y latrocinio por la vía legal. Se les paga de nuevo por servicios ya contratados, también por otros que no se llegan realizar, a su vez, no se les cobra por los servicios que realizan otros hospitales y que deberían abonar, el canon se incrementa de manera subrepticia para incrementar los beneficios de las empresas adjudicatarias, alguno de cuyos responsables está procesado en la trama Gürtel, y detrás de las cuales se encontraban diferentes consejeros de Sanidad, como Fernández Lasquetty, Güemes o Lamela, responsables de esas adjudicaciones, cobrando de esta manera por los servicios prestados cuando estaban en la Comunidad. ¡Joder con los emprendedores!

Uno de ellos, el señor Lamela, todavía sigue en el consejo de una de ellas, Assignia, a la que él mismo asignó la concesión. Una vergüenza que ellos no sienten ni padecen, de la que se lucran, mientras el falso techo de una de las plantas del hospital Gregorio Marañón se venía abajo este fin de semana sobre una de las trabajadoras del centro, representando una metáfora inmejorable del desplome que están provocando en nuestros servicios para poder trincar.

Esta descapitalización que lleva a la ruina al sistema público de sanidad mientras se forran estas empresas ajenas, que pertenecen a amigos y colaboradores de la concejala Aguirre, está provocando un deterioro en la asistencia que se salda también, como afirman los informes realizados en Inglaterra sobre este modelo de gestión, con muertes que no se hubieran producido con el anterior sistema. Si se hubiera derivado esa cantidad ingente de millones de euros, en lugar de a esas empresas de capital ajenas a la cuestión sanitaria, a nuestros hospitales, tendríamos, sin duda alguna, el mejor sistema sanitario público del mundo, y pagamos para ello.

Esta cuestión me afecta especialmente por mi pasado relacionado con la sanidad y porque aún sigo teniendo muchos amigos que se dedican a ese noble oficio, pero quiero denunciar que son políticas criminales, no en el sentido jurídico del término, referido al quebranto de la ley, sino porque provocan muertes. Sí, este modelo de gestión hace que mueran personas con el único fin de que otros se forren y además tenemos que escuchar cómo de este latrocinio criminal hacen campaña política con orgullo. Repito la frase pronunciada antes de que se le saltaran las lágrimas: “Durante toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente y el servicio público”. Yo también lloraría si estuviera en su lugar y tuviera que decir eso a sabiendas de lo que he hecho con el dinero público.

Hago esta denuncia inevitable porque se me revuelve el estómago cada vez que oigo reivindicar, como hizo el otro día el señor Güemes en la Comisión sobre Sanidad, este modelo de gestión. Güemes, que también fue consejero de Sanidad con Aguirre, tras cumplir los dos años de incompatibilidad que marca la ley apareció como consejero de Unilab, la empresa privada que se encarga de los análisis de los madrileños con un alto coste para nuestros bolsillo que podría evitarse. ¿Lo pillan?. Este Güemes, protegido de Rato y de Aguirre, es el yerno de Carlos Fabra, el pope del PP en Castellón que ha pasado por la cárcel, desde la que me dedicó unas cariñosas palabras de amenaza en una entrevista de Interviú: “Nunca, nunca veo ningún programa de laSexta”. Durante un tiempo se le oía expresar su fijación por El Gran Wyoming, presentador del informativo satírico El intermedio en esa cadena. “Decía que iba a recopilar información para hundirle, porque le había hecho mucho daño”, asegura una de sus personas de confianza en la prisión.

Yo debo ser un tipo raro, pero me siento más presionado por este señor de orden que por los salvajes bolivarianos de Podemos. Y, por lo menos, aporto esta denuncia con nombre y apellidos.

Como ven esto es la Gran Familia. Amigos, cuñados, yernos, sobrinos, estaciones de AVE absurdas, adjudicaciones millonarias a empresas en las que se termina de consejero a la salida… casos aislados que se llaman.

Hecha esta denuncia, decía, hoy el portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha afirmado que esto de la corrupción es una vergüenza para la gente honrada del PP: ¿Quiénes son? ¿dónde están? ¿existen? ¿pueden manifestarse o hay que tirar de ouija?

Hasta ahora el PP no ha hecho otra cosa como institución por un lado, y todos y cada uno de sus representantes por otro, que encubrir, amparar y procurar la inmunidad de los delincuentes. Sólo cuando ya están siendo procesados se desmarcan y, en algunos casos, como el del propio Presidente del Gobierno, prometiendo interceder entrometiéndose en la acción judicial (“hacemos lo que podemos”), o, como en el caso de la Gürtel, destruyendo pruebas e intentando que se suspenda el juicio que ellos mismos, con un cinismo repugnante, exigían con urgencia para que se aclarara todo.

Es significativo lo que ha salido a luz estos últimos días referente a la colaboración de elementos de la judicatura, como la cúpula fiscal, alguna jueza de la Audiencia Nacional, o el juez de Murcia don Julián Pérez Templado, que lleva el caso del expresidente de esa comunidad, que come con allegados a la causa con total soltura. Como si un juez, por el simple hecho de tener un caso entre las manos que afecta a colegas de cañas, tuviera que renunciar a la amistad que es lo más bonito del mundo: La Gran Familia.

¿Dónde están esos hombres y mujeres honrados del PP que luchan contra la corrupción? En el último Congreso se aprobó la gestión de la formación con el 95,65% de los votos de los asistentes. ¿Dónde están los críticos? Nadie está ahí por la regeneración. Son jueces y fiscales los que han definido a esta formación en diferentes comunidades como una trama organizada para delinquir, sin que tal situación provoque sonrojo en esos presumibles hombres honrados de la formación que no dan la cara y callan en la esperanza de que alguna vez les caiga un cargo, un sillón o lo que sea, porque todos otorgan con su silencio y voto la bendición a esta acción colectiva mafiosa de enriquecimiento a través del secuestro de los bienes públicos y las adjudicaciones.

El esfuerzo del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, para evitar que se acuse a Ignacio González del delito de organización criminal no es vano. Tiene mucha importancia porque esto extendería la acusación a muchos otros responsables de que tales fechorías se llevaran a cabo, incluso podrían citarle a él mismo, que parece colaborar con la causa, según celebran los propios encausados. Aunque ahora se explique de la manera que le dé la gana, es público que ha hecho lo posible por evitar que estas cosas llegaran hasta la Justicia: ha llevado a cabo acciones contrarias a aquellas para las que está destinado. Sí, a todas luces es evidente que una parte de la Justicia está colaborando por acción, comprensión, celo u omisión con este entramado criminal al que no se quiere dar ese nombre. En el caso que nos ocupa, además del señor González, se encuentran implicados su hermano, su mujer, su suegro, otros miembros del partido, así como altos cargos del Canal de Isabel II. ¿Podría explicarnos el señor fiscal Anticorrupción cómo operaban si no estaban organizados? ¿Iba cada uno por su cuenta y coincidían, por ejemplo, en Colombia con bolsas de plástico llenas de toallas? ¿Trincaba cada uno por su lado y un día en un cumpleaños se dieron cuenta que eran almas afines? ¿Coincidieron una mañana robando todos a la vez de la misma caja y se hicieron amigos?

El Partido Popular, como tal, y también el Gobierno, han hecho todo lo posible por evitar que la Justicia hiciera su trabajo amparando la corrupción. El exdiputado Jorge Trías, del PP, afirmó que el juez Pedreira, mientras instruía el sumario de la Gürtel, le dijo: “Dile por favor, si puedes, a Mariano Rajoy que me deje en paz, que quiero llevar esta instrucción tranquilo”. Y también aconsejó a Rajoy, según sus palabras: “Yo creo que os estáis equivocando con la estrategia de enredar la causa judicial del caso Gürtel para que esto acabe en una nulidad de actuaciones”. Trías dixit. También afirmó que contribuyó a que Pedreira desimputara a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, porque su implicación en el caso le parecía “una injusticia tremenda”. El exdiputado abundó en que Pedreira fue objeto de juego sucio por parte del PP y sabía de qué hablaba porque él mismo era el intermediario entre el juez y Rajoy. Se cabreó cuando el PP se negó a pagarle estos servicios mientras le daba un pastón a Trillo por coordinar la defensa de los imputados. Casos casos aislados que dirían en Génova, por eso cantó.

Así de claro. Y Rajoy sigue de presidente.

Todos los policías y funcionarios que han tenido relación con el caso Gürtel han sido apartados de sus cargos. También fiscales que han tenido que ver con casos de convictos que pertenecen a ese partido. Más de trescientos funcionarios han sido relevados del Ministerio de Hacienda. Habría que recordar cómo se apartó de forma fulminante de la judicatura a los jueces Garzón y Elpidio Silva. Como se vio más tarde, la prisión que decretó contra Blesa, que causó su expulsión de la carrera judicial, estaba más que justificada. Es el fiscal que impidió que los correos que Blesa enviaba a los trabajadores del banco se aportaran como prueba en la causa, el que ha ascendido a fiscal Anticorrupción con todos los honores, y hoy se encuentra en una situación complicada por sus dudosas acciones que favorecen a la causa delictiva.

Los jueces que llevan adelante los casos de corrupción que afectan al partido del Gobierno caen en desgracia mientras que aquellos más dóciles y que toman decisiones cuestionables o descaradas son los que ascienden en el escalafón. El fiscal general de Estado, señor De la Maza, ha llevado a cabo verdaderas purgas, como ha ocurrido en Murcia, y seguirá llevando, si nadie lo impide, por el método de “libre designación”, que le permite, como hemos escuchado en pinchazos telefónicos, nombrar como fiscal Anticorrupción a Manuel Moix, sin la menor experiencia en el tema y ante la sorpresa de sus compañeros, al que Ignacio González aplaudía para el puesto meses antes de su nombramiento, hoy confirmado en él, según sabían el mismo González y Zaplana, que era el que estaba al otro lado del teléfono. Por eso no le gusta a Manuel Moix lo de organización criminal, porque tal cosa puede extenderse hasta el infinito y salpicar al menos pensado. Es un puzle al que cada día se le aportan más piezas y, como con el manto de Penélope, alguien en la oscuridad se encarga de que desaparezcan por la noche las que encajan durante el día.

Hoy mismo ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, la sabelotodo que, como Montoro, habla siempre para tontos, que no debe usarse la corrupción para deteriorar al Sistema. No, señora vicepresidenta. Es la corrupción la que pudre al Sistema cuando se instala en las instituciones con el amparo y protección de sus responsables, porque convierte la forma de actuar del Sistema Democrático en equiparable al de las tiranías, como la que hemos padecido aquí durante cuarenta años, y a la que, también desde las instituciones por acción u omisión, se le rinden homenajes constantemente, mientas se evita la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de la que el presidente Rajoy se jacta de haber hundido al dejar sin presupuesto. De casta les viene a los galgos. La Gran Familia, como digo.

¿Hay gente honrada en el Partido Popular? De poco vale. Saben que echarían por la borda su carrera si abrieran la boca.

Les recuerdo que votaron en contra de la protección de las personas que denuncien casos de corrupción. Los quieren para alimentar los leones de su circo.

El único servicio que podrían prestar a esta España que dicen querer es marcharse todos, en comandita, de la misma forma que han operado desde hace años para enriquecerse y labrarse un futuro en grandes corporaciones y bancos que hemos tenido que rescatar para que vuelvan a manos de los mismos.

El problema es que el negocio es tan bueno, y el riesgo tan pequeño, que trabajan por la impunidad corrompiendo también en la medida de lo posible la acción de la Justicia con sus nombramientos de elementos afines en el Supremo, Constitucional, CGPJ, Fiscalías...

¿Alguien ha pedido la regeneración dentro de ese partido?

¿Regeneración para qué? Acaban de nombrar como responsable de las Nuevas Generaciones a uno tan facha o más que los mayores. Debe ser cosa de la genética ya que hay mucha endogamia en La Gran Familia. En Italia la llaman Nostra.

PD: Mientras escribo estas páginas, Aguirre presenta su dimisión. La rana que le salió rana a sí misma.

Otro caso aislado.

Días después de que su delfín, su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ingresase en prisión por su implicación en la Operación LezoOperación Lezo, Aguirre firmó su marcha de la política. Lo hizo, según señaló, por no haber sabido vigilar a González, el hombre al que puso en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ella se marchó en 2012. El hombre al que nombró secretario general del PP en sustitución de otro encarcelado, Francisco Granados.

Explicó Aguirre a los medios que desde comienzos de los 80, González había sido de su máxima confianza. Admitió que en esos años algunos medios le atribuyeron actuaciones “incorrectas”. Ella le pidió explicaciones, él se las dio. Y ella le creyó: “No vigilé mas”, dijo.

“En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada”.

“Este auto [judicial] demuestra que no vigilé todo lo que debía”, añadió.

“Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos las responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Y yo tengo cono norma de conducta no eludir nunca responsabilidades”, añadió.

Esperanza Aguirre comunicó al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, su decisión de dimitir en un mensaje de texto enviado por el móvil. Aguirre optó por no llamar a Rajoy, que se encuentra de visita oficial en Brasil. Además, personal de confianza de Aguirre comunicó a la dirección nacional su decisión poniéndose en contacto con el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo.

La de este lunes puede considerarse la tercera dimisión de Aguirre en los últimos años. En septiembre de 2012 anunció que se marchaba de la presidencia de la Comunidad y dejaba la institución en manos de González. En febrero de 2016 dejó el liderazgo del PP de Madrid en plena ebullición de la Púnica. En el PP creen que ahora va a ser la definitiva.

El silencio de Génova

Horas antes, el Comité de Dirección de los conservadores, presidido por María Dolores de Cospedal, se había reunió este lunes para abordar las novedades de la investigación de la Operación Lezo, pero no se habló sobre el futuro de Esperanza Aguirre, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Fue después Pablo Casado, portavoz de la formación, el que el rueda de prensa fijo la posición al respecto asegurando que desde Génova nadie ha pedido a la expresidenta del PP de Madrid que dimitiese. "Pensamos que ella es quien tiene que tomar las decisiones, pero a nivel orgánico ya las tomó", señaló el vicesecretario de Comunicación.

El entorno de Rajoy conoce a la perfección la capacidad de resistencia de Aguirre. En los últimos años no pudieron con ella ni el escándalo de Caja Madrid, ni la Púnica, ni su actuación, en contra de Rajoy, en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP de 2008.

Cuando Casado hablaba de que su exjefa ya había tomado decisiones a nivel orgánico, se refería a que hace más de un año, en febrero de 2016, Aguirre presentó su dimisión como líder del PP de Madrid en plena ebullición de la Operación Púnica. En estas fechas el principal señalado era Francisco Granados, el hombre al que había hecho secretario general del partido y sobre el que en su día depositó las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Casado abogó por "desligar" la esfera del Ayuntamiento de Madrid de la responsabilidad a la hora de elegir colaboradores.

"No hay ninguna acusación contra ella. Las decisiones que ella tome, tendría que hacerlo a título particular", subrayó.

Tras su anuncio, la dirección nacional del PP emitió un breve y frió comunicado de dos párrafos en el que respeta la decisión de Aguirre, reconoce su "trayectoria política" y considera que "ha sido una persona relevante" para la organización.

A continuación, infoLibre reproduce la comparecencia íntegra de Esperanza Aguirre:

  "Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Le conocí en los años 80 en el Ayuntamiento de Madrid, donde era funcionario por oposición. Le nombré subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura cuando fui ministra. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2012, le nombré vicepresidente.En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía.Por eso, dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del grupo municipal popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos. Mi manera de concebir la política como servicio a España y a mis conciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González. Por no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez.La corrupción se ha convertido en un problema central de la política española, y para luchar contra ella no es suficiente la acción de la justicia, siempre rigurosa pero demasiado lenta para las legítimas exigencias de los ciudadanos españoles. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestras responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades, y por eso presento mi dimisión".

El 13 de febrero de 2015, cuando Ignacio González todavía era presidente de la Comunidad de Madrid, una de las fiscales que investiga la trama Púnica, en concreto Carmen García Cerdá, tomó la palabra en el interrogatorio que el juez Eloy Velasco realizaba al exjefe de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) del Gobierno madrileño, José Martínez Nicolás, que había sido detenido horas antes, para hacerle una pregunta "sobre una denuncia que se ha incorporado a las actuaciones".

Y Velasco, que urgía a la fiscal a que se diera prisa, pues el número de personas que debían interrogar ese día era muy elevado, le cedió a la palabra a la representante del Ministerio Público: "Pues rapidito", le conminó el magistrado, ante lo que el detenido apostilló: "Yo estoy dispuesto, en cualquier momento y cuando sea...".

"Es que es importante", advirtió en ese momento la fiscal, que dirigiéndose a Martínez Nicolás, le preguntó: "¿Usted ha estado en alguna reunión con personas donde el presidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido a otra gente que estaba en esa reunión que intentase conseguir un millón y pico de euros en B para temas de campañas, sobrefacturando contratos y con facturas que no obedecen a la realidad?".

Dos años después, entre los argumentos que el juez ha dado para enviar a prisión en la madrugada del sábado a Ignacio González está haber presuntamente desviado de ICM, dependiente de la administración regional, un millón de euros, según el juez Eloy Velasco.

"Sanear las cuentas"

El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, explica que González, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de "sanear las cuentas" de la formación política, por lo que el 7 de junio de 2012 se reunió con Martínez Nicolás –en libertad, que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril– para solicitarle un millón de euros.

El magistrado constata que esta cantidad se hizo efectiva debido a la "contratación existente" entre ICM –ente dependiente de la Vicepresidencia regional, que dirigía en ese momento también González–, con las empresas PWC e Indra.

Sin embargo, en el interrogatorio realizado por la fiscal, Martínez Nicolás, a la pregunta de si había asistido a la reunión en la que González había reclamado el millón de euros, respondió: "No", según consta en el audio del interrogatorio, al que ha tenido acceso infoLibre. Pero la fiscal fue más allá y trató de conseguir más información del detenido, que supuestamente había decidido colaborar con el instructor: "Porque yo tengo entendido que usted estuvo en esa reunión", le espetó García Cerdá.

Martínez Nicolás, que previamente había reconocido que había participado en el pago en metálico entre la empresa Indra y el conseguidor e informático de la Púnica Alejandro de Pedro, ya que se lo había reclamado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria, tampoco reconoció los hechos por los que estaba siendo preguntado: "Yo no he estado en ninguna.... yo no he tenido ese nivel de... si eso ha ocurrido, yo no tenía la suficiente confianza, seguro...", relató el excargo del Gobierno madrileño.

Dinero pedido a Indra y PwC

Sin embargo, la fiscal, dirigiéndose de nuevo al detenido, relató que, al igual que se le había pedido a Indra que pagara, se interesó sobre la participación de otras empresas que ahora han sido registradas en relación a la trama liderada por Ignacio González: "¿Sabe si por ejemplo a Price [PriceWaterhouse Coopers PwC] se le ha pedido también que pagase?¿No?, ¿no ha estado usted en ninguna reunión en la que se ha pedido a Price que se pagase?", volvió a preguntar la fiscal García Cerdá.

Precisamente, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron el jueves a las sedes de la consultora PWC y de la tecnológica Indra para solicitar los contratos de estas compañías con ICM.

Ante la nueva negativa, la fiscal se interesó de nuevo sobre si el detenido tenía constancia de que se le hubiera pedido dinero a "El Corte Inglés" y a "Telefónica": "Tampoco", respondió Martínez Nicolás, que después explicó que a Telefónica y a El Corte Inglés, se había pedido "lo del Fotocam", en referencia al concurso de fotografía promovido por la Comunidad de Madrid. "¿Solamente?, volvió a interpelar la representante del Ministerio Público, que completó: "¿Está seguro de que no asistió a esa reunión?". Martínez Nicolás no contestó a esta nueva pregunta.

En el auto, Velasco destaca que la "línea de investigación" de la Operación Lezo está relacionada con la "supuesta financiación que habría llevado a cabo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid a través de un ente público dependiente de esta", refiriéndose a la agencia de informática ICM.

"Testigo privilegiado de los hechos"

De hecho, afirma que el origen de la investigación comienza a raíz de la declaración del ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez –al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia– en la sede de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta declaración, Corujo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo "hasta el momento" se ha podido conocer que Indra hizo frente a un "flujo monetario de 687.497 euros (566.497 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)" para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral de los comicios autonómicos de 2011 –en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid revalidando la mayoría absoluta–, informa Europa Press.

Precisa, además, que se interpusieron "entre una y otras" hasta nueve empresas para pagar la deuda de los conservadores madrileños. Se trata de Sintra Consultores, Troyano Marketing y Diseño, Formaselect Consulting, Braveheart Management, Escuela Europea de Dirección y Empresa, Swat, Pamaz Imagen, The Cell Core y Strat Map, las cuáles estarían relacionadas con Óscar Sánchez Moyano, Miguel Madoz Echevarría y José Miguel Alonso Gómez.

El magistrado añade que el cargo que desempeñaba Martínez Nicolás en ICM asumía la responsabilidad de contratación del ente público y, por tanto, la "persona encargada de llevar a cabo la firma de los contratos". Además, apunta que éste habría utilizado su "posición de superior jerárquico" para determinar las decisiones de sus subordinados que llevaron incluso a la dimisión de alguno de ellos, como es el caso de Corujo, al no compartir las "exigencias planteadas" por el exconsejero.

Ignacio González es trasladado este viernes desde la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos a la Audiencia Nacional. EFE

En el interrogatorio de 13 de febrero de 2015 la fiscal también preguntó a Martínez Nicolás sobre otros hechos: "¿Sabe qué paso con el proyecto IlustraMadrid, en el que fue adjudicataria una empresa, puede ser Avanzit?". "Sí", contestó Martínez Nicolas, que completó: "Tengo que decir por delante que es un proyecto que yo eliminé. El objeto era digitalizar el patrimonio histórico artístico de la Comunidad de Madrid. Y era muy costoso. Yo me lo encontré en marcha, y era de cuarenta y tantos millones de euros. Ese proyecto lo pilotaba desde fuera de ICM Alberto López Viejo [procesado en Gürtel], que era el consejero de Deportes. Yo vi el proyecto, y no me gustó, porque no me pareció que eso valiera tanto dinero. Me llamó para desayunar y le dije que no había presupuesto para eso".

Y la fiscal se interesó sobre si, en relación a IlustraMadrid, una empresa denominada Avanzit había recibido alguna adjudicación: "¿Sabe si esta empresa tiene alguna relación con el anterior consejero delegado de ICM, que estuvo antes que usted, Cándido Cerón?", interpeló de nuevo la fiscal. Y Martínez Nicolás explicó entonces que Cándido Cerón, "antes de ICM, sí estuvo en Avanzit, porque tenía una empresa que compraron los de Avanzit. Pero no estuvo allí trabajando nunca", se defendió Martínez Nicolás.

Precisamente, el empresario Adrián de la Joya, que fue exvicepresidente de la firma Avanzit, aportó este viernes durante su declaración como investigado, según fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con una cuenta de Suiza vinculada a una mordida de 1,4 millones por el tren de Navalcarnero. El magistrado lo dejó en libertad sin medidas cautelares tras aportar la documentación requerida y mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia.

El auto por el que el juez Eloy Velasco encarceló la noche del viernes a quien hasta 2015 fue presidente de Madrid por el PP, Ignacio González, destapa un escenario de largo, continuo y multimillonario saqueo sostenido con la complicidad o al menos la tolerancia de terceros. De esas complicidades hablan, por ejemplo, las conversaciones del propio Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana–con quien planeaba asociarse mediante empresas constituidas en países opacos. Y emerge como elemento cargado de interrogantes la reunión que su hermano Pablo mantuvo con el número 2 de Interior tras conocer la existencia de una investigación en marcha.

Pero también retrata ese escenario de complicidades la participación de gigantes como OHL, Dragados (ACS) o Indra en las macrooperaciones supuestamente delictivas que González y los otros investigados tejieron presuntamente en su propio beneficio o el del PP.

OHL le habría pagado un soborno de 1,4 millones en Suiza a cambio de la adjudicación del tren Móstoles-Navalcarnero, cuya vía ni siquiera llegó a construirse. Como adelantó  infoLibre, Dragados garantizó a su familia una comisión de 600.000 euros en un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo su presidencia.

Y, al igual que ocurrió en Valencia  con la trama Gürtel, otras empresas –es el caso de Indra, que pagó 687.497 euros-  habrían asumido el pago de facturas falsas que en realidad escondían trabajos para la campaña electoral del PP en 2011.

El auto alimenta la inquietud sobre el colchón de lealtades del que se benefició González hasta poco antes de su arresto al reflejar cómo una de las conversaciones interceptadas a su hermano Pablo desvela que se habría entrevistado con un secretario de Estado en fechas recientes tras conocer la existencia de una investigación judicial que era secreta. O cuando desmenuza cómo se produjo la ruinosa compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la poderosa filial latinoamericana del Canal de Isabel II, Inassa: porque el material analizado conduce al juez a una hipótesis negra. “No puede descartarse –dice el auto- que el Consejo de Administración de Canal Gestión estuviera al tanto de los pormenores y el desarrollo de  la operación de compra de Emissao”. Canal Gestión es la sociedad nuclear del grupo Canal.

La resolución sostiene que entre los leales a González se contaba el presidente del diario La Razón: "Se ha evidenciado el uso de la influencia sobre Mauricio Casals, presidente de La Razón, para detener la cobertura mediática de sus supuestas actividades criminales con el objetivo de conseguir impunidad y obtener información sensible sobre la investigación

judicial en curso".

Una decisión meteórica del Gobierno de Aguirre

Que González siempre gozó del respaldo de Esperanza Aguirre y del del PP hasta poco antes de que fuera desplazado por Cristina Cifuentes en la carrera hacia las elecciones de 2015 era algo sabido. Pero, aun sin citar en ni una sola línea de sus 28 páginas a la hoy portavoz municipal del PP en Madrid, el auto del juez Eloy Velasco remarca ese aspecto. El paradigma es el relato que traza sobre cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, tardó “solo dos días” en enero de 2007 en declarar de interés general el campo de golf auspiciado por el Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González para acometer una modificación urbanística que terminó reportando a su familia una comisión de 600.000 euros gracias a un encargo de la adjudicataria de la obra, Dragados, a la empresa donde participaba primero su cuñado y después también su hermano. Esa empresa, Tecnoconcret, se vio luego igualmente favorecida al participar en la UTE que se alzó con la concesión del campo de golf, declarado ilegal por el Supremo en 2016. Tecnoconcret se convirtió para el clan González y su socio en esa empresa en una fuente de provisión de fondos en metálico: el auto revela que solo entre 2008 y 2011 salieron de una de sus cuentas bancarias 532.339 euros mediante el cobro de cheques.

El –supuesto– saqueo del Canal de Isabel II y las adjudicaciones amañadas -el auto cita la  del tren de Navalcarnero o la del videomarcador del Palacio de Deportes y deja el interrogante de a quiénes exactamente beneficiaron los manejos en otros países- permitieron a Ignacio González y su familia acumular un patrimonio real muy superior al oficial, sostiene el juez.  La información analizada –expone el auto– “arroja fuertes discrepancias entre su patrimonio declarado y los importes de las inversiones que planean acometer” los González. O las que ya estaban ejecutando cuando el miércoles estalló la Operación Lezo.

El magistrado alude aquí a varias inversiones millonarias como la compra de una parte del accionariado de la empresa de ingeniería Auditel -la del videomarcador mencionado en el párrafo anterior-por un monto que el auto cifra entre uno y tres millones de euros. O a que el expresidente y su esposa se dispusieran a adquirir otro paquete, este del 20% y valorado en unos 200.000 euros, en una empresa de guarderías. O a que el antiguo delfín de Aguirre se preparase para comprar junto con el exministro Eduardo Zaplana el 50% de una empresa especializada en desinfección de aguas y en la que participaría a través de sociedades opacas y testaferros con la ayuda de un abogado uruguayo experto en estructuras internacionales.

Velasco  infiere de ese cúmulo de datos que González planeaba blanquear dinero oculto y no solo el "dinerillo B" mencionado en una conversación por el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, igualmente encarcelado sin fianza: “El hecho de que [González] pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot [el abogado uruguayo] podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

Con el nombramiento del magistrado conservador, su antecesora, Consuelo Madrigal, también conservadora, perdía de forma definitiva la batalla de los nombramientos de los puestos clave de la Fiscalía en el Estado. La sucesora de Eduardo Torres Dulce, que dimitió en diciembre de 2014, había chocado de forma directa con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la elección de los futuros responsables de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscalía de la Audiencia Nacional.

Mientras Madrigal apostaba por Alejandro Luzón, el fiscal que ha logrado la condena de Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las tarjetas black, el ministro puso sobre la mesa el nombre de Manuel Moix, que no pertenecía a la Fiscalía Anticorrupción que ha acabado dirigiendo. En la Audiencia Nacional también había discrepancias. Madrigal apostaba por la permanencia de Javier Zaragoza, un nombre que al ministro no le convencía, por lo que al final se optó por Jesús Alonso, el número dos de Zaragoza.

El malestar en la carrera fiscal sobre los nombramientos se muestra en un hecho excepcional: los dos fiscales natos del Consejo Fiscal, que son el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, y que de forma general apoyan las decisiones del fiscal general del Estado, se opusieron en esta ocasión a los deseos de elegir a Moix.

Rechazo interno

Tanto Navajas, considerado el número uno de la carrera puesto que el actual fiscal general no procede de la misma sino de la magistratura, como Cartagena no sólo votaron por la continuidad de Zaragoza en la Audiencia Nacional sino que también rechazaron el relevo del ex fiscal superior de la Región de Murcia Manuel López Bernal, que había comunicado al anterior fiscal de Anticorrupción, Antonio Salinas, que su departamento había sido objeto de varios ataques, como por ejemplo robos de ordenadores y entradas en sus viviendas.

Ahora, gracias a la Operación Lezo, se ha conocido además que el verano pasado la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y el exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana incluida en el sumario de la operación. Según la transcripción de la grabación, González se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla recogidas por la Cadena Ser.

¿Conocía Ignacio González la intención del Gobierno del PP de nombrar a Moix como máximo responsable de la lucha contra la corrupción? Distintas fuentes de la Fiscalía llaman la atención sobre la cronología de los hechos, y sobre la relevancia de que en verano de 2016 González ya barajara el nombre de MoixMoix antes incluso de que fuera nombrado José Manuel Maza.

En febrero pasado, el fiscal general del Estado acabó designando a Moix, tal y como había barajado González. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta institución judicial. 

Destitución del fiscal de Murcia

Estos nombramientos, y la destitución del hasta ese momento fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, alma mater de la acusación contra el ya expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, se unieron al primer gran episodio conflictivo, y que ha marcado de forma clara y directa la actuación del fiscal general del Estado: la decisión de que la Fiscalía Anticorrrupción no acusara al mencionado Pedro Antonio Sánchez en el otro caso de corrupción que tiene abierto, que es la pieza separada murciana de la trama Púnica.

Esta orden de Maza chocó de manera frontal con las conclusiones de las fiscales que, durante más de dos años, habían estado investigando el caso: Carmen García y Teresa Gálvez. Estas dos funcionarias involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero Maza ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez pero no por las dos fiscales mencionadas, que fueron desautorizadas.

En la polémica irrumpió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una entrevista en la Cadena Ser en la que se le preguntó por el motivo por el que el expresidente murciano había tenido acceso a información confidencial sobre la decisión de Anticorrupción de no acusarle, cargó contra las fiscales. El ministro de Justicia consideró "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se hubieran negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pedía que no se investigara a Sánchez: "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criteriofiscales", apostilló Catalá en la entrevista radiofónica. 

Aforado en Murcia

Pedro Antonio Sánchez, como diputado del PP en la Asamblea Regional murciana, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad (TSJM). Por eso el juez que instruye en la Audiencia Nacional la rama murciana de la Púnica, Eloy Velasco, no puede acusar de forma directa a Pedro Antonio Sánchez.

Y eso le obligó a elevar una exposición razonada dirigida al TSJ murciano, cuyo ponente es el magistrado Julián Pérez-Templado, que es el instructor del también denominado caso Auditorio, y que recientemente fue fotografiado a la salida de una comida con uno de los principales imputadosfotografiado a la salida de una comida de la Púnica murciana, el exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz.

Sin embargo, la polémica sobre los casos de Murcia no acaba. Según ha adelantado infoLibre, Moix ha decidido marginar al fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, que no se encargará de la acusación en la pieza de la Púnica que analizan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Los planes de Moix en Murcia se conocen justo un día después de que Maza confirmara el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, encargados del caso del 3% de Cataluña, por los delegados de Anticorrupción en Cataluña Teresa Duarto y Fernando Maldonado por "razones operativas y prácticas".

Una nota oficial de la Fiscalía General explicaba que la sustitución correspondería a la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y los de la fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid. Una estrategia que no se mantiene con los citados planes de Moix en Murcia sobreel delegado de Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, al que apartará de la acusación contra Pedro Antonio Sánchez.

La complejidad del caso del 3% y el momento elegido para el cambio de fiscales, poco antes de que previsiblemente volvieran a reclamar la imputación del exconsejero de Justicia Germà Gordó, parece quitar la razón a Maza, que encarga las pesquisas a los fiscales delegados, obligados a comenzar desde cero, lo que sin duda supondrá un parón en el caso.

Enfrentamiento en Anticorrupción

Pero en medio de este panorama de descomposición, la Operación Lezo ha supuesto, de forma clara, el principal revés de Maza y de Manuel Moix en estos cinco meses de polémicas. Este último, con el apoyo de su jefe, se opuso a que la Guardia Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la trama liderada por Ignacio González, y cuya sede se localiza en Colombia.

Según fuentes de la investigación, Moix se opuso a ese registro al considerar que esta operación debería ser tratada como un caso de corrupción diferenciado a la Operación Lezo. Esta decisión habría significado que la compra ruinosa de esta empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção habría sido investigada por un juez distinto, pero sobre todo por otros fiscales. 

El rechazo de Moix a autorizar el registro provocó una reacción en bloque de los fiscales de Anticorrupción, que en una actuación sin precedentes invocaron al artículo 27 del Estatuto fiscal para convocar una reunión en la que todos los fiscales del departamento lograron que el fiscal jefe diera marcha atrás a su intento de trocear la causa.

Manuel Moix junto a Esperanza Aguirre en una imagen tomada en 2008.

Fuentes fiscales no entienden el empeño de Moix en diferenciar la compra de esta firma brasileña del resto de la instrucción, ya que la acumulación de todas ellas había recibido previamente el apoyo expreso de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Además, las citadas fuentes llegan a calificar esta rebelión como "un hecho excepcional y de extrema gravedad"rebelión, según explican a infoLibre, pues argumentan que los funcionarios pusieron entre la espada y la pared a Moix. Fuentes jurídicas llegan incluso a asegurar que si Moix se hubiera empeñado en impedir el registro podría haberse enfrentado a una acusación de prevaricación. 

Maza, que durante su comparecencia en el Congreso expresó la necesidad de que el Ministerio Fiscal preste especial atención a la lucha contra la corrupción, ha logrado en cinco meses soliviantar al departamento más implicado en esa tarea, la Fiscalía Anticorrupción, e incluso a ser acusado internamente de querer tapar la corrupción del PP. Según ha podido saber este periódico, desde la Fiscalía General se intenta a toda costa averiguar de dónde salió la "filtración" acerca de la reunión forzada por la invocación del artículo 27 del Estatuto.

Ante este evidente malestar, sobre todo de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, Maza ha convocado a todos los fiscales de este departamento para una reunión que previsiblemente se celebrará este lunes por la mañana en la sede central de este departamento.

Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez al frente de la instrucción del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que este viernes acordó la prisión incondicional comunicada para Ignacio González y también para su hermano Pablo, eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros.

"Recientemente en una reunión con sus hermanos", expone el auto, "hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio y en esa reunión hablaron sobre quién ocupaba actualmente el cargo de secretario de Estado de Seguridad". "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio se habría reunido con un secretario de Estado", continúa el juez Velasco.

Preguntado por esta reunión, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que Pablo González solicitó una reunión en la Secretaría de Estado con José Antonio Nieto. Ambos se conocían de la etapa del segundo como alcalde de Córdoba, ya que trató con el hermano de Ignacio González por ser éste directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) y, por tanto, prestar servicios a Mercacordoba.

Pablo González ha sido director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y también representante de esta empresa en Mercacordoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones. El Ayuntamiento de Córdoba es titular, a su vez, del 51% de las acciones restantes.

La reunión, según estas fuentes, se celebró el 8 de marzo y no duró más de 15 minutos. "Fue puramente protocolaria, ya que Pablo González se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento, manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado en todo cuanto se pudiera hacer desde Mercasa y, concretamente, explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa, cuyas medidas de seguridad quería coordinar con los técnicos de la Secretaría de Estado", explican a Europa Press.

Ni una mención a 'Lezo'

"No hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación, especialmente de la denominada operación Lezo, de cuya existencia el secretario de Estado de Seguridad no tuvo conocimiento hasta que la investigación judicial dio como resultado las detenciones realizadas", añaden las citadas fuentes del Ministerio del Interior.

El hermano del expresidente madrileño es directivo de Mercasa y uno de los investigados en Lezo, según el auto de prisión, por su participación en una red de blanqueo de capitales encabezada por Ignacio González y en la que también participaron otros familiares como su mujer, Lourdes Cavero (que no está detenida), y el cuñado del expresidente madrileño, José Juan Caballero (en prisión eludible previo pago de 100.000 euros).

Los hechos investigados en la operación Lezo constituyen en principio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.

En otro operativo ordenado en esta ocasión por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió también el miércoles en la sede de Mercasa por irregulares del consorcio en Angola. Diez personas fueron imputadas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Adrián de la Joya, dueño de la cuenta en Suiza donde OHL pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero, declaró que el alto ejecutivo de la constructora Javier López Madrid le había indicado que el dinero era “para un político”. A preguntas de los investigadores respondió que el nombre que le dio López Madrid era el de Ildefonso de Miguel, según ha podido saber infoLibre. De Miguel fue durante años gerente del Canal de Isabel II y hombre de máxima confianza de Ignacio González. El domicilio y las empresas de De Miguel fueron registradas el primer día de la operación Lezo, pero él no fue detenido, al contrario que González y otras 11 personas.

Javier López Madrid, tras ser detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la medianoche del jueves, negó de forma rotunda que desde OHL se hubiese pagado comisión alguna a cambio de la adjudicación de obras, ni en el caso de Navalcarnero ni en ningún otro. A última hora del viernes, López Madrid prestó declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, responsable del caso. El juez ordenó para él prisión eludible bajo fianza de cien mil euros.

Adrián de la Joya es un empresario afincado desde hace años en Suiza. Este jueves declaró tanto ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como ante el juez Velasco. Su versión fue la siguiente: en 2007, su amigo Javier López Madrid, le dijo si quería “ganar” un dinero. Se trataba de una transferencia que OHL tenía que realizar de forma opaca. Él acepto y decidió utilizar como vehículo una sociedad de su propiedad, la panameña Lauryn Group, que a su vez tenía abierta una cuenta en el banco suizo Anglo Irish Bank.

La transferencia, por importe de 1,4 millones de euros, se realizó desde una filial de OHL en México. Sin embargo, siempre según la versión ofrecida por Adrián de la Joya, cuando López Madrid le dijo que el destinatario del dinero era un político, él se negó a realizar la transferencia. A preguntas de los investigadores, el empresario afincado en Suiza respondió que el nombre que le había dado el ejecutivo de OHL era el de Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y hombre de la máxima confianza de Ignacio González en aquella época. Por tanto, siempre según su declaración, el dinero no salió de la cuenta de Lauryn Group.

¿Y por qué decidió entonces Adrián de la Joya quedarse con el dinero? El empresario lo justificó indicando que había realizado labores de intermediación para OHL en un proyecto minero en Burkina Faso, que en aquel momento la constructora aún no le había abonado, así que se quedó con la transferencia de 1,4 millones de euros como compensación.

En libertad sin fianza

Aunque las explicaciones de De la Joya puedan parecer extrañas a priori, los investigadores destacan que está colaborando con la Justicia y creen básicamente su versión. Al menos, en un punto clave: que el dinero recibido por Lauryn Group en la cuenta suiza no se transfirió finalmente a ningún político. De hecho, tras su declaración, el juez decretó su puesta en libertad sin fianza.

En dicha cuenta del Anglo Irish Bank había más dinero, y no sólo los 1,4 millones de la transferencia de OHL, pero De la Joya detalló que se trataba de inversiones financieras. Los investigadores no encontraron ninguna otra cantidad relacionada con políticos o con el Partido Popular.

En abril de 2009, la Cadena Ser difundió un vídeo con el espionaje que un detective había realizado a Ignacio González, Ildefonso de Miguel y Edmundo Rodríguez –entonces responsable de los negocios del Canal de Isabel II en América Latina y ahora consejero de la editora de La Razón, para quien Velasco dictaminó este viernes prisión sin fianza– en un viaje a Cartagena de Indias (Colombia). En una de las escenas del vídeo se observa a los compañeros de viaje desayunando y en el informe escrito elaborado por el detective se afirma que los acompañantes del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Según dicho informe, González no participa en dicha conversación.

Pocas semanas después de la difusión de esta grabación, Adrián de la Joya disolvió la empresa panameña Lauryn Group y transfirió los fondos que tenía dicha sociedad en Suiza a otra cuenta de su propiedad.

López Madrid niega pago de comisiones

Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL –Juan Miguel Villar Mir– y que ocupó el cargo de consejero delegado en la constructora, fue detenido en la medianoche del jueves en el marco de la operación Lezo. Fuentes de la investigación indicaron que ante los agentes de la UCO negó de forma tajante que OHL hubiese pagado cualquier comisión a políticos a cambio de adjudicaciones públicas, ni en este caso ni en ningún otro. En consecuencia, también desmintió que él hubiese hablado con Adrián de la Joya sobre Ildefonso de Miguel. 

Este jueves, tras el registro de su sede, OHL difundió un comunicado en el que afirmaba que nunca ha pagado ninguna comisión a un partido político.

López Madrid también está imputado en el caso Púnica por entregar presuntamente más de un millón de euros al entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. Las iniciales de López Madrid y de Beltrán se encontraron en una agenda incautada a Francisco Granados –ex secretario general del PP de Madrid encarcelado como presunto jefe de la trama–, en la que supuestamente anotaba el dinero que el ejecutivo de OHL daba al gerente del partido.

Hay una tercera causa judicial en la que se ha visto inmerso López Madrid: el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. En este caso ya hay una sentencia: fue condenado a seis meses de cárcel por apropiación indebida de 35.988 euros gastados con su tarjeta opaca.

La compañía uruguaya Soluciones Andinas de Agua Srl (SAA), adquirida por el Canal de Isabel II en junio de 2013 con el exclusivo fin de comprar la brasileña Emissão Engenharia e Construção, solo ha operado con cuentas bancarias de Panamá desde que la empresa pública se hizo con el 100% de su propiedad, en junio de 2013.

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras de los movimientos de SAA, cuyo control efectivo quedó en manos de Yavango Investment Inc., una empresa pantalla también panameña. Según el Registro Mercantil de Panamá, Yavango sigue administrada por abogados de un bufete andorrano a los que el hombre fuerte del Canal en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, hasta 2016 presidente de Inassa, aparecía vinculado en otras sociedades. ¿Participaban Rodríguez Sobrino y otros jerarcas de la empresa pública madrileña en Yavango Investment? De momento, no ha trascendido cuál es el accionariado real de la compañía.

Entre el 26 de diciembre de ese año y el 27 de enero de 2014, por una de las cuentas de Soluciones Andinas, abierta en el Helm Bank de Panamá, entraron seis millones de dólares transferidos por Inassa, el gran brazo latinoamericano del Canal de Isabel II. De ellos, 4,4 millones fueron a su vez enviados a una cuenta suiza, teóricamente para abonar al antiguo propietario de la totalidad de Emissao, el brasileño Sebastiao Cristovam, uno de los pagos pactados. El millón y medio restante se utilizó, también teóricamente –aparecen reflejados en la contabilidad- para inyectarlo como fondos propios de Emissao. En un solo mes, la cuenta panameña de Soluciones Andinas en el Helm Bank movió así 4,4 millones de dólares.

En total, y según los datos de la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado por el actual equipo del Canal de Isabel II en julio de 2016, Soluciones Andinas de Agua pagó al brasileño Cristovam en Suiza 24,4 millones de dólares. 

Un agujero de 25 millones de dólares

El auto por el que el juez Eloy Velasco dicta prisión eludible bajo fianza para la exdirectora financiera del Canal, María Fernanda Richmond (cuatro millones), y para el exgerente de la empresa pública, Adrián Martín (100.000 euros) cuantifica en alrededor de 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) el desvío de fondos por la compra de Emissao. El juez remarca que la operación enriqueció "injustamente" a determinadas personas "directamente participantes en estas gestiones o intermediadas por afines a ellos"

Velasco enmarca el relato general sobre esta operación en el hecho de qeu las sospechas de que Emissao estaría intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares no conocían "pero que operaban en países terceros de escasa opacidad" en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas y careciendo de informes técnicos.

De este modo, el dinero público habría pasado a cuentas bancarias en terceros países "con opacidad" respecto de los titulares reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas".

Adrián de la Joya, nombre inevitable de la jet en el cambio de siglo y ahora residente en Suiza, declaró este jueves como investigado en la Operación Lezo por sus vínculos con la cuenta en Suiza donde se pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL. El abono del dinero se realizó mediante una transferencia desde una filial de OHL en México y se habría pagado en un banco helvético en 2007 por la adjudicación del tren de cercanías que había de enlazar los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero.

El empresario Adrián de la Joya ha aportado durante su declaración, según fuentes jurídicas, datos sobre su presunta relación con la cuenta de Suiza. Fuentes de la investigación vinculan el cobro de esa comisión a una empresa panameña, Lauryn Group, supuestamente relacionada con Ignacio González y alguno de sus colaboradores en el Canal de Isabel II.

En la operación Lezo, puesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, han sido detenidos este miércoles el expresidente madrileño Ignacio González y otras 11 personas. La sede de OHL ha sido registrada este mismo jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El proyecto del tren de Navalcarnero, faraónico, quedó en nada y OHL terminó reclamando al Gobierno madrileño una indemnización de nada menos que 371 millones por daños y perjuicios. El registro practicado este jueves en la sede de la empresa que lideran Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid se vincula directamente con esa supuesta comisión. Villar Mir ya declaró como imputado en el caso Gürtel dentro de la pieza de los papeles de Bárcenas –y negó haber hecho pagos al PP– y ha vuelto a declarar como imputado en el caso Son Espases, donde el juez José Castro investiga el supuesto plan para amañar la adjudicación del mayor hospital de Baleares.

El supuesto pago de la comisión abonada por OHL en Suiza quedó ya reflejada en el informe elaborado por los detectives que espiaron en 2008 a Ignacio González, durante un viaje a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Según informó la Cadena Ser en abril de 2009, los autores del espionaje aseguran en su dossier que los acompañantes del vicepresidente de la Comunidad de Madrid hablan en ese momento de "un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc en Panamá". Según el dossier, González no participa en dicha conversación.

La relación con Bárcenas

El nombre de Adrián de la Joya, exvicepresidente de Avanzit, emergió dentro del caso Gürtel en diciembre de 2016 después de que Suiza, país en el que reside, remitiera a la justicia española una remesa de documentos tras la correspondiente comisión rogatoria. Esos documentos señalan al empresario como propietario de una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes que en 2008 transfirió 50.000 euros a una de las cuentas suizas investigadas por su relación directa con Luis Bárcenas: Obispado.

Oficialmente, Obispado era propiedad de Francisco José Yáñez Román, amigo de Bárcenas, antiguo integrante del equipo de tesorería del PP y fallecido en enero de 2014. Abierta en el Lombard Odier de Ginebra, Obispado recibió esos 50.000 euros el 22 de diciembre de 2008 desde la cuenta que en el ABN Amro de Zurich tenía la sociedad Frankford Trade Inc., una mercantil opaca.

En una conversación mantenida con infoLibre en diciembre, Adrián de la Joya explicó que ingresó esa cantidad porque conocía personalmente a Yáñez y este estaba atravesando una situación delicada tanto de salud como económica. Y que nunca recuperó esos 50.000 euros, algo a lo que, por sus explicaciones, restó importancia.

La adjudicación del campo de golf  de Chamberí, realizada por el Canal de Isabel II que presidía Ignacio González, permitió a una empresa controlada por la familia del entonces vicepresidente madrileño quedarse con una comisión de 600.000 euros, según datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso infoLibre. De acuerdo con la investigación llevaba a cabo desde 2015 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ignacio González lideraba presuntamente una "organización criminal" que obtuvo millonarias comisiones gracias a la adjudicación de obras públicas. El político madrileño fue detenido junto a otras 11 personas el pasado miércoles, en una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 construir unas instalaciones deportivas sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid, que presidía Ignacio González. El proyecto contó con una fuerte oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Pero el Ejecutivo del PP hizo caso omiso a las protestas y, en diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.

Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que era socio de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente madrileño. Los investigadores de la UCO y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco están convencidos de que se trataba de una empresa controlada por tanto por Ignacio González, a través de sus dos familiares directos, ambos también detenidos este miércoles en la denominada operación Lezo. Como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, los investigadores del caso han descubierto que Dragados pagó tres millones de euros a Tecnoconcret, supuestamente para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.

Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,4 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 600.000 euros, siempre según los datos que constan en la investigación que dirige el juez Velasco.

La historia de Tecnoconcret

Tecnoconcret fue fundada en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de ingeniería”. En sus tres primeros años de vida, Tecnoconcret tuvo una reducida facturación y no contaba con grandes clientes.

Pero la suerte cambió de forma radical para la empresa fundada por Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano, a partir del año 2006. ¿Qué ocurrió en esa fecha? Pues que el 21 de junio de 2006, Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada curiosamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.

Esa relación entre Tecnoconcret y el vicepresidente fue desvelada en abril de 2007 por la revista Tiempo. Pero la denuncia periodística no tuvo consecuencias. En mayo de ese año, Esperanza Aguirre amplió su mayoría absoluta y González vio reforzado su poder en el Gobierno regional.

A la vista de la inmunidad, la familia del vicepresidente decidió que podía aparecer directamente como propietaria de Tecnoconcret. Así que en noviembre de 2008, Pablo González y José Juan Caballero suscribieron una ampliación de capital y cada uno se hizo con algo más del 30% de la sociedad. Cuando Público reveló estos datos en febrero de 2009, la portavoz de Ignacio González aseguró que Tecnoconcret había vendido meses antes sus acciones en el consorcio Green Canal Golf. Y que las había adquirido otra de las firmas del consorcio: Iridium, la empresa del grupo de Florentino Pérez.

Lo que no se sabía entonces es lo que ahora han descubierto los investigadores de la UCO: que Tecnoconcret se había embolsado tres millones de euros, abonados por la constructora Dragados, en teoría para realizar un trabajo para el que no estaba capacitada: la instalación del césped de los nueve hoyos del campo de golf. Así que actuó como mera intermediaria, subcontratando a Only Golf Planning and Desing, pero se quedó con 600.000 euros.

El papel de Only Golf

Only Golf Planning and Design era una compañía fundada en 2003 y dedicada al "diseño, la construcción y la comercialización de campos de golf e instalaciones deportivas”. Como promotores del proyecto de las instalaciones deportivas del Canal nombró precisamente a José Juan Caballero y a José Antonio Clemente;  es decir, el propio cuñado de González y a su socio en Tecnoconcret.

Pero la colaboración no se quedó ahí. Only Golf y Tecnoconcret también se convirtieron en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto social de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.

El 28 de marzo de 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González asistieron sonrientes a la inauguración del campo de golf en el barrio de Chamberí. La resistencia de los vecinos de Chamberí había sido ninguneada por los gobernantes. Pero una asociación vecinal decidió dar la batalla en los tribunales. En 2012, el Supremo declaró que la instalación deportiva era ilegal. El Gobierno regional del PP intentó entonces regularizar la instalación deportiva a través de un proyecto urbanístico, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo de pleno derecho en 2016.

Las sonrisas que exhibían aquel 28 de marzo de 2007 los dos protagonistas del acto de inauguración del campo de golf se han evaporado. Ignacio González lleva dos noches durmiendo en un calabozo y Esperanza Aguirre protagonizó este jueves una escena lacrimógena cuando le preguntaron por su hombre de confianza. La política madrileña acompañó las lágrimas con unas palabras entrecortadas sobre lo “conmocionada” que está. Hace justo diez años, desde abril de 2007, que Aguirre sabe que la explotación del campo de golf se adjudicó a un socio de la familia de su número dos. Desde entonces, González se ha visto envuelto en numerosos escándalos de presunta corrupción. Aguirre siempre respaldó su conducta “intachable” y lo nombró a dedo como su sucesor en la Presidencia de Madrid.

Manuel Moix, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, se opuso a que la Guardia Civil registrara las dependencias del Canal de Isabel II donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial que centra la investigación de la llamada Operación Lezo y cuya sede se localiza en Colombia. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes fiscales aunque ni Moix ni su equipo han accedido a confirmar ni desmentir ese dato bajo el argumento de que las diligencias están bajo secreto de sumario.

El fiscal jefe anticorrupción intentó evitar que la Guardia Civil requisara papeles relativos a la compra de Inassa por parte del Canal en 2001, durante la etapa de Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. Los fiscales que investigan los supuestos delitos perpetrados a la sombra del Canal de Isabel II, Carmen García y Carlos Yáñez, mantuvieron su posición. Y pidieron la convocatoria de una junta a la que asistieron una veintena larga de fiscales de los que obtuvieron un respaldo mayoritario. Moix dio entonces vía libra al registro. Fuentes de la Fiscalía ajenas a Moix han enfatizado que la junta abordó el debate desde una perspectiva estrictamente jurídica y subrayaron como un dato positivo que el jefe de Anticorrupción modificase sus postulados tras esa reunión.

En el año 2000, los socios colombianos de Inassa, que hasta ese momento poseían el 49% de la compañía, compraron el 51% restante a Aguas de Barcelona. La operación les costó unos ocho millones de euros. Al año siguiente, vendieron al Canal el 75% de Inassa y se reservaron el 25% restante. En este caso, el precio fue de 80 millones de euros al cambio, y así consta en la respuesta que el Gobierno de Cifuentes dio hace meses a la parlamentaria socialista Mercedes Gallizo cuando preguntó por aquella operación. Los números indican que el negocio fue, por tanto, redondo para los socios locales de Inassa y muy caro para la empresa pública madrileña.

Inassa es la cabeza de puente del Canal de Isabel II para Latinoamérica. Hasta su destitución en 2016 por decisión del Gobierno de Cristina Cifuentes, Inassa tuvo como presidente a Edmundo Rodríguez Sobrino, uno de los principales implicados en la operación que este miércoles se saldó con la detención del expresidente de Madrid, Ignacio González.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no se practicara uno de los registros en la operación contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que investiga las gestiones de la empresa pública Canal de Isabel II. Según ha confesado el propio Moix a la cadena Ser, que se hace eco de esta circunstancia, al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, le pareció "muy bien" la decisión, por lo que Moix ordenó a los fiscales del caso que no ejecutaran el operativo previsto y ya preparado con sus correspondientes efectivos policiales.

Los fiscales discreparon, explica la emisora, y apelaron al artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, por el cual se debe convocar la junta de fiscales Anticorrupción. Sus componentes votaron en contra de la postura de su jefe, y Moix acató la decisión del órgano. Fuentes jurídicas consultadas por la cadena aseguran que dicho artículo pocas veces se invoca y que la reunión estuvo marcada por la "tensión", a diferencia de las declaraciones del propio fiscal jefe, que asegura que se aplicaron los "mecanismos de disenso normales".

El verano pasado, la Guardia Civil grabó una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana que ahora aparece en el sumario de la operación hecha pública este miércoles. González se refiere al nombramiento de Moix como una buena noticia, ya que es una persona próxima al PP y asegura que les iría mejor si era el elegido, según fuentes conocedoras de la charla recogidas por la cadena Ser. En febrero pasado, el Fiscal General del Estado nombró a Moix pese a que la Unión Progresista de Fiscales le advirtió de que circulaba un rumor que le implicaba: un sumario abierto en la Audiencia Nacional incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato de favor al PP.

Las diez horas que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon en registrar el lujoso chalé de Ignacio González antes de conducirlo al calabozo del cuartel de Tres Cantos sacudieron este miércoles como un auténtico terremoto el centro político del país. La Operación Lezo, cuyo saldo se eleva ya a una docena de detenidos y una larga serie de entradas en empresas y viviendas ha puesto el foco en la gigantesca y opaca estructura que el expresidente de Madrid manejó durante años en el Canal de Isabel IIel expresidente de Madrid manejó durante años en el Canal de Isabel II mientras salían a la luz, y sin consecuencias políticas, turbias adjudicaciones, viajes de precio astronómico pagados en metálico o la adquisición de inmuebles de lujo en oscuras circunstancias.

Su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero –casado con Isabel González, actual portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid– también han sido arrestados. Y su mujer, Pilar Cavero, engrosa la lista de investigados, en la que figuran quienes integraron la plana mayor del Canal de Isabel II bajo el mandato de Ignacio González al frente de esa empresa pública (2003-2012). En el caso, declarado secreto, se investigan entre otros los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental.

Algunas de las adjudicaciones y adquisiciones  que ahora investiga el juez Eloy Velasco ya eran conocidas. Por ejemplo, la relacionada con el campo de golf del distrito de Chamberí, cuya concesión benefició directamente en 2007 a la empresa de un socio de su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Otras operaciones, como la ruinosa adquisición de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2013, habían pasado inadvertidas. La compra de Emissao fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción en 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran, no obstante, que las pesquisas sobre el Canal de Isabel II habían comenzado un año antes. 

La plana mayor de González en el Canal de Isabel II ha caído con él. Fuentes jurídicas citan entre los detenidos a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del diario La Razón y expresidente de Inassa, la filial latinoamericana que utilizó el Canal como cabeza de puente para comprar distintas empresas, así como María Fernanda Richmond, exdirectora financiera. Tanto Rodríguez Sobrino como Richmond fueron destituidos por el equipo de Cifuentes por su vinculación con la compra de la empresa brasileña Emissao.

La relación de exdirectivos investigados es más extenso y aparece encabezado por Ildefonso de Miguel, que fue persona de la máxima confianza de González y que ocupó el cargo de gerente del Canal hasta 2009. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que la Guardia Civil ha registrado y precintado los despachos que todavía ocupan antiguos directivos de la etapa de González y de su sucesor como presidente de la empresa pública, Salvador Victoria, que también está imputado en la Operación Púnica. 

Rodríguez Sobrino, uno de los investigados de primera fila, ha arrastrado a dos prominentes figuras del grupo editor de La Razón: su presidente, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda, declararán hoy jueves ante el juez Velasco por las supuestas amenazas y coacciones que habrían ejercido sobre el equipo de Cristina Cifuentes para que no elevara a la Fiscalía denuncia por la compra de la brasileña Emissao. Este miércoles ya declararon, como testigos, la propia Cifuentes –en su despacho y por escrito–, su jefa de gabinete, Marisa González, y el consejero de Presidencia y máximo responsable del Canal, Ángel Garrido. Durante su declaración pudieron escuchar parte de las conversaciones interceptadas a Casals y Marhuenda y que demostrarían la existencia de tales coacciones.

La panoplia de actuaciones y personas investigadas estructura así el caso sobre dos patas: por un lado, todo lo que se relaciona con las actividades del Canal, el formidable granero del que habrían salido los fondos desviados; y por otro lado, el círculo del que supuestamente se valió González para las tareas de blanqueo. 

La adjudicación del campo de golf

Una de las operaciones bajo la lupa de los investigadores tiene su origen en diciembre de 2006. En esa fecha, el Canal de Isabel II adjudicó la gestión de un campo de golf construido en el centro de Madrid. La adjudicación benefició a tres empresas que venían obligadas por las bases de la licitación a constituir una nueva sociedad conjunta para la gestión de las instalaciones deportivas y que fue bautizada como Green Canal Golf.

De las tres mercantiles beneficiadas, una –Iridium– pertenecía al gigante ACS y se hizo con el 52,2% de Green Canal Golf; otra –Soto Once– poseía una estrecha vinculación con el negocio del golf y obtuvo el 23,9% de la empresa gestora. La tercera –Tecnoconcret- copó otro 23,9%. Tecnoconcret carecía de la menor experiencia en la gestión de zonas deportivas, Pero su accionista mayoritario, José Antonio Clemente, tenía como socio en otra compañía –Tamanaco 07 Consulting– a dos familiares de Ignacio González: su hermano Pablo, ahora directivo de Mercasa y detenido también este miércoles, y su cuñado José Juan Caballero Escudier, asimismo arrestado.

Declarado ilegal por el Supremo en 2015, el campo de golf quedó inaugurado en marzo de 2007 en medio de fuertes protestas vecinales. Un mes más tarde, y después de que la revista Tiempo hubiera destapado la relación societaria entre el dueño de Tecnoconcret y su hermano Pablo, el entonces vicepresidente de Madrid esgrimió el siguiente argumento: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”. González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal que adjudicó la concesión del campo de golf ni comunicó a los demás consejeros el vínculo que unía a uno de los adjudicatarios con su familia.

En noviembre de 2008, cuando el escándalo por la adjudicación del campo de golf ya se había difuminado, Tecnoconcret acometió una ampliación de capital. Y el hermano de Ignacio González pasó a convertirse oficialmente en socio de la empresa.

La operación fue descubierta de nuevo por una investigación periodística, esta vez del diario Público, que el 5 de febrero de 2009 informó de la incorporación del hermano de Ignacio González al accionariado de una de las tres empresas gestoras del campo de golf. Según la Comunidad de Madrid, para entonces hacía ya un año que Tecnoconcret había vendido a Iridium, la filial de ACS, el 23,9% que poseía en Green Canal Golf.

La empresa de arte de la mujer

Pero el foco de la investigación no afecta solo al Canal. Este miércoles, la Guardia Civil también registró la sede de Subastas Segre, la empresa de venta de objetos de arte fundada en el año 2000 por la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, junto con varias amigas, todas ellas unidas por un nexo común: su cercanía personal a Ana Botella.

Las cuatro fundadoras de Subastas Segre eran personas muy familiares en la Moncloa de Aznar y Botella: Carmen Cafranga, años después implicada en el escándalo de las tarjetas black de Bankia; Concha Tallada, que en 2000 acababa de separarse del expresidente de Telefónica Juan Villalonga; Lourdes Cavero, la esposa de Ignacio González, y Maribel Casillas, que se convirtió en la directora general de la galería.

Subastas Segre ha resultado un negocio boyante. En 2015 facturó oficialmente 1.789.079 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Y obtuvo un beneficio neto de 251.770 euros.

En abril de 2007, la revista Tiempo publicó dos amplias informaciones sobre el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid: en una se desgranaban adjudicaciones sospechosas de Ignacio González, entre ellas la realizada para explotar el campo de golf de Chamberí y que había beneficiado directamente al socio de un hermano de González (Pablo, también detenido ahora), y en otra se explicaba que el político madrileño había adquirido en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros. Un conocidísimo gacetillero publicó diez años después la misma información en rigurosa exclusiva y anda el hombre tan feliz jactándose de sus investigaciones.

¿Y qué pasó con aquella denuncia periodística, basada en documentos oficiales de los registros Mercantil y de la Propiedad? Pues que los medios miraron tranquilamente hacia otro lado. Voy a poner el ejemplo más paradigmático: El Mundo, entonces dirigido por Pedro J. Ramírez, le dedicó al asunto media página en el suplemento local con el siguiente titular: "Polémica por el campo de golf". No, hombre, no, polémica no. Un escándalo mayúsculo. Pero pocas semanas después había elecciones autonómicas y tocaba apoyar a Esperanza Aguirre.

Polémico habría sido saber cuántos millones de euros había inyectado en publicidad el Gobierno de Esperanza Aguirre en los medios de comunicación. Bueno, bien pensado, eso también habría sido un escándalo mayúsculo. Alguna cifra desveló infoLibre. Eran millones que tenían la virtud de transformar los escándalos de corrupción en polémicas menores o directamente en silencio.

Pero no todos se inclinaron ante el poder. La asociación de vecinos Parque Sí en Chamberí llevó el tema de la adjudicación del campo de golf a los tribunales. Y pelearon sin descanso para que se terminase declarando la ilegalidad de aquella operación. Allí estaba por ejemplo Hugo Martínez Abarca, ahora diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en aquel momento en la parte honrada de IU. Y mucha otra gente desconocida para el gran público que dedicaron horas y horas a leer farragosos documentos del expediente de adjudicación. 

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de la Asociación de Vecinos de Chamberí.

En enero de 2009, Público desveló en una veintena de artículos otras escandalosas actuaciones de Ignacio González. Por ejemplo, que la cúpula del PP tenía en su poder un dosier de 69 páginas sobre el abultado patrimonio y las adjudicaciones irregulares del vicepresidente madrileño. O qué González había inyectado 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel.

Hubo entonces diputadas madrileñas, como Inés Sabanés y Reyes Montiel, que hicieron todo lo posible para que aquellos hechos no se enterrasen. Pero se impuso la parte corrupta de IU y se les prohibió seguir dando la matraca con temas tan feos. No merece la pena hablar de aquellos despreciables personajillos que escondidos tras la bandera de la Libertad trabajaban sin descanso para los corruptos. A alguna le pagan aún hoy la nómina.

Pero además de diputadas como Sabanés y Montiel, también ayudaron a destapar aquellos escándalos personas alejadas de la batalla política, que simplemente se acercaban al periodista asqueados al observar el gigantesco saqueo de los fondos públicos. Entre todos ellos sería injusto no acordarse de Javier L, al que la mafia amenazó y persiguió, hasta que lograron que se marchase de Madrid. Ayer, al enterarse de la noticia de la detención del jefe de esa presunta organización criminal, estaba el hombre contento, en una ciudad del sur donde ha reconstruido su vida, pensando que todo aquel acoso al que lo sometieron quizá ha servido para algo. Y también de Juan Carlos F., un simpatizante del PP, honrado a carta cabal, horrorizado porque la mafia había extorsionado a un familiar que se presentó a una adjudicación pública.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra de las diputadas Sabanés y Montiel, en contra de Javier L., en contra de Juan Carlos F., en contra de todos los que le pedían que tomase medidas contra su número dos.

En 2012, cinco años después de las primeras informaciones sobre el personaje, el periódico El Mundo se incorporó al reducidísimo grupo de medios que denunciaba los desmanes de González y publicó la primera información sobre el ático de Estepona. Un asunto que llevó a los tribunales el Sindicato Unificado de Policía (SUP), entonces liderado por José Manuel Sánchez Fornet, cuya insistencia en denunciar el tema y no convertirse en un cómplice más de la corrupción le terminó costando el puesto. Pero Sánchez Fornet no se doblegó ni ante el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó. Por cierto que el ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, aseguró que su conmilitón González había sufrido una investigación "ilegal" por parte de la Policía. ¡Qué ojo, Fernández, siempre del lado confundido de la ley!

Defenestrado Sánchez Fornet, el SUP se retiró como acusación popular en el caso del ático en 2015. Pero entonces cogió su relevo la asociación creada por los afectados del ERE de Telemadrid. Sí, los liberales, tan poco amantes de lo público, saquearon sin piedad la televisión pública madrileña. Llenaron los bolsillos de amigotes como Enrique Cerezo, un íntimo de González, y la fiesta la pagaron 861 empleados de Telemadrid que fueron despedidos cuando las arcas habían quedado vacías. Pero buena parte de ellos decidieron que tampoco se iban a rendir ante la mafia, y en un ejercicio de dignidad ciudadana encomiable, optaron por dar la batalla también en los tribunales y continuaron con la acusación popular por el asunto del ático. Es una obligación acordarse hoy de Alberto, de Celia, de José Ignacio, o de Liliana Pineda, que hizo un excelente trabajo jurídico.

No hace falta decir que la Gran Protectora de la Corrupción en Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, se puso del lado de la rana padre y en contra del SUP, en contra de José Manuel, en contra de Liliana, en contra de Alberto, de Celia, de José Ignacio y de los otros 858 despedidos de Telemadrid.

Ayer se encendieron los focos de ese gran plató en que se ha convertido la política y el periodismo español. Allí estaban todos los héroes de puntillas reclamando su medallita. Todos jugaron un papel esencial en la detención de Ignacio González. Todos llegaron a tiempo para el último directo. Pues vale. Quienes no estaban eran los vecinos de Chamberí, ni Hugo, ni Inés, ni Reyes, ni Javier, ni Juan Carlos, ni José Manuel, ni Alberto, ni Celia, ni José Ignacio, ni Liliana. Ellos se conformaron con estar cuando tocaba, cuando no había focos, cuando la organización criminal te intentaba aplastar si denunciabas sus corrupciones.

P.D.: También hubo cinco periodistas que fuimos denunciados en los tribunales por Ignacio González por desvelar informaciones que no le gustaron al presunto jefe de la organización criminal. Es cierto. Pero eso va en nuestro sueldo y se supone que es parte de nuestro cometido profesional: controlar al poder.