¿Bajar los impuestos, subir el gasto y reducir la deuda?
Si algo queda claro en la agenda económica de la derecha española es que tanto el Partido Popular como Vox les tienen declarada la guerra a los impuestos. Ambos prometen rebajas fiscales, pero ninguno explica cómo cuadrarían las cuentas sin disparar el déficit.
El Partido Popular se refugia en la imprecisión: ni en su programa electoral ni en sus propuestas recientes hay cálculo del coste de las reformas que proponen. La falta de precisión dificulta hacer un análisis serio, pero las líneas generales dejan entrever cuentas que no encajan.
En impuestos, los populares proponen una reforma fiscal integral para "simplificar" el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, sin detallar en qué consistirá ni si reducirá la recaudación. Plantean rebajas en las cotizaciones sociales en determinados supuestos, pero tampoco ofrecen números concretos. Solo son claros en eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas y el de Sucesiones y Donaciones, medidas cuyo coste conjunto podría superar los 5.000 millones.
En el gasto público, el PP tampoco ofrece detalle. Más allá de promesas genéricas de eliminar el "despilfarro" y el "gasto improductivo", no plantean medidas concretas para reducir el gasto. Al contrario, presentan una amplia lista de propuestas que abultarían el presupuesto: elevar el gasto en defensa al 3,5% o 5% del PIB, aumentar la inversión en I+D+i, ampliar las becas universitarias, invertir en infraestructuras, expandir las políticas de empleo y reforzar los servicios públicos rurales.
Resulta sorprendente que un partido que sitúa entre sus objetivos principales la reducción del déficit y la deuda no informe sobre el coste de sus propuestas. Aún sin datos concretos, queda claro que las bajadas de impuestos son incompatibles con mantener el gasto, y mucho menos subirlo, sin disparar el déficit, que aún se sitúa en el 2,8% del PIB. ¿El problema? Que solo un 30% de los españoles apoya reducir los impuestos si ello conlleva recortar servicios públicos y prestaciones sociales, según el CIS.
Vox sí da cifras en su programa económico, abogando por una "rebaja drástica de impuestos" y una "reducción radical del gasto público", aunque tampoco le salen las cuentas. En impuestos, propone simplificar el IRPF a dos tramos, reducir el Impuesto de Sociedades del 25% al 15% y bajar el IVA general al 18%. El partido estima que estas medidas costarían unos 64.000 millones de euros –equivalente al presupuesto anual de la educación, aunque según mis cálculos, el coste podría ascender más bien a 100.000 millones, aproximadamente el gasto anual en sanidad–. A esas rebajas se suman otras sin coste estimado, como eliminar el IVA en las primeras viviendas, deducciones fiscales por el alquiler, o eximir de impuestos el ahorro para la jubilación. Por lo tanto, el coste total de las rebajas superaría probablemente con creces los 100.000 millones.
¿Cómo pagar una rebaja fiscal de tal magnitud? Las propuestas de Vox de recorte de gasto, resumidas en "reducir al mínimo el tamaño de la administración pública" y eliminar las subvenciones, no van acompañadas de cifras concretas. Proponen, además, aumentar el gasto en defensa, seguridad, vivienda e infraestructuras. Para dar idea de la magnitud del reto que supondría cuadrar las cuentas, los recortes necesarios serían comparables a los implementados por el gobierno de Rajoy entre 2012 y 2017. Una reducción del gasto tan drástica no solo tendría un grave impacto sobre la calidad de los servicios públicos, sino que podría incluso causar una recesión.
A estas medidas hay que añadir que Vox plantea una privatización parcial del sistema de pensiones que –abstrayéndonos de los debates sobre sus méritos y desméritos a largo plazo– provocaría un déficit masivo inmediato en la Seguridad Social. No explican cómo gestionarían la transición sin llevar el sistema actual a la quiebra o disparar el déficit y la deuda.
El discurso del "infierno fiscal"
La estrategia de la derecha de proponer rebajas fiscales, aunque no les cuadren las cuentas, la sustentan con el discurso de que el gobierno está "asfixiando" la economía con los impuestos. Según Feijóo, "España es un infierno fiscal", y los españoles pagamos "más impuestos que nunca", afirmaciones que repite Vox y de las que se hacen eco los medios conservadores. Sin embargo, los datos cuentan otra historia.
Empecemos por la afirmación de que pagamos "más impuestos que nunca". Técnicamente es cierta en euros recaudados, pero usar esa medida carece de sentido para hablar de la presión fiscal. Los ingresos en euros aumentan automáticamente con la inflación y el crecimiento económico, sin tocar la política fiscal. La medida correcta –la que usan los economistas, los gobiernos y los organismos internacionales– es el porcentaje de recaudación sobre el PIB. Ahí los datos cuentan otra historia: la recaudación en 2024 (37.2%) fue la misma que en 2007, antes de la crisis, y no ha habido un aumento radical en los últimos años.
Además, dado que gran parte de la recaudación proviene de los impuestos sobre el trabajo, la recaudación sobre el PIB crece mecánicamente con la tasa de empleo y las subidas salariales. Hablar de un aumento de la recaudación como algo negativo pasa por alto que los ingresos crecen por causas positivas, ajenas a la política fiscal.
Por otro lado, caracterizar a España como "infierno fiscal" ignora que nuestra presión fiscal es inferior a la media de la UE (40%). Una diferencia que es aún más marcada si nos comparamos con otras grandes economías de la zona euro: Francia, Italia y Alemania. Solo recaudan menos que nosotros los países del antiguo bloque del este, y Malta e Irlanda, dos paraísos fiscales.
¿A quién benefician las rebajas?
Más allá de las cuestiones de sostenibilidad fiscal, cabe preguntarse ¿a quién benefician las bajadas de impuestos? Aunque Vox habla de bajarle los impuestos a los “españoles”, sus propuestas fiscales no nos benefician a todos por igual. La simplificación del IRPF a dos tramos, 15% hasta 70.000 euros anuales y 25% por encima, con exención por los primeros 22.000€, presenta un perfil alarmantemente regresivo. Para el 70% de los hogares españoles, con ingresos inferiores a 30.000 euros anuales, el ahorro medio sería de unos 800 euros al año, y nulo para quienes ganen el salario mínimo. En contraste, para un contribuyente con ingresos de 200.000 euros anuales, el ahorro sería de casi 40.000 euros. La rebaja del Impuesto de Sociedades beneficiaría asimismo sobre todo a las rentas más altas, principales propietarias del capital empresarial. También la supresión del Impuesto de Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones iría por el mismo camino. En suma, las rebajas fiscales que propone Vox serían extremadamente regresivas, agravando la ya sustancial falta de progresividad del sistema fiscal español.
El Partido Popular, por su parte, defiende, según su programa, que los impuestos sean "bajos para todos, en especial, para las rentas más modestas", y que “la fiscalidad premie el trabajo". La falta de precisión en sus propuestas nos impide saber si sus rebajas fiscales serían realmente consistentes con esos principios. Sin embargo, ateniéndonos a las pocas medidas que sí detallan y a las políticas de sus gobiernos autonómicos, parece poco probable.
El caso más claro de contradicción entre la retórica de los populares y las medidas concretas que proponen es su promesa de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Mientras proclaman defender "la cultura del esfuerzo" y la igualdad de oportunidades, abogan por suprimir uno de los instrumentos más efectivos para reducir la transmisión de desigualdades entre generaciones. La capacidad de los jóvenes para acceder a la vivienda y mantener un nivel de vida digno ya depende hoy tanto o más de la riqueza heredada que del éxito profesional propio. Así, suprimir el Impuesto de Sucesiones contradice la promesa de promover una fiscalidad que "premie el trabajo".
La eliminación del impuesto tampoco se sostiene desde el punto de vista de la eficiencia económica. Con el coste fiscal que supone renunciar a gravar las herencias, se podrían reducir las contribuciones sociales o el IRPF a los salarios modestos, medidas más progresivas y de mayor potencial para estimular la actividad económica.
Es cierto que el impuesto presenta importantes deficiencias, en parte por la competición fiscal entre las Comunidades Autónomas, impulsada por los propios gobiernos del PP. De querer ser consistentes con los objetivos que afirman defender, deberían reformarlo, no eliminarlo: aumentando el mínimo exento y la progresividad, y reduciendo las posibilidades de elusión de los grandes patrimonios.
Los déficits públicos, ¿una política de derechas?
El rechazo a los impuestos de las derechas españolas no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Tampoco lo es que no les cuadren las cuentas. El economista Thomas Piketty observaba hace más de veinte años que el aumento del déficit y la deuda se habían popularizado entre los gobiernos conservadores occidentales; no como torpeza presupuestaria sino como estrategia. “En una época en la que el gasto público ha alcanzado o superado el 40%-50% del PIB en la mayoría de los países, el endeudamiento público se ha convertido en una estrategia destinada a reducir el peso del Estado. Ayer, se generaban déficits incrementando el gasto. Hoy, se generan reduciendo los impuestos, de manera que se obligue a los futuros gobiernos a recortar el gasto", escribía.
En lugar de reconocer que las bajadas de impuestos aumentarán el déficit si no se acompañan de recortes del gasto, se suele defender que "es posible bajar los impuestos y recaudar igual o más" como afirmó Feijóo el pasado mayo. Esta narrativa controvertida argumenta que cuando los impuestos son muy altos, reducirlos aumenta la recaudación al estimular la actividad económica. Sin embargo, es prácticamente imposible encontrar reformas donde esta predicción se cumpla, y el nivel actual de recaudación en España no es suficientemente alto como para que sea razonable plantearlo.
El peligro de esta estrategia de debilitamiento fiscal es claro: si no se recauda lo suficiente cuando la economía va bien, no habrá margen para responder cuando haya una crisis. Así sucedió precisamente en 2008. Durante los años previos, los gobiernos de Aznar y Zapatero bajaron los impuestos aprovechando el margen fiscal proporcionado por el rápido crecimiento económico de los años de la burbuja. Cuando estalló la crisis, los ingresos públicos se desplomaron y la deuda se disparó, impulsada por el rescate bancario y el aumento del déficit. La respuesta fue la agresiva política de austeridad que comenzó con Zapatero y se intensificó bajo Rajoy, la cual agravó y prolongó la recesión. Según un estudio reciente de los economistas House, Proebsting y Tesar, las políticas de austeridad explican prácticamente toda la caída del PIB entre 2010 y 2014.
Con un déficit que se mantiene en el 2,8% del PIB, pese a tener una de las tasas de empleo más altas de la democracia; la deuda que sigue superando el 100% del PIB, y el creciente gasto en pensiones, plantear reducir la recaudación es garantizar que cuando llegue la próxima recesión, el Estado carezca de medios para combatirla.
Si bien el proyecto económico de Vox en su casi totalidad podría calificarse de despropósito, al margen de la política fiscal, el programa del Partido Popular contiene iniciativas interesantes. La armonización de la regulación entre las comunidades autónomas podría facilitar la expansión de las pequeñas empresas. El aumento de la inversión en I+D+i podría impulsar las actividades económicas de alto valor añadido. La mejora de la Formación Profesional y el fomento de la colaboración entre las empresas y los centros educativos podría reducir el paro juvenil y aumentar la productividad. Son propuestas con potencial, aunque por desgracia adolecen de la misma indefinición que caracteriza todo su programa económico.
Nuestro país merece un debate económico serio y riguroso, alejado de las manipulaciones de datos que han caracterizado el discurso de la derecha española en los últimos años. Hay diferentes enfoques para gestionar la economía, y un programa constructivo alternativo podría contribuir a forjar una política económica más sólida. Estaría bien que el Partido Popular apostase por esa vía en lugar de aferrarse a una política fiscal irresponsable.
Cabe preguntarse qué harán si llegan al gobierno; cómo resolverán las contradicciones manifiestas de su discurso económico. Esperemos que, si llega el momento, opten por las medidas que proponen un uso inteligente de la inversión pública y mantengan su discurso sobre la responsabilidad fiscal, dejando de lado el mantra incompatible de bajar los impuestos a toda costa.
*Carmen Durrer de la Sota es doctoranda en la Universidad de Berkeley e investigadora asociada al Observatorio Europeo de la Fiscalidad y al Future Policy Lab.