La erosión deliberada del Estado
La publicación, el 25 de julio, por la Cadena SER de un audio en el que se desmiente categóricamente cualquier implicación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el rescate financiero de Air Europa durante la pandemia, constituye un punto de inflexión en el análisis de la dinámica política actual en nuestro país. En este audio, Víctor de Aldama asegura que las acusaciones contra Gómez son “falsas” y denuncia la irresponsabilidad de ciertos sectores mediáticos que “se inventan cosas porque saben que no tienen consecuencias”.
Este testimonio no sólo refuta una narrativa construida con intencionalidad política, sino que revela un patrón estructural en la estrategia del Partido Popular: la instrumentalización de la difamación y la judicialización de la política como sustitutos de un proyecto político sustantivo. Un caso paradigmático de la degradación democrática que practica la derecha con el único fin de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez.
En el marco de la teoría política contemporánea, el concepto de “antipolítica” describe la sustitución del debate programático por tácticas de confrontación que buscan deslegitimar al adversario sin ofrecer alternativas viables (Mair, 2014). El PP, bajo el liderazgo de Feijóo, ha abrazado esta lógica con una intensidad preocupante. En el caso de Begoña Gómez, el PP construyó una narrativa acusatoria que no solo carecía de evidencia, sino que contravenía el principio de presunción de inocencia, pilar del Estado de derecho. La ausencia de rectificaciones a la luz de los nuevos testimonios evidencia un cálculo político deliberado: la verdad es secundaria frente al impacto comunicativo de la difamación. El PP no busca esclarecer, sino polarizar, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El rescate de Air Europa, aprobado en 2020, es un ejemplo de intervención estatal orientada al interés general. La operación, gestionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consistió en un préstamo de 475 millones de euros, devuelto íntegramente por la compañía. Este proceso, auditado exhaustivamente, tuvo como objetivo preservar más de 50.000 empleos en un sector estratégico durante la crisis sanitaria. Contrasta esta operación con el rescate bancario impulsado por el PP entre 2008 y 2012. Según el Banco de España, el Estado inyectó 54.353 millones de euros en entidades financieras, de los cuales 49.876 millones no han sido recuperados. Este rescate, caracterizado por una opacidad significativa y una ausencia de mecanismos robustos de rendición de cuentas, benefició principalmente a las élites financieras, sin generar un impacto tangible en el bienestar colectivo. Desde la teoría de la gobernanza pública (Rhodes, 1997), el caso Air Europa refleja un modelo de intervención estatal basado en la transparencia y la responsabilidad fiscal, mientras que el rescate bancario del PP ilustra una captura del Estado por intereses privados, una práctica que el PSOE ha evitado escrupulosamente.
La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez constituye un ejemplo paradigmático de lo que la literatura jurídica denomina “investigación prospectiva”, explícitamente prohibida por el Tribunal Supremo. Peinado ha explorado aspectos irrelevantes de la vida profesional de Gómez basándose en denuncias de organizaciones como Manos Limpias, cuya legitimidad ha sido cuestionada por su historial de querellas infundadas. La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido reiteradamente a Peinado, ordenándole limitar su investigación y descartar líneas, como la del rescate de Air Europa, por falta de fundamento. El Tribunal Supremo, por su parte, desestimó sus intentos de implicar al ministro Félix Bolaños, calificando sus argumentos como “hipótesis sin sustento”.
Esta judicialización selectiva refleja una estrategia dañina, donde el poder judicial es instrumentalizado para fines políticos. La connivencia implícita entre ciertos sectores judiciales y el PP no solo compromete la imparcialidad de la justicia, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones, un pilar esencial de la democracia liberal.
Esta concepción de la política, que sustituye la deliberación por el conflicto, representa una amenaza existencial para la democracia española
Por contra, la praxis política del PSOE se alinea con los principios de la democracia deliberativa (Habermas, 1996), que privilegia el diálogo racional y la rendición de cuentas. Ante las irregularidades del caso Koldo, el presidente Pedro Sánchez asumió la responsabilidad política, ofreció disculpas públicas, ordenó una auditoría externa de las cuentas del partido y armó una batería de medidas para cercar la corrupción y los comportamientos machistas. Esta respuesta contrasta con la opacidad del PP, que acumula 30 casos de corrupción pendientes, desde la trama Gürtel hasta la gestión de la DANA en Valencia, que dejó 228 víctimas mortales y evidenció una negligencia estructural.
Mientras el PSOE prioriza la transparencia y el fortalecimiento institucional, el PP recurre a la difamación, porque carece de un proyecto político coherente. Su estrategia se reduce a la polarización y la judicialización. Esta concepción de la política, que sustituye la deliberación por el conflicto, representa una amenaza existencial para la democracia española.
El caso de Begoña Gómez no es un episodio aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda en la política. Al priorizar la difamación sobre el debate de ideas, el PP no solo renuncia a su responsabilidad como oposición, sino que socava los fundamentos de la democracia. El PSOE, por el contrario, defiende una política basada en hechos, transparencia y respeto al Estado de derecho. La política española merece un debate elevado, orientado al interés general y anclado en los principios democráticos. El PSOE está comprometido con ello; el PP, lamentablemente, ha optado por todo lo contrario.
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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.
