El Barómetro Sanitario de noviembre enciende la luz roja
No deberíamos seguir mirando hacia otro lado. La sanidad pública está en peligro y no hay una respuesta contundente ni desde el Gobierno de España ni desde la mayoría de las comunidades autónomas.
El Barómetro Sanitario de noviembre, elaborado por el CIS para el Ministerio de Sanidad, muestra algunos datos muy preocupantes y enciende una luz roja: por primera vez, son más los que piensan que el sistema sanitario funciona mal que los que opinan que funciona bien. Así, cuando se pregunta a la ciudadanía su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país, más de la mitad, un 50,2%, opina que funciona mal o necesita cambios fundamentales, mientras que solo un 48,5% piensan que funciona bien o bastante bien. En cambio, en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el sistema sanitario.
En estos años la valoración positiva ha ido bajando más de 25 puntos. El deterioro es evidente, de tal forma que la sanidad es el tercer asunto que más preocupa personalmente a los españoles. Este descrédito tiene mucho que ver con los tiempos de espera para recibir atención sanitaria (diez días en Atención Primaria; cuatro meses en Atención Especializada). Y estos retrasos se traducen en que cada vez son más personas las que acuden a la sanidad privada. En efecto, al haber retrasos en la atención dentro de la sanidad pública, más personas se hacen un seguro privado. En este Barómetro Sanitario un 31% dice tener este tipo de seguro, cuando en 2010 era la mitad. Se está privatizando de facto la financiación sanitaria, que descansa cada vez más en el bolsillo de los pacientes.
En este sentido, otro síntoma preocupante recogido en el Barómetro Sanitario, y que muestra las carencias del sistema, es la dificultad que tienen muchas personas para pagar los medicamentos (copagos, medicamentos no financiados): en los últimos doce meses, un 5,6% de la población dejó de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por motivos económicos. Supone unos 2,5 millones de personas. No son pocos. Y esta barrera al acceso a su tratamiento se genera al mismo tiempo que estamos pagando precios exorbitados por los nuevos medicamentos. En efecto, la sanidad pública gasta más de 10.000 millones de euros anuales en precios excesivos de medicamentos: más que de sobra para hacer que nadie quede sin el medicamento que necesita y para mejorar sensiblemente la dotación de profesionales. Además, ese exceso de beneficio de la industria farmacéutica se utiliza en parte para influir en los propios sanitarios, presionándoles para que receten más, y medicamentos más caros, lo que, unido a la falta de tiempo para otras intervenciones no farmacológicas, conduce a un consumo innecesario de medicamentos, que se estima en un 30%.
Un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro
Desde los recortes producidos a partir de la crisis financiera de 2008-2010, la sanidad perdió un 20% de sus recursos y, mientras tanto, la demanda sanitaria ha crecido. Estas carencias producen un deterioro que debe corregirse cuanto antes. Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen la universalidad y la calidad de la atención. Se deben potenciar las capacidades del Ministerio de Sanidad para que pueda ejercer sus funciones, como la Alta Inspección. Se debe mejorar el desempeño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con capacidad de decisión efectiva y estructuras de apoyo para compartir recursos (compras conjuntas, evaluación de servicios, sistemas de información, recursos humanos, etc.). Es preciso fortalecer la Salud Pública, la Atención Primaria y la Atención a la Salud Mental. Es necesaria una reformulación completa de la política farmacéutica. Se deben completar las plantillas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a los derechos de los trabajadores, dotar de estabilidad a los profesionales, y ofrecerles condiciones atractivas para su desempeño, incluyendo una formación continuada no ligada al patrocinio de la industria. Y también es necesario evitar la privatización y la fragmentación de la gestión y la provisión de la Atención Sanitaria. Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario, y son perfectamente viables.
Es fundamental que el Gobierno de España lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. Sin duda, el momento político es muy complicado y puede resultar tentador echarse las culpas unos a otros y centrarse en otros temas. Pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro.
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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.
