Código ético buen gobierno

Feijóo, que usó tres años un coche 'regalado' por Citroën, limita los regalos a políticos

Alberto Feijóo  admite que no hay expedientes de contratos anteriores a 2003

El Gobierno gallego ha aprobado un código ético para los políticos de la comunidad en pleno revuelo por el caso Pokemon. Así lo ha anunciado este jueves el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha señalado que la norma prohibirá a los miembros del Ejecutivo, a los altos cargos, al personal eventual y a los empleados públicos aceptar "regalos" –algo que ya estaba prohibido desde el mandado del socialista Emilio Pérez Touriño–, así como la sorprendente prohibición de tener cuentas en paraísos fiscales.

Feijóo ha anunciado la aprobación de este reglamento en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta –el equivalente al Consejo de Ministros–, y ha asegurado que  todos los altos cargos y personal eventual deben asumir desde "hoy mismo" los principios incluidos en este código, mientras que, en el caso de los empleados públicos, se "comunicará" para su evaluación a la Mesa de Función Pública.

¿Cuáles son estas normas? Básicamente, la prohibición de aceptar obsequios institucionales de más de 90 euros, así como el veto a recibir regalos o tener cuentas en paraísos fiscales, bajo pena de destitución. El código "afecta a todos los empleados públicos de la Comunidad", así como a las empresas que contraten con la Administración.

El anuncio, no obstante, se ha visto ensombrecido al ser preguntado el presidente autonómico en la rueda de prensa por cómo casan estas nuevas normas con el hecho de que utilizase durante tres años, cuando era el líder de la oposición, un Citroën C6 cedido de forma gratuita por la factoría que el grupo Peugeot-Citroën tiene en Vigo. Feijóo se ha defendido asegurando que otros responsables políticos gallegos tenían acuerdos similares y "siguen utilizando" estos coches, algo que, ha asegurado, le parece "bien, dado que están ahorrando dinero a sus administraciones".

Los regalos, ya prohibidos

Pero el código ético aprobado por el presidente gallego aporta pocas cosas nuevas. El por qué es simple: ya existe una norma, con rango de ley, que prohíbe los regalos a políticos desde el año 2006. Esta legislación, la 4/2006, establece en su artículo 15 que los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración "no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones".

La aprobación de este código se produce después del tenso debate que se suscitó en el Parlamento gallego el pasado día 12 de marzo, cuando el presidente planteó por primera vez esta norma en respuesta a las críticas de la diputada de Agrupación Galega de Esquerdas (AGE) Yolanda Díaz, que le acusó de "incumplir" sus compromisos al mantener a los siete ediles encausados en Santiago por prevaricación al haber autorizado presuntamente el pago de la defensa al concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon.

Y es que el documento ha sido aprobado en mitad del revuelo suscitado por la ola de imputaciones en el marco de este  caso, que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a cambio de sobornos y regalos a favor del grupo empresarial Vendex. Sólo en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, las imputaciones afectan a diez de los trece concejales del PP –entre ellos el alcalde, Ángel Currás–, que gobierna la ciudad. No son los únicos altos cargos imputados: también lo están los socialistas José López Orozco, alcalde de Lugo, y Francisco Rodríguez, exregidor de Ourense, que dimitió al ser incluido en el sumario. 

En este sentido, el pasado diciembre la jueza Pilar de Lara imputó a otras 12 personas, entre concejales y técnicos municipales, del Ayuntamiento de A Coruña, con lo que el proceso alcanzó el centenar de encausados. Entre ellos se encontraban el primer teniente de alcalde de la ciudad, Julio Flores (PP), y el concejal socialista José Nogueira, así como también una asesora de la Concejalía de Cultura; la jefa de Contratación y dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE).

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