Médicos y enfermeras de Cataluña dicen basta a la precariedad: "Estamos a punto de ir a la UCI"
No quedan más cartuchos y por eso hay que echarse a la calle. Este es el resumen de la situación que hacen los profesionales de la salud en Cataluña. Han dicho basta y han convocado distintas jornadas de huelga entre el 24 y el 26 de enero, a las que llaman a protestar a 150.000 trabajadores. Reclaman una sanidad pública de calidad, en la que los profesionales puedan trabajar con condiciones dignas y no sean arrasados por el tsunami del burnout [síndrome del desgaste profesional, en castellano] y golpeados por una precariedad creciente.
“Estamos a punto de entrar en la UCI”, ejemplifica, en declaraciones a infoLibre, Xavi Tarragón, uno de los portavoces de la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya, que reúne las organizaciones USOC, CATAC-CTS/IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) e Infermeres de Catalunya. “Es la última oportunidad para reflotar la sanidad y depende de las administraciones, que tienen que hacer reformas profundas”, cuenta a este medio el secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart.
MC reclama un aumento “sustancial” del número de facultativos que trabajan para el sistema público de salud; una jornada laboral de 35 horas semanales; reducir la presión asistencial hasta alcanzar unos 25-28 pacientes de media por jornada, así como un mínimo de 12 minutos por visita presencial; establecer un tercio del trabajo a la formación, docencia o investigación; y reducir la temporalidad al 8%.
Urge también aumentar el sueldo, coinciden los representantes de los trabajadores. Metges de Catalunya pide un incremento salarial de 10.000 euros anuales, así como otros 5.000 más, en función de los distintos complementos, para aumentar los sueldos en Catalunya hasta los 70.000 euros. En Francia, de media, cobran 88.000 euros al año, en Alemania, 165.000 euros y en Bélgica, 152.000, según cuenta el sindicato.
“Hasta ahora hemos tenido un sistema sanitario que se basaba en el low cost, con unos criterios economicistas y empresariales de fábrica de salud, en el peor sentido de la palabra”, asegura Lleonart. La coyuntura actual, sin embargo, hace imposible seguir con este modelo. “Ahora escasean los profesionales, la generación baby boom se jubila y los que se forman ahora no quieren dar su vida al trabajo, sino que tienen otras prioridades. Además, tienen una movilidad geográfica muy superior y no tienen miedo de marcharse a 1.500 kilómetros de distancia”. Más allá de los médicos, la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya exige que todo el personal de la salud del sistema público, desde facultativos a enfermeras, pasando por odontólogos, psicólogos y trabajadores de las residencias, tengan las mismas condiciones laborales y salariales; que se reduzca la presión asistencial; que se aumente la oferta pública de plazas; que se destine el 25% del presupuesto de sanidad a la atención primaria; que se instaure la jornada laboral de 35 horas semanales; el permiso voluntario para no trabajar los fines de semana o las guardias para los mayores de 50 años; la jubilación a los 60 y un plan a largo plazo para saber cuántos profesionales harán falta en todo momento para evitar un déficit, como ahora ocurre.
Nadie descarta cancelar las protestas, a las que en los últimos días se ha sumado otro sindicato, la Intersindical, que ha fijado la huelga para el 24 y 25 de enero, mientras que Metges de Catalunya y la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya coinciden los 25 y 26, aunque con reclamaciones distintas. “La Conselleria de Salud no se ha puesto en contacto con nosotros, margen para desconvocar la huelga hay, pero somos escépticos”, cuenta Tarragón. Llenorat hace el mismo relato: “Hemos tenido contactos informales, pero ninguna convocatoria oficial”, mientras lamenta el tiempo perdido: “Hicimos el anuncio de huelga el 28 de noviembre y la administración no se ha sentado a hablar, han tirado a la basura dos meses de alertas y oportunidades, soy pesimista y lo que pase a partir de ahora es responsabilidad suya”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la situación de la sanidad en distintos países, entre ellos España, es una “bomba de relojería”. “El personal sanitario está infravalorado y sobrecargado de trabajo”, dijo a finales de año el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. La falta de personal supone “un alto precio en los trabajadores sanitarios y en el acceso a servicios", considera la institución. De hecho, la OMS ya incidió sobre este asunto en un extenso informe.
La Generalitat se felicita por un “acuerdo histórico” con la patronal y otros sindicatos
La Generalitat se esfuerza por darle la vuelta a la tortilla en esta batalla por el relato. La Conselleria de Salud, que dirige el republicano y médico Manel Balcells, asegura que el 23 de diciembre se alcanzó un “acuerdo histórico para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores adscritos al convenio SISCAT”, unos 70.000. El pacto lo alcanzaron con la patronal —Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) y la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)— y los sindicatos —CCOO, UGT y el Sindicat d'Infermeria (SATSE)—.
Este nuevo acuerdo contempla una inyección de 460 millones de euros para este año, con incrementos salariales del 2,5%, que pueden aumentar un 1% más, según la inflación, un aumento progresivo del sueldo base de las enfermeras de 2.400 euros en dos años, la reversión del recorte del 5% del sueldo de 2010 y un aumento del precio de la hora de guardia y festivos para los facultativos. También prometen 1.000 millones de euros más en sanidad… si se aprueban los presupuestos, que no se terminan de desencallar, después de que el Govern lograra amarrar los votos de los comunes el 14 de diciembre. Para reunir los avales suficientes, ERC necesita, además, los apoyos del PSC, que en las últimas semanas ha acercado posiciones con el Govern, o Junts, su antiguo socio de gobierno, que parece más alejado de la aprobación de las cuentas del president Pere Aragonès.
Herencia del pasado
“Tenemos una realidad distinta a la del resto del Estado. Cuando se transfirieron las competencias [el 15 de julio de 1981] partimos de un modelo de colaboración público-privado, a diferencia de otros sitios, donde es público”, lamenta Tarragón.
La configuración del sistema sanitario permite que una fundación, una asociación o incluso la Iglesia pueda recibir dinero público por atender un paciente de la sanidad pública a un centro concertado o privado, por ejemplo. “Esto no es otra cosa que la parasitación de la sanidad pública en favor de la privada”, concluye Tarragón. Dicho de otro modo: “ADN catalán”.
En 2010, y con una crisis económica galopante, empezó el tijeretazo, impulsado por el Tripartit de PSC, ERC e ICV-EUiA, que fue luego apuntalado por la Convergència i Unió del expresident de la Generalitat Artur Mas. “Se debilitó aún más el sistema sanitario, especialmente la atención primaria y hospitalaria, cerrando camas, reduciendo el personal y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. En definitiva, destrozando el sistema”, rememora Tarragón.
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Luego llegó la pandemia, un auténtico terremoto de largo alcance, con una segunda réplica, en forma de guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022 con la invasión de Rusia del territorio vecino. “Los profesionales están agotados, desgastados… el sistema se mantiene gracias a su sobreesfuerzo”, afirma Tarragón. Un sobreesfuerzo, sin embargo, hace visos de llegar a su fin.
La Cambra de Comerç de Barcelona estima que Catalunya tiene un déficit de gasto —en sanidad pública y privada— del 2,2% del PIB catalán. Esto son 5.450 millones de euros al año o, lo que es lo mismo, 715 euros por habitante. Todo ello si se compara el territorio con Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos.
“El 25 y 26 de enero será solo el aperitivo de todo lo que vendrá, porque la idea es que sean las dos primeras jornadas de paros, pero habrá tiempo para hacer de todo”, avisa Lleonart. Mientras, las urgencias de varios hospitales catalanes aparcan decenas de personas en pasillos y en eternas listas de espera que algunas organizaciones afirman que superan las 24 horas.
