Un concejal del PP en Cáceres oculta un conflicto de intereses en la adquisición de una finca de su esposa
El Ayuntamiento de Cáceres hace años que pretende ampliar el suelo industrial de la ciudad. La idea es crear un nuevo polígono para que más empresas se puedan asentar allí y construir también una terminal ferroviaria de mercancías. Para ello este mes de mayo se ha aprobado en el pleno municipal la modificación del Plan General Municipal (PGM) que reordenará parte de la ciudad y modificará una zona de suelo ya industrial. La intención final es que esos terrenos pasen a manos del Ayuntamiento y este pueda impulsar el nuevo polígono.
El proyecto viene de lejos. El anterior Gobierno municipal, del PSOE, ya estaba estudiando dónde poder desarrollar ese nuevo polígono y, de hecho, había establecido una propuesta para ampliar el suelo industrial en un terreno en concreto. Tras las elecciones municipales de 2023 el PP llega al poder en la ciudad y el Gobierno municipal continúa con el proyecto pero decide modificar el emplazamiento del nuevo polígono.
Es ahí donde aparece el conflicto de intereses. En esa nueva ubicación uno de los terrenos es propiedad de Rosado SA, una sociedad de la esposa del concejal de Urbanismo, Tirso Leal, y de la familia de esta.
Cambio de ubicación
La ubicación escogida por el Ayuntamiento de Cáceres situaría el nuevo polígono industrial en el sector 3 de la ciudad —conocido como ampliación de Capellanías—, a diferencia de la propuesta del Gobierno anterior, que pretendía instalarlo en el sector 4.03. Ambos sectores eran ya suelo industrial urbanizable pero sin ordenación detallada. Por tanto, era necesario ordenar uno de los dos y reajustar los límites de algunas zonas para poder desarrollar ese nuevo polígono.
El cambio de un sector por otro se anunció por parte del Gobierno municipal en 2024. En la aprobación de la modificación del PGM de este 5 de mayo Leal lo justificó asegurando que la ubicación en el sector 4.03 era "de muchísima más complejidad de ejecución".
De lo que no dijo nada el concejal de Urbanismo, ni en ese pleno ni durante los meses previos de trabajo sobre el asunto, es del posible conflicto de intereses. No comunicó ni públicamente a la ciudadanía ni a la oposición que uno de los terrenos afectados pertenece a una empresa de su esposa. Tras ausentarse de la votación en el pleno municipal, la noticia salta a la prensa y es ahí cuando el concejal explica la relación de esa finca con la sociedad de su familia política. Según el diario Hoy, al alcalde se lo habría comunicado el día antes de la votación en el pleno.
El Gobierno municipal pretende hacerse con esos terrenos a través de acuerdos de permuta y, en el caso de que no se llegue a un entendimiento con los propietarios, a través de expropiaciones. En los acuerdos de permuta se cambia ese terreno por otro de un valor similar pero en suelo residencial en otras zonas del municipio. Es decir, que en esos nuevos terrenos los propietarios podrán construir viviendas.
El Ayuntamiento, de todos modos, ha guardado una partida presupuestaria de 500.000 euros para adquirir el nuevo suelo industrial. Esta partida serviría para poder expropiar los terrenos de los propietarios con los que no se llegue a un entendimiento. Este sería el caso de Rosado SA, que no habría accedido al ofrecimiento del consistorio municipal.
infoLibre ha preguntado al Ayuntamiento cuánto se va a pagar por esos terrenos que se expropien, entre otras cuestiones, como el por qué de la ocultación durante tanto tiempo del posible conflicto de intereses del concejal, pero el Gobierno municipal no ha respondido ninguna de las cuestiones.
Sociedades familiares
El propio Leal ha reconocido que Rosado SA es propietaria de un terreno en la zona afectada. Según ha explicado el concejal, su esposa, Elia Quirós Rosado, tiene participaciones en otra sociedad y esta, a su vez, es dueña de parte de Rosado SA. El concejal no ha explicitado el nombre de esa otra sociedad. Según las pesquisas realizadas por infoLibre, se podría tratar de Promoción y Gestión de Obras Extremeñas SL, que, según información del registro mercantil, es propietaria del 48,95% de Rosado SA.
Ambas empresas están copadas de cargos en manos de personas que se apellidan Quirós, Rosado o ambas cosas a la vez, al igual que la esposa del concejal. De hecho, el presidente de Rosado SA y administrador solidario de Promoción y Gestión de Obras Extremeñas SL es Juan Antonio Quirós Rosado, hermano de la esposa y que consta con el propio concejal en otra sociedad: Tesela Consulting e Inversiones SL.
Tirso Leal tendría acciones por un valor de 44.235 euros en Tesela, según la declaración de bienes e intereses que hizo al recoger el acta de concejal tras las elecciones municipales. En esta otra sociedad consta Juan Antonio Quirós Rosado como administrador único y Leal como apoderado.
Las tres empresas están relacionadas con la familia Quirós Rosado y todas sirven para negocios inmobiliarios y urbanísticos. Rosado SA declara como objeto social la "adquisición, venta, explotación y arrendamiento de inmuebles", Promoción y Gestión de Obras Extremeñas SL, la "urbanización de terrenos, promoción, construcción y venta de edificios rústicos y urbanos" y Tesela Consulting e Inversiones SL, la "adquisición, venta y explotación de edificios o terrenos para su urbanización, parcelación, uso, construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejora, alquiler y conservación y consulting técnico de proyectos y gestiones inmobiliarias".
Gestión de Obras Extremeñas y Tesela, además, comparten domicilio social. La familia está completamente relacionada con el negocio urbanístico. De hecho, el concejal es arquitecto y tiene un estudio llamado AUplan arquitectura y urbanismo. Según su perfil en LinkedIn, sigue trabajando en el mismo. En el portal de transparencia del Ayuntamiento no consta ninguna solicitud de compatibilidad. Eso sí, Leal puede trabajar fuera del Ayuntamiento ya que no es un concejal liberado. Es decir, no recibe un sueldo del Consistorio por su trabajo como regidor. Únicamente cobra por la asistencia a plenos y comisiones.
Con voz pero sin voto
El reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Cáceres recoge que los concejales deberán "poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho o circunstancia que pudiera constituir" una incompatibilidad. Según la información publicada por el Ayuntamiento, este no habría sido el caso de Leal. Tampoco lo habría hecho, al menos públicamente, con el posible conflicto de intereses al tener que decidir sobre la reordenación del suelo municipal.
El reglamento en ese aspecto recoge que "en los supuestos en que algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto". Pero Leal se mantuvo en el pleno municipal durante la deliberación y solo marchó justo antes de que se votara. Tuvo voz, pero no votó en esa aprobación inicial de la modificación del PGM. De hecho, durante el debate previo estuvo respondiendo a las cuestiones planteadas por los otros grupos municipales.
Los expertos aseguran que el concejal debería haberse apartado ya en el debate sobre el plan. Así lo explica Joaquín Meseguer, experto en transparencia y Académico C de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: "En estos casos, la persona a quien le afecta una causa de abstención debe apartarse lo antes posible del asunto en el que debe intervenir. Desde luego, en la votación del asunto, pero también en la deliberación, lo que debería abarcar tanto la defensa del acuerdo como la respuesta a las alegaciones que se realicen en el debate. La persona está incursa en un conflicto de intereses y debe evitar mediatizar e influenciar en un sentido u otro con sus opiniones e intervenciones".
El otro punto es que el concejal se ausentó de la votación tras una breve intervención del secretario general del pleno: "Si no me equivoco se va a ausentar el señor Leal de la votación tal y como ha trasladado a la secretaría general y ahora ya sí pasamos a votación".
Meseguer también explica que "lo razonable es que se hubiera expresado el motivo" de la ausencia. "Conocer que existe una circunstancia de un posible conflicto de intereses puede hacer que cambien las posiciones de los grupos o que se intensifiquen los controles y garantías, por ejemplo. Saber que existe un interés personal en que se adopte una decisión concreta por parte de un miembro del equipo, que, además, es quién ha propuesto el acuerdo al pleno, parece importante".
Pero Leal no explicó el motivo hasta después de que se produjera la votación y de que el caso saltara a la prensa. En el pleno se debatió y votó a partir de un dictamen de la comisión de Urbanismo, que también se había trabajado y votado durante los meses previos con la participación de Leal. Además, aún hoy el concejal sigue sin aclarar varios detalles sobre el asunto.
La modificación del PGM, que fue validada en el pleno municipal con los votos de PP, PSOE y Vox, ha pasado ahora a fase de exposición pública y, tras ello, deberá volver al pleno para su aprobación definitiva. El PSOE votó a favor en esa primera ocasión, pero ha criticado ahora el conflicto de intereses de Leal. Aún así, con los votos de PP y Vox sería suficiente para que la reordenación saliera definitivamente adelante.
