Efectos de la desinformación en la práctica del aborto: "Hay mujeres que preguntan en consulta si es legal"

"La información nunca es un problema". Las palabras pertenecen a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. La afirmación, de forma aislada, no admite matices. Lo problemático viene con el contexto: mientras la pronunciaba, su partido sacaba adelante en el Pleno Municipal de Madrid una iniciativa para "informar" a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto", inexistente y sin aval científico. Apenas una semana después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntalaba la desinformación en torno a la libre interrupción del embarazo equiparando el registro de objetores a una suerte de "lista negra" contra los médicos. 

Si el aborto ha vuelto al centro del debate político, lo cierto es que la derecha y la ultraderecha han aprovechado esa circunstancia para hacer de la desinformación su campo de batalla. Kika Fumero, activista feminista y una de las promotoras de la iniciativa Mi voz mi decisión, analiza el contexto actual enmarcándolo en lo que sus compañeras llevan tiempo advirtiendo: el avance reaccionario que pone en el foco los derechos de las mujeres. "Lo podemos decir con todas las letras y ya no es que lo advirtamos nosotras, es que lo dicen ellos", sentencia en conversación con este diario.

"Estamos viendo cómo la derecha y la extrema derecha, desde dentro de las instituciones, está yendo en contra de los derechos de las mujeres de manera descarada, a bocajarro y abiertamente en contra de las leyes que rigen este país", agrega. La estrategia de difundir bulos tiene un efecto inmediato: limitar el acceso al aborto.

Primer obstáculo: la información afectivo sexual

Pero la insistencia en poner coto a la información tiene sus precedentes. Para entenderlo hay que ir a una fase previa: la información afectivo sexual. La derecha y la ultraderecha se han erigido como los detractores principales de la educación sexual en las escuelas, y eso tiene sus efectos. 

Las cifras que en torno al aborto confecciona anualmente el Ministerio de Sanidad contienen datos especialmente relevantes a los ojos de las expertas. Uno de ellos está en la dimensión del uso de métodos anticonceptivos. En 2024, último año con datos disponibles, en un total de 52.748 de los abortos registrados no se había utilizado ningún método anticonceptivo, el 49,7%. El año anterior, la tasa era del 46,5%, mientras que hace diez años quienes no utilizaban anticonceptivos eran un 34,07%. El porcentaje se disparó el año pasado entre las menores de quince años (61%) y entre las mayores de cuarenta (55,7%). En paralelo, los datos preliminares del informe de vigilancia epidemiológica de 2024 muestran un repunte sostenido de las infecciones de transmisión sexual.

Raquel Hurtado, presidenta de la Federación de Planificación Familiar-SEDRA, recuerda que incluso estando la educación sexual "muy centrada en la prevención de riesgos", los datos evidencian que "ni siquiera llegamos a eso". Por ese motivo, añade, "es importante que pensemos qué se está haciendo en el aula y dónde se está poniendo el foco" porque "no estamos normalizando la conversación sobre sexualidad en las aulas".

En una pregunta registrada por la diputada socialista Lorena Morales sobre el número de acciones de formación afectivo sexual en los centros educativos madrileños, la Comunidad de Madrid respondió sencillamente que "se trata de actividades que cada centro desarrolla en el marco de su autonomía", para después incidir en que se han realizado talleres sobre deporte para mujeres con discapacidad, cuestión que nada tiene que ver con la educación afectivo sexual. 

No sólo la pedagogía en torno a los derechos sexuales de las mujeres está en quiebra, sino también aquella que orbita en torno a los derechos reproductivos. "No se puede hablar de aborto con naturalidad en el contexto educativo", añade Hurtado. "Como parte del estigma, es un contenido complicado de abordar en el aula. Especialmente cuando existen discursos de grupos antidemocráticos que han calado y sembrado el terror en las familias". En consecuencia, "muchos centros deciden" simplemente mantenerse al margen "por miedo al enfrentamiento con las familias". 

Con ese caldo de cultivo, la desinformación es generalizada. Hurtado dice estar acostumbrada a escuchar en consulta las dudas de mujeres que no saben a dónde tienen que ir si quieren abortar. Muchas desconocen también si deben pagar por hacerlo e incluso preguntan si es legal, comenta la profesional. Su experiencia es muestra del avance de una realidad: "La información pública sobre el aborto redunda en la desinformación y el estigma", generando un clima de "confusión y dudas".

Web divulgativa clausurada

En un contexto de ofensiva contra los derechos reproductivos de las mujeres, la información es, si cabe, más valiosa. En ese punto se centra la organización Women’s Link Worldwide cuando decide denunciar el cierre de la página Women on Web, ordenado hace cinco años. El sitio web, presente en otros países del mundo, fue bloqueado en España en pleno confinamiento y sin orden judicial. 

La Administración, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), clausuró la web en 2020. Women’s Link Worldwide litigó al detectar "falta de garantías en el procedimiento legal para censurar la información", en primer lugar porque "no existía una autorización judicial previa". El Tribunal Supremo determinó en 2022 que "toda la web estaba protegida por la libertad de expresión, excepto la parte referida a las pastillas". La sentencia instó a "desbloquear parcialmente la web" para brindar información a las mujeres. Pero a día de hoy, la página se mantiene cerrada. Es el único país europeo que conserva el bloqueo. Fuera de Europa, la web es también inaccesible en Arabia Saudí, Irán, Turquía y Corea del Sur.

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Lo explica la abogada Gema Fernández al otro lado del teléfono. "Nos parecía que era importante que existiera información sobre el aborto, pero en plena pandemia cerraron la página web", expone. El problema principal estaba en una parte concreta de la web, en la que se ofrecía información sobre el método farmacológico, incluyendo el acceso a la medicación necesaria –Mifepristone y Misoprostol– para practicar el aborto en casa, siempre con asesoramiento profesional. "Te hacen un cálculo de las semanas de gestación, te refieren a los sistemas de salud de tu zona y, si no, te dicen cómo adquirirlas para que puedas hacerlo en casa", detalla la abogada. El apartado está originalmente pensado para aquellos países en los que el acceso al aborto farmacológico cuenta con mayores trabas legales, pero se mantiene en su versión española.

Pensada para las mujeres con más trabas

"Hay muchas mujeres que no quieren o no pueden ir a interrumpir su embarazo a una clínica", asiente Fernández. Se refiere a menores, a mujeres migrantes o a víctimas de violencia machista, todas aquellas que encuentren obstáculos a la hora de ejercer su derecho sin limitaciones. En distintas comunidades, las mujeres en situación administrativa irregular que no cuentan con tarjeta sanitaria son probablemente las que mayores trabas asumen para abortar en centros públicos. "Ese es el hueco que cubre Women on Web". 

Fernández insiste en que la información es la base para garantizar el acceso al aborto. "Los poderes públicos tienen la obligación de difundir proactivamente información" sobre el derecho a la libre interrupción del embarazo. Ahora, reconoce, comienzan a trabajar para dar cumplimiento a este mandato: a finales de septiembre, Igualdad y Sanidad anunciaron el impulso de una web con información rigurosa y accesible. Pero hasta entonces han sido las organizaciones y entidades independientes las que han tenido que cubrir las lagunas existentes, no sin dificultades. "Se censura una página web con información fiable, científica y veraz" mientras "los bulos, los mitos y los supuestos síndromes postaborto circulan libres", lamenta. "La desinformación es uno de los grandes problemas de la democracia porque no nos permite tomar decisiones fundadas".