El secretismo y la lentitud de la ayuda internacional eternizan la investigación del espionaje con Pegasus
Fue The Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto creado hace más de dos décadas, el encargado de encender todas las alarmas. Lo hizo, por primera vez, en el verano de 2020, tras detectarse que un fallo de seguridad en la aplicación de mensajería WhatsApp había permitido utilizar Pegasus, el software espía desarrollado por la compañía israelí NSO, contra más de un millar de dispositivos móviles. En aquella ocasión, dos fueron los nombres que salieron a la palestra: el del entonces president del Parlament, Roger Torrent, y el del diputado autonómico Ernest Maragall. Pero un segundo informe, hecho público casi dos años después, elevó a 63 el número de dirigentes catalanes afectados, situando bajo la lupa la intensa guerra que durante años libró el Gobierno central contra el movimiento independentista en Cataluña.
La ofensiva con el software espía, que según su fabricante solo puede ser adquirido por organismos gubernamentales –desde ejércitos o fuerzas de seguridad del Estado a servicios de inteligencia– y que tiene capacidad para infectar teléfonos móviles, extraer todos sus datos y activar sus micrófonos y cámaras, acabó poniéndose en manos de los tribunales. Se interpusieron numerosas querellas. Y se abrieron numerosas causas, que cuatro años después avanzan con enormes dificultades. La ley del silencio que impera en torno a las actividades de los espías, la negativa de Israel a colaborar y la lentitud de la ayuda internacional solicitada a través de las comisiones rogatorias eternizan unas investigaciones repartidas por un puñado de juzgados, ubicados en su mayoría en Barcelona.
Los primeros en dar el paso fueron Torrent y Maragall, quienes denunciaron el espionaje a los pocos días de hacerse público. Pero su caso no tuvo demasiado recorrido. El instructor y la Fiscalía se opusieron en todo momento a que la lupa se situara sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Y en cuanto la investigación se atascó, se decretó el archivo de la misma. El hecho de que los dos afectados no dispusieran ya de los dispositivos infectados –eran los corporativos del Parlament y los habían devuelto– y de que Israel no pareciera dispuesta a responder a la petición de auxilio cursada para obtener información que NSO pudiera tener de los terminales llevaron al juez a dar carpetazo.
Ambos abrieron, sin embargo, un camino judicial que, tras la publicación del extenso informe sobre el Catalangate, comenzaron a transitar otros tantos dirigentes independentistas. El Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona tiene abierta una causa por el espionaje a Oriol Sagrera, quien fuera jefe de gabinete de Torrent. El 20, otra con el diputado Josep María Jové y a la eurodiputada Diana Riba como espiados. El 21 y el 23, otras dos, centradas en los supuestos ciberataques contra responsables de las entidades Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. El número 24, un par más, centradas en el exeuroparlamentario Jordi Solé y el abogado Andreu van den Eynde. En el 29, por su parte, está la del espionaje al expresident Pere Aragonès. Y en el 32, la de los exdiputados de la CUP Carles Riera, Albert Botran y David Fernández.
A esta larga lista se suma otro procedimiento en un juzgado de la Ciudad Condal por la infección con Pegasus del móvil de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont. Y esta misma semana se ha dado impulso a uno más por el supuesto espionaje a cinco empresarios tanto con el spyware de NSO como con Candiru, otro software de este tipo desarrollado por la firma israelí Saito Tech Ltd. Cuando comenzó el goteo de querellas, algunos afectados solicitaron la creación de una macrocausa. Sin embargo, la justicia lo rechazó: "No se puede afirmar que nos encontremos ante hechos atribuibles a un mismo sujeto o a sujetos concertados".
La batalla judicial no está siendo sencilla. De hecho, el entorno de alguno de los afectados recuerda con amargura que desde el primer momento han tenido que jugar con jueces y fiscales en contra. "Se han opuesto a todo lo pedido. Lo que se ha conseguido ha sido en apelación", deslizan esas fuentes. La Audiencia de Barcelona, por ejemplo, tuvo que ordenar a los instructores de las causas por los espionajes a Riba, Jové y Solé que citaran como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban. "[Hay] elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España del grupo empresarial NSO (distribuidor del programa-software Pegasus) y por tanto el autor probable de la infección de los diversos terminales telefónicos afectados", resaltaron los magistrados.
La jefa de los espías figura como imputada en cinco procedimientos. El último, el impulsado a raíz de la querella de los empresarios, que amplía el círculo también a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón –ahora magistrado del Tribunal Supremo– y María Gámez. Sin embargo, en sus declaraciones en sede judicial apenas ha aclarado nada. Tanto en el caso de Aragonès como en el de Jové o Riba se escudó en la Ley de Secretos Oficiales. Y solo rompió su silencio para referirse a la información desclasificada por el Consejo de Ministros. Así, por ejemplo, se limitó a negar que el diputado o la eurodiputada hubieran sido investigados en secreto por el CNI.
La 'vía Luxemburgo'
La jueza del 'caso Pegasus' imputa a un magistrado del Supremo sin tener competencia para ello
Ver más
La misma línea seguida por su sucesora en el cargo. Esperanza Casteleiro, actual jefa de los espías, declaró, por ejemplo, como testigo en la causa por el espionaje sufrido por los dirigentes de la ANC. Lo hizo con el visto bueno del Ejecutivo, que unos meses antes había desclasificado los autos del magistrado del Tribunal Supremo que vigila al CNI autorizando a los servicios secretos la intercepción de las comunicaciones de los exlíderes de la entidad Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie. Y al contenido de esas resoluciones, con fragmentos suprimidos, se refirió exclusivamente Casteleiro, esquivando cualquier otra pregunta relativa a Pegasus o a las infecciones sufridas por Sànchez en los años previos a la autorización judicial. De nuevo, el muro de la información reservada.
Antes de Sànchez y Paluzie, el Ejecutivo ya desclasificó y remitió al juzgado los autos del Supremo que avalaban el espionaje al expresident Aragonès entre 2019 y 2020 por su supuesta "labor de dirección y coordinación" de las actividades de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Un levantamiento del secreto que también buscan en otras causas. Así, en las que afectan tanto a los políticos de la CUP como al entorno de Òmnium Cultural, según las fuentes jurídicas consultadas, se está a la espera de que el juez decida si pide al Gobierno la desclasificación de determinada información. En mayo de 2022, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, Esteban reconoció que al menos 18 líderes independentistas habían sido espiados, entre ellos el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri o Carles Riera, de la formación anticapitalista.
Las investigaciones del caso Pegasus también están pendientes de comisiones rogatorias cursadas a Luxemburgo, una vía que han encontrado los querellantes para llegar al grupo tecnológico sin tener que depender de Israel, que directamente no responde. Al fin y al cabo, NSO, cuyos directivos –Shalev Hulio, Omri Lavie i Yuval Somekh– constan como imputados en algunos de los procedimientos, cuenta con un par de filiales –Q Cyber Technologies y OSY Technologies– afincadas en el Gran Ducado. La idea es, entre otras, poder identificar a los posibles compradores del software espía, que en teoría solo pueden ser Gobiernos. Mientras tanto, los equipos jurídicos se encuentran a la espera, cooperando entre sí para intentar encajar todas las piezas de un enorme puzzle rodeado de secretismo.
