Centenares de miles de migrantes esperan con incertidumbre y angustia la inminente aprobación de la regularización

La regularización extraordinaria de migrantes, que cambiará la vida a centenares de miles de personas en España, será aprobada de forma "inminente" por el Gobierno pero cada día que pasa cunde más la incertidumbre y la angustia entre los interesados, que ven cómo se acorta el plazo para las solicitudes.

El pasado 26 de enero el Gobierno anunció que iniciaría este proceso y que las solicitudes podrían comenzar a realizarse a principios de abril pero las semanas avanzan sin que la medida haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que la fecha límite para realizar las solicitudes parece que se mantendrá el 30 de junio.

El Consejo de Estado finalmente envió ayer, viernes, al Gobierno su dictamen sobre el real decreto, en el que plantea algunas "observaciones" para la mejora de la norma, según informó ayer la presidenta del órgano consultivo, Carmen Calvo, un paso que el Ejecutivo llevaba semanas esperando para continuar con el proceso.

En los últimos días, ante las reiteradas preguntas sobre este asunto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha lanzado mensajes de tranquilidad y ha insistido en que habrá "plazo suficiente" para realizar los trámites y que el procedimiento será "ágil y eficaz".

Cinco meses de residencia

En cualquier caso, desde el Gobierno insisten en que la regularización aún no ha sido aprobada, no se conocen los requisitos definitivos y no se puede solicitar ni pedir cita para iniciar los trámites.

Según el borrador del real decreto sometido a audiencia pública, serán beneficiarios de la medida las personas que se encontraran en España antes del pasado 31 de diciembre y que hayan permanecido en el país de forma continuada durante los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud.

También está dirigida a los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha y, en todo caso, uno de los requisitos será carecer de antecedentes penales.

Para acreditar el tiempo de residencia, se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

El texto también incorpora una garantía para quienes no puedan obtener su certificado de antecedentes penales: si pasado un tiempo ni el interesado ni el Gobierno de España lo consiguen, se podrá presentar una declaración responsable que acredite que se cumple este requisito.

Engaños y abusos

Mientras pasan las semanas, se extienden la "incertidumbre" y la "angustia" entre quienes esperan la publicación de la medida en el BOE para solicitarla.

Vicky Columba, una de las portavoces de la plataforma 'Regularización Ya' -impulsora de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político-, ha advertido en una conversación con EFE que, con cada día de retraso, crecen los bulos, los discursos antiinmigración y los abusos.

La portavoz ha denunciado los numerosos intentos de abogados y supuestos expertos que tratan de captar a los migrantes para cobrarles hasta 550 euros por citas que aún no se pueden conseguir o por asesorarles en un trámite que todavía no se puede realizar.

Por todo ello, Columba lamenta que el Consejo de Estado haya tardado un mes en emitir su dictamen.

Desde la plataforma confían en que el Gobierno pueda gestionar el elevado volumen de solicitudes previsto, dado que este les ha garantizado que habilitarán todos los medios y oficinas públicas necesarias para garantizar la agilidad del proceso.

La activista ha señalado que esperan que la medida sea aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes y, si esto no ocurre, se plantean reclamar una prórroga para que el plazo de solicitudes se extienda más allá del 30 de junio, dados los retrasos acumulados.

Oposición de la derecha

Desde el anuncio del inicio del proceso, PP y Vox se han opuesto frontalmente a la medida y han incido en la falta de un control efectivo de la ausencia de antecedentes penales de los potenciales beneficiarios por la posibilidad de presentar una declaración responsable en el caso de no poder obtener el certificado.

Esta semana, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, afirmaba en su perfil de X que la intención del Gobierno va "en contra de la expresa voluntad del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta".

Se refirió así a la votación el pasado 18 de marzo de una moción del PP en el Congreso, que salió adelante con los votos de Vox, Junts y UPN y que instaba al Ejecutivo a "renunciar con carácter inmediato" al proyecto de regularización.