El Consejo de Estado ni tumba ni bendice la regularización de migrantes: esto es lo que dice el informe

El pasado 26 de enero, la noticia del acuerdo para aprobar la regularización de más de medio millón de personas migrantes sacudía las bases sociales de todo el país. Ahora, tras semanas paralizada, será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, pero su estructura y condiciones distan bastante de la idea inicial. El Gobierno habla de las nuevas medidas propuestas por el Consejo de Estado como "aval", pero algunos medios las interpretan como una forma de "tumbar" el decreto.

El informe del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo presidido por Carmen Calvo, solicita una serie de cambios mucho más limitantes en el proceso de solicitud, entre los que destaca la comprobación de antecedentes penales. En el dictamen se favorece la suspensión del procedimiento si la burocracia relacionada con este ámbito no se facilita, está incompleta o es tardía.

Estas medidas suponen un gran cambio respecto al texto original pactado entre Podemos y PSOE, ya que el real decreto planteaba una serie de excepciones con las que el órgano consultivo no está de acuerdo. Entre ellas, la no necesidad de aportar el certificado si se demostraba una permanencia de cinco años en España; la validación si ya se había presentado anteriormente en otra solicitud; o la “declaración responsable”, si el país de origen no responde a la demanda del certificado.

El informe considera estas medidas de “máxima prioridad”, lo que está contribuyendo a la paralización de las solicitudes. Sin embargo, su aplicación plantea importantes dificultades prácticas, ya que obliga a interactuar con Administraciones de terceros países, cuyos sistemas burocráticos y de gestión documental pueden ser muy distintos y poco ágiles.

Además, introduce un problema jurídico relevante: hechos considerados delito en otros países pueden no serlo en España. Mientras que la ley de extranjería sí contempla esta diferencia y evalúa si esos antecedentes serían delito en el ordenamiento español, el Consejo de Estado propone exigir en todo caso un certificado extranjero negativo.

Exclusión por documentación caducada

Otra sugerencia del órgano consultivo es la eliminación de solicitudes de aquellas personas migrantes que no tengan su documentación en vigor. Sin embargo, la caducidad de estos papeles es un hecho muy común entre las personas migrantes que viven en España.

El colapso de las Administraciones y la falta de citas en Extranjería es un hecho denunciado desde hace años por asociaciones sociales y antirracistas. De hecho, existe incluso un entramado ilegal que se dedica a vender estas citas por un valor de hasta 1.000 euros, aprovechándose de la desesperación y las exigencias de la burocracia española.

La saturación en el sistema es una preocupación que también incumbe al Consejo. En el informe, señala como una “laguna llamativa” que el impacto presupuestario aún “está siendo objeto de estudio”, ya que se espera que entre 500.000 y 750.000 personas comiencen este procedimiento burocrático tras la aprobación del decreto, en un sistema que ya se encuentra colapsado.

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El dictamen del órgano también se refiere a las diversas incoherencias del texto original con respecto a procedimientos de protección internacional. El proyecto pedía que al solicitar la regularización se paralizara el procedimiento de protección internacional si ya se había iniciado, mientras que el Consejo señala la incoherencia de esto al ser dos gestiones distintas.

La misma crítica es señalada en el informe en referencia a las personas apátridas. También se solicitaba la suspensión de este procedimiento si coincidía con el de residencia, cuando, de nuevo, son de naturaleza distinta y es “claramente desaconsejable”, asegura el escrito.

Por lo tanto, y con todas estas sugerencias, el dictamen del Consejo de Estado no avala per se la regularización que el Gobierno aprobará este martes, sino que solicita algunas modificaciones que, en ningún caso, llevan a tumbar el contenido del real decreto.