El fiscal jefe de Anticorrupción dice que es "posible" la atenuante "muy cualificada" para Aldama

El juicio del llamado caso mascarillas, por el que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, ha entrado este miércoles en su fase final con la prueba documental y los informes de las partes. El encargado de dar el pistoletazo de salida a esta sesión, en la que se espera que el juicio quede visto para sentencia, ha sido el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En una extensa exposición, el fiscal ha valorado, entre otras cosas, la colaboración de Aldama en la investigación, si bien ha rechazado alguna de sus afirmaciones durante el juicio –"No era el número uno el presidente del Gobierno–. Tanto, que ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada", que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción, es decir, él mismo, solicita en su escrito final de conclusiones.

Durante más de una hora, Luzón ha ido poniendo sobre la mesa del tribunal todos los elementos que, a su juicio, acorralan a los acusados, apuntalando así la existencia de esa "verdadera organización criminal" de la que formaban parte no solo el trío sentado en el Supremo, sino también otras personas que orbitaban a su alrededor, que se encuentran investigados en la Audiencia Nacional y que han comparecido a lo largo del juicio. "Faltan varios actores con distinto grado de participación. La Sala debe valorar sus declaraciones y, sobre todo, sus silencios", ha lanzado el fiscal jefe de Anticorrupción, quien ha restado importancia a la "estructura jerárquica" de la misma: "No es una nota esencial de la organización criminal".

Esta referencia a la estructura jerárquica tiene mucho que ver con la declaración que hizo durante el juicio el jefe de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El teniente coronel Antonio Balas vino a colocar en la cúspide de la pirámide al empresario, si bien también dejó claro que sin Ábalos nada habría sido posible: "El que paga manda, y el que paga es Aldama". Luzón, sin embargo, ha señalado que el empresario "no" ha intervenido en "algunos de los delitos" de los que están acusados Ábalos y García, lo que explica a su vez la diferencia de penas solicitadas. "No se trata de establecer un uno, dos o tres. Desde luego, no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye Aldama", ha querido dejar claro el jefe de Anticorrupción.

Sobre el papel del exministro en la trama, ha explicado que "en raras ocasiones descendía al terreno". Para eso, ha dicho, ya estaba su exasesor. "Ábalos no llama, para eso tiene a Koldo, tras el que está parapetado", ha resumido Luzón, quien ha explicado que si se aceptaban las órdenes o sugerencias que el exasesor daba era, precisamente, porque "se entendía" que estaba actuando en nombre del exministro. "Eso funcionaba en sentido descendente y ascendente", ha continuado el fiscal. Y luego estaba, ha completado, Aldama, "el elemento corruptor". Durante su comparecencia, ha ido exponiendo la abundante y "demoledora" prueba de cargo, al tiempo que ha despreciado las explicaciones de los acusados. "La de la reclamación por el coche es tan pueril que resulta entre patética y conmovedora", ha llegado a decir.

El jefe de Anticorrupción considera perfectamente acreditados los pagos a exministro y exasesor. "El hecho de que Koldo satisfaga gastos por cuenta de su jefe evidencia que ese dinero que maneja lo hace en nombre de Ábalos", ha lanzado Luzón, quien también ha dejado un recado a las entidades financieras al deslizar que los directores de las mismas deberían haberse preguntado de dónde salían esas "ingentes cantidades de dinero en efectivo" que se ingresaba en las cuentas. Por todo ello, ha completado, "llama la atención" que todavía se siga "escuchando" la pregunta de dónde está el dinero.

El fiscal ha dedicado parte de su intervención a resaltar la importancia que tiene la colaboración de imputados en este tipo de procedimientos. "La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja sustancial de la pena es una cada vez mayor necesidad de política criminal para conseguir la obtención de una prueba de unos delitos que de otra forma difícilmente podría haberse alcanzado", ha señalado Luzón, quien ha insistido que para combatir "las organizaciones criminales" y la "corrupción" se debe "compensar" a quien salga "de ese entorno criminal". "De otro modo, la ley del silencio, ya bastante extendida, se impondrá en cualquier investigación", ha resaltado.

Una declaración "corroborada" pero no "decisiva"

El jefe de Anticorrupción, no obstante, ha recordado que ese tipo de declaraciones no deben ser asumidas de forma acrítica y elevadas a rango de prueba. Y dicho esto, se ha metido de lleno a valorar la colaboración de Aldama. En este sentido, ha sostenido que su declaración está "plenamente corroborada" con otros elementos en aquellas cuestiones que el Ministerio Fiscal da por probadas. "Hay otras cosas que no sabemos en este momento s son o no ciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto", ha querido aclarar inmediatamente. Además, ha dicho que "sus manifestaciones" tampoco han estado "orientadas" a "ocultar o minimizar" su "intervención propia" en los hechos: "Ha admitido su participación decisiva".

Luzón también ha resaltado que el empresario también ha puesto con sus declaraciones el foco en otros hechos distintos "que inicialmente no eran conocidos por la fuerza investigadora y la Fiscalía". Se refiere, en concreto, al supuesto reparto de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, un asunto por el que está siendo también investigado Santos Cerdán, que fue, precisamente, quien sucedió en su día a Ábalos como hombre fuerte del PSOE. "La prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración no es decisiva o determinante para la acreditación de las conductas, pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación", ha completado.

Por todo ello, Luzón ha resaltado que es "posible", como hace la acusación popular que lidera el PP, "apreciar" para Aldama "la atenuante" como "muy cualificada", igual que es "admisible" valorar la "atenuante privilegiada" del artículo 570 quáter del Código Penal, lo que implica una rebaja sustancial de la pena. No obstante, no ha explicado por qué motivo él ha mantenido en su escrito de conclusiones finales la atenuante simple y los siete años de cárcel para el corruptor.

Ábalos asegura que no sabía que los socios de Aldama pagaran los inmuebles que la trama le facilitó

Ver más

Un informe que Luzón ha querido cerrar con un alegato sobre la importancia de combatir este tipo de prácticas, que están "carcomiendo nuestro sistema democrático". "Con esta corrupción política, organizada nada menos que desde un Ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio. Como deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas", ha sentenciado el jefe de Anticorrupción.

El abogado de Aldama agradece la "puerta abierta" del fiscal

José Antonio Choclán, abogado de Aldama, ha agradecido al fiscal que haya dejado "la puerta abierta" a "acomodar la penal" a los "postulados" tanto de la "acusación popular" como de "esta defensa". Y ha dedicado buena parte de su intervención a insistir en la necesidad de una rebaja sustancial de la futura pena que se imponga al empresario. "La UCO puede aportar indicios, pero para alcanzar el grado de certeza ha sido fundamental la colaboración. [...] El relato de Aldama ha servido para ensamblar y poner en contexto los hechos reales que se están juzgando", ha expuesto el letrado, quien también ha pedido al tribunal que valore el "rol difícil" que asumió el empresario con su confesión: "Se está luchando contra el aparato estatal". "Eso requiere un premio", ha resaltado Choclán.

El abogado, quien ha señalado que "no ha existido pacto de conformidad escrito" con el Ministerio Público, se ha esforzado por intentar sacar a su cliente de la cúpula de la organización criminal. "Aldama no constituye la organización criminal, se integra en una organización criminal que vendría funcionando desde el año 2015. No los corrompe, ya se encontraban corrompidos", ha resaltado. Lo ha hecho tomando como base el informe de la UCO que hizo caer el pasado verano a Santos Cerdán y que relataba la supuesta existencia de una trama de mordidas a cambio de obra pública.