La UDEF desempolvó los mensajes 'clave' contra Zapatero cuando el caso ya estaba en la Audiencia Nacional

El sumario del caso Plus Ultra refleja, entre otras cosas, cómo una investigación sobre blanqueo de capitales que se estaba llevando a cabo en suelo francés y suizo acabó llegando al faro político y moral de la izquierda española. La primera vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional puso el foco claramente sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas fue a comienzos de febrero. Entonces, lo hacía tomando como base la documentación intervenida en los registros contra su amigo Julio Martínez. Sin embargo, los mensajes clave con los que el magistrado José Luis Calama ha atado su imputación, los que llegaron de Estados Unidos, no fueron introducidos por los investigadores hasta abril, cuando la causa estaba ya en la Audiencia Nacional.

El origen de todo se encuentra en unas diligencias centradas en el rescate de 53 millones de la aerolínea Plus Ultra que se llevaron en el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid. En 2023, se dictó el sobreseimiento provisional de las mismas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción reactivó el caso a raíz de la información contenida en una serie de solicitudes de cooperación internacional que llegaron procedentes de Francia y de Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, agentes de la UDEF detuvieron a Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y consejero delegado de Plus Ultra respectivamente. Y también al empresario Julio Martínez Martínez, administrador único de la sociedad Análisis Relevante.

Un par de meses después, el 3 de febrero, los investigadores remitieron a la entonces jueza instructora del nº15 de Madrid, Esperanza Collazos, un informe de avance en el que solicitaba nuevas diligencias de investigación. En él, los policías recogían la relación de Zapatero y la agencia de sus hijas –WhaTheFav– con la consultora de Martínez y los pagos percibidos. Y también hacían referencia a una noticia sobre una captura de pantalla contenida en el móvil del empresario Víctor de Aldama referida a una reunión el 7 de septiembre del 2020 entre el expresidente y el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que el periódico vinculaba al rescate de Plus Ultra.

"Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero", lanza la UDEF. El amigo del expresidente, completa, "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra”.

Un "Zorro" que Calama coge con cautela

Veinte días después, y ante la dimensión que había adquirido el caso, el Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid decide enviar el asunto a la Audiencia Nacional. En el auto de inhibición, Collazos apunta de nuevo hacia Zapatero y sus hijas. Lo hace mencionando los pagos de Análisis Relevante. Y añade un nuevo elemento que unos días antes le ha trasladado la Fiscalía Anticorrupción: un chat llamado "Danilo-España" que fue intervenido en el despacho del abogado Miguel Palomero. De él, apunta la magistrada, se extrae que el empresario venezolano Danilo Diazgranados mantiene una relación "personal y económica" con alguien denominado "Zorro", "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero".

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Cuando Calama acepta hacerse cargo del caso, lo hace a través de un auto en el que se hace mención al chat entre Palomero y Diazgranados pero sin aludir en ningún momento al exlíder del Ejecutivo. Algo que tampoco hizo el pasado martes en el auto de imputación de Zapatero, donde no consta ni una alusión a "Zorro" o "ZZZZ". Aquella resolución, más bien, ataba la imputación con, entre otros, una serie de mensajes intervenidos a Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera uno de los principales accionistas de Plus Ultra. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", rezaba uno de ellos. "Acaba de hacerse puente con ZP", dice otro.

Todas esas comunicaciones fueron remitidas por la Homeland Security Investigations de Estados Unidos. El brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional realizó en el año 2021 una "extracción telefónica" de un dispositivo perteneciente al empresario hispanovenezolano, contra quien se ha dictado una orden de detención internacional. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y relevante para la presentación de cargos, la agencia "obtuvo las autorizaciones necesarias" y compartió "dicha extracción".

Se desconoce en qué momento llegó esa información a nuestro país. Sin embargo, sí se sabe que los agentes de la UDEF empezaron a incluirla en sus informes a partir de abril, cuando el caso ya se encontraba en la Audiencia Nacional. "El presente informe [...] tiene por objeto poner en su conocimiento que través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la [...] Homeland Security Investigations ha puesto a disposición de esta Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", apuntaban los investigadores en su oficio del 22 de abril.