Amnistía ve el Plan de Vivienda del Gobierno "poco ambicioso” y las medidas del PP "regresivas"

Hace tres años que la ley de vivienda entró en vigor en España, pero la crisis inmobiliaria no parece estar cerca de remitir. Al hilo de esta efeméride, muchos análisis tratan de evaluar la evolución del mercado en estos años y de llamar la atención sobre las deficiencias que están alimentando esta crisis. En la mañana de este jueves, Amnistía Internacional presentaba a las puertas del Congreso un manifiesto en el que insistía sobre ocho medidas urgentes que podrían ayudar a aplacar el incremento de precios en el corto plazo. Además, valoraban el Plan de Vivienda 2026-2030 que presentó recientemente el Gobierno como "un avance" frente a las regulaciones anteriores, pero aún "poco ambicioso" para la magnitud que está alcanzando el problema.

Una financiación más fluida, un decreto que prorrogue los alquileres y frene los precios, limitaciones al alquiler por habitaciones, ayudas de emergencia para procesos de desalojos o impedir los desahucios sin alternativa, son cuestiones que Amnistía Internacional tacha de "urgentes" y a las que dedica buena parte del análisis.

La campaña, presentada por el director de la entidad, Esteban Beltrán, utiliza como gancho letras de las canciones del cantante puertorriqueño Bad Bunny. “Tití me preguntó cuándo podrá permitirse un alquiler" o “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna” son algunos de los lemas que se pueden leer en los carteles que la organización ha preparado para esta campaña. Una estrategia de márketing que tira de actualidad —el artista está de gira en España y sus letras han evolucionado hacia temas sociales— para hablar de uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la sociedad en España.

Lo que está mal

Pero más allá de la publicidad, el documento que ha presentado la organización busca "recordar las obligaciones jurídicas del Estado" y exige a las autoridades medidas "más ambiciosas" para frenar la crisis. También ofrece algunos datos relevantes sobre la evolución del sector. Señala, por ejemplo, que en España hay un parque de vivienda social del 1,7%, frente al 9% que hay de media en la Unión Europea. "Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5%", señalan.

En cuanto a la inversión pública, apuntan a que podría incrementarse, ya que a nivel nacional se destina al ámbito inmobiliario un 0,5% del PIB, frente a una media del 1,2% del resto de países europeos. Esta parálisis de la inversión y del parque público ha provocado una crisis de asequibilidad en la que las casas han duplicado en 10 años su precio frente a unos salarios que se quedan atrás. "Se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%) y existe un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE", remarcan.

Todo esto genera una situación de "desprotección" que ha llevado a que, en su opinión, se vulnere el derecho a la vivienda en España, con 600.000 desalojos realizados entre 2013 y 2025. La discriminación racial en el acceso a la vivienda o el agujero jurídico que supone el alquiler por habitaciones son dos puntos en los que se insiste y que también han venido denunciando los sindicatos de inquilinos. "Las personas con contratos de habitación están entre las más desprotegidas al quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos", explican en el informe. De hecho, apuntan que este tipo de contrato aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior, al desplazarse la oferta hacia este segmento.

Sobre las soluciones que se han ido proponiendo, el Plan de Vivienda no termina de cubrir, señalan, todos los agujeros. "Si bien mejora el anterior, es aún poco ambicioso en materia de financiación, establece criterios discriminatorios de acceso, obligando a la posesión de nacionalidad, residencia legal o empadronamiento, y no incluye como condición de la firma de los convenios con las Comunidades Autónomas que estas no vendan vivienda social ya existente", apuntan.

Amnistía Internacional califica de "preocupantes" y "regresivas" las recientes votaciones en el Congreso que han terminado derogando la prórroga de los alquileres y la imposición de topes de precios con los voto de Partido Popular, Junt y Vox. También afeó al PP, mencionándolo explícitamente, que pretenda "reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios de alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos y ejecutar desalojos sin garantías", concluyen.

Ocho ideas para atajar el problema en corto

Si bien a largo y medio plazo hay un cierto consenso en que la solución está en construir más casas públicas, el gran problema es ver qué se puede hacer mientras eso sucede. Es aquí donde más disenso hay entre los expertos y donde se enfocan las sugerencias de la entidad, que propone ocho medidas que aumenten la vigilancia sobre los alquileres, agilicen la construcción y frenen los desalojos.

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La primera recomendación es firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible. En línea con esto, pide también aplicar fórmulas más ágiles de nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas. El resultado que se busca es ampliar lo más rápido posible el parque de vivienda social.

Las otras cuatro propuestas están más centradas en la protección de los inquilinos. En primer lugar proponen aprobar un nuevo real decreto-ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos. También piden endurecer las condiciones para las viviendas de temporada e incluir los contratos por habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos En tercer lugar, señalan la necesidad de aumentar las ayudas de emergencia cuando existen desalojos. Y por último, incluyen una petición al poder judicial para "asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada".

La crisis inmobiliaria, que ya se considera estructural, sumada a una forma de legislar que la organización califica de poco ambiciosa, dejan para Amnistía Internacional mucho por hacer en un ámbito que se ha convertido desde hace tiempo en la principal preocupación de los españoles. "Es urgente que las administraciones competentes en materia de vivienda y los grupos parlamentarios en el marco de las deliberaciones en el Congreso, adopten medidas de mayor alcance, coherentes con la gravedad de la situación actual", concluye el análisis.