Los cinco años de lucha de Maricarmen contra un desahucio: “Nadie vela por el interés de los ciudadanos”

“No le debo ni un euro a Urbagestión”. Son las palabras de María del Carmen Abascal (87 años), una vecina de Madrid que se enfrentará el miércoles a su segundo intento de desahucio. El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., que compró su casa en 2020, no reconoció el alquiler de renta antigua que ella pagaba; lo recurrieron en los tribunales y, tras perder en primera instancia, ganaron en el Tribunal Supremo. Así se convirtió su casa familiar en un activo inmobiliario que la vecina lleva cinco años disputándole a una empresa cuya actividad se centra en la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. 

“Llevo cinco años luchando, y me está pasando factura porque duermo mal y he perdido mucha masa muscular”, dice sentada en su andador. Al principio reconoce que no supo qué hacer cuando recibió las primeras notificaciones de un proceso que hizo que la vivienda en la que residía pasase de mano en mano. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos vendió toda la finca a Renta Corporation, uno de los grandes holdings inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle que comprara el piso, pero no se lo podía permitir. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, su casa fue adquirida por Urbagestión.  

Ese fue el final de su contrato de renta antigua y el principio de su penitencia. El padre de Maricarmen había firmado en 1956 el contrato y, con las actualizaciones pertinentes sujetas al IPC, ella pagaba 440 euros mensuales hasta que la ley del mercado se impuso. La empresa le reclamó tras el fallo del Supremo un alquiler de 1.650 euros al mes, pero su pensión es de 1.450 euros. De hecho, ella les paga religiosamente el importe que ha abonado durante los últimos 70 años más las actualizaciones estipuladas por ley: 440 euros. Por eso insiste en que “no les debe nada”. 

Maricamen charla con infoLibre sentada a la sombra de los árboles que hay frente al Congreso. Acaba de atender a los medios en una rueda de prensa breve con micrófonos y cámaras en la que ha explicado lo “incomprensible” de su situación, pero también que está cansada. “Hace 71 años que vivo en mi casa; si el Gobierno o la ministra de Vivienda me dan un sitio al que ir, yo me voy, pero no tengo otra alternativa”. Asegura que le ha escrito una carta a cada Administración, pero no ha recibido respuesta ni del Gobierno, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Ayuntamiento. La alternativa que le han ofrecido es una residencia fuera de su barrio y fuera de su ciudad. 

En estos cinco años ha tratado de ponerse al día sobre la normativa y los derechos que le asistían, una tarea, dice, que es “agotadora”. Lo cuenta con resignación, pero dispuesta a seguir en su casa o a que alguien la escuche y esto "sirva para ayudar a otras personas", dice. “Primero hablé con mi abogada y luego con el Sindicato de Inquilinas, que me cuidan mucho y me acompañan en esto”. Lo que más incomprensible le resulta es que ninguna administración se implique y la conversación gira rápido desde su vivencia personal hacia la ausencia de medidas políticas. “Hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo, hay muchas casas vacías. ¿Por qué no invierten dinero para llevar a esas casas, de momento, a la gente que lo necesita? Y mientras tanto, que construyan lo que haga falta”, señala. 

En la Plaza de las Cortes, donde la afectada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han estado protestando minutos antes, se reúne un conjunto variopinto: una protesta para mejorar las condiciones de los presos, una excursión escolar de visita en el Congreso, turistas con botellas de agua y gorros de playa... También hay otro grupo que protesta por la crisis de vivienda. “Aunque sea para hacerse un lavado de cara, alguien debería ofrecerle algo”, comenta una de las personas presentes.

¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿por qué no dice ‘no’ a esto con la misma fuerza con la que ha dicho el señor Sánchez el ‘no a la guerra’?

La otra protesta de vivienda es de Amnistía Internacional, que ha ido frente al Congreso a denunciar con cifras lo que Maricarmen vive en primera persona. Quieren “recordarle al Estado” sus obligaciones jurídicas sobre vivienda y pedir que se frenen los desahucios. Lo mismo que esta mujer casi nonagenaria: “Hay muchos intereses en la vivienda, pero nadie vela por el interés de los ciudadanos. ¿Por qué el Gobierno no hace nada?, ¿por qué no dice ‘no’ a esto con la misma fuerza con la que ha dicho el señor Sánchez el ‘no a la guerra’?”, lamenta. 

Cuenta que ha hecho tantas declaraciones públicas, ruedas de prensa y vídeos para redes sociales, que ya ni sabe por dónde empezar a contar su problema cuando los periodistas le preguntan. Repetir una y otra vez algo que debería ser evidente —"es que es mi casa"— termina por hacerle pensar que su discurso es redundante; sin embargo, esa evidencia no basta y por eso está al borde de perder su vivienda. A esa sensación de incomprensión, de hacer dudar a una persona de lo evidente mediante una manipulación sutil, se le llama en la jerga moderna “luz de gas”: ¿cómo va a ser tu casa el lugar en el que has vivido 71 años, si el inmueble lo ha comprado una empresa mientras vivías dentro? “Luz de gas” es un sistema entero diciéndole a Maricarmen que esa ya no es su casa porque no tiene suficiente dinero para vivir donde ha vivido siempre.

Desde las puertas del Congreso volverá en taxi a su vivienda en el distrito de Retiro, una zona que ya es de las más caras de Madrid y de España. Se despide de infoLibre y se queda un rato a la sombra, "a ver si los que están ahí dentro hacen algo", dice señalando con el pulgar hacia el Congreso.

Cinco años y todas las vías legales “agotadas”

“Se han agotado absolutamente todos los recursos, se ha ido a todas las instituciones públicas, se han tocado todas las puertas, y la realidad es que el sistema permite que se desahucie a una mujer en su situación”, explica Beatriz Duro, de Duroa Abogados. Ella es quien ha llevado este caso desde el principio y acaba de pedir una prórroga de un mes para tratar de retrasar el desahucio, aunque aún no ha recibido una contestación.

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La incertidumbre empieza a pesar más a medida que se acerca el día. “Es imposible saber si se ejecutará o no”, dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero están preparando otra acción para que la presión social vuelva a paralizar el segundo intento, previsto para el miércoles 3 de junio. “Vamos a hacer un pasacalles al que van a venir artistas, vamos a convocar a la gente y vamos a dormir en casa de Maricarmen para tratar de frenar el desahucio”, concluye.

El caso de Abascal reúne muchas anomalías, explica Duro. Primero, que Urbagestión conocía la situación de la inquilina cuando compró el inmueble. "En primera instancia la jueza nos dio la razón porque nuestro argumento principal es que a una persona que lleva años subrogada en un contrato de alquiler y pagando la renta —es decir, que ha sido una subrogación consentida— no pueden luego decirle que no están de acuerdo y tratar de impugnar su propio contrato", señala la abogada. "Sabían lo que había al comprar la casa —que por cierto adquirieron muy por debajo del valor de mercado— y aceptaron", concluye.

Lo último que hemos pedido en los juzgados es una prórroga de un mes, pero Urbagestión ha presentado un escrito oponiéndose radicalmente

Pero en los sucesivos recursos de la empresa, las sentencias contradijeron el primer fallo y Maricarmen empezó a perder su casa. Con respecto al desalojo programado para el próximo miércoles, Duro explica que ni el posible coste reputacional de un desahucio tan mediático, ni la situación vulnerable de Maricarmen les han hecho desistir. "Lo último que hemos pedido en los juzgados es una prórroga de un mes que contempla la ley, pero Urbagestión ha presentado un escrito oponiéndose radicalmente a esta suspensión. Es más, requiriendo el uso de fuerza policial toda vez que se prevé que haya movilización social", concluye Duro.