Periodismo
Los sindicatos de periodistas exigen al Gobierno que aplique las normas europeas de libertad de prensa
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.
La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.
Un modelo de externalización bajo sospecha
ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.
Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.
Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.
Dos normas europeas sin aplicar
El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.
La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.
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La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.
La periodista liberada en Libia y las víctimas en Venezuela
El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.
La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.
