La ciudadanía pedimos la palabra

En otro reciente artículo, intenté dejar claro que era necesario un Estado fuerte y un Gobierno firme y valiente que hiciera uso de todas las potencialidades de las Administraciones Públicas para poner en práctica unas políticas económica y social a favor de toda la población, y especialmente los más vulnerables.

Cada día vamos conociendo más datos de lo que el covid-19 nos va a dejar: un paro de más/menos en torno al 19/20%; los ricos, más ricos, y un mayor número de millonarios, como en la crisis de 2008; unas 700.000 personas más en situación de pobreza; más pobreza infantil, y largas filas de personas y familias que acuden a recoger bolsas de comida a centros oficiales y sedes de ONG, asociaciones vecinales, etc., muchas de ellas que lo hacen por primera vez por haber perdido su empleo y no tener recursos para subsistir por sus propios medios. Son informaciones, datos y cifras que proporcionan en muchos casos Oxfam-Intermón, Save The Children, Unicef, Cruz Roja, o Cáritas.

Estamos viendo que el Gobierno dice que de esta crisis no se puede salir como de la anterior, sino que ahora no puede quedar nadie atrás, y ha aprobado, entre otras medidas, el ingreso mínimo vital. Este Ejecutivo, en línea con la Comisión Europea, y también como están haciendo los Gobiernos de algunos otros países, ha optado por una política económica expansiva, keynesiana, tratando de atender no sólo a particulares sino a autónomos y empresas de diversos sectores, mediante subvenciones, transferencias, créditos ICO, exenciones fiscales y sociales, etc. Queda claro que con menos ingresos y mucho más gasto, la deuda pública se va a ir, aproximadamente, a un 120% del PIB y un coste financiero, según dicen los entendidos, de unos 30.000 millones de euros de intereses anuales.

Pero llegados a este punto, algo hay que comentar sobre impuestos. Estamos, como media, en un 7% por debajo de los países de nuestro entorno en presión fiscal. En sociedades, lo recaudado en 2019 fue un 47% inferior a 2007, y aquí todos sabemos que existe toda una ingeniería fiscal, expresado claramente por los propios técnicos de la Agencia Tributaria. El IVA, como se sabe, impuesto indirecto e injusto donde los haya, ya que paga igual un millonario que un trabajador que cobra el salario mínimo o está en el paro, ha recaudado, en el mismo periodo, un 28% más. Y en IRPF han aumentado los ingresos en un 19,6% en ese mismo tiempo, y aquí, la mayor parte la aportan las nóminas de los trabajadores y las pensiones, que cuando cobran ya se lo han descontado y, por tanto, aunque quisieran, no podrían. cometer fraude fiscal.

A lo largo de esta crisis, hemos tenido ocasión de observar las actitudes y los comportamientos de los diferentes partidos con representación parlamentaria; el nivel de colaboración de unos, y la beligerancia en posiciones negativas e incluso llegando a veces a la obstrucción de otros.

Por otra parte, estos días atrás, teníamos ocasión de observar la convención empresarial de la CEOE, en la que hubo unas cien intervenciones en las que, salvo contadísimas excepciones, el mensaje fue el mismo: menos impuestos; rebaja de cotizaciones sociales; subvenciones; la reforma laboral de Rajoy, ni tocarla, y pidiendo una parte del dinero que nos llegue de Europa. Queda claro que los empresarios no han venido para contarnos dónde van a ir de vacaciones.

Ante todo ello, los ciudadanos no deberíamos quedarnos callados ni parados. No podemos eludir nuestra responsabilidad, que la tenemos. No es suficiente votar cada cuatro años o cuando toque, y peor aún es no votar. No vale, tampoco, criticar todo y a todos en la barra de un bar o en conversación con el cuñado de turno. Todos los políticos no son iguales, ni tampoco todos los partidos cumplen igual con sus deberes, ni llevan a cabo lo que ofrecen en sus programas, aunque ahora vivamos circunstancias que superan lo previsible, y haya que olvidarse, temporalmente, de lo prometido en ellos. Hemos de tomar conciencia de la situación y actuar. Una cosa es la Democracia representativa y otra la Democracia participativa, y, por interés propio, pero también por responsabilidad cívica, deberíamos practicar ambas. Dejar todo a los políticos, unos en el Gobierno y otros en la oposición, no es bueno para nadie de nosotros, ni para nuestros descendientes, ni para el país.

Los ciudadanos, el pueblo, pide, más bien exige, la palabra. Y cuando la tenga, que es ya, debe hablar y cumplir con su deber. Y habrá quien se pregunte cómo lo haremos. En mi opinión, al menos de dos formas: con el voto y con la presión en forma de movilización pacífica pero firme. Y aquí no valen ni las equidistancias ni los buenismos. Hay que optar.

Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre