Ha habido tres amnistías fiscales después de la aprobación de la Constitución

La amnistía del 15 octubre de 1977 fue un auténtico desastre, mejor dicho un fraude; la izquierda la propuso para que quedaran en libertad aquellos presos políticos que estaban cumpliendo condena por sus ideas políticas contra la dictadura franquista. Aquella amnistía tuvo un efecto boomerang, pues la aprovechó el aparato franquista para perdonar los crímenes atroces cometidos durante la guerra civil y durante la dictadura.

Varias décadas después, a raíz de las denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), y que se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley, que impedía juzgar delitos pertenecientes a esa época, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron en repetidas ocasiones al Gobierno la derogación de la norma por considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles. El 10 de febrero de 2012, Navanethem Pillay, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió formalmente a España la derogación de la ley argumentando que incumplía la normativa internacional sobre derechos humanos.

Además de haber sido un fraude, esa amnistía fue una “tomadura de pelo” a todos los ciudadanos que sufrieron los crímenes de guerra, los campos de concentración, los ajustes de cuentas durante la dictadura franquista, la represión durante 36 años… Esa amnistía sí fue un verdadero escándalo, convirtiendo en intocables a esos criminales de guerra, que siguieron con sus crímenes tapados durante la dictadura. Nada que ver con la que exige Junts.     

Los encausados en el procés no han cometido ningún crimen y el delito por el que se les acusa es un derecho, (el Derecho de Libre Determinación que tienen los Pueblos, las Nacionalidades, contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado y firmado por el rey Juan Carlos I el 26 de septiembre de 1976, dos años y tres meses antes que la propia Constitución Española). En la declaración de independencia no hubo violencia.

En cambio, sí hubo violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que escandalizaron al mundo entero. Cuando llegaron las críticas y condenas de varios Estados democráticos, Rajoy tuvo que dar la orden de parar.

Aquello fue patético, para avergonzarse del Estado Español. La actuación del rey fue esperpéntica, ya que en vez de pedir perdón a los heridos por la brutalidad policial y parar aquella represión sin precedentes antes de la condena de los Estados democráticos, le echó más leña al fuego transmitiendo que lo único que le interesaba “era su ego” por encima de intereses de los ciudadanos (a los que trató como súbditos) y mantener el Estado monárquico en un puño, costara lo que costase.  

Cualquiera puede preguntar a Google si la amnistía aparece en la Constitución española y la respuesta es clara: la amnistía es una figura jurídica que no está mencionada ni prohibida por la Constitución española.

Así queda claro que la amnistía no es anticonstitucional, pero hay tanto reaccionario en la política, en la judicatura y en los medios de comunicación que todavía no se han enterado.     

Por si este argumento no lo han entendido los referidos anteriormente, hay que recordar que después de la ley de amnistía de 1977 ha habido tres amnistías fiscales, a cual más injusta y escandalosa.

En 1984 con el Gobierno de Felipe González, siendo el ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, perdonaron el fraude de los que habían defraudado a Hacienda por llevarse sus inversiones a paraísos fiscales.

En 1991, otra vez en el gobierno de Felpe González, siendo ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, perdonaron el fraude a los infractores. ¡Qué chollo para los ladrones invertir con la presidencia de Felipe González!

La historia se repitió con Mariano Rajoy en 2012, siendo ministro de Economía y Hacienda Cristóbal Montoro, en circunstancias y en condiciones similares.

Cualquiera puede preguntar a Google si la amnistía aparece en la Constitución española y la respuesta es clara: la amnistía es una figura jurídica que no está mencionada ni prohibida por la Constitución española

Felipe González nunca fue de izquierdas, y por ello engañó a una mayoría de españoles que pensaban votar a la izquierda, significaba favorecer a los más necesitados, cuando en realidad su voto sirvió para beneficiar al gran capital en detrimento de la clase obrera. Fue el presidente de gobierno que más huelgas generales sufrió (3 o 4) por sus reformas laborales a favor de los empresarios.

Ahora su hipocresía no tiene límites, cuando un día sí y otro también carga contra Pedro Sánchez con su negativa a la amnistía, traspasa todas las líneas rojas de un político decente, como queda demostrado con sus dos amnistías fiscales para perdonar entre otros a sus amigos empresarios más cercanos de ir a la cárcel y aflorar el dinero proveniente de paraísos fiscales en las mejores condiciones para ellos.

Felipe González ya ha hecho méritos suficientes para ser expulsado del PSOE, cualquier militante de un partido ha de tener el suficiente respeto y lealtad a su secretario general, ya que ha sido elegido en unas primarias. Si no está de acuerdo con su gestión que se presente a las próximas elecciones primarias para dicho cargo. Todo lo dicho también es aplicable a García Page, cree que por tener mayoría absoluta en Castilla-La Mancha le da derecho a ser más agresivo con Sánchez que el propio Feijóo. Podría darle consejos si Sánchez se lo pidiera, en privado.

En tiempos de Felipe González hubiese durado el primer asalto. Él tiene competencias en su gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla con su deber y deje hacer su trabajo a Pedro Sánchez, que es el único que tiene competencia para formar gobierno. En ambos casos Sánchez está demostrando más paciencia que el Santo Job. 

Ante estas amnistías fraudulentas que benefician a los defraudadores, con el gobierno precisamente de Pedro Sánchez y bajo la presión de UP (estaba en su programa electoral) España ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav.

Además de todos los argumentos ya aportados, otra prueba palpable de que los encausados del procés no cometieron delito es que Puigdemont se entregó voluntariamente en Bruselas (capital de la UE), fue juzgado y puesto en libertad. En Alemania fue juzgado y como no había cometido ningún delito fue puesto en libertad. Ponsatí estuvo en Escocia dando clase en la Universidad y no pudieron culparla de ningún delito. Marta Rovira estuvo en Suiza sin ningún tipo de problemas con la justicia.

Naciones Unidas condenó al Estado Español por la condena del Tribunal Supremo a los encausados del procés. De forma similar se expresó el Consejo de Europa por la sentencia condenatoria del TS a los responsables del procés.

Hay muchos reaccionarios en la política, en la judicatura, en los medios de comunicación que al hablar del principio de igualdad de los españoles expresan que además de votar los catalanes, han de votar los españoles, “confundiendo la velocidad con el tocino”.

El principio de igualdad de los españoles consiste en que todos tienen los mismos derechos, el mismo derecho de autodeterminación que tienen todas las Comunidades Autónomas. En este momento solamente Cataluña tiene mayoría independentista en su Parlament. Euskadi tiene mayoría nacionalista pero ahora no piensa en su independencia hasta que surja otro Ibarretxe. La otra nacionalidad histórica, Galicia, el BNG sólo tiene 19 escaños frente al total de 75. No hay ni un solo nacionalista en el Parlamento de Andalucía, así es irrisorio que el Pueblo andaluz plantease su independencia.

Toda esta oposición a la la amnistía resulta muy sospechosa y la conclusión es que España en este asunto ha dejado de ser un “Estado de derecho” al haber juzgado y condenado el Tribunal Supremo a “presos políticos” (un preso político es una persona que es encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político e implica que su condena en prisión se opone a los Derechos Humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión) por sus ideas, sin incurrir en la violencia, que quisieron ejercer el derecho de libre determinación, sin consumarlo.

Pedro Sánchez ha cambiado su concepción sobre la amnistía, antes la negaba (y cometía un grave error, pienso porque creía que esa postura era más conveniente para sus intereses). Ahora se ha asesorado jurídicamente y ha comprobado que la amnistía tiene encaje en la Constitución Española, como ha quedado patente en todos los argumentos que se han expresado anteriormente. Óscar Puente ha sorprendido muy gratamente a propios y extraños y demuestra aplomo, equilibrio y capacitación para dirigir el partido.

Las bases del PSOE han avalado la amnistía, no con el 51%, ni el 60 %, ni el 70 % sino por un aplastante 87% y eso sí es democracia al margen de que los políticos se equivocan con cierta frecuencia, como se equivocó y mintió Feijóo en el cara a cara con Sánchez que le costó perder las elecciones del 23J.

Podría seguir razonando, pues todavía hay más argumentos no solo para defender la amnistía sino también el derecho de libre determinación. Alguien dijo: “El que tenga oídos que oiga”, en definitiva es mantener una actitud abierta, analizar un asunto y tomar el camino más correcto, (no empecinándonos en nuestras propias ideas), sino buscando argumentos válidos que nos conduzcan a la verdad.

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Manuel Cuadrado Vergara es socio de infoLibre.