Contra la ley del 'solo sí es sí'

Felipe Domingo Casas

Habiendo aprobado el Parlamento la ley que todos conocemos como la ley del solo sí es sí por la amplísima mayoría de 205 diputados y varios grupos parlamentarios, ha generado en un principio un pobrísimo debate. Lentamente, según pasan los días, las aguas vuelven a su cauce. Esta ley, que es complementaria del Código Penal, en lo referente a todas las violencias sexuales, que unifica en un solo tipo penal, los abusos y la violación, con la denominación de agresiones sexuales, según recomendación del Convenio de Estambul, es la ley integral más importante por necesaria, en defensa y protección de las mujeres y de la infancia y va a marcar un hito o tiene que marcar un hito en el cambio de mentalidad de la sociedad española para los próximos años. En la ley, las penas son lo accesorio si las comparamos con el conjunto de medidas y actuaciones que en ella se desarrollan para hacer de la sociedad española, una sociedad menos violenta, más igualitaria, más feminista. Y de esto no se ha debatido. Al minuto de que se conocieran las primeras rebajas de pena a algunos agresores, ya hubo voces pidiendo su reforma y hablando con celeridad y malicia de sus impulsoras.

Haberse armado tal polvareda política y mediática porque se han rebajado algunas penas tiene un objetivo peligroso: desprestigiar al Parlamento que aprobó la ley, con esa mayoría holgadísima, de la que ahora con cierta cobardía algunos quieren desligarse, aunque se centre el ataque en la persona de Irene Montero y su Ministerio de Igualdad que la impulsaron. No se pueden separar ambas cosas.

La tormenta mediática desatada de inmediato, ha sido la ocasión perfecta para dar voz y poner una alfombra bien mullida por la que se han paseado las tertulianas habituales, magistradas, portavoces feministas, abogadas, manifestándose todas contra la ley

Esta ley, cuyo objetivo y finalidad son la protección de las mujeres y de la infancia, que ha recibido informes de nueve organismos, en la que se dictan normas, se crean instituciones y recomendaciones de todo tipo en los ámbitos educativos, sanitarios y sociosanitarios, laborales, policiales, judiciales etc., para proteger a las víctimas y reducir las violencias de carácter sexual, en unos instantes, sorprendentes e irreflexivos, se la tilda de "fiasco" y "error", los sustantivos más suaves, para pasar a los ataques personales e insultos más brutales a Irene Montero.

En la ley se gradúan las penas dependiendo de los varios delitos que se pueden cometer, con la reducción a un solo tipo de "agresiones sexuales", los dos anteriores, dependiendo de si ha habido violencia o no, consentimiento o no, el eje de la ley, la novedad que da sentido al ' sólo sí es sí'. Las conclusiones pues, que yo extraigo, son que la polvareda no ha sido principalmente jurídica, sino política. 

La primera, la reacción de las mujeres. No entiendo, no entenderé nunca esta reacción de las mujeres con tanto frenesí (exaltación violenta del ánimo, ímpetu o violencia desproporcionados, incluso, "venganza cumplida"). Los ataques han procedido, tanto de todas las mujeres que actúan en las tertulias, que son muchas, y la mayoría jóvenes, y algunas que se duplican en las cadenas, como de feministas. Obligado nombrar a Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional, exvicepresidenta del Gobierno, presidenta de la Comisión de igualdad en el Congreso de los Diputados, conocedora, por tanto, de la 'a' la 'z' de la ley, que la aprobó con su voto, que, con la necesidad imperiosa de cambiar la ley que ha dicho, sus declaraciones tienen ese tinte político: "si una sociedad no considera que esto es gravísimo y no se dispone rápidamente a encontrar soluciones es que estamos errando el tiro".

Leída, la ley tiene mucho porvenir, frente a tanta declaraciones que urgen ya su cambio. En La Noche de 24 horas de Televisión Española, en la que estuvo invitada Victoria Rosell, la cual explicó con detalle y argumentos la ley y sus objetivos, aunque Xabier Fortes la sometió a un cuestionario, desde mi punto de vista, parcial y de parte, cuando se discutió, no inmediatamente, ya tarde, sobre la ley, la conclusión que yo saqué es la de que Victoria Rosell había estado hablando a unos marcianos. No convenció, ni siquiera un poquito. Lucía Méndez hizo una crítica durísima, totalmente política sobre la misma, sin argumentos fundados, cargando de forma infame contra Irene Montero. Otro tertuliano dijo que cómo no iba a hablar bien de la ley, si era "su ley".

La segunda, relacionada con la primera, es la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación. La tormenta mediática desatada de inmediato, ha sido la ocasión perfecta para dar voz y poner una alfombra bien mullida por la que se han paseado las tertulianas habituales, magistradas, portavoces feministas, abogadas, manifestándose todas  contra la ley y sus impulsoras. De lo que yo he podido oír, el programa Espejo Público, conducido por Susana Griso, y ella en primer lugar, han vertido tales descalificaciones contra la ley e Irene Montero, que terminarán por abochornarlas. Ha dado voz a la madre de una víctima, no para decirle que estará más protegida, con las medidas que la ley implementa, sino para afirmarlas en esa desprotección que dicen sentir ella y su hija

Aunque las expresiones son libres, no quiere decir que sean admisibles las vertidas en los artículos publicados en El País por Berna González Harbour Los maniquíes de Irene Montero, como en el artículo, este de Xabier Vidal-Folch, ¿Debe dimitir Irene Montero?, tanto en el fondo como en la forma. Menos mal que compensan sobradamente, los artículos, también en El País, bien argumentados, de Manuel Cancio La revisión de condenas por delitos sexuales y el de Clara Serra y otras, A propósito de la "ley del solo sí es sí": los árboles y el bosque. De los medios conservadores que dice Pedro Sánchez con mucha educación es mejor no hablar. Si la ley tiene futuro es para que pueda revertirse con su aplicación el machismo que respiran todos sus columnistas.

La tercera está relacionada precisamente con el machismo del que acusó Irene Montero a algunos jueces, al oír que rebajaban las penas a algunos condenados. La ley del 'solo sí es sí' pone el acento en el consentimiento, como eje, para resolver todas las agresiones sexuales de ahora en adelante. Dice la ley: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". El que esté libre de machismo, que tire la primera piedra, remedando la cita bíblica. Educados los españoles en una sociedad de cultura muy patriarcal de la que los jueces forman parte, hay jueces y juezas con mentalidad machista, de la que todos y cada uno tenemos que desprendernos poco a poco. Por tanto, tampoco es tan grave la acusación. Lo que pasa es que los jueces/as están poco acostumbrados a la crítica y como todos los individuos que pertenecen a una misma profesión tienden a defenderse unos a otros. A encerrarse en sí mismos. He oído a una portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura decir que "no se cansarán de pedir la dimisión de Irene Montero". Mala predisposición para aplicar esta ley correctamente. Y no quiero decir que algunas penas no puedan rebajarse. Una aplicación rigurosa y punitiva exagerada de las leyes penales es totalmente desaconsejable, como manifiesta Isa Serra y sus coautoras. Los que hemos sufrido la dictadura franquista conocemos por experiencia que la ley Penal se aplica más rigurosamente y se extiende con los gobiernos autoritarios y en democracia, con los gobiernos de derechas. Para muestra la ley de Seguridad Ciudadana y la incorporación al Código Penal de la prisión permanente revisable. Esa rasgadura infame de las vestiduras como di fuera una defensa de las mujeres, que pretenden hacernos creer que hacen el PP y Vox, es pura hipocresía.

Una imagen vale más que mil palabras; con motivo del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el acto celebrado en el Senado el día 17 de noviembre, he visto reproducida en los periódicos, una foto que yo titularía: cuatro machos y una fémina. En ella se ve de derecha a izquierda, al fiscal general, Álvaro García  Ortiz, al ministro Fernando Grande-Marlaka, al presidente del Senado, Ander Gil, al actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Rafael Mozo, y, por último, en la esquina, a la ministra de igualdad, Irene Montero. Estos son los los datos, que cada uno saque sus conclusiones.

Esta ley "coloca a las víctimas en una posición de titulares de derechos humanos y a las administraciones públicas en la posición de garantes de los mismos, como titulares de obligaciones, desde una perspectiva de género". En una enumeración no exhaustiva de las medidas y recomendaciones que regula en los ocho títulos la ley, incorporando las recomendaciones de diversos comités de la ONU y del Convenio de Estambul, con la misma se pretende la mejora en investigación y producción de datos de todas las formas de violencia sexual, actuaciones para la prevención y detección de las violencias sexuales para su erradicación,  en los ámbitos educativo, sanitario y sociosanitario, medidas de formación especializada necesarias en estos mismos ámbitos, el derecho a la asistencia integral especializada y accesible para informar a las victimas, la atención médica y psicológica inmediata y a largo plazo, la atención a las necesidades económicas, laborales, de vivienda, el asesoramiento jurídico, y el seguimiento de sus reclamaciones de derechos. Se promueve la creación de "centros de crisis", servicios públicos de atención permanente, así como las "casas de niños y niñas", ya implementadas en países anglosajones y escandinavos. Como para que a esta ley se la quiera despachar despectivamente como un error o un fiasco.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre

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