València podría solucionar una parte importante de su crisis de vivienda en un plazo relativamente breve si existiera la voluntad política necesaria para transformar sus numerosos solares y edificios en ruinas en viviendas dignas y accesibles. Esta actuación no solo aliviaría la presión del mercado inmobiliario, sino que revitalizaría el tejido urbano y daría cumplimiento a un derecho constitucional.
El Ayuntamiento de València parece padecer una ceguera selectiva ante la multitud de inmuebles en estado ruinoso que, desde hace décadas, afean y debilitan los cinco barrios del centro histórico. La evidencia es incontestable: existen cientos de solares y cascarones vacíos, pero solo un puñado figura en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (RMSER). Este registro es, precisamente, el instrumento administrativo clave y el primer paso obligado para poder intervenir.
Ante esta inacción, las asociaciones vecinales llevan años reclamando, con una paciencia que raya en lo teológico, una actuación decidida de las administraciones públicas. Estas demandas no responden a un mero capricho estético —el desagrado ante la visión de escombros y fachadas desmoronándose—, sino que constituyen una reivindicación ética y de justicia social. Se trata de materializar el artículo 47 de la Constitución Española, que consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ante la opacidad institucional, la ciudadanía ha decidido tomar la iniciativa.
Hace unas semanas, publiqué en otro diario un análisis sobre los solares urbanos, (Por los solares de València) concluyendo que existen 42.000 m² confirmados, espacios donde podrían construirse un mínimo de 3.000 viviendas, incluso excluyendo aquellos terrenos no aprovechables por su escasa superficie. Inspirados por este trabajo, un grupo de vecinos, en colaboración con las asociaciones Amics del Carmen y de Velluters, y bajo la dirección de Carlos Silvestre y Teresa Revert, hemos proseguido la labor de campo con el objetivo de identificar y catalogar el estado real del parque inmobiliario deteriorado en Ciutat Vella.
Los datos oficiales, como los del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, registran 19 edificios en ruina legal y 48 en mal estado, cifras ya de por sí alarmantes. Sin embargo, nuestro “catastro vecinal” ha identificado 164 edificios en estado de inhabitabilidad y ruina física. No nos referimos a viviendas simplemente vacías —que conformarían otra categoría de gran potencia—, sino a inmuebles en claro proceso de deterioro o directamente colapsadas: fachadas lastradas por grietas, plantas apuntaladas, vanos tapiados o rotos, hundimientos de techumbres y cubiertas precariamente cubiertas por lonas. Estas son heridas abiertas en la en el centro histórico de València.
Este conjunto de edificios presenta una gran heterogeneidad en superficie, volumen y altura, lo que impide tener una tipología única. Las dimensiones varían desde pequeños lotes de una decena de metros cuadrados hasta amplias parcelas de varios miles. No obstante, la superficie media aprovechable de estos inmuebles ronda los sesenta metros cuadrados de planta. En conjunto, los 164 edificios identificados suman un mínimo de 30.000 m² cuadrados construibles. Añadiendo estos a los 42.000 m² de solares, obtenemos una potencial disponibilidad de suelo para más de 6.000 viviendas nuevas o rehabilitadas.
A esta oferta potencial de viviendas procedente de la regulación estricta del parque vacío y de la dignidad de las viviendas ofertadas, se le debe sumar, de manera urgente y coordinada, una política decidida de reconversión del stock de pisos turísticos, tanto legales como ilegales, en vivienda de uso residencial permanente. Esta reconversión exige un paquete de medidas integral que combine la modificación normativa (reduciendo drásticamente los plazos de las licencias existentes, estableciendo cupos máximos por zona o prohibiendo nuevas licencias en zonas tensionadas), un refuerzo drástico de los servicios de inspección (dotándolos de medios y personal para combatir la ilegalidad masiva) y un régimen sancionador ejemplar que grave no solo al propietario infractor, sino también a las plataformas que los alojen. Por otra parte, con solo aplicar la normativa vigente, un mínimo de 1.000 viviendas de uso turístico podría ser directamente viviendas.
Cualquier política de rehabilitación o nueva construcción debe ir indisolublemente ligada a un blindaje normativo del suelo residencial y a la recuperación activa de viviendas para el uso comunitario
Este objetivo es crucial porque existe un riesgo paradójico y perverso: si las políticas públicas se centran únicamente en la rehabilitación de edificios o en la construcción en solares públicos sin implementar de forma paralela y prioritaria un marco regulatorio fuerte que desincentive y reduzca el alquiler turístico, se puede generar un efecto contraproducente. En otras palabras, se estarían mejorando y poniendo en valor barrios enteros con fondos públicos, pero, sin los controles adecuados, este mismo proceso de revitalización crea las condiciones óptimas –mayor atractivo, plusvalías, demanda de servicios turísticos– para que la presión de convertir viviendas en alojamientos turísticos se intensifique aún más. Se financiaría así, de manera indirecta, la expansión de un modelo que precisamente contribuye a expulsar a la población residente y a vaciar de vida los centros urbanos, socavando el objetivo final de garantizar el derecho a la vivienda.
Por tanto, cualquier política de rehabilitación o nueva construcción debe ir indisolublemente ligada a un blindaje normativo del suelo residencial y a la recuperación activa de viviendas para el uso comunitario, evitando que la mejora urbanística se traduzca, una vez más, en una nueva oleada de especulación y turistificación, en flagrante contradicción con el mandato anti-especulativo del artículo 47. Pero por lo que parece por el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de València no va en ese sentido porque sustituye la incompatibilidad entre usos por un índice de saturación por barrios o distritos lo que constituye una trampa evidente y que no va a frenar la gentrificación de Ciutat Vella.
Actuar sobre este patrimonio degradado debería ser una prioridad política absoluta, prioridad que, mil veces anunciada, nunca se convierte en medidas concretas. Una estrategia integral que combinara la rehabilitación de ruinas, la edificabilidad de solares y la reconversión de los miles de pisos turísticos ilegales en vivienda de alquiler social ofrecería un número de soluciones habitacionales muy superior —y más sostenible— a los faraónicos proyectos de construir nuevas ciudades de 10.000 habitantes en la periferia metropolitana que propone algún iluminado interesado.
Y esta cruda realidad no se circunscribe a Ciutat Vella. Basta con echar un vistazo a otros barrios históricos y populares de València —como Benicalap, Russafa, el Cabanyal o Patraix— para constatar que la plaga de los solares, las ruinas y la vivienda vacía degradada es un mal común. La ciudad entera clama por una política habitacional valiente que mire primero hacia dentro, que repare sus heridas urbanas y que priorice el derecho a la vivienda sobre la especulación y el abandono institucional. La oportunidad está ahí, entre escombros y maleza. Solo falta la voluntad para transformarla en hogares.
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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.
València podría solucionar una parte importante de su crisis de vivienda en un plazo relativamente breve si existiera la voluntad política necesaria para transformar sus numerosos solares y edificios en ruinas en viviendas dignas y accesibles. Esta actuación no solo aliviaría la presión del mercado inmobiliario, sino que revitalizaría el tejido urbano y daría cumplimiento a un derecho constitucional.