¿Dónde estaba Marcelo cuando Jorge más lo necesitaba?
Aprovechando que la nave Artemis II ha regresado de un viaje a la Luna, en el que un bote de Nutella, flotando por efecto de la ingravidez, ha superado en popularidad a la mismísima cara oculta del satélite, voy a hablar de algo que me he inventado: “gravedad judicial” versus “gravedad penal”. Pido disculpas a los juristas. En Periodismo solo se da Introducción al Derecho.
Estos días se celebran dos juicios de los que tenemos información constante gracias al “carrusel judicial” que ofrecen los medios con minuto, resultado y si era puta o no.
El caso Mascarillas juzga una trama de corrupción vinculada a contratos públicos de mascarillas, con presuntas comisiones y colocaciones irregulares en empresas públicas. Implica al exministro socialista Ábalos, a su escudero Koldo y al fantasma de Aldama, para quienes la Fiscalía —“cuándo serás mía”, que diría Héctor de Miguel— pide 24, 29 y 7 años de cárcel por presuntas mordidas en contratos millonarios.
El caso Kitchen juzga una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y robarle información comprometedora usando policías, fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior al margen del control judicial. La Fiscalía pide 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y otros 15 para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior del PP. Un exministro que estos días se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional y ante el escritorio de su casa escribiendo artículos para el diario ABC. “Huevos gordos”, que diría Emilio Delgado.
Queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate entre el 'caso Mascarillas' y el 'caso Kitchen'
A la vista de estas peticiones de sentencia, puede afirmarse que la “gravedad penal” del caso Mascarillas es mayor que la del caso Kitchen.
Pero miremos la cuestión desde otro ángulo. El caso Mascarillas afecta a la opacidad en la contratación pública y al desvío de dinero público para pegarse la vida padre en un momento especialmente dramático, como fue la pandemia.
El caso Kitchen afecta a la integridad del Estado de derecho: presunto uso ilegal de dinero público contra un ciudadano nada ejemplar –y padre de un figurante de la última de Torrente– para blindar a un tal M. Rajoy.
Puede decirse que la “gravedad judicial” del caso Kitchen es mucho más alta. Se acusa a la cúpula del ministerio que garantiza la seguridad a los españoles y españolas de emplear un dispositivo ilegal —con intento de secuestro incluido— utilizando policías nacionales y fondos reservados. Demoledor, pero en línea con el modus operandi del PP.
Así que, queridos tertulianos de la nueva Brunete mediática, lo siento, pero no. No hay empate. El argumentista de Génova no solo ha vuelto a hiperventilar, sino que ha vuelto a consumir bebidas energéticas en horario de trabajo que le han dado alas. Parecidas a las que tenía Marcelo, el ángel de la guarda que ayudaba al exministro Fernández Díaz a buscar aparcamiento. Pero que no guardó bien el pendrive de Villarejo. Mecachis.
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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.
