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Del 'caso Begoña' al 'caso Peinado': el juez convierte una causa vacía en un espectáculo mediático

"El que mate a Caín lo pagará siete veces"

Jesús María Frades Payo

Y eso que es el malo por antonomasia, ese primer hijo, ganadero, archiconocido por todos los que tenemos la cultura judeocristiana, el desterrado a causa de su crimen por quien lo vio. Pero esa condena bastaba para expiar esa culpa. No se permitiría ni aumentarla ni extenderla, de modo que el castigo añadido por cualquiera sin la facultad para ello sería penado como se anuncia, y para evitar cualquier error, incluso se le puso una señal para que fuese siempre reconocido. No cabe, por tanto, ninguna otra intervención penal tras ese juicio dictado que podría calificarse de sumarísimo. 

Traigo aquí esta parte de un versículo del Génesis haciendo un uso de la Biblia un tanto al estilo de Andy Dufresne en el magnífico filme Cadena Perpetua, si bien aprovechando las frases que atesora en lugar del martillo de geólogo como él, con lo que se llama eiségesis: reinterpretación subjetiva de un texto, según la Fundéu. Y el motivo para el título es el presunto uso indebido del programa Pegasus para espiar a algo más de cinco docenas de españoles. El castellano es muy preciso y debe tratar de usarse midiendo cada expresión. Así, el adjetivo “indebido”, con el consabido “presunto”, es obligatorio para advertir que pudiera ser abusivo, inaceptable, inmoral ese espionaje, e ilegal. 

El Estado también se defiende desde las cloacas”, fue una de las frases de Felipe González que pasaron a formar parte de sus citas inmortalizadas, y está cargada de razón. También aquí las palabras, en este caso las preposiciones, son definitorias, no significando lo mismo “con” las cloacas que “en”, “por” o incluso la pintoresca “cabe”, porque “sobre” ya era obvio. Tal cita fue mi idea inicial para titular, pero la posibilidad de que haya habido exceso, de que el control judicial exigible no hubiese sido exigido porque supuestamente se haya aprovechado que la inmensa mayoría de los que figuran como afectados hubieran estado implicados en el intento de secesión inconstitucional de Cataluña, estando varios condenados por el Tribunal Supremo, ha dado pie a que se escuchen y se lean comentarios que justifican tamaña ilegalidad, de haber ocurrido. Como esos reos y sus correligionarios tuvieron sus participaciones en aquellos delitos, y se amenaza constantemente con repetir, hay gente que se cree con patente de corso para pedir que se les siga castigando sin haber vuelto a delinquir, que se les prolongue la condena de manera rencorosa o, peor, vengativa, es decir, matando a Caín aunque esté ya al este de Edén, como lo están esos aborígenes catalanes al E del meridiano 0 condenados por sedición y malversación tras un juicio justo con todas las garantías del Estado de derecho, faltando pocos a los que ya pronto se les trasladará ante el Tribunal Supremo. 

Como a cualquier ciudadano español, el Estado no tiene ningún derecho a espiar sin razón a los que de ello le acusan por el simple hecho de que hubieran estado implicados en el pasado intento secesionista contra la inmensa mayoría, o, dicho de otro modo, delinque si lo hace. El seguimiento de cualquier ciudadano por ese método está perfectamente regulado por la ley, y cuenta, entre otras, con la garantía de la autorización de un juez del Tribunal Supremo y la limitación de tres meses. Esta norma, a cualquiera con dos dedos de frente, le hace excluir a un buen puñado de nombres de la lista conocida, pues no fueron más que unos chiquilicuatres en aquellos aciagos días y no pasan de tener una ideología independentista, algo respetado por la Constitución, que para algo es democrática, no como la que hilvanaron para su región. De estos, despunta Maragall, quien no pasa de candidato a alcalde tras chaquetear, y que destacó tristemente por aprovecharse de su hermano Pasqual, ya enfermo, exhibiéndolo en uno de sus actos. Pero ya me dirán qué pintan Gabriel, Rovira o Costa, que apenas cruzaron la raya en su momento, salvo la fronteriza las primeras. Torrent era un bisoño presidente del parlamento regional, irrelevante, y Borràs ha destacado en el mismo puesto fundamentalmente por lucir el color de la flor de la genista. De otros sí se conoce la relevancia. Resaltan los intentos de acceso a los móviles de varios, de algunos de los cuales no se indica si hubo éxito. Al abogado exconvicto por colaborar con ETA, Gonzalo Boye, 18 veces lo atacaron y solo lo consiguieron en octubre de 2020. Buen experto en las astucias de los narcotraficantes al haber sido el defensor de Sito Miñanco y ahora de “el Castaña”, debió aconsejar bien al fugado, y este cambia de móvil al menos una vez al mes y siempre por aparatos simplones, con lo que se libró, pero están sus acólitos. En cambio, y aunque se parece a él en que tampoco es periodista, sí tuvo su esposa, Topor, dos entradas de topos en 2019 y 2020. El CNI reconoce que se ha utilizado Pegasus pero que no son tantos los nombres de los espiados, afirmando que se cumplía la ley. También la ministra Robles, máxima responsable del CNI, aseguró que siempre se ha trabajado ahí bajo un escrupuloso respeto de la legalidad. La actuación de la Comisión de Secretos Oficiales es clave a ese respecto, y una vez que se supere su bloqueo, la verdad saldrá a la luz aunque no a los taquígrafos, por la seguridad de todos. Por ahora, no olvidemos la presunción de inocencia. Y confiemos en que, de lo oído, solo una parte se permitió escuchar. 

Pero ¡ay! la tajante ministra sugirió que quienes se escandalizan, quizá se lleven una sorpresa cuando sepan quiénes se metieron en sus móviles. Se barrunta fácilmente que dispone de una suculenta información que ya casi puede servirse en plato frío a los que la están crucificando a cambio, de nuevo, del sedicioso Barrabás. A ese tocante, todos hemos leído que el programa Pegasus lo vende una empresa israelí a organismos públicos siempre con autorización de Israel, y se nombran diversos países, entre los que algunos sorprenden, como Marruecos. En el nuestro, además del CNI, algún periodista ha dicho que la policía regional catalana también lo tiene, pero no sé si ve un burro volando. Desde luego, su carencia no sería por un precio oneroso pues, por ejemplo, la fianza de 10 millones de euros que apoquina la Generalitat por la malversación con la “promoción” internacional de su deriva inconstitucional hecha por algunos de sus próceres, como Mas Colell, Mas y otros, es mayor. En cuestiones de secretos, este se guarda normalmente, y no podemos saber qué hay de cierto en lo apuntado. Sí está en la hemeroteca el caso denunciado por el colectivo catalán de Anonymous en 2013 sobre el CESICAT, ese CNI de Hacendado con el que el Govern pretendió jugar a ser un paisito.  A esa fundación semipública la misma Generalitat la disolvió al crear otro organismo y se fue por el sumidero en 2019. Si no le llaman cloaca es porque en catalán dicen “claveguera”, pero el tufo es el mismo. Es verdad que Anonymous no es una ONG con una sede y unos estatutos que respondan de sus actos pero, siendo piratas, son de fiar si hablan de jaquear y navegaciones bajo banderas no autorizadas, aunque sea exigible el dictamen final de un tribunal tras ver las pruebas. 

El pasado día 23 en La Vanguardia, la periodista García Pagán, quien suele estar bien enterada, contó con gran detalle una información que explica bastante sobre la polémica y, desde luego, aclara que no es algo que haya aparecido de manera fortuita sino que, sin obviar que el caballo alado ha volado a las riendas de no se sabe cuántos más que el Estado, desde hace casi dos años grupos implicados en los delitos para la secesión, tanto partidos como otras organizaciones, asemejándose a las moscas del caballo que chupan su sangre, están queriendo sacar jugo de su posición de víctimas, y así  han financiado la investigación y creado el grupo de trabajo de Instagram denominado, como ya hemos oído, Catalan Gate, con Citizen Lab, la estrafalaria institución de la Universidad de Toronto pero esperanzadoramente replicable en otros entes, y R. Farrow, periodista de The New Yorker. En lugar del conocido refrán: “no hay mal que por bien no venga”, uno de los afectados, oportunista, dijo: “No todo se hizo mal [las precauciones de mantener el secreto para el 1-O] y el Catalan Gate nos da una nueva oportunidad”. Tan maquiavélicos siempre con la divisa de que el fin justifica los medios, más propia en cualquier caso para el espionaje ilegal que combatían, ese grupo de trabajo les impulsó a tragar sapos y culebras por la conocida pésima relación entre el fugado y Junqueras y todos sus correligionarios, que más bien habría que nombrarlos partidos eméritos. Pero “todo por la causa”, tenían necesidad de que todo saliera bien, es decir, de que siguiese dejándose a Pegasus revolotear sin espantarlo y seguir posándose en los móviles para poder depositar más bosta y así recrecer el escándalo ya conocido desde hacía, como se dijo, unos 2 años.

La reacción de los implicados la entendí inmediatamente, además de compartirla pensando en ilegalidades, y no me sorprendió la rapidez de las declaraciones por ser esperable, pero sí se atisbaba cierta “organización”, salvo el desbarre de Borràs, a pesar de la desinformación propia del primer momento. Que fuera Aragonès rápidamente hasta Madrid al Congreso de los Diputados fue más sorprendente que oírle hablar en castellano con los periodistas. El enojo es entendible, pero no la urgencia. ¿Ahora se movía para algo más que para hacerse la foto?

Jesús María Frades Payo es socio de infoLibre

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