Poder, política e injusticia
Son las señas de identidad de las asociaciones conservadoras y de derechas que integran a la mayoría de los miembros de la judicatura. Las progresistas —las hay— son minoría y están desunidas.
Los miembros del Poder Judicial del PP lo saben, que pueden favorecer los intereses del PP, de las elites adineradas y si analizáramos todas las sentencias desde una perspectiva de objetividad e independencia (de los últimos diez años), veríamos sorpresas en las mismas, seguro que llenas subjetividad y favoritismo de clase.
Hay culpables del bloqueo, sí, el PP de Feijóo y los miembros de derechas del Poder Judicial “caducados”. Además, no quieren perder sus privilegios de “casta”, de clase y así poder controlar las instituciones y las salas de los tribunales de Justicia, nombrando a los afines del PP para influenciar con sus sentencias injustas y ese politiqueo de togados y togadas.
Hay culpables del bloqueo, sí, el PP de Feijóo y los miembros de derechas del Poder Judicial “caducados”
La derecha españolista del Poder Judicial mayoritaria se está movilizando, en concentraciones y con manifestaciones impropias, sentenciando y fallando a través de sus medios de comunicación de derechas y en contra de una LEY QUE NO EXISTE (COMO DIOS), comportamiento de parcialidad jamás visto en los 45 años de democracia transcurridos, hecho político de los jueces, juezas, magistrados y magistradas.
Ellos y ellas mismos se están autodesacreditando con un discurso ideológico y subversivo, más bien parece una copia de la ultraderecha españolista o de los militares jubilados, con barbaridades como “el principio del fin de la democracia” o “la derogación del Estado de Derecho”; lo dicen quienes no respetan la democracia y hacen politiqueo judicial contra España.
Los jueces, magistrados y fiscales de derechas saben mejor que nadie que nuestro Estado de Derecho tiene los instrumentos legales y formales para el buen funcionamiento y aplicación de las leyes, garantizando la constitucionalidad de las normas y, si los soberanistas vuelven a delinquir, los tribunales volverán a encausar de nuevo a quienes planteen un desafío al Estado de Derecho, el artículo 155 de la Constitución de 1978 sigue en vigor, junto con el Código Penal y los fines ilegales que atenten contra el Estado español: sigue estando castigado con penas de cárcel. Algunos miembros del Poder Judicial han planteado una batalla contra los poderes Legislativo y Ejecutivo, con acusaciones y manipulaciones sin sentido y sin razón, que quiebran la imparcialidad del Poder Judicial y practicando la arbitrariedad prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución.
Conclusión e hipótesis: la Ley de Amnistía sale aprobada del Congreso por mayoría y se publica en el Boletín Oficial del Estado; dimitirán todos los miembros del Poder Judicial que han arremetido contra los supuestos efectos negativos de la Ley de Amnistía y pedirán perdón por sus errores políticos e ideológicos y dejarán de hacer política con la justicia para obtener réditos de sus fines ideológicos que no van a conseguir porque España no se rompe, ni se parte y sí cumple con la Ley y el Estado Democrático de Derecho.
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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.
