A vueltas con los nombres de las calles de Madrid

En un barrio que me pilla muy cerca, en la villa y Corte del Reino, se halla la calle Mártires de Paracuellos. Es una calle muy tranquila, como lo es todo lo que acontece –más bien poco– entre los barrios de Cuatro Caminos y Castillejos, en el centro del distrito de Tetuán. Entre ambos barrios, separados por la calle General Yagüe, se encuentra una zona de casas bajas parcialmente ajardinada. La única alteración del orden público viene solo dada por las expresiones de algunas personas que, bien sobrias o ebrias, tenemos que soportar los clientes de determinados establecimientos, como estancos, librerías, cafeterías y bares de la zona, con frases del estilo Con Franco esto no pasaba…, Si volviera Franco….

No hace ni un año que, en uno de los estancos situados en la calle General Varela, se vendían libros que hacían apología de la Santa Cruzada. No pocas veces se trata de gente que sobrepasa los ochenta años, y es que el barrio fue construido en plena posguerra con casas de retiro para militares de baja graduación. Una de las parroquias allí situadas, de cuyo nombre no quiero acordarme, recibe entre sus feligreses a los hijos y nietos de aquellos militares, y también a los de algunos civiles digamos de difícil adscripción ideológica, pero que viene oscilando entre el nacionalcatolicismo y el franquismo sociológico de base falangista, pero no evolucionado. La iglesia está bien reformada, pero parece que al actual párroco, joven, le molesta que se le llene de pobres (darán mala imagen, digo yo), ya que hace unos meses tuve que presenciar como dicho ministro de Dios –pero parece que menos de los hombres–, profería a gritos una serie de insultos a uno de los mendigos habituales.

Si no fuera por los modelos de algunos coches aparcados y por el sonido de los móviles, así como por alguna tienda de chinos, parecería que nada se ha movido allí, pongamos, en unos sesenta años.

Pues bien, en esta zona –aunque no exclusivamente– están situadas muchas de las calles cuyos nombres la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmona, pretende cambiar. No le quito acierto a esta propuesta suya, que debería haberse puesto en práctica de inmediato como fruto del consenso constituyente de la Transición, y de lo que muchos denominaron e interiorizaron, desde algunos franquistas sociológicos que se dieron perfectamente cuenta del nuevo “espíritu de los tiempos”, hasta el Partido Comunista de España, con su propio líder Santiago Carrillo. Aquel proceso de Transición hacia una democracia europea occidental homologable fue sin duda mejorable, por supuesto, pero ejemplar –sobre todo visto con la necesaria retrospectiva–, en contra de lo que representantes de formaciones políticas nuevas y no tan nuevas, atrapadas en la tiranía del “lenguaje políticamente correcto” –lo que no equivale a la exigencia ética de hacer justicia también con el lenguaje–. Se habla mucho de una transición incompleta; recordemos que el primero que habló en España de la necesidad de una “nueva transición” fue el presidente, a mi juicio, más nocivo para la historia de la democracia de este país, José María Aznar, quien se dedicó a vaciar todo el contenido social de la Constitución, contenido, por cierto, ya “entregado” a las manos del Sistema Europeo de Bancos Centrales por el gobierno de Felipe González con la firma del Tratado de Unión Europea, que por entonces denunciara casi en solitario sólo Izquierda Unida.

Llegados a este punto, mi pregunta sobre la decisión del gobierno de Carmena ha de referirse necesariamente a un doble aspecto; en primer lugar, debemos preguntarnos por su oportunidad histórica al mismo tiempo que sobre su prioridad. Intentaré dar respuesta de forma concisa a estos dos aspectos, a mi juicio, primordiales, de la decisión sobre los cambios de nombre de las calles de Madrid. En relación con el primer aspecto, creo que cualquier ciudadano de una democracia debe preguntarse por qué no se hizo antes, lo que entronca directamente con la segunda cuestión. Ambas necesitan una respuesta razonable, pero que exige tener en cuenta el contexto histórico y sociológico de nuestro país.

A la pregunta de por qué no se hizo antes no tengo respuesta. En su momento se decidió no alterar los nombres del callejero de Madrid, pero no dar a nuevas calles nombres de gente implicada ni en la Guerra Civil ni en la dictadura franquista. La cuestión de la oportunidad tiene que ver, a mi juicio, con la pregunta a una cuestión teórica, como es la compatibilidad de la reconciliación nacional con la memoria histórica: a mi juicio este argumento no es baladí, y justifica por sí sola su oportunidad. Y es que en mi opinión, la reconciliación nacional significó una cesión por parte de quienes se sentían herederos de los dos bandos en contienda durante la Guerra Civil con el objetivo de garantizar, por encima de todo, la democracia.

Ejemplos de estas cesiones fueron hechas sobre todo por la izquierda, entonces en la clandestinidad, como la decisión de Santiago Carrillo de yuxtaponer, en la sede del PCE, la bandera comunista, quien declaró “que será, y seguirá siendo, como siempre, roja”, la bandera constitucional del nuevo Estado social y democrático en formación. Sin embargo, dicho sentido de reconciliación nacional, quizá necesario entonces, y que habría que recuperar en muchos aspectos, a casi 40 años vista, no puede implicar la anulación de los crímenes cometidos por ambos bandos durante la Guerra Civil, que fue, por cierto, una guerra eminentemente política, en buena parte un experimento geopolítico-militar de lo que más tarde habría de ser la II Guerra Mundial, y no una guerra religiosa, por mucho que fuera apoyada por destacados altos cargos de la alta jerarquía española, quienes no dudaron en definir aquella matanza colectiva con el repugnante nombre de Santa Cruzada (sic). Reconciliación nacional no significa perder la memoria. En la República Federal de Alemania se ha podido perdonar a algunos exnazis, pero en cualquier ciudad hay un memorial a las víctimas del nazismo. En este sentido, la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno Zapatero era necesaria, y su no aceptación por los herederos de la élite económica, política y mediática del franquismo fue una manifestación de que, 30 años después de la muerte de Franco, había heridas que no se habían cerrado durante el proceso de transición, y que todavía permanecen abiertas.

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Pero volvamos al Ayuntamiento de Madrid. En él, vinculado durante más de veinte años a exponentes políticos próximos al franquismo sociológico, sencillamente la cuestión no era planteable. Hace unos días recibí de un buen amigo mío una petición, supuestamente patrocinada por un colectivo de abogados más bien conservadores, para firmar en change.org contra el cambio de nombre de dicha calle, y le hice saber mi posición, la cual, tal vez como fruto de lo que podría ser una “enmienda transaccional”, no deje satisfecho a nadie, pero que considero que hace justicia. Y es la siguiente: durante la Guerra Civil, iniciada por el bando nacional de manera ilégitima contra el último Gobierno del Frente Popular legítimamente constituido, se cometieron barbaridades en ambos bandos. No quiero entrar aquí en un frío cáculo de números, pero la Historia, mientras no se fuerce ideológicamente su enseñanza, nos enseña que tanto “rojos” como “nacionales” cometieron atrocidades contra la población civil antes de que dichas actuaciones fueran definidas como crímenes de guerra por el derecho penal internacional posterior a los Juicios de Nürenberg. Y que el régimen que siguió a la guerra constituyó un Gobierno que cabe calificar sin duda como ilegítimo desde cualquier parámetro democrático, con varios crímenes de sangre en su haber hasta casi la muerte del dictador Franco. Por ello, yo propondría lo siguiente: cambiar las calles de todos los responsables del franquismo o de dictaduras afines, como la calle General Perón, y, ya que estamos en un Estado aconfesional (en teoría), sustituir el nombre de la calle Mártires de Paracuellos por el más laico de Víctimas de Paracuellos. Seguramente, nadie me haga caso.

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Pablo Guérez Tricarico, socio de infoLibre, es doctor en Derecho público y filosofía jurídica y exprofesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid