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las hipotecas se disparan

El Código de Buenas Prácticas para reducir la asfixia hipotecaria hace agua un mes después de su entrada en vigor

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño y la presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, durante un acto en mayo de 2022.

Tras nueve meses de intenso encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables, las familias afectadas no han hecho uso del Código de Buenas Prácticas. La banca admite que ha recibido muy pocas solicitudes: Caixabank, que es el banco con mayor cuota de mercado en España, solo ha recibido 820 solicitudes, una cifra que contrasta con el millón de hogares que espera el Gobierno que use el mecanismo. Del resto, no hay datos. Fuentes del Gobierno y del sector bancario apuntan que es muy pronto para evaluarlo, ya que apenas lleva un mes en marcha, pero los expertos difieren: las familias vulnerables ya están sufriendo las subidas y consideran que ya deberían haber ido a la sucursal para acogerse

“Ya hay afectaciones muy importantes. Quien esté en una situación de vulnerabilidad y ha visto cómo se encarece su hipoteca, ya habría ido al banco”, resalta Verónica Rodríguez, portavoz de la asociación de consumidores financieros Asufin. “Las cuotas de las hipotecas están encareciéndose desde abril del año pasado. Entre agosto y septiembre, el euríbor subió un punto de golpe, lo que es una auténtica barbaridad. Es imposible que todas las familias hayan podido digerir subidas tan rápidas. Si el Código de Buenas Prácticas funcionara estas familias estarían con sus papeles en la oficina del banco desde el día uno”, critica Rodríguez. 

Los expertos consultados consideran que hay varias razones detrás de la falta de solicitudes en el primer mes, como la falta de información entre los propios hipotecados y porque consideran que las condiciones para acogerse son “exigentes”. Entre estas condiciones hay un límite de ingresos familiares (25.200 euros para las familias vulnerables; 29.400, para las que están en riesgo), la cuota de la hipoteca debe superar ciertos límites de los ingresos familiares (de entre el 30% y el 50%) o un límite de 300.000 euros para la vivienda habitual, entre otros. La reforma del Código de Buenas Prácticas entró en vigor el 24 de noviembre, aunque los bancos han tenido para adherirse un período de tiempo que se ha extendido hasta principios de enero, por lo que se podría considerar que lleva al menos un mes en marcha.  

El mecanismo para socorrer a los hipotecados salió adelante tras una ardua negociación entre el Gobierno y las entidades financieras, que mostraban resistencia a aceptar algunos puntos del acuerdo. Finalmente, la gran mayoría de los bancos lo suscribieron, los que tienen el 97% de la cartera hipotecaria de España, según datos gubernamentales. El Código establece medidas para reestructurar la cuota hipotecaria de aquellas familias a las que las subida les esté resultando insoportable o facilitar el cambio a tipo fijo. 

El Gobierno considera que se trata de un paquete de medidas potente, pero de momento no ha tenido éxito. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos señalan que cabe esperar a que las medidas estén plenamente operativas y que tanto los hipotecados como las redes comerciales de los bancos las conozcan

Falta de información y condiciones exigentes

“Hay varios motivos por los que el Código podría estar teniendo tan poca implementación”, explica la profesora Mónica Melle, que imparte Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Complutense de Madrid. “En primer lugar, es posible que muchas familias no tengan información suficiente. Es verdad que las entidades tampoco informan demasiado, y además muchas ni siquiera tienen producto. Por ejemplo, una de las medidas que incluye el Código es poder cambiarse a una hipoteca a tipo fijo sin pagar comisiones extra, pero hay bancos que ya no ofertan públicamente hipotecas a tipo fijo”, señala la profesora. 

Hasta ahora solo se conocen las cifras de una entidad: las alrededor de 800 solicitudes que ha reportado Caixabank, para hipotecas valoradas en unos 100 millones de euros en conjunto (aproximadamente, 125.000 euros por hipoteca). Caixabank es el mayor banco de España con diferencia, con más de un 25% de cuota de mercado. Lo confirmó José Ignacio Goirigolzarri, el presidente de la entidad, en la última presentación de resultados, la semana pasada. Goirigolzarri advirtió que son cifras “modestas”, pero que aún es pronto para evaluar su efecto. 

Fuentes de Banco Santander y BBVA, los siguientes bancos de mayor tamaño, no han facilitado datos, aunque subrayan la pequeña cantidad de solicitudes que han recibido. Ambas piden más tiempo para evaluar la efectividad del mecanismo. BBVA resalta que el 80% de las hipotecas firmadas por sus clientes en los últimos cinco años han sido a tipo fijo, por lo que entienden que estos no están siendo especialmente afectados por las subidas de tipos. Según ha confirmado el programa de Antena 3 Espejo Público, Bankinter solo ha recibido dos solicitudes, aunque esta entidad no ha respondido a la consulta de infoLibre, así como Banco Sabadell. La Asociación Española de Banca, que también insiste en que las solicitudes son muy bajas, aduce otro posible motivo: "Los niveles de morosidad está en mínimos históricos".

“Creo que los bancos deben arrimar el hombro. Es el momento en el que pueden ayudar en esta coyuntura, especialmente considerando los beneficios que están obteniendo, por el mayor margen de intermediación que tienen ahora”, opina la profesora Melle. “Para que sea eficaz debería haber más transparencia e información. La propia CNMC debería tener a disposición de todos los ciudadanos las hipotecas que tienen cada entidad y sus condiciones. Este organismo debe velar por la competencia, en un sector que está muy concentrado”, añade la economista, que recuerda que las hipotecas pueden cambiarse de banco para buscar mejores condiciones, como se cambia de operadora de móvil. 

“Ya dijimos que tenían que ser medidas que contemplaran a una parte amplia de los hipotecados, sin llegar a la generalidad, pero sí a quien pudiera verse afectado”, critica Verónica Rodríguez, de Asufin. “Por ejemplo, el Código destinado a las clases medias dice que no pueden acogerse las familias que superen los 29.400 euros anuales. Tendremos que esperar a ver si esto es suficiente”, señala. 

“Para que no quede en papel mojado, yo creo que sería positivo incrementar ese límite”, explica Mónica Melle. “Por ejemplo, al menos 4 veces el IPREM, es decir, familias que tengan hasta 33.000 euros de ingresos. O incluso más. Creo que tal y como está redactado el Código, está dirigido para familias muy vulnerables”. La economista señala otro posible obstáculo para que la medida beneficie a las clases medias: “Otra condición es que la vivienda no supere los 300.000 euros. Está bien, pero no es lo mismo en Cuenca que en Madrid. En la capital es posible que ese límite deje fuera a muchas familias también”. 

Una hipoteca que no deja de encarecerse 

La repentina e intensa inflación provocada, entre otros factores, por la invasión de Ucrania y la pandemia, ha llevado al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés al 3%, desde el 0% al que se encontraban en julio. Se trata de la subida más rápida e intensa de los 22 años de historia del organismo: 300 puntos básicos en apenas medio año. Esto ha provocado que el euríbor, el indicador al que están indexadas la mayoría de las hipotecas variables en España, se dispare, estrechando fuertemente los presupuestos de casi cuatro millones de familias. 

Está previsto que los tipos suban en marzo al 3,5%, y es posible que no quede ahí. Según los cálculos de Asufin, el euríbor aumentará hasta el 4% en junio, lo que supondrá para las familias un gasto extra anual acumulado de 2.672 euros, desde que el euríbor empezó a subir en la primavera de 2022. Son 223 euros mensuales más, que se suma al encarecimiento del coste de la vida en general. 

La mayor reacción política a esta situación ha venido por parte de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Este sábado, en un acto de Sumar, Díaz ha defendido la congelación de todas las cuotas de las hipotecas variables. La vicepresidenta negó que esto pueda llevar a impagos: “A veces siento vergüenza de lo que dicen los empresarios”, criticó. 

Fuentes del entorno de la candidata recuerdan que ampliar el Código de Buenas Prácticas no fue una propuesta del socio minoritario del Gobierno y valoran que es una respuesta “insuficiente”. Estas fuentes consideran que la congelación de las cuotas se justifica en tres motivos: que la banca está encareciendo las hipotecas mientras que no aumentan la remuneración a los ahorradores por sus depósitos, que tienen exceso de recursos gracias al Banco Central Europeo y que, como consecuencia de estos dos puntos, sus beneficios han aumentado “de forma exagerada”. 

Esta propuesta ha generado un enorme debate, que ha sido rápidamente zanjado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño: "No es una medida que se pueda poner en marcha de manera estructural". Otros actores económicos han ido más allá. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, criticó que esa medida solo la defienden "personas que viven en tiempos trasnochados".

“Obligar a la banca a que modifique contratos de forma generalizada, que además fueron firmados libremente por ambas partes, puede ser problemático. Sería difícil defenderlo ante la Autoridad Bancaria Europea”, advierte la profesora Mónica Melle.

"También me parece injusto por otras cuestiones. Los hipotecados a tipo variable se han beneficiado de los años de tipo de interés negativo. Además, el 25% de las familias hipotecadas a tipo fijo optaron pagar un interés un poco más alto para no asumir el riesgo del variable. No sería justo para estas tampoco”, señala la profesora, que ve otro posible riesgo en la congelación de cuotas, en caso de aprobarse: “Es posible que los bancos den menos crédito”, advierte. 

“Que devuelvan los miles de millones defraudados por las cláusulas suelo”

La asociación de consumidores Adicae, también muy crítica con la escasa implementación del Código de Buenas Prácticas, señala otra vía para que la banca auxilie a las familias: “Devolver los miles de millones de euros defraudados por las cláusulas suelo”, defienden, en un manifiesto publicado este lunes. Las cláusulas suelo fueron una condición de los contratos hipotecarios a tipo variable que establecían un mínimo de interés. Por ejemplo, una cláusula suelo del 2% implica que si el euríbor más la cuota fija están por debajo de ese 2%, el cliente tendría que hacerse cargo igualmente. 

En 2013, el Tribunal Supremo sentenció que estas cláusulas, que estaban generalmente presentes en los contratos hipotecarios, eran abusivas, pero que no podían reclamarse retroactivamente. La justicia europea, sin embargo, corrigió esta interpretación en 2016, abriendo la puerta a que, en cifras de Adicae, 3,8 millones de hipotecados con cláusulas suelo reclamaran lo que habían pagado de más. Esto ha desembocado en un lío judicial que no está cerca de resolverse. 

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La asociación calcula que la factura que debe el banco a las familias hipotecadas por las cláusulas abusivas es de 23.500 millones de euros, aunque reconocen que es una estimación bruta que podría ser más baja. Adicae prefiere no valorar la medida extraordinaria que propone Yolanda Díaz, pero considera más práctica esta vía. “Para empezar a solucionar el problema, que devuelvan lo que les deben a las familias hipotecadas a tipos variables”, subraya el presidente de la asociación, Manuel Pardos, en conversación con infoLibre

Pardos coincide en las críticas mencionadas al Código de Buenas Prácticas y añade a un factor más, con base en su experiencia tratando con personas hipotecadas en apuros: “Cuando a una familia la mandas a negociar con un banco, van atadas de pies, manos, ojos, boca y lo que sea. Son personas con muchos problemas que están negociando con un empleado de banca que es implacable, de los que no perdonan ni a su padre. Llamarlo ‘arbitraje’ o ‘acuerdo mutuo’ es una verguenza”, critica el presidente de Adicae. 

“A las entidades les interesa que el Código funcione bien”, señala la profesora Mónica Melle. “En primer lugar, para que no se vuelva a disparar la morosidad, como en la anterior crisis. Ahora la banca está sometida a una vigilancia mucho más estrecha. Aunque también les interesa que el Código funcione por su propia reputación”, añade la economista. En este punto coincide el presidente de la asociación de consumidores de Adicae: “Estamos en contacto con los bancos y sabemos que no quieren volver a eso. En la última recesión hubo 300.000 desahucios, es una cosa vergonzosa que la banca no quiere repetir”, apunta Manuel Pardos. 

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