MERCADO LABORAL

Las agencias privadas cobrarán un plus por 'delatar' a parados que defrauden en prestaciones

Cola de parados ante una oficina de empleo de Madrid.

Las agencias privadas de colocación cobrarán un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran percibiendo indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo.

Según consta en el acuerdo marco que establece las condiciones en que las agencias competirán con el antiguo Inem en la búsqueda de trabajo a los parados, estas empresas tendrán la “obligación” de aportar “información periódica y actualizada” a Empleo sobre “posibles irregularidades, incidencias en el cumplimiento del compromiso de actividad o la percepción indebida de prestaciones” por parte de los parados cuya inserción laboral se les encomiende.

Ese 15% estará referido a la cantidad que la agencia cobrará por inserción conseguida y que dependerá tanto de la edad del desempleado como del tiempo que éste lleve en los registros del antiguo Inem. Así, la horquilla se abre en 300 euros por colocar a un menor de 25 años que lleve entre tres y seis meses en el paro, y se cierra en los 3.000 euros fijados para los mayores de 45 años desempleados durante dos años o más. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio, que luego, además, sufrirá una nueva merma cuando las comunidades autónomas adjudiquen sus propios concursos.

Más incentivos

Además de esta “cuantía por inserción”, las agencias privadas también cobrarán una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada parado que se le encomiende “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. Esa cifra no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción ni los 400 euros. Pero también recibirán dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, hasta 1.000 euros por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción.

En total, el Ministerio de Empleo destinará a los dos años del acuerdo, y a la prórroga de otros dos prevista inicialmente, un total de 200 millones de euros, sin incluir el IVA.

"Poco ambicioso"

Fuentes de Asempleo, la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), defienden que superará ampliamente esa cifra de gasto la suma del ahorro en prestaciones por desempleo y de los nuevos ingresos en IRPF y en cotizaciones a la Seguridad Social que llevará aparejada su gestión. “Los precios que se pagan en el Reino Unido, por ejemplo, son mucho más altos”, aseguran.

A Asempleo el acuerdo marco le parece “un avance”, aunque también reconoce que le habría gustado “un texto más ambicioso”. En concreto, las ETT critican que se les haya marcado un plazo máximo de ocho meses, en lugar de 12 “como en otros países”, para considerar insertado a un desempleado. En ese tiempo, la agencia deberá haberle conseguido al trabajador un contrato o varias “relaciones laborales de similares o mejores características” que sumen seis meses. Si los contratos que firme el parado son a tiempo parcial, a las agencias se les reducirá la cuantía de los pagos.

Por el contrario, no protestan por la obligación de informar sobre los parados que les impone el acuerdo de colaboración con el antiguo Inem. “Forma parte de la función social de las agencias de colocación”, aducen. Y minimizan por “residual” el 15% de incentivo que se les promete a cambio. “Se hace igual en todos los países”.

Tampoco les ha gustado a las ETT, –que están creando las agencias privadas de colocación–, que el acuerdo permita la subcontratación, aunque ésta se haya restringido a otras agencias y se haya dejado fuera a otros posibles competidores, como academias de formación. Hasta el momento hay unas 60 agencias de colocación autorizadas. El BOE, que publicó el anuncio de licitación el pasado día 13, les da de plazo únicamente hasta el próximo día 30 para presentar sus ofertas. Aun así, resultará difícil que las agencias comiencen a funcionar plenamente antes de acabar el añoFuera del acuerdo han quedado las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Andalucía.

Eficacia privada, anemia pública

El argumento esgrimido por el Ministerio de Empleo para abrir a las agencias privadas la intermediación laboral, hasta ahora monopolio de los Servicios Públicos, es la falta de eficacia de éstos. Según destaca, el antiguo Inem sólo coloca al 2% de quienes encuentran trabajo. CCOO y UGT, por el contrario, critican que el ministerio destine a empresas privadas con ánimo de lucro el dinero que debería utilizar para fortalecer unos Servicios Públicos de Empleo anémicos de personal y medios. En España hay un funcionario para atender a 200 parados, mientras que en el resto de Europa cada empleado público se ocupa de no más de 50.

Además, en los dos últimos años, Empleo ha despedido a 1.500 orientadores y 1.500 promotores de empleo. El presupuesto destinado a las políticas activas de empleo –formación– se ha recortado un 34,6% este año, tras sufrir otra rebaja del 21% en 2012.

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