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REFORMA LABORAL

La “avalancha” de ERE desborda a la Inspección de Trabajo

Lejos queda el verano en que tanto los representantes sindicales como el empresario se fueron tranquilamente de vacaciones tras anunciarle un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la plantilla. Ni a unos ni a otro encontró el inspector de Trabajo cuando llegó a la empresa para redactar su informe. Ocurrió antes de la crisis, recuerda el funcionario, con 40 años de experiencia a sus espaldas. Porque desde que en 2008 la economía estalló en pedazos y, sobre todo, desde la última reforma laboral, el anuncio de un ERE siembra el terror entre los trabajadores, advierte el inspector. Y puede ser sólo el primer paso de la empresa hacia el cierre.

El año pasado los ERE se dispararon un 56,3% y afectaron a un total de 451.893 asalariados, un 31,5% más que en 2011. Los de reducción de jornada crecieron un 96%, y los de suspensión del contrato, un 45%. Según el Ministerio de Empleo, la Inspección de Trabajo firmó en 2012 un total de 35.262 informes sobre ERE, un 61,22% más que el año anterior. Esa “avalancha”, como la describen los propios inspectores, ha desbordado una plantilla que se encuentra lejos del estándar recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): un inspector por cada 10.000 ocupados. En España hay uno por cada 19.000.

Aunque son uno de los pocos cuerpos de funcionarios a los que el Gobierno ha permitido una tasa de reposición del 10%, los sindicatos de inspectores se quejan de que ese porcentaje apenas permite cubrir las jubilaciones. Este año saldrán a concurso sólo 10 plazas. Acaban de incorporarse 25 inspectores y 25 subinspectores. Pocos, dicen, para digerir una carga de trabajo agigantada por la inestabilidad laboral propia de la recesión económica.

Abusos y fraude

Porque no son sólo los ERE. También la crisis ha disparado los abusos, cuentan los inspectores. Se multiplican las horas extraordinarias –la ley prohíbe hacer más de 80 al año– pero no se cotizan, no se respetan los descansos preceptivos, no se pagan los salarios o se pagan con retraso. A veces, tras un ERE de reducción de jornada, el empresario obliga al empleado a trabajar las ocho horas completas. O, con el contrato suspendido, le llama para que se incorpore “porque tiene un pedido”, por ejemplo.

Por no hablar del aumento del fraude a la Seguridad Social, las muchas empresas que optan por la economía sumergida: no dan de alta a los trabajadores o cotizan por ellos sólo por media jornada pese a cumplir sus ocho horas diarias. Así que también han aumentado las campañas planificadas, contra las empresas ficticias o contra el cobro indebido de prestaciones por desempleo, a las que el Ministerio de Empleo ha dado mucha publicidad a lo largo del año. Sin embargo, el departamento que dirige Fátima Báñez no facilita datos sobre la actividad de la Inspección de Trabajo en 2012, ni ha querido contestar a las solicitudes de información de infoLibre.   

No es cierto que una de esas campañas incluya visitas de los inspectores a domicilios particulares para comprobar que las empleadas del hogar tienen sus papeles en regla. Pero sí es verdad que estos funcionarios inspeccionan clubs de alterne para verificar el alta en la Seguridad Social de las prostitutas que trabajan en ellos. Si son asalariadas o autónomas. “El domicilio particular es inviolable”, explica un inspector. Tampoco pueden acceder a instalaciones militares y edificios diplomáticos.

Para hacer frente al nuevo volumen de trabajo, el Ministerio de Empleo ha reorganizado a sus inspectores. La Comunidad de Madrid, con un centenar de ellos en plantilla, ha puesto a una quincena de funcionarios sólo a tramitar los ERE. Además, el resto tiene asignado un día de guardia en el que sólo se dedica a estos expedientes. Cinco o seis, aseguran, les pueden caer a cada uno de ellos sólo en esa jornada. Un inspector madrileño dice que este año casi se duplicará el número de informes. A estas alturas de 2013 los funcionarios de la Comunidad de Madrid ya han informado unos 800 expedientes, y a final de año, augura, llegarán a 2.000.

Para elaborar esos informes, la reforma laboral les da 15 días. Antes tenían un mes. Pero la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Isabel San José, recalca que los plazos se cumplen “a rajatabla”. El problema viene más bien, revelan otros inspectores, en las áreas de su trabajo que quedan desasistidas por el mayor peso de los ERE.

Un informe en la nevera

La reforma laboral, además, ha cambiado la naturaleza de esos informes. “Una rebaja evidente de nuestro papel”, se quejan. “Nos hemos convertido en meros verificadores del procedimiento”, resume el presidente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Julián Lobete. “El informe sólo adquiere valor si el trabajador presenta después ante el juez una demanda individual contra el despido colectivo”, explica un inspector, “hasta entonces es como si quedara en la nevera”.

“Antes [de la reforma laboral] me metía a fondo en la contabilidad de la empresa”, recuerda. “Le dabas muy mascado al juez el análisis contable, le abrías mucho los ojos sobre la situación económica de la empresa”, destaca otro. “Y era muy raro que el responsable administrativo o político contradijera el informe de la inspección”, termina el primero.

Tras la reforma de febrero de 2012, por el contrario, el inspector tiene prohibido investigar si existe un motivo o no para despedir, suspender el contrato o reducir la jornada de una plantilla. Se da por supuesto que lo hay y, por tanto, el empresario ya no tiene que pedir permiso a la autoridad laboral para tomar la medida. El inspector sólo puede vigilar entonces los aspectos formales del ERE: si empresa y comité celebran las reuniones necesarias, si las negociaciones se desarrollan de buena fe, si la empresa proporciona a los representantes de los trabajadores la documentación exigida por la ley. Únicamente se le permite impugnar un ERE en el caso de que aprecie dolo, fraude, coacción o abuso de derecho. “Son las funciones residuales que nos han dejado”, se lamentan.

Aun así, el informe de la Inspección sigue siendo el primer pilar en que se apoyan los jueces a la hora de fundamentar sus sentencias. Además, apuntan los inspectores, no es raro que los magistrados les pidan informes adicionales sobre la situación de una empresa. No sólo cuando los trabajadores denuncian un ERE, sino también cuando se les cambian salarios, jornadas u horarios. “Podemos desplazarnos al lugar y hablar con los trabajadores”, se reivindican, “por tanto, tenemos acceso a más información sobre la situación real de la empresa”. En el conflictivo ERE de Telemadrid, la inspectora asignada asistió a todas las reunionesERE de Telemadrid que empresa y comité mantuvieron durante el mes que duró el periodo de consultas, resalta uno de sus compañeros.

"Tensión sí, huelgas poquísimas"

Otro cambio en el panorama laboral tiene que ver con la psicología colectiva. Hay menos conflictividad. Con seis millones de parados, las siglas ERE paralizan no sólo a los trabajadores, sino incluso a sus representantes sindicales. Los inspectores no dudan en utilizar la palabra “resignación”. Las plantillas aceptan la suspensión de los contratos, o rebajas de sueldo o traslados forzosos o cambios de jornada con la sola mención de las tres letras malditas. “Tensión en las negociaciones, sí; huelgas, poquísimas”, revelan.

Y es que las empresas, destaca otro inspector, “están en un posición de ventaja clarísima tras la reforma laboral”. “¿Cómo no van a estarlo si en los juzgados de lo Social de Madrid están fijando juicios para 2014?”, se pregunta, “¿quién va a impugnar un despido si va a tardar un año en ver al juez?”.

Empleo quiere cambiar la productividad que cobran los inspectores, aunque todavía no les ha precisado exactamente cómo va a ser su retribución. Ellos cobran por objetivos. Como el resto de los funcionarios, explica Isabel San José, han sufrido los recortes salariales impuestos por el Gobierno. Dicen sentirse “maltratados”. “Se nos valora, pero no se nos compensa”, protesta. También están pendientes de una Ley General de la Inspección que ya les prometió el Ejecutivo socialista y que con el PP tampoco termina de arrancar. Mientras, siguen con lo que el más veterano de ellos llama su misión: "Mediación, conciliación y persuasión".

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