Báñez niega ante Toxo, Méndez y Rosell la segunda reforma laboral anunciada por Guindos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha negado a los líderes de CCOO, UGT y CEOE que el Gobierno vaya a ejecutar una segunda reforma laboral como anunció el pasado sábado el titular de Economía, Luis de Guindos. Báñez convocó en la mañana de ayer a Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell para pedirles su apoyo a la reforma de las pensiones, que este lunes pasó el trámite de comisión en el Senado. A preguntas del secretario general de UGT, la ministra negó que se vaya a tocar el Estatuto de los Trabajadores. Ni para modificar la negociación colectiva ni para ir más allá de lo que Empleo limita a una “simplificación administrativa” de los contratos de trabajo.

Guindos confirmó en Girona el sábado las declaraciones el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tras la reunión del Eurogrupo el viernes: España está “preparando medidas basadas en el programa nacional de reformas, incluyendo una segunda ronda del mercado laboral”. Sin embargo, Fátima Báñez negó ayer la mayor a los agentes sociales, según fuentes sindicales, y se reafirmó en declaraciones anteriores suyas y de los principales altos cargos de su departamento: los cambios previstos se limitarán a reducir los “formularios” de los 41 tipos de contratos existentes a cuatro: indefinido, temporal, de formación y de prácticas.

Ya el pasado mes de septiembre los responsables de Empleo aseguraron a los interlocutores sociales que el “trabajo técnico” para esa mera simplificación administrativa –como el ministerio se esfuerza en calificarla– ya estaba hecho, sólo a falta de elaborar una guía de utilización. Una de las quejas recurrentes de la patronal es la dificultad que supone para los empresarios “moverse” entre la “maraña” de contratos existente.

Con respecto al contrato a tiempo parcial, la ministra sí ha avanzado que se ampliarán a los trabajadores a tiempo parcial las bonificaciones del contrato de apoyo a emprendedores, que hasta el momento sólo puede ofrecerse a empleados a jornada completa. Esa posibilidad fue adelantada por Mariano Rajoy el pasado día 7. El contrato a tiempo parcial ya se “flexibilizó” cuando la reforma laboral permitió añadirle horas extraordinarias. Antes, el trabajador sólo podía hacer horas complementarias, previamente pactadas con el empresario.

¿Esperando al Supremo?

Pero Báñez, aseguran las fuentes, negó que el Gobierno esté planeando hacer reformas adicionales en la negociación colectiva, que ya sufrió cambios sustanciales con la reforma laboral: la limitación de la ultraactividad –los convenios colectivos siguen vigentes después de haber caducado y mientras se negocia su renovación– a un año, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales o los descuelgues salariales.

El primer punto, la ultraactividad, ha sido motivo de controversia durante todos el año por la amenaza que pendía sobre miles de trabajadores, cuyo convenio corría peligro de desaparecer al cumplirse el año de vigencia fijado en la reforma laboral. Hasta la fecha, los tribunales, incluida la Audiencia Nacional, están dando la razón a los sindicatosincluida la Audiencia Nacional en su esfuerzo por mantener la vigencia de los pactos con empresas y patronales para salvar la ultraactividad. No obstante, para principios del próximo año se espera la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre la materia. Porque la reforma limitaba a un año la ultraactividad “salvo pacto en contrario” de sindicatos y empresas. Así pues, el TS puede avalar esa cláusula o ahorrarle al Gobierno el trabajo de suprimirla, explican las fuentes consultadas.

En cualquier caso, el Eurogrupo pide a España un recorte de 2.500 millones para 2014 procedente de nuevos cambios en las leyes laborales. Y la mera simplificación de contratos no va a proporcionar ni de lejos ese ahorro. Antes de concluir el año, además, el Gobierno recibirá el informe en que la OCDE evaluará los resultados de la reforma laboral de febrero de 2012. La misma en cuya promoción el Ministerio de Empleo se va a gastar 2,5 millones de euros. Así que, para conseguir ese recorte, los sindicatos temen que se salte la última línea roja: “Lo siguiente será tocar las prestaciones por desempleo”.

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Apoyo a la reforma de las pensiones

Por lo que respecta a las pensiones, el pasado día 20 el PP intentó, sin éxito, introducir en el Congreso un cambio en su proyecto de reforma: el aumento del 0,25% al 0,50% en la subida de las pensiones cuando la Seguridad Social tenga superávit. Sin embargo, todos los partidos de la oposición rechazaron ésta y otras 10 propuestas. Las consideraron una “burla” y una “provocación”. La mayoría de los grupos, al igual que los sindicatos, reclama directamente la retirada del índice de revalorización de las pensiones, que sustituirá al IPC a partir de 2014. Aseguran que hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Incluso la CEOE se unió en el Consejo Económico y Social (CES) a los sindicatos en su rechazo a la reforma.

Ayer en el Senado el PP consiguió incluir sólo cuatro de sus 94 enmiendas, con el único apoyo de PNV y UPN.