El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.
Con estas medidas, que estarán vigentes "el tiempo que sea necesario", según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se intentarán movilizar los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria.
Además, el BOE también publica el otro decreto al que dio luz verde también el Consejo de Ministros y que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Un decreto para el que, en este caso y según ha reconocido Sánchez, no cuenta aún con una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.
De ahí que haya apelado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para aprobar los reales decretos leyes.
Las principales medidas de los decretos que se han aprobado entrarán en vigor mañana, el día siguiente de su publicación en el BOE.
Electricidad, gas y carburantes
Se establece una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que pasa del tipo general del 21% al tipo reducido del 10%. Asimismo, se contempla la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, fijado actualmente en el 7% y asumido por las compañías eléctricas. Además, se reduce el impuesto especial sobre la electricidad, que abonan los consumidores, pasando del 5,11% vigente al tipo mínimo permitido del 0,5%.
Por otro lado, en lo que respecta al gas, se reduce el IVA del gas natural, los pellets y la leña del 21% al 10%. Finalmente, se establece la congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.
En materia de carburantes, se establece la rebaja del IVA aplicado al gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, que pasa del 21 % al 10 %. Además, se reduce el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea, lo que se traduce en una disminución efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y un ahorro aproximado de 20 euros por depósito para un vehículo medio.
Medidas para colectivos y sectores más afectados
Se adoptan diversas medidas de carácter social y económico con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables y apoyar a los sectores productivos.
En primer lugar, se mejora el bono social eléctrico, incrementando el nivel de descuento hasta el 42,5 % para consumidores vulnerables y hasta el 57,5 % para vulnerables severos, con vigencia hasta final de año. Asimismo, se refuerza el bono social térmico mediante el aumento de la ayuda mínima hasta los 50 euros.
Igualmente, se garantiza el suministro básico de agua y energía para los consumidores en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, se establece una ayuda directa, gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales, de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional destinada a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como una ayuda equivalente para la adquisición de fertilizantes.
En el ámbito regulatorio, se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de mayores competencias de supervisión y sanción, con el fin de investigar y sancionar posibles usos indebidos de las ayudas públicas.
Además, se bonifican en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva, lo que permitirá un ahorro estimado de 200 millones de euros.
Finalmente, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA, destinada a subvencionar préstamos y facilitar el acceso a la financiación del sector agroalimentario y pesquero.
Medidas de electrificación y renovables
Se implementan diversas medidas fiscales, energéticas y de impulso a la transición ecológica, orientadas a fomentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
En primer lugar, se establecen deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y bombas de calor. Asimismo, se ponen en marcha nuevas ayudas para la climatización de edificios y se agilizan los procedimientos para la instalación de energías renovables.
En materia de autoconsumo, se refuerza este modelo energético ampliando de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima permitida entre los puntos de generación y consumo, además de habilitar a las entidades locales para promover nuevas modalidades de autoconso y comunidades energéticas.
Igualmente, se incrementa la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías, se declara de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico y se impulsa el desarrollo de energías renovables.
Por otro lado, se introduce una mayor flexibilidad legal en los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.
En el ámbito fiscal, se incorporan deducciones en el IRPF del 15% para la adquisición de vehículos eléctricos y enchufables. Además, en el Impuesto sobre Sociedades se establece la libertad de amortización para inversiones en energías renovables que sustituyan equipos basados en combustibles fósiles.
Finalmente, se habilita a los ayuntamientos para aplicar bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, así como bonificaciones de hasta el 95 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para este tipo de actuaciones.
Medidas laborales
La propuesta del Gobierno para limitar los alquileres indigna a los colectivos sociales y Sumar la rechaza
Se adoptan medidas laborales y de movilidad, así como disposiciones en materia de vivienda, con el objetivo de proteger a los trabajadores y facilitar la estabilidad en el acceso a la vivienda.
En el ámbito laboral, se establece la prohibición de despido en las empresas que reciban ayudas públicas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo. Además, se impulsa la implementación de planes de movilidad sostenible, obligatorios para todas las empresas que cuenten con más de 200 trabajadores o 100 por turno, con el fin de facilitar los desplazamientos de su plantilla hacia los centros de trabajo.
Respecto a la vivienda, se decreta la congelación temporal de los precios del alquiler y se prorrogan por dos años los contratos de arrendamiento que finalicen entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el paquete de medidas aprobado este viernes por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, unas iniciativas que entrarán en vigor a partir de mañana, contarán con una dotación de 5.000 millones e incluirán rebajas de impuestos, descuentos para colectivos vulnerables y ayudas para los sectores más afectados.