CUENTAS PÚBLICAS

Bruselas también desconfía de las cifras de déficit público del Gobierno

Montoro

En la Comisión Europea también trabajan economistas desconfiados. El Ejecutivo comunitario cree que España, tal y como informó infoLIbreel pasado jueves puede haber incumplido el objetivo de déficit público fijado para el cierre del ejercicio 2013, el 6,5% excluidas las ayudas a la banca. Así lo recoge el dictamen en el que reconoce que los desequilibrios de la economía española han disminuido, aunque alerta de la evolución de la deuda, camino del 100% del producto interior bruto (PIB) y del alto nivel de paro, un 26,3% según la Encuesta de Población activa (EPA)."El objetivo de déficit de 2013 podría haberse incumplido" sostiene la Comisión.

Bruselas se suma así al recelo expresado por economistas españoles sobre la información proporcionada por el Gobierno acerca de la evolución de las cuentas públicas el pasado año. Las cifras de Contabilidad Nacional del IV Trimestre recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (NE), con datos de la Intervención general de la Administración del Estado (IGAE), no cuadran y apuntan a un posible desplazamiento de gastos al ejercicio siguiente, 2014, para ajustar las cuentas del ejercicio. El Gobierno tiene hasta final de mes para publicar las cifras definitivas.

Los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre el último trimestre del pasado año recogen un descenso del gasto en consumo final de las Administraciones Públicas del 5,2% (datos corregidos de estacionalidad y de calendario).

Número de ocupados

Al mismo tiempo, el apartado de ocupados de la Contabilidad Nacional (empleo equivalente a tiempo completo) contempla un aumento de empleados en la Administración Pública, Sanidad y Educación de 29.000 personas, de 3.499.000 empleados en el tercer trimestre de 2013 a 3.528.000 en el cuarto. Hacienda mantiene que ese aumento ha sido sólo en "la parte de empleados privados" englobados en la Administración pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria, educación y sanidad.

El pago de salarios de los empleados públicos es la gran partida de gasto tras pensiones y desempleo, por lo que llama la atención que en el mismo trimestre suba el empleo y al mismo tiempo caiga el gasto público.

Economistas como José Carlos Díez, Antonio González (Economistas Frente a la Crisis), Ángel Laborda (Fundación de las cajas de Ahorros) o José Antonio Rodrigo creen que ha sucedido algo extraño. En palabras del primero de ellos "medio punto de PIB (5.000 millones de euros) se han extraviado por los pasillos del Ministerio de Hacienda". Por su parte, Laborda lo explicó así en EL PAÍS tres días dupués de conocidos los datos:  "Para que el PIB no descendiera como consecuencia de esta aportación tan negativa del consumo público, el INE ha tenido que hacer milagros con los otros agregados".

Alertas encendidas

Bruselas no sólo enarca las cejas cuando analiza lo sucedido en 2013. Aunque considera que este año 2014 si se logrará el ajuste previsto (défcit del 5,8% del PIB), mantiene todas las alertas encendidas para el ejercicio sigueinte, el 2015. La Comisión Europea sostiene que el próximo año, cuando España tiene que rebajar el déficit al 4,2%, no sólo no se conseguirá el objetivo sino que el desajuste alcanzará el 6,5% del PIB, el mayor de la eurozona por delante de Chipre (6,1%) e Irlanda (4,3%) y muy lejos de los rescatados Grecia (1%) y Portugal (2,5%).

Bruselas vuelve a pedir a España "reformas adicionales" en el mercado laboral y más esfuerzos presupuestarios para recortar el nivel de deuda. El Ejecutivo comunitario, según recogió Europa Pres, cree que en los últimos meses la corrección de los problemas de la economía española "ha avanzado claramente" y ya no sitúa a España en el grupo de países con desequilibrios "excesivos" -en el que están Italia, Eslovenia y Croacia-. Ello significa que Bruselas aleja la posibilidad de sanciones para España, que podrían haber ascendido hasta el 0,1% del PIB.

En todo caso, Bruselas anuncia que mantendrá una "vigilancia específica" del cumplimiento por parte de España de las recomendaciones de política económica que le dirija la UE. La próxima tanda de directrices se publicará a principios de junio.

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