El cártel del aceite deja al descubierto la falta de control sobre los precios de la cesta de la compra

Hay anuncios que quedan fagocitados por la realidad. Facua-Consumidores en Acción ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue si existe un pacto entre ocho grandes cadenas de distribución, Carrefour, Alcampo, Aldi, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona, para subir los precios del aceite de oliva. Buscan saber si ha existido una "estrategia paralela" de fijación de éstos, después de llevar tres meses vendiendo las botellas y garrafas de aceite de sus respectivas marcas blancas al mismo coste, o con una leve variación en algunos casos que no supera 1 céntimo, y haber elevado en noviembre un 9% las botellas de 1 litro del oro líquido.

Sondeadas por infoLibre varias de las cadenas aludidas han rechazado pronunciarse. La pelota está ahora en el tejado de la CNMC, que tendrá que determinar si ha habido o no prácticas colusorias. Pero tras la denuncia de este posible cártel se esconde más. La organización de consumidores que ha dado la voz de alarma lleva a cabo un seguimiento mensual sobre alrededor de 1.000 precios de alimentos básicos de la cesta de la compra afectados por la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) impulsada por el Gobierno, en las ocho grandes cadenas de distribución mencionadas. Desde septiembre se lo remiten al Ministerio de Consumo que capitanea Alberto Garzón para solicitarle que investigue si las subidas en más de la mitad de esos productos con respecto a principios de año, ocultan incrementos de márgenes ilegales. A esa documentación, han añadido en los últimos dos meses denuncias específicas centradas en el aceite de oliva con idéntico destinatario y la última que liga ese elemento a las marcas blancas propias de los hipermercados y que está en poder ya también de la CNMC. ¿Cuál es el objetivo? Que se actúe para proteger a los consumidores, pero no parece fácil que vaya a ocurrir. 

Para entender por qué no hay que echar la vista atrás. En un tablero geopolítico y económico complejo, el Gobierno suprimió el IVA de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y bajaron además del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva, y las pastas, vía Real Decreto-Ley. Se pretendía aliviar la situación de las familias, en especial la de aquellas con bajos ingresos, que tienen que destinar una parte sustancial de su renta a adquirir esos bienes.

Luego, desde el Ejecutivo se aseguró que se vigilaría con atención el rumbo de los precios y el que se aplicara la rebaja del IVA de forma efectiva. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aludió en concreto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como la encargada de controlar a los supermercados. De hecho, el organismo publicó en verano un informe en el que constató que sí estaban trasladando a los precios la rebaja del IVA. De su lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apuntó al Observatorio de la Cadena Alimentaria. Es más, este órgano acordó convocar a partir de abril distintos grupos de trabajo para analizar la evolución de los precios de determinados alimentos, entre los que estaba incluido el aceite de oliva y han ido trabajando en la elaboración de estudios. La parte del seguimiento de la evolución del coste de los productos pareciera estar cubierta, pero ¿qué sucede con la de la acción y las sanciones? 

Silencios y baile de competencias

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, relata que, tras lo aseverado por Calviño, “que se actuaría si se subían márgenes de beneficio”, ya que está expresamente prohibido en el artículo 72 del texto legal que dio luz verde a la rebaja fiscal del Ejecutivo; han trasladado varias denuncias de esa naturaleza a Competencia desde enero. La respuesta fue el silencio, por lo que recurrieron al Defensor del Pueblo y, sólo tras ese movimiento, la CNMC les contestó “diciendo que ellos no tienen competencia para actuar ante un práctica que no sea colusoria, que no sea un cártel que pacte precios”. “Si por su cuenta un fabricante o una cadena de supermercados decide elevar el margen de beneficios en la venta de un producto determinado, eso es ajeno a la normativa de competencia”, les replicaron. Y fuentes del ente confirman que carece de las competencias necesarias para poder multar a las empresas infractoras, si las hubiera.

Entonces en Facua revisaron normativa y llegaron a la conclusión de que "el ministerio que tiene capacidad de actuar es el de Consumo porque la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios fija que es infracción de defensa de los consumidores el hecho de que se suban precios vulnerando alguna normativa limitadora de éstos". Por ello exigen al departamento de Garzón que examine la información que les han hecho llegar, incluida la más reciente de los precios del aceite y las marcas blancas, y "sancione", si comprueba que tienen razón. De momento, Sánchez desvela que el ministerio no se ha manifestado todavía, aunque engarza que en septiembre su titular sostuvo públicamente que "las prácticas de subidas de márgenes son ilegales, que el Gobierno debería actuar, pero que, desgraciadamente" su área del Ejecutivo "no tiene competencias". Palabras que siguen manteniendo desde el ministerio. Si bien, en Facua se muestran convencidos de que sí.

Sánchez certifica que las poseen porque el propio Garzón asumió una reivindicación de la organización que preside y "ha reformado la ley del 84 en esta legislatura para que el Gobierno tuviera potestad sancionadora ante las vulneraciones de la ley general de defensa de los consumidores". A la luz de su argumentación, "hasta hace poco, sólo las comunidades y algunos ayuntamientos" podían intervenir y, si se producía un fraude, "cada autonomía tenía que abrir un expediente sancionador, 17 si tenía escala nacional". "Eso es un caos", hilvana, para insistir en que Consumo modificó la norma y defender que ese cambio también atañe a la escalada "de márgenes de beneficios".

En definitiva, creen que el artículo 47 de la ley general para la defensa de los consumidores tipifica como infracción las alzas de precios "que vulneren limitaciones establecidas por la legislación, por lo que el ministerio tiene competencias para sancionarlas", remachan. Saben que "puede ser complejo", pero abogan por que se dé un paso al frente por la amplia "afección a los consumidores" que conlleva no hacer nada. 

Desde el ministerio de Garzón, en cambio, remiten a Agricultura agarrándose al Real Decreto-Ley de la bajada del IVA, pero "este en ningún punto" establece que esa cartera "tenga competencias para actuar ante subidas de márgenes", subraya el presidente de Facua, en línea con lo que declaran fuentes del ente. Lo que sí les atañen son los informes sobre la evolución de los precios, aquellos que, en teoría, realizan en el Observatorio, y la organización de consumidores ha pedido a Agricultura que publique los resultados de los análisis de "seguimiento de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA" y ha demandado la información a través del Portal de Transparencia, según desvela Sánchez. ¿El resultado? El ministerio aduce que "no tiene competencia en materia fiscal y, por tanto, no existen los análisis en materia de precios en establecimientos de venta al público, no en origen, en destino, en supermercados".

Promesas incumplidas y consumidores sin protección

Para Facua, por tanto, "la promesa de controlar los precios a los consumidores no se ha cumplido, no se han hecho esos seguimientos", pero, en cualquier caso, alejan del Ministerio de Agricultura la capacidad de multar. Fuentes de este quieren dejar claro que en el Observatorio sí se hace seguimiento del mercado, de la evolución, pero este "es libre" y el Gobierno "no puede ni fijar precios ni establecer topes". Alimentan la idea de que el margen de actuación es prácticamente nulo y de que el Observatorio "no tiene capacidad de intervención", por mucho que pueda "hacer recomendaciones" a su ritmo.

"Si Consumo insiste en plantear que no tiene competencia, estaría haciendo una grave dejación de funciones", lanza Sánchez, "porque está permitiendo que en el mercado se produzcan gravísimas irregularidades y que los consumidores estén viendo mermada su capacidad adquisitiva". A su entender, dado que los productos "están continuamente más caros", si el ministerio que comanda Garzón no mueve ficha, "está dejando de protegerlos, está mirando hacia otro lado ante una práctica para la que sí tiene potestad sancionadora", remata. En definitiva, hay frases, en ocasiones de la órbita política, que no siempre forman un blindaje real.