La postura de las comunidades autónomas (CCAA) en lo relativo a la vivienda es cada vez más difícil de interpretar. Mientras el Ministerio de Vivienda señala que en las dos últimas reuniones las autonomías aceptaron los requisitos del Gobierno para acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, algunas de ellas critican públicamente esas condiciones o las han llevado a los tribunales. Aún así, el departamento que dirige Isabel Rodríguez les remitió este jueves los documentos y “un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos”, señalan. Cuando lo firmen, se desbloquearán los primeros 800 millones de euros.
Pero las señales no pueden ser más contradictorias. El pasado mes de junio, la Comunidad de Madrid recurrió ante el Tribunal Supremo el Plan Estatal de Vivienda por invasión competencial. En la misma línea fueron Andalucía y Extremadura; la primera, anunció que presentaría requerimiento para modificar algunos artículos; y la segunda, inició un proceso contencioso-administrativo y otro ante el Tribunal Constitucional. Las tres comunidades sostienen que el Gobierno invade competencias autonómicas, y en el caso extremeño, además denuncian que el esfuerzo económico para la comunidad es "desproporcionado". Estas han sido las regiones más beligerantes, aunque según Vivienda, las tres han aceptado las condiciones para acceder al reparto de fondos.
El mapa autonómico es desigual. Las comunidades gobernadas por el PSOE respaldan el plan, pero también Galicia, del PP. Otras, pese a criticar alguno de los aspectos del plan, han optado por sumarse. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, señaló que “el dinero vendrá bien” si se puede compatibilizar con otras políticas de vivienda; en Murcia, el popular Fernando López Miras calificó el plan de “fuegos de artificio”, aunque finalmente lo ha asumido; Cantabria (PP) también lo ha aceptado, aunque no descarta recurrirlo judicialmente, al igual que Castilla y León. Por su parte, La Rioja, también gobernada por el PP, se adscribió al Plan, aunque criticó que la aportación del Gobierno no fuera más amplia, ya que antes aportaba un 75% (aunque con menos fondos) y ahora un 60%.
¿Cómo está el reparto de fondos?
Por ahora, el Gobierno aún no ha realizado ninguna transferencia porque primero las autonomías deben responder por escrito a los compromisos que les requiere Vivienda. Cuando lo hagan, se efectuará el primer desembolso de 800 millones de euros, sobre un total de 7.000 millones que tiene asignados el plan completo.
Entre los requisitos que deben cumplir se incluye que la catalogación de vivienda protegida no expire y que la comunidad ponga su parte en la cofinanciación (un 40%, frente al 60% que sale del Ejecutivo central). “El ministerio cumple de este modo con el compromiso de habilitar los mecanismos necesarios para efectuar el primer desembolso en julio”, señalan desde el ministerio del ramo. Las comunidades que más dinero recibirán son Andalucía (718 millones del Estado y 478 propios), Madrid (667 millones del Estado y 445 propios) y Cataluña (609 millones del Estado y 406 propios).
Si las comunidades aceptan las condiciones del Ministerio de Vivienda y el primer desembolso se produce este mes de julio, el plan cumplirá con los plazos dispuestos cuando se anunció, aunque los recursos judiciales podrían alterar los planes.
Las razones que han dado las comunidades para iniciar reclamaciones y procesos judiciales son similares en todos los casos. El recurso de la Comunidad de Madrid se queja de que el Plan Estatal limita “la capacidad de gestión de la autonomía regional” y considera que con ello invade sus competencias. También alegan que el modelo de cofinanciación podría suponer “una injerencia excesiva” en la autonomía financiera porque interferiría en su capacidad para emplear recursos propios.
En la misma línea se manifestó el ejecutivo andaluz. La Junta criticó que la propuesta le restaba autonomía y las degradaba a “meras gestoras” de ayudas. Además, incidía en que, en proporción, las comunidades hacían un esfuerzo mayor para aportar fondos que el Gobierno central. Por ello, hace dos semanas planteó en Consejo de Gobierno la posibilidad de iniciar un recurso formal contra el Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, en mayo sacó una nota anunciando que aceptaba los criterios de reparto de fondos.
En Extremadura, la consejera de Hacienda, Helena Manzano, también se quejó de que el reparto económico que establece el citado plan “es claramente desequilibrado”.
Blindar la protección, el gran foco de discrepancia
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Una de las cuestiones que más ampollas levanta, sobre todo en la Comunidad de Madrid, es la obligatoriedad de que las viviendas que se construyan con esos fondos nunca pasen al mercado y se queden en el paraguas de lo público de manera indefinida. Actualmente, las viviendas con protección oficial dependen enteramente de las CCAA, que son las que gestionan su promoción y las que deciden el plazo de duración de las restricciones que impiden su venta a precio de mercado o que fijan el alquiler a un precio asequible. Cuando caduca ese plazo, las viviendas pasan a ser de titularidad privada y entran en el mercado desregulado.
Madrid es una de las regiones que con más fuerza ha defendido el modelo actual. “El Ejecutivo madrileño considera que esta exigencia excede las competencias estatales y podría obligar a modificar marcos normativos ya consolidados, generando inseguridad jurídica y retrasando la ejecución de los programas previstos”, señala la Comunidad en una nota de prensa. De hecho, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, llegó a afirmar en la Asamblea que esta protección permanente “degrada las edificaciones” y “deteriora los barrios”.
Con estas señales contradictorias encima de la mesa comienza el despliegue del nuevo Plan Estatal de Vivienda. A la espera de lo que pase con las reclamaciones judiciales, el Gobierno central ha señalado en reiteradas ocasiones que la protección permanente –uno de los principales requisitos del plan– no es una cuestión negociable.
La postura de las comunidades autónomas (CCAA) en lo relativo a la vivienda es cada vez más difícil de interpretar. Mientras el Ministerio de Vivienda señala que en las dos últimas reuniones las autonomías aceptaron los requisitos del Gobierno para acceder a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, algunas de ellas critican públicamente esas condiciones o las han llevado a los tribunales. Aún así, el departamento que dirige Isabel Rodríguez les remitió este jueves los documentos y “un modelo de conformidad en el que las CCAA deben ratificar de nuevo, como ya han hecho en dos ocasiones en Conferencia Sectorial, que aceptan los requisitos del Gobierno para acceder a estos fondos”, señalan. Cuando lo firmen, se desbloquearán los primeros 800 millones de euros.