Privatizaciones

Un contrato de la Generalitat valenciana con Indra supone el despido de 14 trabajadores de la empresa pública Tragsa

La presidenta de Tragsa, Elvira Rodríguez.

El pasado 4 de febrero concluyó la encomienda de gestión por la que Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, prestaba en  la Comunidad Valenciana desde hace 10 años los servicios informáticos necesarios para el pago de las ayudas a los agricultores de la PAC, la Política Agraria Común. La Generalitat decidió prescindir de la empresa pública y sacar a concurso el contrato, que ganó Tecnocom, ahora absorbida por Indra, cuyo 20% es propiedad del Estado.

Según las fechas establecidas en el contrato, Tecnocom no comenzará a prestar el servicio hasta el próximo mes de mayo. Así que durante los últimos tres meses Tragsatec ha seguido realizando el trabajo. Hasta el pasado martes, en que despidió a 14 de las 32 personas adscritas a la unidad que se encargaba de la gestión informática de estas ayudas: 83 millones de euros al año que reciben unos 75.000 agricultores, según cifras de la propia Tragsa.

Fuentes de la empresa pública explican que durante estos últimos tres meses Tragsatec ha continuado trabajando para la Generalitat valenciana “por inercia legal” y pese a que ese trabajo no se hallaba “amparado en título jurídico alguno”. Ni tenía encomienda de gestión, que había finalizado el 4 de febrero, ni ha existido prórroga, aseguran. De ahí que no le haya quedado más remedio a Tragsa que “cerrar la ventanilla” y resolver los contratos de 14 trabajadores temporales. Los 18 restantes de la unidad afectada, todos fijos, han sido “recolocados”, puesto que ahora realizan trabajos “remotos”, desde la misma ubicación, para otras unidades de Tragsa en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la Generalitat valenciana envió a Tragsatec los días 19 y 20 de enero pasados –dos semanas antes de que prescribiera la encomienda– dos escritos solicitando la prórroga de los servicios durante nueve meses. Dado que éstos se consideran “de carácter esencial” y “no pueden ser aplazados”, la Consejería de Hacienda pedía que continuaran prestándose “hasta la asunción del servicio por el contratista correspondiente”. La “continuidad” se dividía en dos fases, cada una con diferente carga de trabajo: la primera al 100% hasta julio y la segunda al 70% hasta noviembre. El importe total de la prórroga que la Generalitat calculaba pagar a Tragsatec ascendía a 1,038 millones de euros.

Un portavoz de la Consejería valenciana de Hacienda indica que existía un “compromiso de continuidad” por parte de Tragsatec y que se sigue negociando con la empresa los términos de la transición y la “transferencia de conocimiento” al nuevo personal. De hecho, añade, la responsable de Desarrollo Económico, María José Mira, también representante de la Generalitat valenciana en el consejo de administración de Tragsa, se reunió este miércoles con la presidenta del grupo, Elvira Rodríguez, para tratar, entre otros temas, la gestión de las ayudas de la PAC.

Según destaca Hacienda, la Generalitat no ha privatizado el servicio que daba la filial de Tragsatec sino que, por el contrario, va a “rescatarlo”, como ha hecho ya con la sanidad, por ejemplo, y pasará a prestarlo personal de la Administración autonómica. “Ya hay funcionarios de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación asignados a esa tarea”, asegura. La labor de Tecnocom, por tanto, será de “refuerzo”, ejecutará parcelas que no puede atender el personal de esa Dirección General. El contrato fue licitado por un importe de 3,06 millones de euros y adjudicado a Tecnocom por 1,44 millones para los dos próximos años.

Desde 2013 el Gobierno valenciano ha pagado a la filial de Tragsa un total de 6,4 millones de euros por la encomienda ahora concluida, según la documentación en poder de este periódico.

Contratos en fraude de ley

En un comunicado, CCOO asegura que la prórroga ofrecida por la Generalitat valenciana “fue aceptada por Tragsatec” e incluso se comunicó a la plantilla de la delegación valenciana. El sindicato atribuye a la nueva presidenta de Tragsa la decisión de dar por finalizado el servicio y despedir a los trabajadores. Fuentes de la empresa pública lo niegan. Y argumentan que la Ley de Presupuestos le impide aumentar plantilla convirtiendo en fijos a los temporales. CCOO, por su parte, denuncia que cuatro de los 14 despedidos son una trabajadora embarazada, otra con reducción de jornada por cuidad de un menor, un trabajador con permiso de lactancia y un delegado sindical.

El resto tenía contratos por obra y servicio. Algunos de ellos interpusieron en su día una demanda contra la empresa porque llevaban una década trabajando con esos contratos temporales, lo que constituye un fraude de ley: el Estatuto de los Trabajadores establece que, pasados tres años, esos contratos devienen indefinidos. En estos momentos, las demandas se encuentran pendientes de recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Mientras estos trabajadores han recibido indemnizaciones de 12 días por año trabajado, tal y como corresponde a la finalización de un contrato temporal, los cuatro primeros han sufrido un despido de los llamados objetivos, por causas organizativas, por lo que han sido indemnizados con 20 días por año, la cantidad estipulada por ley para la rescisión de los contratos indefinidos. Sin embargo, fuentes de la empresa aclaran que se trata de trabajadores “en situación especial”, por lo que la ley exige que sean despedidos de esa manera. “No supone que les reconozcamos su condición de indefinidos”, apuntan.

CCOO también reprocha a Tragsatec que despida a 14 trabajadores cuando ha terminado 2016 con 10,4 millones de euros de beneficios. Y que el futuro de los 120 empleados que han quedado en la delegación valenciana no esté garantizado con un plan de viabilidad. La filial de Tragsa cuenta con una plantilla, repartida por toda España, de 4.673 empleados, de los cuales 2.012 son temporales, según cifras de la propia empresa. El año pasado redujo su personal fijo un 9,5% respecto a 2015, al tiempo que disparaba un 24,6% la contratación de eventuales. De esta forma, el gasto de personal cayó un 2,7%, pese a que la plantilla creció casi en la misma medida, un 2,6%.

El grupo Tragsa presentó en 2013 el que iba a ser el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de una empresa pública, 1.639 despidos. Tras una batalla legal que llegó al Tribunal Supremo dos años después, la empresadespidió en enero de 2016 a un total de 555 trabajadores. E inmediatamente empezó a contratar para esos mismos puestos a empleados temporales. Así ha conseguido el grupo recortar un 10,2% sus gastos de personal el último año, más del doble de lo que ha reducido la plantilla, un 4,6%.

Directivas europeas contra las encomiendas de gestión

La Generalitat justificó en su día el fin de la encomienda de gestión con la pública Tragsa y el recurso a una empresa privada por las directivas de la Unión Europea que recomiendan no utilizar esta herramienta. También el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado aconsejan restringir al máximo el número de encomiendas, o al menos ser mucho más estrictos en su uso. Y las empresas privadas de ingeniería han protestado en reiteradas veces por lo que consideran competencia desleal no sólo de Tragsa, sino también de otras empresas públicas como Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–.

Las encomiendas son contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, las compañías antes citadas. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren a su uso abusivo e injustificado, también a la falta de publicidad. Por ejemplo, pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

Además, dicen sus críticos, las encomiendas se utilizan a veces para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pidió a la Administración que abriera un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros.

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