Las cuatro incertidumbres de la intervención y venta del que fue el banco más rentable del mundo

La Bolsa aplaudió este jueves la intervención del Banco Popular y su compra por el Santander, disparando un 5,24% la cotización de la entidad que preside Ana Patricia Botín. También Moody’s saludó la operación mejorando las calificaciones de la deuda senior del Popular, que ha subido cinco escalones impulsada por el plus de confianza que, a juicio de la agencia, supone el apoyo del Santander. “Tanto los clientes como los depositantes, los ahorradores y los trabajadores de Banco Popular tienen que estar hoy mucho más tranquilos que hace unas semanas, ahora que forma parte de un grupo muy sólido como es el Banco Santander”, celebró igualmente el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Sin embargo, la primera intervención del mecanismo europeo, que hace desaparecer al sexto banco de España, también plantea algunas incógnitas.

  Fuga de depósitos

Tanto la Junta Única de Resolución (JUR) como el Banco Central Europeo (BCE) atribuyeron al “significativo deterioro de la liquidez” del Popular la decisión de intervenir el que durante los años 90 fue considerado el banco más rentable del mundo. De hecho, la entidad había agotado todas sus líneas de liquidez el pasado martes. Los rumores sobre la fuga de depósitos no hacían más que alimentar la caída de sus acciones en bolsa. Entre los meses de abril de 2016 y 2017, el banco perdió 10.020 millones de euros de sus depositantes, un 11,2%. De ellos más de la mitad, 6.063 millones, salieron de sus cuentas desde enero, cuando ya había dejado Ángel Ron la presidencia y Emilio Saracho se preparaba para tomar las riendas, hasta el 31 de marzo. En el último mes, la huida de clientes fue aún mayor. Sólo en las dos últimas semanas, unos 18.000 millones adicionales. “No puede sorprender esa aceleración”, asegura el profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, “la pérdida de confianza siempre produce rapidísimamente una oleada imparable [de fuga de depósitos]”.

“La salida de depósitos fue muy intensa y llega un momento en el que un banco, si no tiene liquidez, no puede abrir al día siguiente”, sancionó Luis de Guindos.

La intervención supone la pérdida del 100% de su inversión para los accionistas y poseedores de deuda subordinada e híbrida del banco, pero no afecta a los depositantes.

  Ladrillo tóxico

Fue el ladrillo tóxico el lastre que ha llevado a la desaparición del Banco Popular. La compra del Banco Pastor, la entidad con mayor exposición al riesgo inmobiliario en 2011, se tradujo en una cartera de créditos a promotores que sumaba 22.724 millones de euros, el 18% de su volumen total de préstamos. De ellos, el 32%, casi 7.400 millones, eran dudosos.

Seis años después, la cartera inmobiliaria del Popular era de 17.727 millones de euros, a fecha de 31 de marzo de 2017. Y su diligencia para deshacerse de estos activos problemáticos no ha sido mucha: el volumen es un 4,6% superior al que poseía un año antes. La mayor parte de ellos, un 38%, son suelos, mucho más difíciles de colocar, por un 33,7% de viviendas, según consta en el informe anual de cuentas de 2016.

Pues bien, ese lastre pasa ahora a las cuentas del Santander, que por sí solo cuenta con inmuebles por importe de 10.733 millones de euros, según su informe de cuentas de 2016. En total, el banco de Ana Patricia Botín tiene que digerir un total de 28.460 millones de euros en ladrillo tóxico. Más que ninguna otra entidad financiera española. El año pasado se deshizo de inmuebles por importe de 1.083 millones de euros.

En cualquier caso, está por ver aún cuál es el valor real de los activos inmobiliarios del Popular, una de las incertidumbres que han socavado la credibilidad de la entidad en los mercados. De momento, el Santander aumentará los niveles de cobertura de estos inmuebles subirán hasta el 69% desde el 38,5% que consignaba el Popular a 31 de marzo pasado.

  Oleada de demandas judiciales

Los 300.000 accionistas del banco que han perdido todo su dinero preparan ya las demandas para recuperar sus inversiones. Los despachos de abogados quieren extender al Popular las exitosas campañas que les han proporcionado la salida a Bolsa de Bankia, la estafa de las preferentes, las cláusulas suelo y los gastos de gestión de las hipotecas. En el punto de mira de unos y otros se sitúa no sólo el Santander como entidad adquiriente, sino también los organismos europeos, que forzaron la intervención y vendieron por un euro el banco.

Tampoco hay que descartar como objetivo al último gestor del Popular, Emilio Saracho, en la presidencia desde el pasado 20 de febrero, quien no ha sido capaz de lanzar la ampliación de capital que prometió ni de vender a un precio razonable la entidad. Mucho menos aún a la anterior cúpula del banco, con Ángel Ron al frente desde 2004. El pasado abril la entidad comunicó a la CNMV que una auditoría de PricewaterhousCoopers –otro posible demandado– había destapado un desfase de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró que el agujero no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el desajuste puede constituir la base de las demandas que presenten quienes acudieron a la ampliación de capital de 2.500 millones en mayo del año pasado. Como en el caso de la salida a bolsa de Bankia, el argumento estribaría en que las cuentas utilizadas para la ampliación no eran correctas.

Además, ya antes de la intervención europea, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) había instado a la CNMV a investigar una supuesta manipulación de la cotización bursátil del Popular, así como un posible conflicto de interés entre Emilio Saracho y JP Morgan, su anterior empleador y el banco que eligió para dirigir la venta –frustrada– de la entidad.

Otro frente judicial que se le abre al Santander es el de las cláusulas suelo, del que se había librado al no haberlas incluido en sus hipotecas. Pero ahora tendrá que hacer frente a las 65.000 reclamaciones por estas cláusulas recibidas por el Popular. Según el portal online reclamador.es, el importe puede alcanzar los 440 millones de euros. El Popular había provisionado 534 millones de euros para cubrir la devolución de estos importes.

  Despidos y cierre de sucursales

“La plantilla del Popular va a tener continuidad, cómo no”, aseguró este jueves el consejero delegado del Santander, José María Álvarez, “son magníficos profesionales, que siguen teniendo que atender a cuatro millones de clientes”. Pero, como cualquier otra absorción de entidades, la compra del Popular se traducirá “sin duda” en recortes de plantilla y cierre oficinas, según apuntan fuentes del Santander. Tras analizar las duplicidades, habrá excedentes de empleo, cuya resolución se negociará con los sindicatos, explican. UGT, CCOO y CGT se han apresurado a advertir al Santander ante posibles despidos y a pedirle que garantice el empleo.

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El banco de Ana Patricia Botín cuenta con una plantilla de 23.017 empleados en España y el Popular, con 11.911. Ambas entidades ejecutaron en 2016 sendos expedientes de regulación de empleo (ERE), que se tradujeron en el recorte de 2.600 puestos de trabajo en el Popular y otros 2.500 en el Santander. Además, el cierre de sucursales ha sido continuo desde que estalló la crisis. Pese a que el banco de Botín integró las del Banesto en su red en 2012, posee ahora –2.911– menos oficinas que en 2008. El Popular sumaba 2.180 en 2012 y hoy sólo mantiene abiertas 1.686.

Los sindicatos acusan de la desaparición del Banco Popular a “la pasividad del Gobierno y de los reguladores financieros”, pero también reprochan a los gestores de la entidad tanto sus “decisiones erráticas” como las “indemnizaciones millonarias” de las anteriores cúpulas.

Según su contrato, Emilio Saracho debe percibir una prima de cuatro millones de euros sólo por haber sido fichado y otros 1,1 millones más por cada año de trabajo. Sólo ha durado cuatro meses en el cargo. El anterior presidente, Ángel Ron, se fue sin indemnización pero con una pensión de 24 millones de euros. Su consejero delegado, Francisco Gómez, fue indemnizado con 1,1 millones de euros, además de tener derecho a una pensión de 20,3 millones. Le sustituyó Pedro Larena, quien sólo permaneció siete meses en el cargo. Se le pagaron cinco millones de euros.