CRISIS BANCARIA

La desaparición del Popular pone en entredicho la eficacia de los organismos supervisores

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, este miércoles.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba el pasado mes de abril que el Banco Popular era “solvente”, porque así se lo había comunicado el Banco de España. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, insistía dos días después en que también el Banco Central Europeo (BCE) había informado al Gobierno de que el Popular, intervenido este miércoles por las autoridades europeas ante una quiebra inminente, “no presentaba problemas de solvencia”. De hecho, el Banco de España sólo reconocía su preocupación sotto voce, mientras susurraba a la prensa que el único problema del Popular era de “gobierno corporativo, con un accionariado muy representado dentro del consejo” y decía apoyar el proyecto nonato de banco malo diseñado por el expresidente de la entidad Ángel Ron para liquidar el exceso de ladrillo tóxico que envenenaba sus balances.

Además, el banco recién comprado por el Santanderaprobó todos los tests de estrés a que le sometió desde 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) menos uno.

“Los supervisores no estuvieron atentos o no se atrevieron a tomar medidas drásticas en el momento adecuado”, razona el analista Juan Ignacio Crespo. “Está claro”, añade, “que no tomaron medidas a tiempo, tranquilizados por los trankimazines de las sucesivas ampliaciones de capital trankimazinesque iba completando el Popular”. El banco que desde febrero gobernaba Emilio Saracho lanzó cuatro ampliaciones de capital en cuatro años, la primera después de suspender las pruebas de esfuerzo europeas en 2012. La última, hace sólo un año, sirvió para mejorar el aprobado por los pelos obtenido por el Popular en los tests de la EBA del verano pasado, cuando quedó el quinto peor de los 51 bancos puestos a prueba. Las ampliaciones de capital debían ayudar a tapar un agujero que, por el contrario, no hizo más que aumentar hasta los 8.200 millones de euros que ha calculado la Junta Única de Resolución (JUR) antes de liquidar la entidad.

También el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo cree que al Popular los organismos supervisores “le han dado más cancha” que la concedida a las cajas de ahorro. “Si esto mismo le hubiera ocurrido a una caja, habrían intervenido hace mucho tiempo”, apunta. Con un banco no se podía argumentar que “la gobernanza era mala porque la llevaban los políticos”, como se hizo con las cajas de ahorro, lo que, a juicio del economista, ha dejado al Popular “en una situación no deseable, que ha terminado desbordándose: cuando los depositantes pierden la confianza, ya no se puede parar”.

Juan Ignacio Crespo echa de menos que no se tomaran medidas para reducir el riesgo, sobre todo en lo que se refiere a los activos tóxicos inmobiliarios. El analista ve en el Popular una “vida gemela” a la de Caja Duero. Ambas entidades llegaron tarde al boom inmobiliario, en 2005, y “fueron corriendo detrás de precios y promociones”, recuerda. Cuando la burbuja pinchó, en 2008, la caída empujó a Caja Duero primero a una fusión con Caja España, después a su conversión en banco y finalmente a ser comprada por Unicaja.

Múltiples señales de que algo iba mal 

El Popular, en cambio, caminaba solo pese a las señales claras de que algo iba mal. García Montalvo destaca el nivel de provisiones, que no superaba el 35% frente al más de 50% de media que poseía el resto de la banca. Además, el profesor de la Pompeu Fabra reprocha al Banco de España que se haya comportado como en ocasiones anteriores, considerando cada problema como una “crisis pasajera”, una estrategia que considera “un error garrafal desde el principio” y que no se ha seguido “ni en Estados ni en ningún otro país”.

Desde luego, rechaza que el Banco Popular tuviera un problema de gobierno corporativo. “No conozco muchos casos en que un consejo de administración haya despedido a su presidente”, contrapone José García Montalvo en referencia a la salida de Ángel Ron de la entidad el pasado diciembre. Fueron los consejeros independientes quienes permitieron a la presidenta del comité de nombramientos iniciar el despido, explica el profesor de la Pompeu Fabra. “Parece que la gobernanza no funcionaba tan mal”.

Más signos de alarma: el pasado abril una auditoría de sus cuentas llevada a cabo por PricewaterhouseCoopers desveló un agujero de 633 millones de euros. Aunque entonces el banco aseguró a la CNMV que el desfase no le obligaba a reformular las cuentas –con unas pérdidas de 3.485 millones en 2016 y 137 millones más en el primer trimestre de este año–, el anuncio coincidió en el tiempo con la dimisión de su consejero delegado y número dosnúmero dos, Pedro Larena, sólo siete meses después de haber accedido al cargo.

Al tiempo, Standard & Poor’s alertaba de que la situación de capital del que fue considerado durante años “el banco más rentable del mundo”, era “débil” y “limitada su capacidad para generarlo de forma orgánica”.

El millonario fichaje de Emilio Saracho, procedente de JP Morgan, tampoco ha dado el resultado que se esperaba. Buscaba una nueva ampliación de capital, imposible según iba desplomándose el valor de la acción en las bolsas. García Montalvo considera que, en realidad, Saracho tenía poco margen de maniobra cuando fue nombrado el pasado 20 de febrero: “Quizá estaba mal informado o pensaba que iba a tener más capacidad para convencer a posibles inversores”. Los bajistas, que apuestan por la caída de la acción, llegaron a hacerse con el 12% del capital mientras se sucedían los rumores sobre la salida de depósitos. Las noticias sobre el interés de Bankia, BBVA o Santander no fructificaban. En sólo cuatro días, el Popular perdió la mitad de su valor en bolsa, un 65% en el último año. Tras la intervención europea, la CNMV ha asegurado que prestó “la máxima atención” al Popular durante los últimos meses, y seguido “estrechamente la evolución de la cotización” del banco en cada momento. Pero en ningún momento llegó a suspenderla. Hay que recordar que, tras la venta al Santander, los 300.000 accionistas del Popular han perdido todo su dinero. También los poseedores de deuda híbrida y subordinada. Los CoCos (obligaciones convertidas en acciones) valen cero.

Las tests de estrés no sirven para detectar problemas

El Banco Popular desaparece menos de un año después de aprobar los tests de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. Pero tanto García Montalvo como Juan Ignacio Crespo coinciden en que estas pruebas sólo detectan “los casos extremos”, los evidentes, como el del italiano Monte dei Paschi, recién rescatado. “Los tests se hicieron por primera vez en 2009 en Estados Unidos y su objetivo era estabilizar el sector bancario, dando confianza a los inversores, independientemente de cómo esté cada entidad”, explica el profesor de la Pompeu Fabra. Para Juan Ignacio Crespo, las pruebas de esfuerzo bancarias no son más que “quitamiedos”.

Ahora el Santander tendrá que digerir los 38.000 millones de activos tóxicos del ladrillo que han acabado por matar al Popular. “Si algún banco puede hacerlo es el banco de Ana Patricia Botín, es el que tiene mayor capacidad de gestión y mayor capacidad para conseguir esos 7.000 millones de euros previstos en la ampliación de capital”, aventura García Montalvo. “Si no descubre pérdidas adicionales”, añade Juan Ignacio Crespo, “será una buena operación para el Santander”. A juicio de este analista, no cabía otra solución: “El Gobierno tiene que estar aplaudiendo: el Santander se hace cargo, quitándole un problema sin coste para el contribuyente y planteando un provisionamiento de hasta el 70%, una cifra tremenda”.

García Montalvo, por su parte, apunta que los accionistas del Popular no son los únicos que han perdido sus inversiones durante la crisis. Ya les ocurrió, indica, a los del Banco de Valencia y a los poseedores de cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –que también fue vendida por un euro, al Banco Sabadell–. También los accionistas del BBVA o del Santander, continúa, han perdido el 50% o 60% de sus inversiones desde el comienzo de la crisis: “Esta fiesta la han pagado muchos, no sólo el sector público, sino también inversores”.

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