Denuncia ante la CNMV: los fondos buitre exigen cobrar intereses anuales del 40%

Codere, el grupo de empresas del juego propiedad de la familia Martínez Sampedro, en preconcurso de acreedores desde el 2 de enero, ha denunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la actuación de los fondos buitre en la compañía. Según la denuncia, los fondos buitre, que se han hecho con parte de su deuda bancaria (127 millones) por 100 millones de euros, exigieron incialmente al grupo un interés efectivo anual del 117% incluyendo intereses encubiertos como comisiones. Al final, lo redujeron al 40% anual, en una acción que, según fuentes del grupo, podría ir en contra de las leyes españolas de usura.

Codere pertenece en un 68,5% a la familia Martínez Sampedro y tiene importantes problemas de liquidez. Registra una deuda total de 1.214 millones de euros. En 2013 facturó 1.174 millones y el 40% de sus ingresos procede de Argentina.

Los problemas de liquidez de Codere surgieron al mismo tiempo que el Gobierno argentino de Cristina Kirchner nacionalizaba la filial de Repsol en el país, YPF, en abril de 2012. Aquella decisión abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro de las compañías españolas en el país. Las cosas se endurecieron. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo que resolver sus necesidades fiscales anticipando la renovación de las licencias de juego. Para Codere, el pago supuso una inversión no prevista para el ejercicio pasado de 107,1 millones de euros. Fue el comienzo de las dificultades que amenazan al grupo con el fantasma de la quiebra.

Legislación antigua

En la pugna con los fondos buitre, el problema está en que la legislación española contra la usura es antigua y poco precisa. La norma en vigor es la Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908. La norma considera sancionable “todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero”. Pero en España no hay una tasa oficial de usura a partir de la cual todo interés sea declarado usurario.

La denuncia a la CNMV de la actuación de los fondos buitre es parte de un pulso entre los llamados "hedge fund", que campan a sus anchas por una economía en rebajas y un grupo, Codere, con fuertes intereses en América Latina (México, Panamá, Argentina, Colombia), que puede ser una presa interesante. Codere ha dejado de pagar en enero los intereses comprometidos con sus bonistas (31 millones de euros).

El grupo tiene hasta el 6 de febrero para negociar con los inversores, entre ellos fondos buitre como Blackstone que también se han hecho con bonos. El pulso está en todo lo alto y puede llegar a la declaración oficial de concurso de acreedores. La quiebra.

Tratándose de juego y de especulación financiera, las quejas del grupo Codere podrían compararse con la sartén que se quema en el infierno. Pero tiene un aspecto interesante: muestra cómo funcionan los fondos buitre y alerta sobre la posibilidad de que Codere no sea un caso aislado. Los fondos buitre han comprado carteras completas de préstamos bancarios en España.

Un relato esclarecedor

El relato de los responsables de Codere a la CNMV es esclarecedor. Según la documentación aportada, los fondos buitre, con Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners a la cabeza, adquirieron la deuda bancaria de Codere a los bancos Credit Suisse, Barclays, BBVA y Houston Casualty Corporation.

Tras comprar la deuda bancaria, siempre según el relato presentado a la CNMV, los fondos suscribieron seguros para cubrir posibles impagos de la deuda emitida en bonos (760 millones en total). Tras tomar el seguro, habrían obligado a Codere a no pagar intereses para cobrar los seguros. Si Codere hubiera rechazado el impago, sostienen fuentes del grupo, los fondos habrían adelantado el vencimiento de la deuda adquirida a los bancos. Técnicamente, se produjo un "impago artificial para activar los CDS" (credit default sawps, los seguros). En poder de Codere, y a disposición de la CNMV, hay un documento escrito, suministrado por uno de los fondos, en el que se detalla cómo crear ese impago artificial. Por supuesto, los fondos, con Blackstone a la cabeza, lo niegan.

La pelea en Codere no es una excepción. En España, los fondos buitre están encontrando las oportunidades que justifican su existencia. Para el Gobierno, es prueba de que la economía renace y atrae inversión. Para las empresas afectadas y numerosos observadores es la pelea por un país con una economía destrozada tras seis años de crisis.

Bancos nacionales y extranjeros han vendido su cartera de préstamos bancarios españoles a fondos que están en condiciones de imponer sus condiciones. Las consecuencias pueden ser un aumento de impagos por el endurecimiento de las condiciones de financiación y más desempleo (los despidos masivos forman parte del catecismo de "compra, divide, vende" de los fondos).

Aprovechar el esfuerzo ajeno

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Los fondos se aprovechan de los esfuerzos realizados por los contribuyentes para sostener una banca que busca limpiar sus balances a toda costa, cediendo sus posiciones en compañías que quedan a disposición de los fondos buitre.

Todo, además, en un contexto legal difuso. Los fondos, cuya actuación no está regulada en España (ley de usura de principios del siglo XX) se mueven con normas de legislación anglosajona que, en muchos casos, desplazan la normativa española.

En los últimos meses, las operaciones de compra de fondos buitre en España se han multiplicado. La lista es larga. Blackstone ha invertido en inmuebles en Madrid (compra de 1.860 viviendas municipales), lo mismo que Magic Real Estate. El fondo Apollo ha invertido en banca virtual (compra de Evo) mientras en el sector inmobiliario se han movido fondos como Lone Star, REEF (compra de surcursales al BBVA) o Moor Park. El sector alimentario también ha despertado la atención de fondos como Aktree (compra de Panrico), lo mismo que el sector de los medios de comunicación, con la entrada en el grupo Prisa.