El Gobierno diseña la recuperación con 72.000 millones de transferencias directas para evitar que la deuda pública se dispare

Los 72.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez va a destinar al Plan de Reconstrucción corresponden íntegramente a la partida de ayudas directas que los Estados miembros alcanzaron la histórica madrugada del 21 de julio pasado. Esa cantidad forma parte de los 140.000 millones de euros que recibirá España, el resto –casi la mitad– en forma de créditos, del total de 750.000 millones que se pactaron movilizar para toda la Unión en aras de luchar contra la crisis que ha dejado la pandemia.

La cuestión más destacada es que los 72.000 millones en transferencias directas no impactarán sobre la inquietante deuda pública sino que se cargarán sobre la Comisión Europea. Según datos del Banco de España, la deuda pública se habría disparado un 6,8% entre agosto de 2019 y el mismo mes de este año. 

Lo que adeudan las administraciones públicas ya rebasa el 110% del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo con la última estadística del supervisor publicada a finales de septiembre pasado. Y las previsiones para el cierre de 2020 es que escale todavía más, hasta el 118% del PIB.

Sí repercutirán en la deuda los créditos que recibirá España, alrededor de 68.000 millones de euros, pero no tendrán un impacto significativo en el pasivo. Primero, porque la devolución de todo ese dinero tendrá que acometerse antes de 2059, esto es, dentro de 30 años aproximadamente; segundo, porque los tipos de interés del BCE son negativos (-0,5%) y este martes su presidenta, Christine Lagarde, aseguró que la institución con sede en Fráncfort está dispuesta a seguir aumentando los estímulos y a seguir recortando los tipos (una medida contra la que se posiciona el Bundesbank alemán). 

Moncloa reconoce los riesgos en el Plan de Reconstrucción: "La respuesta a la crisis actual conlleva un aumento importante del endeudamiento público", concede el gobierno de coalición. "En efecto, todas las actuaciones ya realizadas y las inversiones previstas comportan un importante aumento del gasto público y una caída de los ingresos fiscales". El resultado: "Un mayor déficit y ratio de deuda pública/PIB ya en 2020".

De lo que no se librará España es de la condicionalidad, término que durante la última década en Bruselas significó reformas, léase recortes presupuestarios. No ha quedado aún demasiado claro qué tendrá que hacer el Gobierno, que no ha renunciado a las subidas de impuestos como algunos advirtieran tras la eurocumbre de julio.

Entonces, no pocas voces, entre ellos la oposición parlamentaria, proclamaron que el Gobierno no podría aplicar nuevos tributos como los Impuestos sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) y sobre Transacciones financieras (tasa Tobin). Este miércoles casualmente el Senado aprobó sendos gravámenes, confirmando que continúan los cauces parlamentarios.

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Los estados miembros tendrán que presentar planes de reformas estructurales alineados con las directrices del Ejecutivo comunitario, presidido por Ursula von der Leyen. Así, los países remitirán los denominados planes cada mes de abril. Son planes como el presentado este miércoles, titulado de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. Así sucederá al menos hasta 2023, que es el periodo que abarcan las transferencias masivas de 72.000 millones de euros.

Con la presentación del plan, Pedro Sánchez amarra los fondos para 2021, concretamente 27.000 millones de euros que irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo necesita superar ese trámite parlamentario para obtener las ayudas. 

Y entonces llegará ineludiblemente el ajuste fiscal. Así viene marcado en el plan: "Una vez que se consolide la senda de un crecimiento sostenido y se recupere el nivel de PIB previo a la crisis, será preciso abordar medidas de consolidación fiscal de medio y largo plazo para corregir el déficit estructural".