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El divorcio de las derechas reconfigura el tablero y pone a prueba las políticas del PP

REFORMA DE LAS PENSIONES

El Gobierno disuelve las Cortes sin haber enviado el informe previo para renovar el Pacto de Toledo

España es el único país de la OCDE que ha reducido su 'hucha de las pensiones' desde 2012

La Comisión del Pacto de Toledo nació el 6 de abril de 1995 en el Congreso de los Diputados, como resultado de una iniciativa de CiU. Se trataba de una ponencia dentro de la Comisión de Presupuestos que analizó los problemas estructurales de la Seguridad Social y emitió 15 recomendaciones para garantizar su viabilidad en el futuro. En 2000 esa ponencia se convirtió en una comisión parlamentaria no permanente que emitió otras 22 recomendaciones. Este proceso se repite cada cinco años. Las últimas 22 recomendaciones las aprobó el Congreso en enero de 2011. Es decir, este año deberían haberse celebrado los debates para renovar el Pacto de Toledo, después de que el Gobierno enviara a la comisión el informe previo que sirve de pauta para las discusiones.

Pero, a día de hoy, aún no lo ha hecho y las Cortes se disolvieron este martes. No obstante, aún podría remitirlo a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano legislativo al cargo mientras la Cámara está disuelta o no hay periodo de sesiones. No obstante, los diputados de todos los grupos consultados por infoLibre desconfían de que ése vaya a ser el caso. El Ministerio de Empleo no ha respondido cuando se le ha preguntado si va a enviarlo.

Estos cinco años han sido particularmente intensos en lo que a las pensiones se refiere. Se sucedieron dos reformas del sistema público, la del Gobierno del PSOE, pactada con los sindicatos, en 2011, y la del Ejecutivo del PP en 2013. En conjunto, se ha ampliado a los 67 años la edad de jubilación, aumentado a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión, extendido a 37 los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la prestación e introducido dos mecanismos que la reducen: el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. Es decir, se han empezado a aplicar los mayores cambios en el sistema público de pensiones desde 1985, cuando se aumentó el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años y el periodo de cómputo de la base reguladora pasó de dos a ocho años.

Además, la crisis devolvió en 2011 a la Seguridad Social a los números rojos, un déficit que no se había producido desde 1996. Y que ha vaciado, por primera vez desde que se creó, el Fondo de Reserva. Desde 2012 y para pagar las extraordinarias de verano y navidad, el Gobierno ha sacado de la hucha de las pensiones un total de 37.701 millones de euroshucha. Llegó a tener un máximo histórico de 66.815 millones de euros en 2011.

Así, el nuevo informe de evaluación y reforma que el Pacto de Toledo discutirá y aprobará el próximo año tendrá que pronunciarse, por ejemplo, sobre si estas reformas de las pensiones, introduciendo mecanismos que pueden reducir el poder adquisitivo de las pensiones hasta en un 28% en los próximos 15 años, se atienen o no a sus últimas recomendaciones.

Pensiones privadas no, complementos para madres sí

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También deberá debatir sobre la propuesta que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, hizo el pasado verano para que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos, y no con las cotizaciones como ocurre ahora. El planteamiento no es nuevo, lo hizo antes el sindicato CCOO, y ha encontrado la oposición del PSOE, que teme que se ponga en riesgo así el carácter contributivo –proporcionales con lo cotizado a lo largo de la vida laboral– de estas pensiones. Sobre la mesa, y muy candente, tienen los diputados la crisis de ingresos que aqueja a la Seguridad Social por culpa de la caída de las cotizaciones, y cómo buscar nuevas fuentes de financiación para el sistema.

La Comisión del Pacto de Toledo lleva esperando toda la legislatura también un informe del Gobierno sobre la previsión social complementaria, los planes privados de pensiones, que finalmente no ha enviado. Debería haberlo hecho antes del 30 de junio de 2013. Por el contrario, sí remitió a los diputados el informe sobre el complemento a las pensiones contributivas de las mujeres con dos hijos o más.

Según el Ejecutivo, el Plan de Ayuda a las Familias beneficiará el próximo año a 123.357 mujeres, una medida que la oposición y los sindicatos tacharon de electoralista. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó la iniciativa en el Congreso como un reconocimiento a la aportación económica de las mujeres por sus cotizaciones, pero también “en su vertiente como madres, porque que cada nuevo hijo es un potencial cotizante más”.

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