Las multas de Competencia a empresas y cárteles en 2020 se desplomaron un 99%: de 435 millones en 2019 a 4,3

El curso 2020 fue movido para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. Primero, por algo tan obvio como la pandemia. Segundo, porque en verano del año pasado se renovó la dirección del organismo supervisor con Cani Fernández como nueva presidenta tras caducar el mandato del equipo anterior en 2019. Y tercero, porque el importe de las sanciones a empresas individuales y a cárteles se desplomó de manera espectacular con relación a los años anteriores: de multas por valor de 435 millones de euros en 2019 se pasó a expedientar por un total de 4,3 millones de euros. 

Así lo establece la Memoria de la CNMC de 2020, publicada en agosto. "El monto total de sanciones impuestas por cárteles ha sido de 4,3 millones de euros", puede leerse. En concreto, 610.000 euros a tres empresas infractoras especializadas en servicios meteorológicos y 3,7 millones en sanciones a siete empresas y a cinco directivos por fijar los precios finales en el mercado de combustibles sólidos. 

Fuera de las prácticas cartelarias, hay otra multa de 77.000 euros a una empresa y seis sindicatos del sector de la estiba –un clásico entre los sancionados cada año por Competencia– y "la terminación convencional del expediente sancionador incoado a Adidas Spain por supuestas conductas prohibidas en el mercado de comercialización al por menor de ropa y calzado en España", lo que exige a la multinacional a modificar cláusulas de sus contratos sin implicar sanción. 

Nada que ver con el ejercicio prepandémico, 2019. La memoria anual de ese año arroja una buena cantidad de multas. Por ejemplo, en el caso de los cárteles, una multa de 118 millones a 15 empresas del sector ferroviario (entre las cuales están Alstom, Cobra, Isolux o Siemens) por amañar contratos de Adif; a otra de 53 millones a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial. Y fuera de los cárteles, 57,7 millones de euros a las principales empresas fabricantes de tabacos (Philip Morris Spain, Altadis y JT International Iberiab y S.L.U.) y al principal distribuidor mayorista (Logista); 33 millones a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza; 80,6 millones a ocho empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca (entre ellas Pascual, Lactalis y Nestlé); 77 millones a Atresmedia y Mediaset; 2,95 millones a la SGAE; 5,5 millones a Endesa y Energía XXII... en total, 435 millones de euros. La caída al año siguiente fue del 99%. 

Un importe de las sanciones tan bajo no se ve desde la primera mitad de la década de 2000. En 2018 la cifra rebasó los 190 millones de euros. Entre las damnificadas, 10 empresas de mensajería y paquetería entre las cuales estaba Correos Express, 11 empresas de servicios informáticos (hallándose entre las multadas Indra, IBM, Everis o Accenture), bancos como Sabadell, Santander, BBVA y Caixabank (que recibieron una multa de 91 millones)... 

Philip Morris, Alstom, Siemens, Indra...

La lista de importes elevados continúa: más de 110 millones en 2017, más de 156 millones en 2016, casi 518 millones en 2015 y 56 millones en 2014, el de menor recaudación hasta 2020. Entre 2014 y 2018 la CNMC multó por valor de más de 1.000 millones de euros. Una cifra muy similar a los expedientes impuestos por el supervisor de 2010 a 2012, según publicó El País en abril de 2019: 1.153 millones de euros. Las multas a las empresas han ido a más, hasta el parón de 2020. 

En Competencia rechazan que la razón del desplome de las sanciones económicas sean la pandemia o la renovación de la cúpula del organismo. "Efectivamente, ha habido una reducción muy sustancial en el importe de las sanciones impuestas, pero ni el covid-19 ni el cambio de equipo han tenido nada que ver", asegura una portavoz de la CNMC. "De hecho, el número de incoaciones en 2020 no se ha reducido, sino todo lo contrario. El Consejo tiene que resolver lo que se ha incoado de 18 a 24 meses antes, es decir, nada que ver con la coyuntura del momento. Ha coincidido que los expedientes que tocaban resolverse en 2020 sancionaban a empresas más pequeñas. En años anteriores ha habido expedientes con muchas empresas implicadas (concesionarios, fabricantes, cártel lácteo, etc.)".

"En 2020 no se resolvió ningún expediente con clemencia [reducciones del importe de la multa a cambio de compromisos], pero este año hay otros, con sanciones más relevantes", indican en el supervisor, refiriéndose, por ejemplo, al sector de conservación de carreteras. "En 2021, también ha salido el de consultoras, con empresas grandes y sanciones relevantes", añaden.

Intenso 2021

La aseveración de CNMC sobre la incoación de expedientes es cierta: 2020 fue el año que más expedientes se incoaron desde 2014, con 12 en total. En 2019 fueron 10 y en 2018 fueron nueve, siempre de acuerdo con la memoria anual. 

Otra realidad es la intensa actividad desplegada por el supervisor en lo que va de 2021, especialmente en el capítulo de las infracciones: la más sonada, la multa en agosto de 61 millones a 12 constructoras, entre ellas filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en laalteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras. También ha habido multas para nada menos que 22 empresas de consultoría, además de varios de sus directivos, o la sanción de 3,5 millones a seis empresas dedicadas a la comercialización de diferentes tipos de combustibles sólidos. Ha habido más resoluciones.

Que esas sean las sanciones no implica que finalmente las empresas terminen pagando: pueden seguir reclamando ante la justicia ordinaria. De 2000 a 2012 El País reveló que las sociedades afectadas solo terminaban abonando un 25% de la cuantía inicial, tras largos periplos judiciales. Igualmente, en 2020 hubo una caída en la notificación de operaciones de concentración, 70 frente a las 86 del año anterior. "Se observa una reducción sustancial respecto al número de concentraciones notificadas de los últimos años, como consecuencia de la situación económica motivada por la pandemia", recalca la memoria.