DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La negociación sobre las pensiones apenas avanza en el Congreso mientras el agujero en el sistema alcanza con Rajoy los 100.000 millones de euros

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante una comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

El Tesoro Público volverá este año a prestar dinero a la Seguridad Social para pagar las extras de las pensiones en verano y navidad. En 2017 ya le concedió 10.192 millones de euros10.192 millones de euros destinados a ese mismo fin. Este ejercicio la cantidad prevista se eleva a 15.000 millones de euros, según precisó en rueda de prensa la secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Emma Navarro, en una estimación que calificó de “muy prudente”.

Pese a que la recaudación neta de cotizaciones sociales creció el año pasado hasta noviembre un 5,36% y alcanzó los 98.872,3 millones de euros –“la más alta desde 2006”, destacó el Ministerio de Empleo–, la Seguridad Social terminará 2017 con el déficit más alto de su historia, unos 18.000 millones de euros. Y, a tenor de las previsiones del propio Gobierno, los números no serán muy distintos el ejercicio que acaba de echar a andar. Como ahora queda en el Fondo de Reserva aún menos dinero que el año pasado, el préstamo tendrá que ser 5.000 millones mayor que en 2017.

Ese fondo, conocido como la hucha de las pensiones, sólo contiene ya 8.095 millones de euros, puesto que desde 2012 el Gobierno no ha hecho más que sacar dinero cada año para pagar las extras de julio y diciembre. Llegó a contar con 66.815 millones en 2011. Pero de la hucha ha salido una cantidad superior, resultado de sumar las aportaciones que cada año hacía el Ejecutivo y procedían de los excedentes de la Seguridad Social y de las mutuas –53.598 millones– a los rendimientos que generan esas cantidades, invertidas en deuda pública –28.932 millones–. Es decir, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sacado del Fondo de Reserva un total de 74.437 millones de euros. Si a esa cifra se añaden los 10.192 millones del préstamo con que se endeudó la Seguridad Social en 2017 y los 15.000 millones con que lo hará este año, resulta que el actual Ejecutivo le ha hecho un agujero al sistema público de pensiones que suma 99.629 millones de euros en seis años.

Mientras se agudizan el problema del déficit de la Seguridad Social y las tensiones de liquidez del sistema de pensiones, la Comisión del Pacto de Toledo comenzará mañana miércoles una nueva tanda de reuniones. Tras un año entero en el que apenas consiguió avanzar en su tarea, actualizar las 21 recomendaciones de su último informe sobre el sistema público de pensiones, elaborado en 2011, los grupos políticos se enfrentan de nuevo a un trabajo lleno de dificultades. En octubre pasado, tras el referéndum catalán, se ausentaron de las reuniones los diputados de PDeCAT y ERC, que regresaron a sus asientos en diciembre y parecen dispuestos a continuar este mismo mes con los debates. “Mi impresión es que ahora hay más voluntad por parte de todos para avanzar en el trabajo”, asegura a infoLibre el diputado posconvergente Carles Campuzano.

En la misma dirección se manifiesta el diputado de Podemos Alberto Montero: “Avanzamos, aunque persisten los puntos de discrepancia en los temas de más trasfondo político, así que ésos los paramos y los dejamos para más adelante”, explica. Es lo que ocurre con el mecanismo para revalorizar las pensiones, que los grupos de oposición menos Ciudadanos quieren que retorne al IPC, y el factor de sostenibilidad –el coeficiente reductor que se aplicará a partir de 2019–, que sólo el PP y la formación naranja quieren mantener. Sobre la necesidad de aumentar los ingresos del sistema la coincidencia es general, pero las diferencias surgen cuando se trata de precisar cómo hacerlo.

“Nos va a costar llegar a un acuerdo”

La portavoz del PSOE en la comisión, Mercé Perea, se muestra sin embargo mucho más cauta respecto al futuro de los trabajos. Cree que los grupos “tienen ganas de pactar” pero critica que ni el PP ni Ciudadanos “muevan ficha”. “Nos va a costar llegar a un acuerdo”, resalta, “va a ir para largo y va a ser muy complicado”. Sobre cómo aumentar los ingresos del sistema, los socialistas han propuesto que se paguen las pensiones con nuevos impuestos, con carácter “extraordinario” y “excepcional”, a imitación de como se hace ya en Alemania y Francia, aseguran. Calculan que habrían de recaudarse cerca de 2.750 millones de euros al año y que la medida debería prolongarse hasta 2050. Otras posibilidades de financiación sobre la mesa son el destope de las bases máximas de cotización, equiparar las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General o financiar con los Presupuestos del Estado los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social, por ejemplo. “Cuando hablamos de aumentar ingresos”, apunta Mercé Perea, “ellos [el PP y Ciudadanos] silban”.

Para la diputada socialista, el nuevo préstamo del Tesoro ha sido “una sorpresa”. “El Gobierno no nos informa de nada”, lamenta. Por el contrario, el diputado de Podemos Alberto Montero cree que puede llegar a ser lo “normal” en los próximos años porque la “brecha” entre ingresos y gastos va a continuar abierta, tal y como está funcionando el mercado de trabajo: nuevos empleos con contratos precarios y salarios bajos. “No hay otra solución que atender el problema con recursos extraordinarios, ya sea el endeudamiento ya sea con transferencias de los Presupuestos Generales”, advierte.

Ciertamente, el año pasado cerró con una ratio afiliados/pensionistas de sólo 2,23, la más baja desde 1999ratio: mientras el número de quienes perciben una prestación de la Seguridad Social ha crecido en 96.000 personas, el de cotizantes se ha reducido en 129.271. Esta última cifra incluye a ocupados y desempleados, puesto que el SEPE cotiza por ellos mientras cobran una prestación contributiva. Pero si se considera la relación entre ocupados y pensionistas, el cociente es aún más bajo: 2,1. A fecha de diciembre de 2017, en España hay 8,7 millones de personas que cobran una pensión pública, de los cuales 5,8 millones son de jubilación.

A juicio de Ciudadanos, el nuevo préstamo para pagar las extras de las pensiones no es más que “otra huida hacia delante de un gobierno que no quiere afrontar los problemas y que arrastra los pies para todo”. “Lo que requiere la sostenibilidad del sistema es hacer reformas estructurales para aumentar la calidad del empleo y las cotizaciones, de lo contrario nos veremos obligados a ir de parche en parche hasta chocar con la realidad”, avisan fuentes del partido de Albert Rivera, que culpan a la “irresponsabilidad del PSOE” y a la “falta de capacidad de diálogo del PP” de la parálisis de la Comisión del Pacto de Toledo.

Crear empleo y pensiones privadas

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Por su parte, el Gobierno fía el cierre de la brecha a la creación de empleo y asegura que el problema es herencia de la crisis. “Hay que mantener esta senda de crecimiento económico y de creación de empleo, pero tenemos que esperar a la resoluciones del Pacto de Toledo para ir absorbiendo el déficit generado durante años de crisis. Lo que crea problemas al sistema no es el presente, fue el pasado, la crisis y la destrucción masiva de empleo”, detalló el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, cuando presentó las cifras del paro registrado la semana pasada. En otras comparecencias públicas anteriores, Burgos también ha mostrado su confianza en el “esfuerzo combinado” del sistema público y de “nuevos mecanismos de previsión complementaria”, los planes de pensiones privados. 

A las reuniones de trabajo de la Comisión de Pacto acude también el director general de Ordenación de la Seguridad, Miguel Ángel García Díaz. Según Carles Campuzano, el economista “aporta más rigor técnico a las discusiones”, pero no entra en “valoraciones, se limita a los datos”, apunta Mercé Perea. A juicio de la diputada socialista la “falta de confianza”, derivada de la aprobación en solitario de la reforma de las pensiones en 2013 gracias a la mayoría absoluta del PP, “merma el futuro del Pacto de Toledo”.

Por eso apuesta por que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo con el Gobierno en la mesa que sobre pensiones tienen abierta. “Vengan con un acuerdo desde el Diálogo Social, y nosotros nos apuntamos al carro”, anima Perea. El problema es que esa mesa tiene un registro de actividad mucho peor que el Pacto de Toledo: no se reúne desde el pasado mes de marzo.

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