Este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid ha acogido la presentación del primer informe sobre vivienda emitido por el organismo europeo. El texto recoge una serie de recomendaciones que se debatirán en la Comisión el próximo mes de marzo. En la presentación, que corrió a cargo de Alicia Homs, eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y de Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los políticos señalaron que se trata de un texto en el que han participado tanto progresistas como conservadores y que trata de aportar ideas a una crisis que definieron como "global". Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la competencia de vivienda es de los Estados y el documento se queda en una lista de recomendaciones que se concretarían de forma distinta en cada región.
En el lado de la derecha, Giménez puso el acento en propuestas como la reducción de impuestos en torno a la vivienda, la escasez de obra nueva, los dilatados plazos burocráticos o la seguridad jurídica para los inquilinos. En el lado de los progresistas, Homs insistió más en las medidas de protección a los inquilinos o en la supervisión pública cuando se simplifiquen los procesos burocráticos, como la recalificación de suelo. "Hay enfoques que no compartimos, pero hay temas que se deben poner en valor”, apuntaba la eurodiputada socialista.
Una de las propuestas en esta línea, explicó Giménez, sería acotar la concesión de licencias de obra a un máximo de 60 días e incluir el principio de silencio administrativo en caso de no recibir respuesta en ese periodo. En este punto, el informe señala que en 2023 los permisos de construcción registraron una caída significativa, con un descenso del 14,6%.
Las recomendaciones del informe, titulado El rompecabezas de la vivienda en Europa: ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo?, giran en torno a cinco bloques temáticos: escasa oferta, inversión y ayudas fiscales, simplificación burocrática, mejora de las condiciones de vida y soberanía industrial en la construcción.
Además, una de las advertencias formales que hacen es la necesidad de "respetar el principio de subsidiariedad", dado que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros, aunque al mismo tiempo advierten de la necesidad de "dar una respuesta más coordinada y ambiciosa".
El primero de los bloques reposa sobre los problemas que provoca la escasez de casas. "Europa necesita alrededor de 10 millones de viviendas adicionales para cerrar la brecha existente", recoge el texto. En este sentido, los eurodiputados piden simplificar los trámites administrativos, acelerar los procedimientos de concesión de permisos y movilizar inversión pública y privada para impulsar la construcción y la rehabilitación del parque inmobiliario. "Hay que construir más, eso es evidente. Pero vivienda pública y asequible, porque nos encontramos con gente de clase media y con buenos sueldos que no llega a fin de mes y no puede permitirse comprar una casa", señaló Homs.
Otro apartado atañe precisamente a la mejora de las condiciones de vida y para ello proponen canalizar fondos europeos hacia planes de vivienda asequibles y de ahorro energético.
Piden, además, "que la próxima ley sobre alquileres de corta duración establezca un equilibrio entre la facilitación del turismo y la asequibilidad de la vivienda, a fin de que la proliferación de alquileres de corta duración no amenace la asequibilidad en las ciudades" y, ligado a esto, recomiendan mejorar la recopilación de datos que se hace en materia de vivienda. "Sin datos estamos ciegos para diseñar políticas", señaló el eurodiputado popular, quien además apuntó que este era uno de los temas que generaba consenso en ambas partes del hemiciclo y anunció que se crearía una plataforma a nivel europeo para recopilar información relativa al mercado inmobiliario.
A nivel de inversiones y ayudas fiscales, los eurodiputados instan a los Estados miembros a "introducir sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares de renta baja y media, eliminar las barreras fiscales (es decir, las elevadas tasas de registro) para los compradores de primera vivienda, y hacer más asequibles los alquileres de larga duración", recoge el texto.
Una de las medidas que explicaba el europarlamentario popular es crear "un IVA superreducido" para la vivienda, aunque en este punto, al igual que en lo que tiene que ver con la protección de los inquilinos, las posturas suelen divergir, ya que la derecha tiende a insistir más en retirar carga fiscal que los progresistas.
El último punto hace referencia a los cambios que se deberían introducir en el sector de la construcción a nivel laboral y de formación de los trabajadores. Piden "una mayor facilidad de movilidad laboral intracomunitaria, un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y, cuando sea necesario, la contratación de trabajadores cualificados procedentes de terceros países", según explica el texto.
Precios un 60% superiores a los de 2010
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Entre los datos que aporta el documento para valorar la situación del mercado inmobiliario comunitario, destaca el hecho de que uno de cada diez hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, la misma proporción de familias que tampoco pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.
Por otro lado, los precios han evolucionado de forma significativa. Los de compraventa aumentaron de precio en un 61% entre 2010 y 2025 y los de alquileres se elevaron un 29%.
En este contexto, las recomendaciones de este documento serán votadas en el próximo pleno del Parlamento Europeo, a mediados de marzo, aunque su concreción dependerá siempre de los Estados miembros.
Este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid ha acogido la presentación del primer informe sobre vivienda emitido por el organismo europeo. El texto recoge una serie de recomendaciones que se debatirán en la Comisión el próximo mes de marzo. En la presentación, que corrió a cargo de Alicia Homs, eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y de Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los políticos señalaron que se trata de un texto en el que han participado tanto progresistas como conservadores y que trata de aportar ideas a una crisis que definieron como "global". Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la competencia de vivienda es de los Estados y el documento se queda en una lista de recomendaciones que se concretarían de forma distinta en cada región.