Los retrasos del IMV: Escrivá avanza que los pagos sumarán 120 millones en septiembre pero UGT le reprocha que “no se puede comer con carácter retroactivo”

El Ministerio de Seguridad Social cifra en 120 millones de euros el importe del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que habrá pagado hasta septiembre por las ayudas aprobadas en junio, julio y agosto. De momento, ese dinero corresponde, por una parte, a los casi 75.000 beneficiarios a los que se ha reconocido de oficio la ayuda porque ya percibían la asignación por menor a cargo y, por otra, a los 8.841 solicitantes a los que se ha aprobado la prestación hasta el pasado día 17. El departamento responde así a las críticas que le están lloviendo por la lentitud de la tramitación del IMV que, según denuncia el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “aún no ha cobrado nadie”. El departamento ya desembolsó 32 millones de euros correspondientes a julio para los beneficiarios de la asignación por menor a cargo a los que se concedió automáticamente el IMV. Y en septiembre abonará con carácter retroactivo la ayuda a quienes la solicitaran desde el 1 de junio aunque se les haya reconocido con posterioridad. Una medida que no ha satisfecho a Álvarez: “Como si en España se pudiera comer con carácter retroactivo”.

En una entrevista en el programa Al rojo vivo de laSexta, el dirigente de UGT ha urgido al ministerio a acelerar la tramitación de las solicitudes del IMV, al tiempo que advertía de la convocatoria de movilizaciones en septiembre si los ciudadanos no empiezan a cobrar la ayuda. También anunció que el sindicato creará una plataforma para reclamar el pago. “Es inhumano que cerca de un millón de familias estén sin ningún tipo de ingresos y se planteen ahora que si falta un papel o no falta y que en septiembre se pagará con efecto retroactivo, como si las personas pudieran esperar”, protestó.

Casi al mismo tiempo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, desgranaba en Valencia los datos sobre solicitudes del IMV presentadas, reconocidas y denegadas. De las 750.000 recibidas hasta el momento, sólo se han analizado 143.000, el 19%. Y de éstas, como queda dicho, se han aprobado 8.841 a fecha de 17 de agosto. Otras 36.800 han sido rechazadas, más de la mitad porque excedían los requisitos de renta y patrimonio. Es decir, la Seguridad Social ha desestimado cuatro veces más peticiones de las que ha aprobado. Por tanto, hasta ahora se ha reconocido sólo el 1,17% de las solicitudes enviadas. Si se añaden a las 750.000 las 75.000 reconocidas de oficio, el porcentaje de los beneficiarios se eleva al 10,1%: 83.841.

En una rueda de prensa donde compareció con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, Escrivá destacó que esas 750.000 solicitudes recibidas equivalen “a los expedientes de pensiones que el Instituto Nacional de la Seguridad Social resuelve en un año completo”. También aseguró que cuando las comunidades autónomas crearon sus rentas mínimas “tardaron muchos meses, incluso años” en empezar a reconocer las prestaciones. “No se puede hacer de otra forma si se quiere hacer bien”, apuntó, debido a la complejidad de las comprobaciones que requiere este tipo de ayuda.

Según detalló, el 7,5% de las solicitudes se han mandado por duplicado y a un 40% les faltaba documentación, la mayoría no incluían el certificado de empadronamiento. Además, 28.500 solicitudes aún están pendientes del envío de la documentación que se les ha requerido tras ser analizadas.

“Tenemos que reforzar la Seguridad Social con recursos humanos”

Pero los retrasos en la tramitación del IMV no se deben sólo a un problema de papeles, sino también a la falta de personal en la Seguridad Social, como reconoció el propio ministro tras aportar los datos referidos a la Comunidad Valenciana, donde el organismo ha perdido al 17% de su plantilla y la edad media de los funcionarios es de 59 años. “Tenemos que reforzar la Seguridad Social con recursos humanos, después de años de crisis en los que no se ha hecho”, avanzó, “por lo que vamos a sacar plazas intensamente en los próximos meses”.

Ésa es precisamente otra de las críticas que le han lanzado los sindicatos, el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, que de momento se ha parcheado contratando a la filial de la empresa pública Tragsa, Tragsatec, para que le proporcionara 500 empleados temporales que ayudaran con el papeleo del IMV. En principio, se trata de una encomienda de sólo cuatro meses de duración que le va a costar al ministerio 6,13 millones de euros –más otros 1,47 millones por prestar asistencia telefónica a los solicitantes–. Mientras, casi 3.500 administrativos y auxiliares con la oposición recién aprobada tendrán que esperar hasta finales de año para incorporarse a sus puestos, por culpa, aquí también, de la lentitud de los procesos burocráticos que lastra la selección de personal en la Administración. Muchos de estos funcionarios, de los grupos C1 y C2, deberían ser destinados a la Seguridad Social para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, pues el trabajo que ahora hacen los empleados de Tragsa está entre sus atribuciones.

Es lo que creen CCOO y UGT, que también advierten la existencia de un cuello de botella en la tramitación de estos expedientes por la falta de técnicos medios y superiores, de los grupos A1 y A2, que son los únicos competentes para decidir sobre la aprobación o rechazo de las solicitudes. Los expedientes se preparan a mayor ritmo de lo que luego pueden resolverse, aseguran. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social, sin embargo, niegan que se estén produciendo ese embudo.

Por el contrario, José Luis Escrivá resaltó que el ritmo de resolución de las solicitudes es “creciente” y que su departamento está “en proceso de aprendizaje”. A su juicio, las nóminas de julio y agosto son “poco representativas” y habrá que esperar a septiembre, cuando el ministerio evalúe la gestión realizada hasta el momento, para obtener una “fotografía” de cómo ha funcionado el sistema. “Ahora estamos en una primera fase y a partir del 15 de septiembre entraremos en una segunda etapa en la que trabajaremos con otros ámbitos de la Administración para que quienes no han solicitado la ayuda o no han podido hacerlo tengan acceso a ella”, avanzó.

El ministro se refería a los protocolos firmados con las comunidades autónomas y los acuerdos con 150 ayuntamientos para que faciliten directamente al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) los certificados de empadronamiento, uno de los problemas que más está retrasando los trámites. También está llevando a cabo un cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria. “Y estamos trabajando con ONG en busca de asesoramiento para dibujar mapas de necesidad”, destacan fuentes del ministerio, puesto que el IMV está pensado para hogares que padezcan pobreza extrema. Además, la Seguridad Social negocia con los ayuntamientos que sean sus trabajadores sociales quienes ayuden a los ciudadanos a presentar las solicitudes del IMV, que exigen la presentación de un gran número de datos y documentos.

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Así es el Ingreso Mínimo Vital

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de mayo y por el Congreso de los diputados el 10 de junio, el IMV completa la renta del solicitante hasta un umbral que varía dependiendo del tipo de hogar. En el caso de uno unipersonal, asciende a 5.538 euros al año, el importe de una pensión no contributiva en 12 pagas. El titular por unidad de convivencia deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y deberá haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos 12 meses. Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud. Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Además, se exige un patrimonio –descontando la vivienda habitual– inferior a tres veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala según el número de miembros del hogar. Finalmente, se tienen en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior aunque, para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por el covid-19, también se podrán considerar los ingresos de este año. En el caso de que el titular esté desempleado se exigirá la inscripción como demandante de empleo.