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Banca

El Santander y los exconsejeros de Popular se enfrentan a posibles demandas de los accionistas

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, durante su comparecencia de este miércoles.

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Accionistas minoritarios del Popular, agrupados a través de la Asociación Española de Acconistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), han calificado de "expropiación" la compra del Popular por parte del Santander, por lo que estudian demandar al actual consejo de administración, presidido por Emilio Saracho, a través de una acción de responsabilidad social.

"Estamos ante un vaciamiento completo dle valor de la acción, que queda reducido a cero y ante una expropiación que es la primera vez en la historia que hace la Unión Europea", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Aemec, Javier Cremades, quien ha incidido en que el Banco Central Europeo ha expropiado una entidad "sin procedimiento, sin información previa y sin justiprecio".

Entre las líneas de acción que barajan los más de 200 accionistas del Popular a los que representa Aemec destaca además recurrir esta "expropiación" ante el BCE y analizar "quién ha manipulado la acción durante estos meses jugando a corto de una manera indebida".

A juicio de Cremades, es "muy llamativo" que esta operación se haya producido sin información al mercado. "Son muchas las incógnitas que se plantean en este momento", ha afirmado el abogado, quien ha apuntado en este sentido que no se conocen las posibles alternativas que se hubieran podido manejar para encontrar soluciones "menos lesivas" para los accionistas.

OCU y despachos de abogados preparan acciones judiciales

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y varios despachos de abogados como Navas y Cusí están estudiando acciones judiciales en defensa de los pequeños accionistas del Popular, al tiempo que trasladan un mensaje de tranquilidad a los depositantes de la entidad.

En una nota de prensa, la OCU recuerda que, si una entidad acaba finalmente en manos de otro banco, como ha sido el caso del Popular y su compra por el Santander, éste deberá respetar al pie de la letra y hasta el vencimiento los contratos ya firmados, con todas las condiciones que se hayan firmado tanto de plazos como de rendimientos.

Los depositantes y aquellos usuarios que tengan cuentas en el Popular "no tienen nada que temer", ya que el Banco Santander debe responder por todas las cuantías depositadas, señala la organización de defensa de los consumidores.

En todo caso, la OCU está "especialmente preocupada por los accionistas minoritarios que son tratados en este proceso de resolución bancaria, realizada en la noche del 6 al 7 de junio previo a esta venta, de igual forma que los institucionales, de forma que han perdido todo su dinero".

Ante esta situación, la organización va a solicitar un "arbitraje judicial inmediato auspiciado por la Administración en el que los accionistas minoritarios no vean volatilizarse toda su inversión".

Por su parte, el despacho de abogados Navas y Cusí asegura que se están "disparando las peticiones de demandas por la macroampliación del Popular" y recuerda que los accionistas perderán todo el dinero invertido. "Muchos además no pueden devolver el crédito", indica.

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El socio fundador del bufete Roca & Asociados Rafael Roca ha afirmado que tanto el Santander como los exconsejeros de Popular podrían enfrentarse a demandas por parte de los accionistas. Según ha apuntado en declaraciones a Europa Press, los exconsejeros del banco podrían verse expuestos a acciones legales por su gestión al frente de la entidad, ya que han sido los responsables de formular las cuentas anuales, para lo cual han de tener "pleno conocimiento" de la situación del banco. "Que va a haber reclamaciones lo tiene asumido hasta el Banco Santander", ha explicado. Además, los accionistas de Popular podrían emprender acciones legales en relación con la ampliación de capital que suscribieron el año pasado por importe de 2.500 millones de euros a precio de 1,25 euros por acción, algunos de los cuales lo hicieron a través de préstamos concedidos por el propio banco, según Roca.

Por otra parte, Roca señala como un grupo perjudicado a los titulares de bonos contingentes convertibles, conocidos en la jerga financiera como CoCos, que suscribieron estos instrumentos atraídos por la "sólida rentabilidad" que reflejaba el banco. "El tema es muy serio. No es un problema de si se ha perdido el dinero, sino de cómo se ha perdido y cómo es posible que ni Popular ni el Banco de España hayan hecho nada", ha apuntado Roca, para quien la institución gobernada por Luis María Linde tenía la obligación de inspeccionar a la entidad.

Roca también ha apuntado al expresidente de Popular Ángel Ron como posible objetivo de las demandas. "Puede tener problemas serios", no solo civiles, sino penales, según ha señalado el abogado. Por otra parte, desde el despacho Lean señalan que, si bien el grueso de inversores de Popular no recuperará su capital, "en algunos casos sí se podrá reclamar judicialmente", como en el caso de los accionistas que suscribieron la ampliación de capital realizada en 2016.

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