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Laboral

Ni sí ni no, ni todo lo contrario: la estrategia de dilación de la patronal ante la reducción de la jornada

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una reunión con los dirigentes de las patronales, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y de los sindicatos CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

“Puede que sí, que no, depende, ahora no te voy a contestar… Llevamos camino de seis meses negociando y todavía no sabemos si la patronal está de acuerdo o no con reducir la jornada laboral, si están dispuestos a hacerlo o no”. Hablan fuentes de la negociación que el Ministerio de Trabajo está manteniendo con los agentes sociales para recortarla a 38,5 horas semanales este año y a 37,5 en 2025, tal como recogieron PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno. Las mismas fuentes que apuntan que en ese periodo de teórico diálogo, desde CEOE y Cepyme han “divagado” sobre conceptos como “flexibilidad, absentismo, productividad, transiciones, esto es, de qué manera se incluye la reducción en los convenios ya en vigor…, que podrán tener que ver o no con el tema, en función de la relación que hagan ellos; pero sin plantear propuestas reales. Se han puesto a filosofar, pero sin concretar nada”, lamentan.

Este lunes 24 de junio, sindicatos y empresarios se han vuelto a reunir con Trabajo y el resultado ha sido el mismo: “Seguimos sin conocer cuál es la postura de la patronal”. De ahí que, las fuentes consultadas teman que lo que busquen sea “distraer” en una estrategia de dilación que va “en perjuicio de los trabajadores”.

Al resto de interlocutores se les ha agotado la paciencia. El secretario de Estado del ministerio, Joaquín Pérez Rey, ha acotado el margen de acción a las entidades empresariales hasta el próximo lunes 1 de julio. Antes de esa fecha, deberán elevarle una propuesta por escrito que albergue sus pretensiones y los elementos de los que harán depender su respaldo a la poda del tiempo laboral. Si bien ha matizado que "no pueden ser muchos”, ya que el borrador de reforma que Trabajo ha puesto encima de la mesa, con el que los sindicatos están de acuerdo en esencia, “es muy nítido en cuál es su propósito, que es rebajar la jornada de manera razonable y escalonada", ha advertido. Si no la arman, el Gobierno pactará con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 sin merma salarial. Con todo, Rey confía aún en tener "alguna respuesta para, en su caso, poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación" de un "proyecto" del que el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere hacer bandera.

Del lado de los sindicatos, también han reclamado un texto por escrito a las organizaciones empresariales para poder ver “si realmente hay posibilidades de negociación y de buscar un acuerdo”, en palabras de Mari Cruz Vicente, la secretaria de Acción Sindical de CCOO. Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, defiende que para acortar la jornada y “ser creíbles”, se necesita “un registro de la jornada eficaz y que recoja las horas efectivamente trabajadas”. “Para poder llegar ahí -engarza-, hay que modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores”, el que hace referencia a la jornada laboral, "que es lo que estamos haciendo a través del diálogo social”, marco en el que “los interlocutores tienen que fijar claramente cuáles son sus posturas”, desliza. Desde esa convicción, Luján ha solicitado a la patronal que despeje una hilera de incógnitas: “Lo primero que le pedimos es que diga si está dispuesta a negociar la nueva redacción de ese artículo para que se fije expresamente la jornada máxima en España son 37,5 horas en cómputo anual; y, después, una rebaja del tiempo de trabajo. Que aclaren cuáles son los requisitos que quieren para formar parte del acuerdo y qué medios les hacen falta para llegar a sus objetivos”, resume.

Para los sindicatos, como para Trabajo, “el tiempo se ha acabado”, sobre todo porque, “vamos a tener ya dificultades para introducir las 38,5 horas de transición que figuran en el acuerdo del Gobierno para 2024 y no queremos trasladarlas al año que viene, donde han de entrar en vigor las 37,5 horas”, a partir del 1 de enero, condensan desde el ala sindical. De hecho, marcan julio como el mes en el que la reducción debe estar "finiquitada".

Otros cambios propuestos por el Gobierno

Más allá de la disminución de la jornada, el texto del Ejecutivo no propone un aumento del tope de horas extraordinarias y sí que los empleados tengan derecho a seguir realizando el mismo tiempo de trabajo que efectuaran, con un “incremento proporcional de su salario”. En relación a este punto, Vicente deja claro a la CEOE que CCOO rechaza la idea de incrementar el número de horas extra del máximo existente de 80 anuales, para compensar llevar la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5, como se ha barajado que demandan los empresarios.

Se regulará, asimismo, para que se pueda multar con hasta 10.000 euros, desde los 7.500 actuales, y por cada trabajador, a las empresas que incumplan lo fijado respecto a la merma de jornada y del registro horario que se deberá hacer “por medios digitales” para garantizar la autenticidad y la trazabilidad de los datos reflejados y de forma que se pueda identificar inequívocamente la identidad de la persona trabajadora. La empresa tendrá que conservar los registros durante cuatro años y se deberá, entre otras cuestiones, asegurar el acceso remoto de comités, Inspección de Trabajo y Seguridad Social al registro mediante un sistema con interoperabilidad que permita compartir e intercambiar su información y sus datos.

El PP: sin los empresarios, "será una filfa"

InfoLibre ha intentado conocer la posición de la patronal, pero ha rehusado hacer comentario alguno. Quien sí se ha pronunciado es el portavoz del PP, Borja Sémper, y lo ha hecho para hacer notar al Gobierno de Pedro Sánchez que, si busca "imponer" la reducción de la jornada laboral sin contar con los empresarios "será una filfa" y llevará a la "frustración" de quienes apuestan por ella con "tanto ardor". A juicio del popular, "el diálogo social no es tal, si no existe diálogo" y los empresarios forman parte de los agentes sociales.

En su opinión, el Ejecutivo "ni hace diálogo ni es social", según recoge Europa Press. Es más, lo ha acusado de intentar "imponer" sus medidas. "Cuando se está hablando de supuestas o pretendidas modificaciones de tal calado, si no hay diálogo social y no se cuenta con los empresarios, pues será una filfa", ha recalcado Sémper.

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